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Vivienda

Por un cambio de paradigma, la vivienda para vivir

10 de abril de 2025

Comisión de Servicios Sociales
del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga

El 5 de abril han tenido lugar en más de una treintena de ciudades españolas manifestaciones reivindicativas del derecho a la vivienda y contra el negocio y especulación que está privando a millones de personas en nuestro país de poder acceder a vivienda digna, incumpliéndose el art. 47 de la Constitución Española, que nos dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

El Colegio de Trabajo Social de Málaga se ha adherido a las manifestaciones promovidas por los sindicatos de inquilinos e inquilinas y al manifiesto en el que reivindican el derecho a la vivienda, participando en la manifestación reclamando: «El Trabajo Social en defensa de los Derechos de la Ciudadanía», evidenciando su compromiso e interés activo con la problemática de la vivienda y el bienestar social de la ciudadanía. 

En 2018 el CPTS Málaga ya publicó una monografía sobre la vivienda en la que se abordaba: régimen jurídico, la sostenibilidad de las viviendas de protección oficial y plan de vivienda vigente en aquel momento, y los desahucios. El pasado año, 2024, el CPTS Málaga organizó una Mesa de Diálogo para analizar la situación habitacional en la ciudad y publicó un informe, donde se abordaban temas como el aumento de los precios de alquiler, la escasez de viviendas asequibles y la necesidad de regular el mercado para evitar la especulación, y del que a continuación reseñamos los datos más relevantes. 

La vivienda como bien de primera necesidad, viene siendo objeto de debate, principalmente en lo que al acceso se refiere, ya que su disponibilidad o dificultad en el acceso, genera toda una serie de problemáticas sociales o por el contrario facilita procesos de inclusión, de ahí que el Trabajo Social haya tenido históricamente una presencia activa de cara a abordar colectivos y problemáticas que sitúan a la vivienda como recurso o instrumento para la intervención. 

El sistema económico actual hace del consumo la pieza clave para su supervivencia, en la que el bienestar trasciende elementos personales y se encuentra centrado en la obtención de beneficios económicos (Navarro, Torres y Garzón, 2011). Esta máxima viene marcando el comportamiento y las decisiones que, de manera directa o indirecta, se han venido tomando en los diferentes ámbitos que afectan al bienestar de las personas, entre ellos el acceso a la vivienda.

Desde la Comisión de Servicios Sociales del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, junto al Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Málaga, se presentó el pasado año el primer número de un proyecto que se marca como objetivo la publicación de informes desde la consideración de una serie de variables que afectan al acceso a la vivienda, a fin de aportar análisis que vengan a facilitar propuestas de cambio, a la vez que servir como medio de anticipación ante posibles situaciones problemas. En una provincia como Málaga, con grandes déficits en lo que a la disponibilidad de vivienda pública se refiere, y que en los últimos años ha emprendido un modelo de ciudad que genera desde procesos de gentrificación al mantenimiento de zonas desfavorecidas o la imposibilidad de la emancipación de la juventud, elementos todos ellos que a su vez infieren en el incremento de la desigualdad. 

Entre las variables consideradas encontramos: la población, la tasa de paro, el ingreso mínimo vital (IMV), las viviendas con ejecución hipotecaria iniciada, los lanzamientos con cumplimiento positivo, las viviendas turísticas, la vivienda protegida y libre, así como las visadas y la renta. Para finalizar con una batería de datos del registro municipal de demandantes de vivienda protegida, que permite conocer el perfil de las personas solicitantes tanto a nivel de la provincia como de la ciudad de Málaga, como: mujer, que tiene entre 35 y 50 años, que prefiere el régimen de alquiler con opción a compra, con una unidad familiar compuesta por un miembro y que tiene ingresos que no superan los 600 euros.

