Tánger, 27 de junio de 2025
Mohamed Haouari
Profesor de Trabajo Social en el Instituto Nacional de Acción Social-Tánger (Marruecos)
La historia del trabajo social en Marruecos ha pasado por una evolución constante, desde formas tradicionales de solidaridad hasta su progresiva institucionalización. Antes de la colonización, el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad se basaba en redes comunitarias y en principios religiosos, reflejados en la caridad islámica. Estas prácticas, profundamente arraigadas en la vida social, promovían la ayuda mutua y aseguraban la protección de los más desfavorecidos dentro de un marco normativo basado en la tradición.
Con el establecimiento del protectorado español y francés, la asistencia social sufrió una transformación profunda. Las autoridades coloniales impusieron regulaciones e instituciones basadas en modelos occidentales, priorizando un enfoque asistencialista orientado al control social. Esto debilitó las formas tradicionales de ayuda comunitaria y reforzó la intervención colonial en acciones sociales destinadas a la población indígena.
Tras la independencia, Marruecos tuvo que reorganizar su sistema de acción social en un contexto de profundos cambios políticos y económicos. La creación de la Entraide Nationale marcó un primer intento de centralizar y estructurar las políticas sociales, aunque durante décadas la asistencia siguió fragmentada y dependiente de asociaciones caritativas y organizaciones de la sociedad civil. Con el avance de las reformas económicas y la apertura política, se hizo evidente la necesidad de profesionalizar la intervención social para hacer frente a las crecientes desigualdades.
En la actualidad, el trabajo social busca desempeñar un papel trascendental en el nuevo modelo de desarrollo. No obstante, su consolidación como disciplina y práctica profesional enfrenta desafíos significativos, como la falta de uniformidad en la formación, el escaso reconocimiento profesional y la necesidad de una mayor incidencia en las políticas públicas.
Período precolonial y colonial: antecedentes del trabajo social en Marruecos
El trabajo social en Marruecos tiene sus orígenes en la época precolonial, cuando la asistencia a los más vulnerables se organizaba mediante redes familiares, comunitarias y religiosas. La solidaridad se manifestaba a través de instituciones como la zakat (limosna obligatoria), los awqaf (fundaciones benéficas), los funduq (hospederías) y la sadaka (caridad), todas con un fuerte componente espiritual. Además, estructuras como la djamaa (asamblea local), la twiza (trabajo cooperativo) y las zawiyas (cofradías religiosas) cumplían funciones clave: la primera como espacio de consulta y autogestión, la segunda fomentando la colaboración en tareas comunitarias y la tercera ofreciendo refugio y apoyo a las personas más necesitadas (Lemligui, 2017, pp. 89-95).
La colonización, iniciada en 1912, transformó profundamente estas dinámicas. La administración francesa impuso un modelo asistencialista inspirado en los esquemas europeos, con un doble propósito: mejorar las condiciones de vida de la población local y ejercer control social. En consecuencia, la zakat se destinó a financiar proyectos coloniales, los awqaf quedaron limitados al ámbito religioso y los funduq fueron reconvertidos en centros de vigilancia contra movimientos independentistas. En este contexto, la Sociedad Musulmana de Beneficencia, creada en 1927, intentó estructurar la solidaridad tradicional bajo supervisión colonial. Aunque logró apoyar a muchas personas, su impacto fue restringido por la falta de recursos y personal especializado (Ghoti, 1995, pp. 23-45).
Las políticas sociales de la época reflejaban grandes desigualdades. Mientras los colonos europeos tenían acceso a servicios sanitarios de calidad, la población marroquí dependía de estructuras benéficas con escasos medios. A partir de 1945, se intentó organizar la financiación de la asistencia social, pero no se consolidó un sistema de protección integral. Durante este período, persiste la caridad islámica a nivel local, al tiempo que se empezaba a reconocer la pobreza como un problema de interés público. Aunque en Francia la década de 1940 marcó un punto de inflexión en el bienestar colonial, en Marruecos la asistencia social siguió dependiendo de actores locales y estuvo atravesada por tensiones entre la administración colonial y la población nativa. Paralelamente, muchas organizaciones benéficas se politizaron, convirtiéndose en espacios de resistencia vinculados al movimiento nacionalista (Perrier, 2022, pp. 1-6).
