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Miscelánea

¿Cómo nuestro saber y saber hacer puede incidir en la política?

Cádiz, 13 de octubre de 2020

ENTREVISTA A
Eva Tubío Martínez
Trabajadora Social de Servicios Sociales Comunitarios (Ayuntamiento de Cádiz).
Actualmente, Concejala del Ayuntamiento de Cádiz (Delegaciones de Vivienda, Salud y Servicios Comunes)

Desde hace aproximadamente 7 u 8 años estamos viendo que profesionales del Trabajo Social, implicados en los movimientos sociales o en organizaciones profesionales, dan un paso adelante en la vida política que se desarrolla especialmente a nivel local. Queremos conocer qué razones movilizaron a estos profesionales a tomar la iniciativa.

1. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para ser Trabajador/a Social? ¿Cuánto tiempo hace que ejerces la profesión?

Siempre me habían preocupado las cuestiones sociales, las necesidades y la injusticia. Trabajo Social, entonces Asistencia Social, era una profesión con proyección de futuro por cuanto el contexto socio-político evolucionaba hacia los principios del Bienestar Social, la consecución de algunos derechos sociales y la conformación de un sistema. Por tanto, me gustaba la profesión, creía en ella y tenía salidas laborales. Ejerzo desde el año 1987.   

2. ¿En qué momento decides dar el paso a la participación política? ¿Por qué?

Aunque comencé a participar activamente en el 2014, siempre tuve esa inquietud, máxime a raíz del 15M que fue un revulsivo para la acción y la protesta ante la corrupción, la desigualdad y la política de recortes de derechos y servicios públicos que se aplicó durante la crisis. Esto se unió a mi propia experiencia personal y profesional. Entre 2012 y 2013 echaron a 24 compañeros/as de los servicios sociales de mi ayuntamiento y se aprobó la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que ponía en jaque a los servicios sociales comunitarios e iniciaba así una etapa de desmantelamiento y reducción nunca vista anteriormente. Me dije que o salíamos a defender lo nuestro o no lo haría nadie por nosotros/as. A diferencia de la Sanidad o la Educación, Servicios Sociales, al menos en este país, es todavía un sector desconocido y con escasa influencia. Necesitamos voces para su defensa entre los/las profesionales y la ciudadanía.      

3. Desde tu experiencia como Trabajador/a Social y como política/o ¿qué crees que aporta nuestra profesión?

Aporta en cuanto que conocemos el origen de la desigualdad y los mecanismos de justicia que se necesitan para corregirlo. Hoy pocos se atreven a cuestionar la necesidad de los servicios sociales, pero no siempre es una prioridad y no siempre se desliga de lo asistencial y lo privado. Es importante que estemos para advertir y defender nuestro sistema público de servicios sociales y todo aquel que promueva la protección y la igualdad social ya sea desde la sanidad, la vivienda, la educación, el empleo o cualquier otro.    

Aportamos también en tanto que la mayoría somos mujeres y esto es una cualidad a destacar puesto que imprimimos otros valores, estilos y estrategias que son novedosas y valiosas en política, además de justas y necesarias. Me gusta pensar que reforzamos en cuestiones importantes como la participación y el trabajo comunitario        

4. Desde hace unos años estamos viendo que los profesionales del Trabajo Social se están implicando de forma más explícita en la dinámica de las organizaciones políticas. ¿Qué crees que ha motivado esta movilización del colectivo?

Nuestra profesión es eminentemente política: buscamos un cambio de modelo que asegure la protección y el bienestar de la gente, especialmente la más vulnerable, y que restablezca equilibrios de igualdad. Los Colegios o cualquier otra forma de asociación de profesionales son claves en esta apuesta y evidentemente hacen política. No es ningún defecto ni ningún insulto, es la realidad y unos la harán hacia un lado y otros hacia el contrario, pero todos la hacen. Igual ocurre con nosotros y nosotras, las profesionales. Por mucha herramienta que haya y por mucha objetividad que intentemos asegurar, hay un componente personal que te dicta si crees que la responsabilidad está más en el individuo o más en la sociedad y en función de eso actúas de una forma u otra. Por mucho que en la carrera nos formaran sobre esta cuestión, ni todas las personas lo interpretaran igual ni el profesorado universitario lo transmitió igual. No obstante, cada vez hay más compañeros/as que creen que nuestro bonito desempeño profesional se complementa a la perfección con salir fuera a cambiar, o a soñar cambiar, las bases de la desigualdad y la injusticia.               

5. Durante el estado de alarma hemos visto a personas expertas del ámbito sanitario, especialmente epidemiólogos/as, médicos/as, enfermeros/as, ¿por qué crees que no han aparecido en los paneles de expertos/as los profesionales del Trabajo Social?

Puede que tenga que ver con el sector de los servicios sociales que es un sistema relativamente más joven y con menos peso institucional que otros. También con nuestra profesión que sigue siendo desconocida, de ahí la importancia del trabajo que tenemos que hacer como colectividad profesional. Se cree que es cuestión de género y que al ser una profesión feminizada nos hemos organizado menos en este aspecto por temas de conciliación o de poca tradición participativa pero ahí están las enfermeras que también han tenido que luchar por encontrar su sitio. Hay que persistir, pero lo conseguiremos, seguro, así que vaya mi agradecimiento a todas y todos los colegas que dedican su tiempo y su formación para poner esta profesión en el lugar que se merece.