Se concluye en este primer informe que nos encontramos en una provincia que se encuentra entre las que han experimentado un mayor aumento de población en el conjunto del estado, veinte puntos y veintidós por encima del total de España y Andalucía, respectivamente, pero con una mayor concentración de población en un menor número de municipios, caracterizándose esta por haberse producido en municipios costeros o de su entorno, así como del área metropolitana. Mientras  que la ciudad de Málaga, habiendo incrementado su población, este incremento ha sido muy por debajo del conjunto de la provincia, que ha tenido un crecimiento muy alto en poco tiempo.

Los municipios, además, cuentan con una población residente no empadronada, residentes temporales y turistas, con lo que la población real es mucho mayor que la ofrecida por las cifras oficiales. Un conjunto de población que consume recursos y servicios.

Estos incrementos de población vienen generando un aumento de la demanda de vivienda, habiéndose disparado la oferta de viviendas libres, cuyo precio no converge con la subida de renta y salario, al contrario, cada vez hay mayor divergencia, aumentando por tanto la emergencia en materia de política de vivienda, un hecho que no se ha producido a vista de los datos en cuanto a vivienda de protección o la puesta en marcha de otras medidas, donde las cerca de setenta mil solicitudes presentadas al registro de vivienda de protección realizada en la provincia lo testifican.

Estas cuestiones no se pueden desligar del modelo de ciudad y provincia que se viene planteando, donde prima el turismo como eje vertebrador en la generación de recursos económicos, pero que no se están trasladando al resto de la ciudadanía, como se puede ver en los datos relativos a renta neta media por hogar, sobre todo en la ciudad de Málaga donde se mantiene una gran desigualdad entre distritos. Más allá de los costes medioambientales.

Este factor turismo está jugando un papel importante en la dificultad de acceso a la vivienda, tanto en la demanda de vivienda libre, como en la relativa a los alquileres. Circunstancia ésta que está dejando a muchas personas en la exclusión residencial, donde no se puede obviar al colectivo de personas sin hogar, que requiere de modelos de intervención donde el poder disponer de una vivienda se convierta en parte de su proceso de manera prioritaria.

Se está ante un problema que requiere de medidas a corto plazo y urgentes, ante situaciones de emergencia habitacional, pero también a medio y largo plazo, las cuáles no dejan de pasar por un cambio de paradigma donde la vivienda deje de ser un bien económico para convertirse en un bien social, algo de lo que existe sobrada literatura y normativa que lo ampara, sólo resta su cumplimiento.

Desde el CPTS Málaga continuamos instando a nuestros/as representantes y personas responsables de las políticas de vivienda y sociales, a implementar medidas a corto y largo plazo para abordar la emergencia habitacional. Se propone un cambio de paradigma en el que la vivienda deje de ser considerada un bien económico y se reconozca como un derecho social fundamental, siendo necesaria la elaboración de informes de impacto social que evalúen las consecuencias de las políticas urbanas y económicas en la población.

Bibliografía

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Educación

El absentismo escolar en tiempos de pandemia. Análisis de situación en la provincia de Córdoba

Córdoba, 4 de mayo de 2021

Mª José Serrano García
Trabajadora Social ETPOEP Córdoba.
Delegación Territorial de Córdoba

En enero de 2020 se declaró el estado de pandemia mundial, debido a la virus conocido por COVID 19, en aquel momento pocos podíamos imaginar las consecuencias que iba a tener esa declaración. En España se declaró el estado de alarma el día 14 de marzo, debiendo permanecer toda la población confinada en sus domicilios, comercios, hostelería, universidades, colegios e institutos cerrados. Esto supuso un reto para el sistema educativo, atender a todo su alumnado de una forma virtual, cosa que hasta la fecha nunca se había hecho, para las familias de ese alumnado también supuso un gran esfuerzo, seguir el ritmo que desde los centros imponían sin que en muchos casos pudieran disponer de las herramientas necesarias para ello.