En el protectorado español, la asistencia social se centró en la infancia. En 1944 se fundó el orfanato “Franco” en Melusa para hijos de musulmanes fallecidos en la guerra de liberación española. En 1952, la Dirección de Acción Social lanzó programas orientados a la protección infantil y la prevención de la delincuencia juvenil, lo que llevó a la creación de preventorios y al fortalecimiento de las estructuras de asistencia infantil. También se ampliaron los servicios sanitarios con la apertura de consultorios y hospitales, aunque los asilos y hospitales psiquiátricos seguían operando en condiciones precarias, con cobertura limitada para los sectores más vulnerables (Ibn Azzuz, 1955, pp. 21-31).
Pese a los cambios impuestos por el colonialismo, Marruecos conservó un sistema de ayuda basado en la solidaridad comunitaria y diversas formas de cooperación. Prácticas como la jemaâ (asamblea comunitaria), la touiza (trabajo colaborativo en el ámbito agrícola), el almacenamiento colectivo de alimentos y las redes informales de financiamiento jugaron un papel esencial en la gestión de recursos locales. Estos mecanismos fueron fundamentales en la enseñanza religiosa, la producción agrícola y el abastecimiento de agua, operando bajo el derecho islámico y las tradiciones. Sin embargo, su efectividad se veía limitada por la jerarquización tribal y las desigualdades de género, lo que restringía el acceso equitativo a los recursos (Planas y Domínguez, 2014, p. 354)
Período posindependencia (1956-1975): inicios de la institucionalización del trabajo social
Tras la independencia en 1956, Marruecos carecía de un sistema público de acción social estructurado. La asistencia a personas vulnerables recae en las Asociaciones Musulmanas de Beneficencia (AMB), presentes en las principales ciudades. Para organizar mejor este sector, el Estado creó la Entraide Nationale (EN), encargada de gestionar programas sociales y supervisar las AMB, marcando el inicio de la colaboración entre el gobierno y el sector privado (Bencherki, 2017).
En 1957, la EN se estableció formalmente como mecanismo de acción social pública y, en 1968, fue integrada plenamente en la estructura estatal. Cuatro años después, un decreto real consolidó su papel con la creación de la Secretaría de Estado de la EN, transformándola en un organismo público responsable de la implementación de políticas sociales. Durante este periodo, la EN tiene amplias competencias, incluyendo asistencia directa, promoción del bienestar familiar y programas de emancipación de la mujer (Ibid).
Sin embargo, las políticas públicas tras la independencia otorgaron un papel secundario a la regulación social, profundizando desigualdades. Esta situación se agravó con los ajustes estructurales de finales de los años 70, que obligaron al Estado a replantear sus estrategias. Este proceso puede interpretarse como la “invención de lo social”, fenómeno similar al ocurrido en la Europa industrial del siglo XIX, cuando los Estados consolidaron sistemas de bienestar para garantizar estabilidad y mitigar conflictos (Catusse, 2011, p. 63).
Transición hacia la profesionalización: desde los años 80 hasta la actualidad
Desde la década de 1980, Marruecos ha promovido la profesionalización del trabajo social mediante políticas estructuradas y la creación de entidades especializadas. Un hito fundamental fue la creación del Instituto Nacional de Acción Social (INAS) en 1981, que marcó el inicio de la formación académica en el trabajo social (INAS, 2016, p. 45). La adopción del sistema LMD en dicha institución amplió la oferta educativa, aunque persisten desafíos como la fragmentación de los programas y la brecha entre teoría y práctica.
En los años 90, surgieron organismos como la Agencia de Desarrollo Social y agencias regionales para reducir desigualdades y fomentar el desarrollo local. La sociedad civil adquirió un papel clave mediante ONGs y asociaciones centradas en educación, vivienda e inserción laboral. La expansión de estas organizaciones respondió al aumento de la vulnerabilidad social, derivado de la crisis económica. A partir del 2000, las reformas políticas y económicas fortalecieron su papel en la lucha contra la exclusión y la promoción de derechos humanos (Haouari, 2014, pp. 6-19).
En 2002, la creación de la Dirección de Economía Social, el Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y la Fundación Mohammed V para la Solidaridad intensificaron los esfuerzos contra la pobreza y la exclusión. Tres años después, la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) consolidó el trabajo social mediante la financiación de proyectos locales y la mejora de infraestructuras. No obstante, su implementación ha sido criticada por la centralización de recursos y la falta de personal especializado, lo que ha limitado su impacto en algunas regiones (Guerraoui, 2013, p. 3).
Para atender la creciente demanda de trabajadores/as sociales, un estudio de 2006 del Ministerio de solidaridad en colaboración con UNICEF estimó la necesidad de 30.000 profesionales. Entre 2007 y 2012, se formaron 10.000 personas en ocho perfiles clave: agentes de desarrollo social, gestores de establecimientos, mediadores, animadores socioculturales, asistentes sociales, educadores especializados, agentes socioeducativos y auxiliares sociales (Le Matin, 2007).