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Miscelánea

Una trabajadora social en la política, no una política que aprendió trabajo social

Málaga, 22 de septiembre de 2020

Estefanía Martín Palop
Trabajadora Social. Senadora por Málaga

El ejercicio de la política, como actividad pública de servicio a la ciudadanía, requiere de servidores y servidoras que aúnen el saber hacer y una sensibilidad por lo público. Hoy la política exige un plus de compromiso, a la vez que requiere un conocimiento propio, de aplicación a la acción política. 

Esa es la base de la responsabilidad y función contemporánea que debe cumplir una persona dedicada a la política, y más en tiempos de desafección y descrédito de la representación política. 

El Trabajo Social, reseñando su concepto, en la realidad más actual, está íntimamente vinculado al desarrollo del Estado de Bienestar y del servicio público. El Estado del Bienestar está basado, entre otros postulados, en las tareas que le son propias a nuestra profesión. 

Toda labor que se haga en pro de una sociedad más justa, igualitaria, equilibrada en oportunidades, cuyas aspiraciones hay que promover, tiene en el profesional del Trabajo Social, y en mi caso, una aliada, una defensora. Con la llegada de trabajadores y trabajadoras sociales a la política, y al Senado en mi caso concreto y actual,  contribuimos a garantizar la visión social en la tarea legislativa en España.

El ecosistema sociológico actual se ha ampliado, más allá de las instancias públicas oficiales. Una sociedad como la española, que ha avanzado en estos últimos cuarenta años como nunca antes en su historia desde el complicado siglo XX, ha sabido diversificar sus organizaciones sociales. El tejido asociativo y el Tercer Sector reúne a ONG’s, plataformas vecinales, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de la tercera edad; movimientos sociales y ciudadanos que hacen suyos el sistema democrático para hacer avanzar a toda la ciudadanía. Parte de la fortaleza de nuestra democracia radica en la salud de nuestro tejido asociativo. 

En la ciudadanía, no sólo recae el poder de decidir qué gobierno y qué programa ejecutar cada cuatro años mediante el voto en las urnas, la ciudadanía y los colectivos sociales tienen el poder de movilizar e incidir en las políticas públicas que se diseñan y ejecutan.

Somos conscientes, algunas personas por estar en política y otras por activar a la sociedad, de este poder. Ahora nos toca aplicar el conocimiento y nuestro saber hacer profesional para fortalecer y construir desde lo común y comunitario políticas públicas que apuesten por lo público y por el Estado de Bienestar.

La realidad de nuestra sociedad requiere un auténtico diagnóstico social que permita la implementación de políticas contundentes, cercanas y eficaces para paliar las necesidades en cada caso. 

Desde la política, tengo la inmensa fortuna de poder actuar en el diseño legislativo de leyes sociales, que puedan ser aplicadas con los instrumentos y recursos presupuestarios necesarios para hacer realidad parte del diseño de las políticas públicas y políticas sociales que como trabajadores sociales quisiéramos firmar. Aunar el Trabajo Social con la política es una garantía para el bienestar de la ciudadanía.

Dignificar la política requiere de profesionales que lleven a cabo su tarea aplicando su experiencia y su conocimiento como profesionales. Nuestra sociedad requiere de trabajadores sociales que aporten a la política una visión realista y cercana, a la vez de garanticen políticas públicas que permitan intervenir desde lo individual y comunitario para construir el auténtico Estado de Bienestar que un día soñamos.

Una trabajadora social en la política

Una trabajadora social en la política. Lo soy en este orden. No he sido una política que aprendió Trabajo Social, sino una trabajadora social que llegó a la política para ejercer su vocación de servicio público. Está claro que cualquier acción social se imbrica en la política. Somos animales políticos, lo dijo Aristóteles. Y lo es porque al vivir en sociedad, prácticamente desde las cavernas, se ha organizado políticamente. Todo asunto público le concierne e intenta participar. El acto de votar es un ejemplo evidente. Pero esa forma de relación social tiene un objetivo primordial, que es la convivencia, una convivencia donde cada persona pueda sentirse dignamente tratada y desarrollada. Una convivencia sostenible y adecuada para cada una de las personas que integramos la comunidad. Ahí, creo yo, está la más grata e inmensa tarea de un político. Si conoce las reglas y las aplica en consecuencia estará trabajando en pro de alcanzar un fin social superior. 

Que trabajadoras sociales como yo estemos en la primera línea de la política es un primer paso importante para que el trabajo del legislador esté influenciado, guiado por la visión cercana de quienes conocemos la calle, los barrios, las casas de acogida, la tragedia de la emigración, el acoso de género, la desigualdad en su más tremenda de realidad vivida en cientos de miles de hogares españoles. Puedo afirmar que todo lo que aprendí durante mis años de estudio en la Universidad, Escuela de Trabajo Social, tenía que ver con la política…y ahora sé bien y mejor para qué sirve.

En la vía en que me encuentro no tengo contradicciones. No son dos caminos, no van en direcciones contrarias. El trabajo social y la política son dos ruedas que unen el mismo eje. La socialdemocracia que defiendo entiende que los vínculos de sus programas están en el desarrollo de las políticas sociales. Las políticas públicas, como el bienestar de los sujetos que forman nuestra sociedad, está justamente en el desarrollo de los servicios sociales, que abarque a toda su población. 

Al igual que la educación y la sanidad públicas son los dos grandes pilares que sostienen nuestro sistema en libertad e igualdad ante las leyes, los Servicios Sociales son el pilar que garantiza la convivencia y la dignidad individual, familiar y comunitaria de las personas en los momentos más adversos y vulnerables.

