Córdoba, 23 de marzo de 2021

Mª Dolores Martos Ruano
Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. ETPOEP
Delegación Territorial de Educación de Córdoba

La excepcionalidad de la situación creada por el Covid-19 en cuanto al confinamiento y la restricción de la movilidad de la población en general, pero en particular de los menores en edad de escolarización obligatoria, ha supuesto un duro reto para el sistema educativo: por la inmediatez de la puesta en marcha de las medidas, los recursos y las actuaciones necesarias para que el alumnado no se viese perjudicado, en la medida de lo posible, por la situación y la ruptura drástica, casi traumática diríamos, de lo que era su actividad diaria, pero también de su ámbito relacional y de aprendizaje. Dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el sistema educativo.

Eso ha hecho que el sistema educativo -en su más amplia acepción, pero sobre todo refiriéndome al componente humano del mismo: docentes, orientadores, trabajadores sociales, educadores sociales, monitores, etc.- respondiese improvisadamente de un día para otro articulando una serie de medidas que garantizasen la educación. Con una implicación que pone de relieve, la profesionalidad y las competencias del profesorado, a pesar de todas las circunstancias adversas que han surgido.

Esto pone de manifiesto las fortalezas de una Administración, de un Sistema Educativo que empezó su andadura allá por el año 1857 con la Ley Moyano y que, a pesar de sus más de siglo y medio de pervivencia, tiene la suficiente energía para reinventarse y adaptarse a las circunstancias por muy adversas que estas sean. Podemos por tanto decir, en términos generales y con una mirada retrospectiva amplia, que no solo tiene fortaleza, sino que sigue vivo y responde a su cometido ampliando cada vez más la cobertura de su acción educativa a pesar de las deficiencias, limitación de recursos y los continuos cambios de la normativa en función de la ideología gobernante.

No obstante, la sociedad ha evolucionado tanto que ya desde hace algunas décadas este mismo sistema entendió la  necesidad de incluir en su normativa el concepto de comunidad educativa, en un gesto de apertura democrática, legitimando la incorporación de otros agentes y o perfiles profesionales para seguir dando respuesta a la sociedad y, sobre todo, a parte de un alumnado, el cual (por múltiples factores sociales, económicos, físicos,…) no estaba en igualdad de condiciones, de acceder y ejercer el derecho a la educación. Esto, hoy supone una legítima preocupación, no solo para el colectivo de docentes quienes en el estado de confinamiento por la pandemia del Covid-19 han estableciendo un trabajo en red con Servicios Sociales, Policía Local, orientadores/as, trabajadores/as sociales, educadores/as sociales, así como otros perfiles profesionales, para la localización y detección de las necesidades más acuciantes de estos menores y sus familias.

La  situación vivida hasta el fin del estado de alarma ha demostrado, pese al esfuerzo por llegar al alumnado en general y al más vulnerable en particular,  superar  un nuevo reto, para lo cual urge crear la infraestructura, dotar de los recursos apropiados, actualizar la normativa, y propiciar los medios económicos necesarios para ayudarlos a superar la situación, ya que son muchas las variables a tener en cuenta, siendo imprescindible abordar la situación sanitaria, económica y la social de nuestro alumnado.

La Covid-19 supone un impás, en definitiva, se trata de que afecte lo menos posible al alumnado si no será difícil superar las consecuencias como el retraso escolar, el fracaso, y por tanto, el abandono temprano del sistema educativo, que serán inevitables, incrementándose de forma relevante. Somos consciente de que habrá circunstancias que no dependan del sistema educativo. o quizás medidas que no se puedan poner en marcha a corto-medio plazo, pero es responsabilidad de la Administración educativa implementar todas aquellas acciones necesarias para evitar el absentismo y el abandono escolar actualizando una normativa que dé respuesta fiel al nuevo escenario creado por la pandemia y arbitrando los recursos y medidas para ello.

La Unesco prevé que 24 millones de alumnos/as en todo el mundo abandonen los estudios desde preescolar hasta el ciclo superior por la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, según el informe “Educatión in the time of Covid-19 and beyond”, que ha sido presentado en el marco de la campaña “Salvar Nuestro Futuro”. Esta campaña se ha propuesto sensibilizar acerca de la situación de emergencia que atraviesa la educación en el mundo, instando a los países a que aumenten las inversiones en el sector para construir mejores sistemas educativos, más inclusivos y resilientes de cara al futuro.

La Pandemia ha puesto de relieve la desigualdad, ya que la mayoría del alumnado en riesgo de abandono se localiza en Asia Meridional y Occidente 5’9 millones y África Subsahariana 5’3 millones. Se verán afectadas todas las etapas con una reducción considerable de matrículas en la educación superior, con una pérdida de alumnado de 7’9 millones, y en segundo lugar la enseñanza preescolar, con una pérdida de 5 millones de alumnos/as. Alrededor de 100 países aún no han anunciado en qué fecha volverán a abrir las escuelas, se concluye por tanto la necesidad urgente de velar por la continuidad del aprendizaje para todos/as, especialmente los/as más vulnerables, manifiesta Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco.

Siguiendo con las conclusiones del informe, este enfatiza en la necesidad de instar a los países a que pongan la educación a la vanguardia de los planes de recuperación, insistiendo en el papel de esta como motor del progreso económico, desarrollo sostenible y paz duradera. Priorizar y proteger la inversión en este  sector evita el cierre de la escuela, y esto no solo afecta a la educación en sí, sino al suministro de servicios esenciales para los/as niños/as y las comunidades, entre otros: el acceso a la alimentación equilibrada, la conciliación laboral posibilitando a los padres el acceso al trabajo y, sobre todo, paliaría  el incremento en la brecha de género que condena a las niñas a estados de vulnerabilidad permanente a lo largo de sus vidas, pues no se podría garantizar que las presiones económicas y las costumbres relativas al género impidan que las niñas vuelvan a la escuela. 