La promulgación de la Ley n.º 34-09 en 2011 estableció un marco regulador para el sector del trabajo social, abarcando ámbitos como la violencia de género, la migración y la protección de mujeres y niños. Esto fortaleció la colaboración entre entidades gubernamentales y no gubernamentales, promoviendo estándares profesionales en la prestación de servicios. Desde 2012, la Entraide Nationale (EN) ha sido reestructurada para consolidarse como el principal operador de asistencia social, priorizando la formación de trabajadores/as sociales y la mejora de estrategias de intervención.
En los últimos años, la profesionalización del trabajo social se ha reforzado con la creación de Centros de Orientación y Asistencia para Personas con Discapacidad y Unidades de Protección de la Infancia (UPE). En 2015, la EN asumió la gestión del componente de discapacidad del fondo de apoyo a la cohesión social, y en 2018 desarrolló un sistema integral de apoyo para adultos mayores. Políticas como la Política Pública Integrada de Protección de la Infancia (2015) y el Plan Gubernamental IKRAM (2016-2021) han reflejado el compromiso con la equidad de género y la atención a sectores vulnerables (MSFDS, 2019, pp. 31-42).
En 2021, la Ley 45-18 estableció un marco más definido para el trabajo social, regulando roles, condiciones laborales y ámbitos de intervención (Cámara de Representantes, 2021, pp. 7-45). A pesar de estos avances, aún existen desafíos como la escasez de trabajadores/as sociales y la concentración de recursos, lo que limita la efectividad de las intervenciones en comunidades vulnerables. La tercera fase de la INDH, iniciada en 2023, fortaleció el enfoque en la promoción del capital humano y el apoyo a sectores desfavorecidos (Belhassani, M. (2024, pp.102-135). Para ello, el Tribunal de Cuentas ha señalado deficiencias en la disponibilidad de profesionales especializados y el bajo nivel educativo de muchos/as empleados/as, subrayando la urgencia de mejorar la capacitación y ampliar la contratación de trabajadores/as sociales cualificados/as (CESE, 2020, p. 8)
Actualmente, Marruecos cuenta con aproximadamente 35.000 trabajadores/as sociales, con una proyección de 45.000 para 2025 (Badri Souad, 2021). La Ley 45.18 ha definido cuatro áreas clave: asistencia, educación y animación, apoyo familiar y gestión del desarrollo social. A pesar de ello, el sector del trabajo social enfrenta retos como la precariedad laboral, con un 60% de trabajadores/as en el ámbito asociativo, y la feminización de la profesión, ya que más del 50% son mujeres. A nivel de formación académica, el 80% posee títulos, pero solo el 13% está especializado en trabajo social, mientras que el 45% carece de formación continua. Además, el 57% inicia su labor sin experiencia previa, y los estereotipos sobre la profesión siguen dificultando su reconocimiento y fortalecimiento institucional (MSFDS, 2024, pp. 13-22).
Conclusiones
El trabajo social en Marruecos ha experimentado una transformación notable, pasando de un modelo de asistencia basado en la solidaridad tradicional a un enfoque más estructurado y profesionalizado. No obstante, sigue enfrentando desafíos importantes, como la falta de reconocimiento profesional, la insuficiente integración en las políticas públicas y la escasez de personal cualificado. A esto se suma la ausencia de un programa nacional de formación, lo que dificulta la consolidación de estándares unificados en la disciplina.
Uno de los principales retos de la formación en el área del trabajo social es la ausencia de una base común, lo que ha generado una diversificación de los contenidos impartidos dentro de una misma especialidad. Asimismo, la interrupción de programas en ciertas carreras del trabajo social y la falta de adecuación de algunos programas de formación a las nuevas exigencias limitan la profesionalización y adaptación de la disciplina a las necesidades emergentes.
Para garantizar la sostenibilidad del trabajo social en Marruecos, es necesario adoptar medidas concretas, como el diseño de programas de formación especializados, el establecimiento de normas laborales que brinden estabilidad, el fortalecimiento de la investigación en intervención social y una cooperación más estrecha entre entidades públicas, ONGs y actores locales para maximizar su alcance. Enfrentar estos desafíos permitirá estructurar un modelo más equitativo, inclusivo y orientado a la defensa de los derechos fundamentales, asegurando así una respuesta más eficiente a las problemáticas sociales emergentes.
Referencias bibliográficas
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