La justicia social es la base de la igualdad. Las instituciones políticas españolas, desde 1978, se han empeñado en cumplir con ese sueño que nos enseñó la Revolución francesa a finales del siglo XVIII. En esa senda estamos. Y ahí, una trabajadora social, humildemente, tiene mucho que decir, sobre qué indicar, en qué ayudar, porque tengo la capacidad de una trabajadora social y ejerzo desde la política.

Políticas socialdemócratas

Las desigualdades originan pobreza y vulnerabilidad. Marginan y excluyen a amplias capas de la sociedad. Pertenezco a una tradición ideológica que ha puesto en sus objetivos principales luchar contra esa lacra. No hemos concluido, hay trabajo por realizar, sin duda. Pero jamás hemos olvidado que la clave está en fortalecer el Sistema Público de Servicios Sociales.

Durante otras épocas pretéritas, la ayuda social se entendía como un entramado de beneficencia, de distribuir caridad a las personas necesitadas. La democracia que propugnamos es dotarnos de un sistema público que garantice herramientas e instrumentos para dignificar el desarrollo y crecimiento de cada una de las personas de nuestra comunidad. Aquella caridad paliaba el hambre, en el mejor de los casos, pero no dignificaba a las personas. Se recibía como una limosna a las puertas de los templos. De alguna manera se les arrebataba a las personas la dignidad, de ser y poder crecer en igualdad de oportunidades, sin que ninguna cuna ni adversidad les negase la capacidad de poder llegar a ser o vivir de la manera más digna que podamos disfrutar como sociedad avanzada. 

El sistema público de Servicios Sociales es la piedra angular de nuestra nueva sociedad, nuestro cuarto pilar de bienestar, en la que venimos construyendo desde 1978. Fortalecer, como he apuntado, las políticas sociales y la cohesión de las organizaciones sociales nos da una coherencia para el crecimiento como personas dueñas de nuestras propias vidas. El trabajador social es un pilar para garantizar el desarrollo de dicho sistema público y hacerlo más sólido, más solidario, más extenso.

Desde las tareas propias de los profesionales del trabajo social veo un panorama de intenso trabajo, me atrevo a decir que el momento es crítico: o seguimos construyendo un robusto sistema público de atención o la propia crisis, su profundidad y alcance, permitirá a algunos adoptar medidas que perviertan este sistema público, una involución a la caridad citada anteriormente.

El Trabajo Social colabora en el diagnóstico cierto y preciso de nuestra sociedad. En tal empeño, las personas dedicadas a la política,  especializadas en ese campo aportamos ambas visiones: el conocimiento social y la acción política y social. Sería inconsciente no ver el potencial de la comunidad organizada, ni la fuerza que tienen esos colectivos, indispensables para avanzar hacia una sociedad mejor, más próspera, con menos diferencias, con mejor futuro.

Propugno la ampliación y el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar Social. Eso nos va a permitir una mayor solidez en la cohesión social, como una amplia base para la convivencia. Lo defiendo desde la primera fila del Trabajo Social como desde la primera línea de acción política. 

Queda camino por construir. Las políticas públicas no terminan de avanzar, nunca, porque las necesidades de la sociedad española crecen con las dificultades sobrevenidas de cada avance social y político. Un buen ejemplo es la triste época en la que vivimos a causa de la pandemia de la Covid19. Tenemos que garantizar, lo antes posible, la universalización del Sistema Público de los servicios sociales. Esto es tanto garantizar la igualdad en el acceso de éstos; como el desarrollo de prestaciones y servicios, de calidad, como derecho subjetivo de las personas.

Desechar, asimismo, la tesis de la ayuda por caridad, que aún impregna el discurso latente en las líneas de la derecha, que atentan los cimientos más prácticos y profundos del sistema público de servicios sociales. Más en estos días y meses, cuando las familias se enfrentan a dificultades económicas como nunca antes a causa de la pandemia. Todo esto me reafirma en pensar que nuestra línea de trabajo es la de apuntar hacia fortalecer el sistema público en todas sus instancias. Para ello, necesitamos contar con presupuestos adecuados, continuados, razonados y eficientemente manejados.

Vivimos tiempos de zozobra. El presente se ha tambaleado y nos asoma un futuro inmediato difícil, duro. Se hace necesario que los políticos jóvenes interpreten los signos nuevos de este tiempo. 

Comprender un mundo que ha cambiado, casi de un día para otro, se nos impone escuchar más a la ciudadanía, hacerles participar en las soluciones factibles. Creo que es la vía para lograr, mantener y extender, nuestra convivencia y nuestro Estado de Bienestar.

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Mayores

La sexualidad en el ámbito geriátrico-residencial

Málaga, 4 de agosto de 2020

Rubén Yusta Tirado
Trabajador Social especializado en el ámbito de la gerontología.
Doctorando en Trabajo Social. Docente.

El ámbito de la gerontología se encuentra en pleno proceso de cambio y esto es algo que se pone de manifiesto en las previsiones demográficas que actualmente manejamos, que reflejan un gran incremento del número de personas mayores en las próximas décadas (Organización Mundial de la Salud, 2018), y la aparición y desarrollo de múltiples prestaciones y servicios dirigidos a este colectivo que estamos viviendo en este momento. Estamos asistiendo a la implantación de nuevos modelos de atención, al desarrollo de nuevas técnicas de cuidado y a la promoción de muchos valores que, hasta el momento, parecían obviarse para las personas que alcanzaban una determinada edad. En cambio cuando hablamos de sexualidad y gerontología, y sobre todo  de sexualidad y entornos residenciales, todavía parece que hay algo que no nos permite desarrollar acciones e intervenciones en este sentido, “normalizando” una situación que es común en prácticamente todas las etapas de la vida y que al llegar a la vejez deja de tratarse como una actividad o un proceso más de la vida de las personas. ¿Cuáles son los aspectos que intervienen en esta extraña relación entre la sexualidad y el ámbito geriátrico-residencial?