La pandemia descubrió una realidad de la ciudadanía en general y del sistema educativo, en particular. La falta de medios, preparación y conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas que existen, esta situación se superó gracias al gran esfuerzo que por todas partes se realizó, tanto por los equipos directivos, docentes y demás miembros del sistema educativo, como trabajadoras sociales, educadoras sociales, maestros de compensatoria, maestras de ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) como por parte de las familias. Pero la realidad es que siempre existen personas que se quedan en los márgenes y que no pueden acceder a esta nueva forma de dar clase, por carecer de las herramientas necesarias para ello o  por no tener los conocimientos. Se vio claramente que hay familias que no tienen los medios necesarios para poder acceder a la educación en condiciones de igualdad, la falta de ordenadores, tablets… la falta de conexión a internet, la falta de una conciencia clara de la importancia de la educación que en determinados contexto existe, provocó desgraciadamente, que parte del alumnado se quedará fuera del sistema, y  que su curso escolar  terminará en marzo.

Ante esta situación tan inesperada, el sistema educativo tuvo que adaptarse muy rápidamente, realizando actuaciones,  que en algunas ocasiones, no estaban dentro de las competencias del mismo. Pero con el objeto de dar cobertura a las necesidades más básicas del alumnado, tanto es así que las trabajadoras sociales del sistema educativo, se coordinaron con los Servicios Sociales municipales para abordar las nuevas situaciones y demandas que estaban surgiendo, como gestiones de reparto de alimentos a familias, donde el alumnado que antes de la pandemia era atendido a través del Plan SYGA, se encontró de un día para otro sin recibir la comida y merienda que recibía, ahí se tuvo que hacer un gran esfuerzo de coordinación entre los centros educativos y los servicios sociales municipales para  organizar el reparto de comida lo más rápidamente posible, abriéndose los centros escolares para que las familias pudieran recoger la comida, este reparto también se realizó por parte de protección civil, la coordinación y derivación para el pago de suministros básicos, entrega de material escolar, incluso el más básico, a las familias con más vulnerabilidad social y por ende, con más riesgo de padecer desconexión digital y social.

En el empeño de evitar esa desconexión digital nos encontramos con un perfil de alumnado, que a pesar de disponer de los medios tecnológicos necesarios para continuar con el ritmo escolar, no estaban accediendo a las diferentes plataformas habilitadas, no entregaban las tareas que pedían desde tutoría, las familias no respondían a las llamadas que desde el centro se realizaban para conocer cuál era la situación de este alumnado, y en muchos casos, cuando conseguían contactar las familias no colaboraban para lograr que sus hijos e hijas se engancharan al ritmo de sus compañeros/as, a esta situación la denominamos  TELEABSENTISMO. Y se definió como la circunstancia que se da cuando en la etapa de escolarización obligatoria se tenga que dar a distancia o telemáticamente las clases por situaciones excepcionales, El “Alumno/a que lleve una semana (5 días lectivos) sin responder a la formación sin causa justificada, entendiendo esto último como avería, falta de medios telemáticos o infraestructura etc…)

Durante el primer periodo de confinamiento desde los centros escolares tuvieron que solventar un gran número de incidentes, desde alumnado que no sabían dónde se encontraban, ya que sus familias habían decidido cambiar su domicilio habitual por el de segundas residencias, en parcelas o zonas de la sierra, donde tienen más dificultades para poder acceder a internet, por falta de ordenadores o tablets en esas residencias, poca cobertura para los móviles; en otros casos las necesidades eran de primer orden, encontrándonos con alumnado que no tenía libretas, lápices…, el material más esencial para poder estudiar, y tampoco tenían medios económicos para poder comprarlos, ya que no podían ni cubrir las necesidades más básicas, como la alimentación, higiene o pago de suministros; Otra dificultad fue la que tuvieron muchos progenitores para compaginar su “teletrabajo” con el “tele-estudio” de sus hijos e hijas relegando en alguna ocasión la educación de sus hijos e hijas a un segundo plano para poder cumplir con sus obligaciones laborales; Otra realidad que detectamos fue la de los progenitores que pertenecían a “colectivos considerados esenciales” y debían seguir trabajando fuera de sus domicilios, dejando en algunos casos a sus hijos e hijas solos, en los casos de los más mayores, o al cuidado de los/as abuelos/as, cosa que dificultaba mucho que los pudiera ayudar con el uso de los ordenadores, tablets, plataformas…

Esta situación nos mostró que la realidad es compleja, ya que no existe una normativa adecuada a esta nueva realidad y hay que adaptar una normativa ya obsoleta a un escenario que nos supera.