Y siguiendo en la línea más social de las implicaciones negativas que la pandemia puede causar son: “…las previsiones de catástrofe generacional que podría despilfarrar un potencial humano incalculable, al socavar décadas de progreso y agravar las desigualdades más arraigadas que provoca un déficit de aprendizaje que puede afectar a más de una generación de estudiantes…” palabras de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas.

El informe de la Unesco termina haciendo una serie de propuestas concretas, que van desde las sanitarias  -con la eliminación de la propagación del virus, la investigación para  posibilitar una vacuna, la reapertura de centros escolares con planes de seguridad sanitaria- a las educativas  -potenciando la resiliencia de los sistemas educativos prestando atención a la equidad, la inclusión de medidas para  abordar las necesidades de los/as estudiantes más vulnerables, replanteamiento de cambios positivos en materia de enseñanza  y aprendizaje suprimiendo las barreras que estorban la conectividad, la inversión en tecnología digital, y como no, flexibilización en itinerarios de aprendizaje-. Por último, manifiesta su apoyo a la profesión docente y concluye que todas las soluciones posibles deben abordar las pérdidas en materia de aprendizaje, evitar el abandono escolar y velar por el bienestar social y emocional del alumnado, profesorado y demás personal del ámbito educativo.

Desde el  Área de Compensación Educativa del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de la Delegación Territorial de Educación  de Córdoba,  desde el año 2000 se viene apostando por la prevención e intervención  en el Absentismo y abandono temprano del sistema educativo -en los primeros años con un programa provincial, y más tarde, a través del Plan Integral del Absentismo y la Orden del 19 de septiembre del 2005, que lo desarrolla) desde la Comisión Provincial de Absentismo y toda  la estructura  que componen los 82 Equipos Técnicos de Absentismo -Etaes- y casi las 500 personas que los  componen, que vienen trabajando  para  garantizar el derecho a la educación de los menores en general, y de los más vulnerables en particular.

Esta tarea ha venido siendo asumida en la ciudad de Córdoba por las cuatro trabajadoras sociales de la Delegación de Educación Córdoba, quienes desde los Equipos de Orientación Educativas -Eoes- coordinan los 11 Etaes de la ciudad. Gestionan diversos programas, proyectos, campañas, talleres de prevención, intervención, etc., creando un trabajo en red con las ONGs, Departamentos de Orientación, Equipos de Orientación, Ampas, Policía Local de las distintas localidades, Servicio Sociales de los municipios, Agentes Tutores, Fiscalía de Menores, Servicio de Protección de Menores, etc., en base a un proyecto de coordinación interinstitucional supervisado y centralizado en la Comisión Provincial de Absentismo, que desde el año 2007 lleva funcionando ininterrumpidamente con reuniones trimestrales. Hay que decir que en la provincia son los/as maestros/as de compensatoria y los/as orientadores/as, quienes asumen también esta tarea, añadiendo un plus a sus tareas cotidianas, lo que en algunos momentos del curso supone una sobrecarga considerable.

Toda la actividad desarrollada por la Comisión Provincial queda debidamente registrada en las correspondientes Memorias las cuales, desde el curso 2011-12, han llevado hasta el día de la fecha un registro exhaustivo cuantitativo y cualitativo de toda su actividad y la de los Etaes, con datos cuanto menos interesantes de la evolución del Absentismo en la provincia y la ciudad de Córdoba. 

         Hemos de decir, que fue en ese curso cuando la gestión de la Comisión provincial de Absentismo se le encargó a una trabajadora social, en este caso en mi persona dándose la paradoja que se asumía una gestión sin que estuviese regulada en la normativa esta tarea para este perfil de Trabajo Social y que, sin embargo, ha demostrado en la práctica la idoneidad de la misma ya que conlleva responsabilidad, preparación, habilidades y competencias técnicas para desarrollarla, sobre todo por las implicaciones jurídicas, al valorar si en un expediente de absentismo pudiese darse una situación de  riesgo compatible con una situación de abandono de familia, según lo tipificado en el código penal y en la normativa de protección del menor, lo que implica la consiguiente derivación a la Fiscalía con competencias en tema de Menores. Tarea esta que conlleva formación específica y concreta en temas no solo de menores sino jurídica, y coordinación muy estrecha con otras administraciones cuyos procedimientos son muy distintos, por razones obvias, al sistema educativo.

Si en su día se adquirió el compromiso de luchar contra el absentismo y el abandono temprano del sistema educativo, encargándonos a trabajadoras sociales esta tarea en las tres zonas más deprimidas de la capital cordobesa, ha sido en el pasado curso y en el presente en el que con más entusiasmo, si cabe, se renovó éste para hacer lo posible  por garantizar el cumplimiento de este derecho, en el convencimiento de ser de justicia social y estar haciendo lo éticamente correcto, totalmente en sintonía con las recomendaciones de la  UNESCO, prueba de ello es todo lo realizado  durante el estado de alarma por motivos de la Covid-19 y que ha quedado debidamente recogido en la Memoria de este curso tan atípico y difícil.

Las memorias de la comisión provincial de absentismo y toda la documentación que genera la misma (plan provincial, dossier anual, etc.) están colgadas en el blog del ETPOEP de Córdoba: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/etpoepcordoba/