La Organización Mundial de la Salud (2018) define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Sin duda nos encontramos ante un término que, lejos de la coacción, la violencia o la discriminación, debería reportar a la persona una serie de aspectos positivos que coinciden con el propio desarrollo vital de la persona por el que todos/as vamos avanzando. Esto es algo presente en la mayoría de las etapas de la vida y, obviando ciertas corrientes de pensamiento enfrentadas al progreso, cada vez son más habituales los proyectos y jornadas enfocadas a promocionar una educación sexual de toda la sociedad. En cambio cuando nos referimos a la vejez y a los entornos institucionalizados, los profesionales del ámbito sociosanitario observamos que esta normalización y esta difusión de la educación y la salud sexual no es tal, y en su defecto en muchas ocasiones este ámbito sexual se vuelve tabú por diversos motivos que intervienen en el ámbito geriátrico-residencial.

Una de las principales causas que intervienen en el establecimiento de la sexualidad como tabú son los propios agentes que intervienen en el desarrollo vital en los centros. Mientras que en un entorno diferente al de las residencias de mayores la sexualidad es un tema que afecta fundamentalmente a las personas implicadas, en el ámbito residencial confluyen otros agentes que, en mayor o menor medida, acaban influyendo en el desarrollo de la sexualidad de los/as usuarios/as: profesionales del centro, entorno sociofamiliar del usuario/a o incluso los órganos organizativos y directivos del mismo. En este sentido la gestión de un tema como éste, las creencias individuales o la propia filosofía del centro frente a la sexualidad afecta de forma determinante al desarrollo sexual de los/as usuarios/as.

El estado de los/as usuarios/as también es otro de los aspectos que intervienen en el desarrollo de la sexualidad en los centros. Como sabemos la vejez puede conllevar una serie de síndromes o limitaciones que determinan, en mayor o menor medida, la vida de las personas. Uno de los síndromes que más repercusión tiene es la posibilidad de que la persona sufra deterioro cognitivo, con las consiguientes implicaciones legales y éticas que este deterioro introduce en el dilema de la sexualidad que estamos tratando. En este sentido la capacidad de la persona, el grado de afectación por el deterioro cognitivo, la situación legal y, sobre todo, el consentimiento de las partes, será clave en el desarrollo sexual de los/as usuarios/as del centro residencial.

La protección o la “sobreprotección” que en ocasiones se vive en los centros residenciales es otra de las cuestiones que intervienen en este debate. En ocasiones encontramos problemas a la hora de llevar a cabo acciones tan beneficiosas para los/as usuarios/as como una retirada de sujeciones, una disminución de la medicación o algo tan simple como una participación en una actividad, debido nuevamente a la intervención de todos los agentes que confluyen en los centros residenciales. Muchas veces profesionales y familiares tendemos a sobreproteger a los/as usuarios/as, limitando su actividad y olvidándonos de que los centros residenciales deberían ser una continuidad de la propia vida de las personas en lugar de un ámbito en el que únicamente importa la salud de la persona.

Muy unido a este último término también encontramos la despersonalización que en ocasiones se produce en los centros. El desarrollo de actividades demasiado técnicas y alejadas del entorno doméstico, los horarios demasiado estrictos o la prioridad del funcionamiento del propio servicio frente a las preferencias de las personas generan que, sin darnos cuenta, nuestros/as usuarios/as vayan perdiendo aspectos o características que en otros ámbitos diferentes a la gerontología serían impensables. En la mayoría de centros es complicado encontrarnos con profesionales que pregunten a los/as usuarios/as sobre sus preferencias, sus deseos o sobre lo que quieren hacer y es en gran parte por esto que los modelos centrados en la persona están teniendo tanta repercusión en este ámbito.

Por último no podemos olvidarnos de las propias características del medio residencial. Aspectos como la presencia de habitaciones compartidas, el manejo de la intimidad de los/as usuarios/as por parte de los/as profesionales o el gran número de personas que a lo largo del día pasan por las zonas comunes y privadas del centro, hacen del ámbito residencial un entorno poco proclive para desarrollar la sexualidad de un grupo de personas que, como hemos visto, por su propia condición ya tienen bastantes obstáculos en su desarrollo sexual.

Como acabamos de ver nos encontramos ante una situación en la que, debido a diferentes cuestiones, un aspecto tan relevante en la vida de las personas como es la sexualidad se ve limitado y en ocasiones restringido al llegar al ámbito geriátrico-residencial. Obviamente existen cuestiones que por las propias características del colectivo son complicadas de abordar, pero también hay muchas otras muchas cuestiones en las que, como trabajadores/as sociales y/o como profesionales del ámbito sociosanitario, podemos intervenir partiendo de los principios básicos de dignidad, libertad e igualdad, que fundamentan nuestra disciplina y que se recogen en nuestro código deontológico (Consejo General del Trabajo Social, 2012) y a su vez intervienen de forma determinante en el desarrollo de la sexualidad de la persona.   