Para empezar hemos tenido que diferenciar muy bien, entre el “absentismo tradicional”, aquel con el que estamos más familiarizadas, y existe una normativa al respecto, aunque  esté desfasada. Este alumnado comparte unas características muy similares, zonas geográficas muy delimitadas (Barriada de Palmera, Sector Sur, Moreras en la ciudad de Córdoba, en Puente Genil con las barriadas de Juan Rejano y Quevedo, la Barriada de los Mochos en Almodóvar del Río, y otras) , con situaciones de riesgo de exclusión social o exclusión social, familias con grandes necesidades económicas, donde lo importante es llevar un jornal a casa,  poca conciencia de la importancia de la educación para conseguir  salir de estas situaciones de pobreza y exclusión social, familias donde el absentismo escolar es la norma y el asistir al centro  es la excepción.

Por contra, ha surgido otro perfil, y que hemos denominado  “Alumnado no Vulnerable”,  donde sin justificación alguna se están dando situaciones de absentismo escolar, por miedo al Covid, este ámbito es de los más complejos de abordar, ya que nos encontramos con diferentes casuísticas, desde la que los progenitores justifican sin más las faltas de asistencia, produciéndose, en algunos casos un abuso de estas justificaciones,  y donde a pesar de todas las actuaciones que se han hechos desde el centro escolar (se  han puesto en contacto con la familia para solventar el absentismo, ofreciendo espacios de diálogo y colaboración e incluso acompañamiento desde los equipos de orientación, donde se ha hecho una labor encomiable de acercar lo máximo posible  el centro escolar a las familias, para que se sientan segura). Pero desgraciadamente en algunos casos no se ha obtenido respuesta alguna. Hasta casos donde los progenitores se han encargado de solicitar las actuaciones de notarios y abogados para cuestionar la seguridad en los centros educativos, con el único fin de no llevar a sus hijos e hijas al centro escolar. Ante estos casos desde el sistema educativo, se ha optado por abrir los expedientes de absentismo escolar,  iniciándose un gran número de expedientes al principio de curso, pero estos casos han ido evolucionando en el transcurso del primer trimestre, en su mayoría la situación se ha reconducido y el alumnado se ha ido incorporando poco a poco de nuevo a sus clases, pero desgraciadamente tenemos que reconocer, que siempre existe un número de casos, en que esto no se ha producido y son en estos, donde el protocolo debe seguir adelante, y  ya se están interviniendo desde los ETAES, los Servicios Sociales, la Policía Local para evitar que estos alumnos y alumnas sigan sin asistir al centro escolar, por que al final los grandes perjudicados son nuestros alumnos y alumnas.

Este momento que estamos viviendo nos ha aportado un amplio abanico de situaciones, y cada una  necesita una respuesta adecuada a las necesidades, así pues nos estamos encontrando con “Alumnado Vulnerable”, que entendemos por aquel que no puede asistir presencialmente al centro por prescripción médica, debido a su enfermedad o por la de un familiar cercano. En este caso, desde el sistema educativo ha habido que habilitar las herramientas tecnológicas necesarias para ofrecerle un acceso a la educación en iguales condiciones que sus compañeros y compañeras, debiendo al mismo tiempo realizar seguimientos y coordinaciones entre el equipo directivo, tutores y tutoras y demás miembros del sistema educativo  y las familias, para comprobar que se está aprovechando al máximo las clases.