Bibliografía

Consejo General del Trabajo Social (2012). Código Deontológico del Trabajo Social. Extraído de https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico

Organización Mundial de la Salud (2018). Centro de prensa. Notas descriptivas. Envejecimiento y Salud. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud

Organización Mundial de la Salud. (2018). La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas – Organización Mundial de la Salud.

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Educación

¿Trabajadores/as sociales en los centros educativos? Sí

Málaga, 29 de julio de 2020

María José Marteache Martín
Trabajadora Social. Equipo de Orientación Educativo Especializado
Miembro de la Comisión de Educación del Consejo Andaluz de Trabajo Social – por la defensa del Trabajo Social en los Centros Educativos

El marco legislativo social que se va introduciendo supone un gran avance en derechos sociales. Las nuevas normas se van actualizando e incluyendo coberturas donde antes había necesidades sin resolver, así se puede fortalecer el sistema de protección social. Este horizonte esboza un antes y un después en el fortalecimiento de la ciudadanía más vulnerable.

Ya sea el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital o, el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, ambos realizan un gran esfuerzo por resolver sus cometidos. Es una ingente labor incluir las diferentes realidades que soportan distintos grupos de personas, y establecer medidas eficaces para sacarlas de su vulnerabilidad.

En cuanto al proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia, es inevitable reconocer que viene a paliar carencias en diferentes ámbitos, educativo, servicios sociales, judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.

El proyecto de Ley es ambicioso y complejo, por ello es el momento de vislumbrar resquicios que puedan desmembrar la protección de niños y niñas. Escuchar al colectivo de Trabajadores Sociales, quienes están cercanos a las realidades sociales de las familias, ofrece la oportunidad de cerrar bien el círculo de la protección de la infancia y la adolescencia. El objetivo lo merece.

El sentido que recoge el proyecto de Ley aborda la necesidad de la notificación precoz de los casos de violencia. Así se incide en preparar a docentes, familias y al alumnado para mostrar atención ante cualquier indicio. Asimismo la difusión de los protocolos de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia es ventajosa para que salgan a la luz estas comunicaciones a los servicios necesarios cuando se producen. Además acciones como promover el respeto a la diversidad del alumnado, o la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos, son elementos para propiciar un clima protector y un aprendizaje para la vida en sociedad.

En el proyecto de Ley, el timón de estas acciones será el o la coordinador/a de Bienestar y Protección. Es de considerar que estas novedades aplicadas en todos los centros educativos presentan un avance significativo, y si están recogidas en una Ley, tienen mayor garantía para llevarlas a efecto.

Una diferencia abismal sería que desde los centros educativos, se atendiera de una forma cercana a las familias en sus diversos procesos de vida, dónde se originan las dificultades familiares, y dónde éstas pueden derivar en situaciones de riesgo o desprotección ante adversidades. Acompañar a las familias en las dificultades para que realicen avances o cambios, significa incidir en la prevención de daños perjudiciales en la infancia y la adolescencia. Esta forma requiere manejar técnicas, habilidades, y estrategias enmarcadas en el procedimiento social. Saber reconocer los diferentes momentos de la intervención, y acompasar avances y retrocesos son elementos necesarios para intervenir con las familias.

Es decir, una acción profesionalizada del Trabajo Social en los centros educativos, va a evitar la notificación de muchas de las situaciones familiares que se pueden cronificar a no ser que se intervenga desde el medio educativo a tiempo. Incide del mismo modo en aquellas situaciones adversas por la que atraviesan niños o niñas, realizando intervenciones conjuntamente con trabajadores sociales de los servicios sociales o equipos especializados en el tratamiento familiar, y va a realizar una canalización técnica de situaciones de posibles riesgo o desprotección al organismo competente.

La aplicación de acciones de prevención, detección, diagnóstico social, intervención en el centro educativo, y seguimiento, junto a la coordinación con las distintos servicios sociales locales y especializados, y la posibilidad de emitir informes sociales, conlleva mayor eficiencia.

La intervención de trabajadores/as sociales se completa con su acción en el grupo clase, y la comunidad educativa, o sea se aborda la gestión de las emociones que produce ciertos hechos acontecidos a niños o niñas, se trabajar en diversos tiempos la prevención de situaciones adversas, etc. El efecto de trabajar a tres niveles individuo/familia, grupo y comunidad lo comprende el procedimiento del Trabajo Social. Tener esto en los centros educativos produciría una subida exponencial del nivel en la protección de la infancia y la adolescencia.

Los y las trabajadores/as sociales de educación intervenimos con las familias de esta manera, y lo venimos haciendo desde 1976 en el ámbito educativo. Estamos inmersos en los Equipos de Orientación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y aportamos la orientación sociofamiliar del alumnado.