Esta pandemia nos ha demostrado una vez más que la norma va siempre por detrás de la sociedad, y que si la normativa en el tema de absentismo escolar ya no estaba cubriendo algunas necesidades respecto a este tema, ha puesto en el tablero una realidad que era inimaginable, la enseñanza a través de las nuevas tecnologías y las necesidades que este método puede tener. Quizá esta sacudida tan grande debiera hacer reflexionar a nuestras clase política y apostar por una educación inclusiva en todos los niveles e incluir en la nueva normativa sobre absentismo escolar, todo lo que en estos meses de pandemia el sistema educativo ha tenido que reciclarse para llegar a aquellas personas que menos tienen.

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Servicios Sociales

El debate sobre la Renta Mínima en España: ¿Caridad, desarrollo o derechos de ciudadanía?

Málaga, 3 de marzo de 2021

Arantxa Hernández Echegaray
Servicios Sociales Básicos, Ayuntamiento de Palencia.
Profesora colaboradora Universidad Oberta Cataluña (UOC).
Profesora asociada Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Javier Pacheco Mangas
Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Profesor Tutor Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Artículo breve basado en: Hernández-Echegaray, A., & Pacheco-Mangas, J. (2018). The debate on minimum income in Spain: charity, development or citizen right. Journal of Sociology & Social Welfare, 45(1), 77-94.

Puede consultarse el original en: https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol45/iss1/6/ 

Artículo premiado en la III Edición del Concurso de Publicaciones 2019, en la modalidad de “Mejor artículo científico publicado en 2018 o 2019 vinculado al Trabajo Social” que otorga el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia.

Los Servicios Sociales Comunitarios en el marco de las Rentas Mínimas

La principal potencialidad con la que cuentan los Servicios Sociales Comunitarios es su construcción en una historia y en un contexto local. Si bien, y en términos generales, su crónica está marcada por dos hitos principalmente, los cuales aún determinan las concepciones del presente y del futuro en las políticas sociales municipales y autonómicas. A saber, la fuerte herencia de la Beneficencia en la configuración de los servicios sociales (Aguilar, 2013) y la reconceptualización del Trabajo Social en las primeras fases democráticas que tratan de adaptarse a las nuevas exigencias sociales (Las Heras y Cortajarena, 2014). En este tiempo y de forma convergente y homogénea en todo el territorio del Estado, Antoni Vilà diferencia cuatro fases o etapas en los servicios sociales: “gestación (1975-1981), configuración (1981-1992), consolidación (1992-2005) y reforma (a partir del 2005)” (2010, p.22).

La crisis económica, en lo referido a los recortes presupuestarios, reformas legislativas y empobrecimiento de la población marca un reto sustancial para los Servicios Sociales de futuro y de proximidad. “La crisis ha puesto en evidencia la debilidad de un sistema de protección inacabado y fragmentado” (Laparra, 2010, p. 469). “El actual modelo asistencial y de servicios sociales no se encuentra adaptado a las necesidades y los mecanismos de funcionamiento de los nuevos pobres” (Tezanos et. al, 2013, p. 162). Ambas afirmaciones, ponen de relieve la necesidad de replanteamiento de los servicios sociales públicos, en cuanto a sistema de organización y en cuanto a red de protección pública y ciudadana.

Abordaje de la problemática. Metodología.

Para abordar esta investigación era necesaria la introducción de una metodología cualitativa, basada en un análisis del discurso según la propuesta de Wetherell y Potter (1996), que se articula a través de los conceptos de función, variabilidad, construcción y unidad analítica del repertorio interpretativo. Muestran los patrones de regularidad discursiva que se dan entre las personas y que “se pueden considerar como los elementos esenciales que los hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos cognitivos y otros fenómenos” (ibídem: 66). 

La recogida de datos se realizó en dos modalidades: una indirecta, a partir del análisis de fuentes documentales (normativa básica, documentos informativos e instrumentos profesionales y artículos de investigación con un objeto de estudio análogo, en concreto Ayala (2009) y Cortinas (2012a y 2012b)); y otra directa, consultando a los profesionales del Trabajo Social implicados en las políticas sociales y en la gestión en los servicios sociales comunitarios, mediante cuestionarios abiertos (con una muestra de 28 sujetos, entre las comunidades de Andalucía y Castilla y León). 