Nuestras funciones están reguladas por en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa, y entre ellas se encuentran las siguientes:

  • El desarrollo de acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que presenta problemas o dificultades de integración escolar y/o social.
  • La aportación de información sobre las características del entorno, de los recursos educativos, culturales, sanitarios y socioeconómicos, y las vías adecuadas para su utilización.
  • La promoción de la integración de las familias y del entorno en las actividades de los centros y la colaboración con otros servicios educativos, sociales y de la salud del entorno para la atención a la infancia y a la adolescencia.
  • La colaboración en la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones de carácter social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar que lo requiera.
  • En el desarrollo de nuestras funciones, intervenimos entre otras acciones en:
  • Contextos familiares que obstaculizan el adecuado desarrollo del alumnado.
  • Procesos de aceptación de la familia ante las necesidades especiales de apoyo educativo de su hijos/as, o ante cualquier tipo de diversidad
  • El asesoramiento y la sensibilización de la comunidad educativa ante las características sociofamiliares del alumnado.
  • La resolución de conflictos entre el centro educativo y familia/s, o viceversa.
  • El asesoramiento y seguimiento en el proceso de detección y/o notificación de posibles situaciones de riesgo y desprotección de niños y niñas.
  • La coordinación de los casos de alumnos y alumnas en situaciones de riesgo o desprotección con los servicios sociales comunitarios, equipos de tratamiento familiar, servicio de protección de menores, etc.
  • El fomento de la coordinación entre el centro educativo y los agentes externos que intervienen con el alumnado.
  • El asesoramiento sobre la aplicación de protocolos en casos de absentismo escolar, acoso escolar, ciberacoso y acoso sexual, maltrato infantil, violencia de género, e identidad de género.
  • El desarrollo de actuaciones para proveer habilidades en la resolución de conflictos y prevenir dificultades en la convivencia entre el alumnado.
  • La realización de actuaciones para evitar la brecha digital entre el alumnado desprovisto de tecnología digital, y sus consecuencias.
  • Y otras intervenciones propias de la disciplina científica del Trabajo Social.

Es legítimo por tanto, que el trabajo que venimos desarrollando trabajadores y trabajadoras sociales en la administración educativa se refleje en la normativa educativa, y toda aquella que tenga repercusión en el ámbito educativo, especialmente en las Leyes que se están fraguando y que tendrán repercusión en los próximos años, como La futura Ley de Educación (LOMLOE) y en la futura Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. En concreto es palpable que trabajadores/as sociales ocupen la figura de Coordinador/a de Bienestar y Protección en los centros educativos.

En el transcurso del tiempo en el que trabajadores/as sociales formamos parte del ámbito educativo, los/as trabajadores/as de educación, hemos observado los cambios en la forma de educar, a la vez que la sociedad en general ha ido experimentando avances. En el inicio se consideraba que el trabajo social en educación debía estar cerca del alumnado de necesidades educativas especiales en vías de integración, o tenía que centrarse en centros educativos situados en zonas en vías de transformación social para atender al alumnado de familias socioculturalmente desfavorecidas. Fueron las realidades de los años 70 y 80. Paulatinamente el sistema educativo fue otorgando mayor papel a la relación con las familias, pues sin éstas no se puede educar; pero esta transformación no acompañó el aumento de la plantilla de trabajadores/as sociales, se mantuvo igual, incluso con algún retroceso.

En la actualidad cada vez menos personas dudan de que el Trabajo Social no solo se necesita para trabajar en contextos de pobreza, sino que situaciones familiares que pueden acontecer a cualquier tipo de familias como: la aceptación de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje, etc., conflictos de pareja, procesos de separación y divorcio, cambio de cuidadores en niños y niñas, perdidas de seres queridos, suicidio, duelo, etc. pueden dejar secuelas en menores, y que la intervención de trabajadores/as sociales en esta situaciones está indicada.

El principal detector de las necesidades de niños y niñas es la escuela. Es ahí el ámbito de base dónde es preciso dotar de trabajadores/as sociales si se quiere incidir en la infancia y la adolescencia, aparte de reforzar el sistema de servicios sociales, y el de protección.

La apuesta por la cobertura de trabajadores/as sociales en los centros educativos es todo un reto presupuestario, pero en la actualidad en que se va a disponer de un ingreso mínimo para sacar de la pobreza a una parte de la población más vulnerable económicamente, queda hacer los esfuerzos por su inclusión social, y esto va aparejado con la necesidad de prevenir situaciones adversas en las familias.

Evitar secuelas que den origen a conflictos personales en los hombres y las mujeres de las nuevas generaciones es la forma de conseguir esa inclusión. Así si se consigue la protección de la infancia y la adolescencia.

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Personas sin hogar

Desapercibidas

Málaga, 4 de febrero de 2020

Pedro González Aceituno
Trabajador Social del Programa de Intervención en Salud Mental y Exclusión Social – PISMES, hasta su reciente jubilación

En 1980, cuando entré a trabajar en el manicomio, perdón, en el Hospital Psiquiátrico, me encontré con una realidad que hasta entonces no conocía: cientos de personas hacinadas en salas con camas litera, sin ropa personal, ni taquillas, en unas deficientes instalaciones, encerrados e invisibles a la sociedad. En nombre de la ciencia, de la salud, de la seguridad, se encerraba a unas personas para ponerlas en tratamiento, para protegerlas, o quizás era para proteger a la sociedad de esas personas que no queríamos en la comunidad, que no queríamos como vecinos/as, porque generaban incertidumbre y miedo. El resultado era la exclusión social de un colectivo, lo que entraba en contradicción con los derechos humanos más elementales, algo que no podía soportar una sociedad que salía de una dictadura. La Reforma Psiquiátrica fue un proceso imparable que posibilitó la apertura de las puertas del manicomio, la salida de estas personas a recursos sociales comunitarios, logrando su derribo definitivo tras un proceso de más diez años. Algunos pensaron en utilizarlo para actividades ocupacionales y rehabilitadoras, pero su demolición fue algo lleno de simbolismo, había que destruir físicamente el lugar donde se había producido tanto sufrimiento y exclusión.

Años después pudimos ver que la desaparición física fue positiva, pero quedó manicomio en nuestras mentes, en la de los/as usuarios/as, en la de los familiares, en la de los/as profesionales y en la sociedad. Algo que, hoy día, todavía perdura. El manicomio sigue vivo en nuestras actuaciones y en el ideario colectivo, que lo sigue reivindicando, aunque sea teñido de hermosas palabras protectoras.

Durante los noventa aparece por Málaga, pero es en el cambio de milenio cuando nos encontramos con un fenómeno nuevo que no cesa de crecer, aunque ya teníamos referencia de su existencia en otros lugares. Son las personas en situación de sin hogar –PSH- que sufren un Trastorno Mental Grave –TMG-. Me encontré, como profesional de los servicios sociales y de la salud mental, con unas personas doblemente estigmatizadas, por su situación social, vivir en la calle, y por su salud, sufrir una enfermedad mental.

¿Qué sociedad hemos construido? ¿Hemos cerrado los manicomios, centros de reclusión y exclusión social, para ingresarlos y excluirlos en las calles? ¿Habría que abrir de nuevo instituciones para acoger a quienes viven en la calle y sufren una enfermedad mental?

Muchas voces achacaron la culpa a la Reforma Psiquiátrica; “quienes viven y deambulan por las calles son locos, no tienen un lugar donde recibir tratamiento y vivir”, era frecuente escuchar  en reuniones sociales, sanitarias y políticas. La presión no se hizo esperar. Los vientos de libertad y respeto de los derechos humanos de finales de los setenta habían amainado, e incluso, si se me apura, corrían vientos contrarios, eso sí, camuflados en discursos proteccionistas, en los que se proclamaban la ayuda a estas personas, sacándolas de la calle, diseñando maravillosas instituciones donde ser acogidas y cuidadas. Eufemismo de los manicomios tradicionales, se buscaba volver a la exclusión mediante el encierro. “Hay que recogerlos/as de la calle y meterlos/as en una institución adecuada para que sean atendidos/as, no digo que sea un manicomio”, era la respuesta más frecuente que escuché en aquellos años, por parte de profesionales sociales, sanitarios y políticos.

No nos engañemos, las PSH con TMG resultan desagradables cuando nos tropezamos con ellas, sucias y malolientes, dañan nuestra vista y olfato, son un mal ejemplo para nuestros menores, ¿qué explicación le vamos a dar cuando nos pregunten por qué vive esa persona en la calle, cerca del parque donde ellos juegan? Pero nunca se plantearon los/as profesionales preguntarle a estas personas por qué vivían en la calle, cuáles fueron las razones por las que terminaron en situación de calle. Jamás se cuestionó que quizás el sistema sanitario, los servicios sociales y las prestaciones de protección estaban fallando en alguna medida. El sistema es perfecto, luego el fallo estaba en ellos/as.

Creo que las PSH, en general, con o sin TMG, son el síntoma que nos muestra que vivimos en una sociedad gravemente enferma, donde prima la insolidaridad, la competitividad, lo que provoca la exclusión social de las personas más vulnerables. Me niego a aceptar que la solución sea la institucionalización de estas personas, le pongan el nombre que le pongan a la institución, no me vale un nuevo manicomio con barrotes de oro y suelos de mármol. Hay que diseñar alternativas residenciales inclusivas, tratamientos asertivos comunitarios, promocionar actividades de ocio, formativas, de empleo. Trabajar en el camino de la recuperación y en que las personas puedan tener un proyecto de vida.

Hoy partimos con ventaja. Antes eran “locos, locas”, personas sin derechos ciudadanos, encerradas en manicomios, excluidas e invisibles, ahora son personas que aún en situación de exclusión, mantienen sus derechos aunque no tienen acceso a su disfrute, pero son visibles, están en la calle, entre nosotros/as, antes no nos molestaban, ahora molestan.

Han pasado casi veinte años, y las PSH con TMG constituyen un problema que no para de crecer y no se le dan las alternativas adecuadas, ni desde salud mental, ni desde los servicios sociales con la Ley de la Dependencia. Es más, cada día expulsamos a la calle más personas y más jóvenes, que, tras sufrir sus primeros episodios psicóticos, carecen de los apoyos adecuados; familiares, sociales, económicos, de alojamiento…

Las causas para que una persona termine en situación de calle son muchas y variadas, algunas las podemos encontrar en la propia persona, otras en su entorno familiar, en la sociedad, o en los sistemas (sanitario, social, laboral). No hay una única razón, ni una misma razón interfiere por igual es todas las personas. El proceso hacia la exclusión social es multidimensional y largo. Vemos caer la persona, pero no hacemos nada por evitarlo, lo más frecuente es culpabilizarla del proceso de deterioro, el resultado final es la calle o, en el mejor de los casos, su alojamiento en un centro de acogida.

¿Es un centro de acogida el lugar más adecuado para estabilizarse y realizar un tratamiento?, ¿puede alguien construir un proyecto de futuro desde un centro de acogida? Ante esta realidad, la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga se plantea en 2004 la necesidad de poner en marcha un programa de atención a las personas en situación de sin hogar que sufre un TMG. El objetivo es contactar con estas personas para mejorarles su calidad de vida e iniciar tratamiento, esto nos lleva a tener relaciones con las instituciones que trabajan con las personas en situación de calle, con el objetivo de coordinarnos y establecer planes conjuntos de atención. Pese a que los recursos para atender a las personas en situación de sin hogar han crecido y se han agrupado mediante la creación de la Puerta única, contándose hoy con un Equipo de Calle, la realidad supera a los recursos actuales, que son insuficientes y no adecuados para atender la problemática de estas personas en general, menos para quienes sufren un TMG.