Para el análisis documental y del material recogido en las entrevistas, nos apoyamos en la herramienta-software Atlas.ti 6.  Ello nos ha permitido extraer la información relevante para observar los relatos y los planteamientos discursivos que se ponen en práctica, mediante la aplicación de preguntas implícitas, en el análisis documental y explícitas a los/las profesionales. Presentamos las categorías de análisis y los repertorios discusivos más relevantes. Por la naturaleza de este trabajo, únicamente presentamos los resultados obtenidos, referidos a la política de rentas mínimas de inserción, al entender que engloba los discursos mayoritarios del resto de políticas sociales llevadas a cabo a consecuencia del impacto social de la crisis.

Principales discursos profesionales

De las entrevistas realizadas a los/las profesionales del trabajo social que gestionan las rentas mínimas, se obtuvieron los repertorios interpretativos que se muestran a continuación, de forma sintética. Conviene destacar, la coincidencia de las percepciones entre profesionales, a pesar de sus diferencias geográficas, así como de concepción y gestión de dicha prestación.

  • La lógica del recurso, sobre la lógica de la necesidad. Los/las profesionales enfatizan la “rigidez en la aplicación normativa”, la existencia de “requisitos trampa” y la desconexión de los plazos con los momentos de urgencia social, entre otros. Ello implica que los sistemas de rentas mínimas, a pesar de su renovación legislativa, no responden adecuadamente a las situaciones de necesidad social planteadas por los ciudadanos en los servicios sociales.
  • El/la profesional como agente de control de la estabilidad, sobre el/la profesional como agente de cambio social. Este es un discurso mayoritario en la percepción de la profesión. La escasez de recursos y la desconexión con políticas activas y de promoción familiar, reducen las oportunidades de reinserción social. Son varios los/las profesionales que apuntan discursos latentes, y por otra parte, ya tradicionales sobre estas prestaciones como instrumento de “paz social”, de “pensionismo” o la combinación con rentas no laborales, así como el cambio de paradigma de esta política, como “renta básica”.
  • La obligación, sobre la negociación. El cuestionamiento mayor es de índole ética, pues su aplicación entra en conflicto con principios esenciales del trabajo social, como la autodeterminación. Sobre esto, se avanza sobre la cuestión de la arbitrariedad profesional, “¿tantas contraprestaciones y seguimientos, cómo profesionales?”. En la profesión hay una ausencia clave, en la sistematización de los procesos de inclusión de familias y personas participantes en los sistemas de rentas.
  • Constante: políticas insuficientes e ineficaces. La escasez es un denominador común en los servicios sociales. Un/a profesional resume el discurso en la siguiente expresión “la ineficacia de esta política revierte en un aumento de la caridad y de las prácticas benéficas”.

Discusión

De los repertorios obtenidos se deduce una importante desconexión de la realidad social con la implementación de los sistemas de rentas mínimas (SRM). Los/las profesionales ponen en práctica una serie de estrategias discursivas que muestran como la intervención en el marco de los SRM ha derivado hacia actuaciones que tienden a la fiscalización, frente a la potenciación de los procesos de cambio y transformación. Este proceso, que tiende a burocratizar la intervención profesional, provoca una despersonalización del proceso que deja de relacionarse con la propia persona usuaria, a intervenir con una composición que se realiza del mismo (Idareta-Goldaracena y Ballestero-Izquierdo, 2013), a la vez que da como resultado la aparición de problemas éticos (Ballestero, Úriz y Viscarret, 2012) Estas prácticas inhibidoras de la creatividad y la innovación en la intervención social son espacios propicios para la involución en el ámbito de los Servicios Sociales, propiciando prácticas asistencialistas y clientelistas que provocan en los/las profesionales sentimientos de frustración, así como una “percibida incapacidad para ayudar a la sociedad a lograr sus objetivos y solucionar sus problemas” (Schön, 1998, p. 47). 

Titmuss (1974) denominará a los/las trabajadores/as sociales como “los trabajadores del Estado” e Illich (1977), usará el término de “profesión inhabilitante” para definir las prácticas llevadas a cabo por los trabajadores sociales. El/la profesional no se siente cómodo/a en el rol de vigilancia sobre normas imperativas, aunque muestran un rol conformista, alejado del ideal reivindicativo que lleva aparejado el desempeño de las profesionales del ámbito de la intervención social. En estos nuevos escenarios, en los que se plantean necesidades y realidades cada vez más complejas, los/las profesionales, en especial los/las trabajadores/as sociales, tienen que asumir un papel proactivo en el diseño, definición e implementación de las políticas sociales, reforzando de esta forma el sistema y contribuyendo a su consolidación (De la Red y Barranco Expósito, 2014).

La intervención social en los sistemas de rentas mínimas debe dar un paso adelante en su configuración transformativa. Por un lado, los/las profesionales tienen que asumir su rol de agente de cambio que han perdido en detrimento de otros con carácter de control y fiscalización, y por otro, se debe tomar una actitud proactiva al cambio, venciendo las resistencias que establece la propia estructura de los sistemas de protección social, evitando prácticas que merman la autonomía y la responsabilidad de la ciudadanía. Así mismo, se ha de avanzar en la participación del diseño de las políticas sociales, donde los/as profesionales tienen que estar representados/as e involucrados/as en todo el proceso de disminuir la vulnerabilidad y la exclusión social.

Referencias

Aguilar, M. (2013). Los servicios sociales en la tormenta. Documentación social, 166, pp. 145-168. 

Ayala, A. (2009). Secretos a voces: exclusión social y estrategias profesionales de construcción de la obligatoriedad en la intervención social vinculada a la Renta Mínima de Inserción (RMI) con el colectivo de etnia gitana. Cuadernos de Trabajo Social, 22, 19-40. 

Ballestero Izquierdo, A., Úriz Pemán, M. J., & Viscarret Garro, J. J. (2012). Dilemas éticos de las trabajadoras y los trabajadores sociales en España. Papers, 97(4), 875-898.

Cortinas, J. (2012a). La identidad profesional de los trabajadores sociales como elemento clave en el acceso a los programas de rentas mínimas: el caso de Catalunya. Zerbitzuan, 51, 95-105.

Cortinas, J. (2012b).  Las normas de clase como base del acceso a las nuevas políticas sociales para hacer frente a la precariedad vital. Papeles del CEIC, 2, 1-25. 

De la Red, N., & Barranco Expósito, C. (2014). Trabajo Social y participación en las políticas sociales. Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, 3, 39-45.

Idareta-Goldaracena, F., y Ballestero-Izquierdo, A. (2013). Ética, paternalismo y burocracia en Trabajo Social. Portularia. Revista de Trabajo Social, 13(1), 27-35. doi: 10.5218/prts.2013.0004

Illich, I. et al. (197a). Disabling Professions. London: Marion Boyars.

Laparra, M. y Pérez, B. (2010). El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Madrid: FOESSA.

Las Heras, Mª. P. y Cortajarena, E. (2014). Introducción al Bienestar Social. El libro de las casitas. Madrid: Paraninfo y Consejo General de Trabajo Social.

Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actuan. Barcelona: Paidós.

Tezanos, J.F., et. al. (2013). En los bordes de la pobreza. Las familias vulnerables en contextos de crisis. Madrid: Biblioteca Nueva.

Titmuss, R. M. (1974). Social Policy: An Introduction. London: Allen & Unwin.

Vilà, A. (2010). Los cambios legislativos en materia de Servicios Sociales (2000-2009). En Casado, D. (Coord.). Leyes de Servicios Sociales del siglo XXI. pp- 17-48. Madrid: FOESSA.

Wetherell, M. y Potter, J. (1996). El análisis del discurso y la identificación de los repertorios interpretativos. En Gordo, A. y Linaza, J. (Eds.), Psicologías, discursos y poder. Madrid: Visor, pp. 63-78.

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