Algunas reflexiones

  1. Las personas en situación de sin hogar tienen carencias económicas y materiales, pero los problemas más importantes son los no visibles, como la soledad, afectividad, aislamiento, intimidad, falta de autoestima, de familia, amigos, derechos, redes de apoyo social,… provocando que la dignidad, esencial en la construcción de la persona, se dañe hasta destrozar al ser humano, impidiendo que sean vistas y se sientan como personas valiosas. Los recursos solo suelen ofrecer alojamiento, comida, aseo, ropa, apoyo en las gestiones,… lo que es insuficiente para atender a las personas en situación de sin hogar, más cuando llevan años de calle, momento en el que prevalece la indefensión aprendida y no confían en los/as profesionales ni en las instituciones.
  2. Los centros no se adaptan a las necesidades de las personas; sus normas, la burocracia, la rigidez administrativa,… provocan que las personas sean excluidas de los centros que deben acogerlos para trabajar su inclusión social. Faltan recursos, pero no hay que aumentar las plazas en más de lo mismo, menos construyendo macrocentros, hay que diversificar las instituciones, evitando la masificación, especializarlas en diferentes perfiles, y que sean los centros los que se adapten a las necesidades de las personas y no a la inversa.
  3. Huir de la creación de experiencias, con subvenciones temporales, en las que no esté garantizada la continuidad. Hay que conseguir un compromiso institucional en los presupuestos para que la atención se mantenga en el tiempo. No es ético atender a unas personas durante un periodo de tiempo para después abandonarla por falta de presupuesto. El daño es irreparable y la desconfianza aumenta, la próxima vez que se le aborde será más difícil.
  4. El voluntariado, el paternalismo, la caridad, el consejo… hay que sustituirlo por los profesionales, la planificación, los derechos, la calidad,… las personas en situación de calle han de ser las protagonistas, quienes decidan su proceso de inclusión, su proyecto de vida, hasta ahora son vistas como objetos de nuestro trabajo, tienen poco margen para decidir, solo pueden huir de nuestros despachos y no acudir a los centros, las ayudas y prestaciones son “impuestas”, no consensuadas, los ritmos y tiempos se ponen desde la institución, sin contar con sus dificultades y deseos. Son consideradas beneficiarias, de beneficencia, no ciudadanos/as con derechos. Cuando hay fracaso se les culpa y añadimos “no quieren nada de nosotros/as”.
  5. Los recursos existentes no reúnen la calidad que exigiríamos para nosotros/as. Debemos exigir recursos de calidad, dignificando la atención, protegiendo la intimidad, lo que no se protege solo aplicando la ley de protección de datos, a lo que estamos obligados, sino evitando dormitorios con camas litera y donde duermen varias personas, colas en la calle de los comedores sociales, en el reparto de alimentos, colas indignas, humillantes.
  6. Hay que profesionalizar la atención y darle al voluntariado su lugar. Si entendemos la atención a las personas en situación de sin hogar como el reparto caritativo de alimentos, no es preciso profesionalizar, pero si vamos a atender a una persona destrozada por los sucesos vitales estresantes que ha sufrido durante su proceso de exclusión social, hacen falta profesionales. La exclusión social se trabaja desde la dignidad de las personas, no desde la caridad, apoyando a la persona a recomponerse, a estructurar su proyecto de vida. Igual que caer en la exclusión social es un proceso largo, trabajar la inclusión es un proceso no exento de dificultades, donde, a veces, surgen momentos duros y se fracasa, pero que no deben ser vistos como la derrota y ni motivo de abandono, ahí debe estar atento/a el/la profesional para retomar la motivación.
  7. Las órdenes de alejamiento, los ingresos involuntarios, los encarcelamientos, el apoyo tras el excarcelamiento, las incapacitaciones, son elementos que no apoyan la inclusión social, todo lo contrario, facilitan el proceso de exclusión social. En el caso de las PSH con TMG problemas de salud mental, que deben ser atendidos desde lo sanitario y servicios sociales, se han convertido en problemas judiciales, las togas negras están sustituyendo, dando las respuestas que no se dan por las batas blancas.

¿Qué hacer? ¿Dejar que la calle se siga llenando de personas en situación de exclusión social? ¿Son correctas las actuaciones profesionales y políticas que realizamos?

Dicen que en un barrio obrero, mal iluminado, había un hombre agachado en el suelo debajo de una farola, camino de su casa iba un vecino, que al verlo agachado le preguntó qué hacía. “Busco las llaves de casa, que se me han caído”. El vecino, solidario, se agachó y se puso a buscar con él. Tras un rato buscando, el vecino le preguntó, “¿Estás seguro de que se te cayeron aquí?”. A lo que el hombre le respondió. “No, se cayeron en la acera de enfrente, pero allí no hay luz”.

Buscamos soluciones donde ya sabemos que no las hay, reproducimos actuaciones ancestrales, las fáciles, el protocolo y las normas las cumplimos a rajatabla, aunque sabemos de antemano que no solucionan el problema. Los/as profesionales nos dedicamos a replicar las actuaciones sin pensar, sin innovar, sin ajustar nuestro modelo de trabajo en beneficio de las personas, lo importante es cumplir los objetivos administrativos y las leyes, que ¿por qué han de estar por encima de la dignidad de las personas, conculcando los derechos humanos? Mientras que no crucemos la acera y busquemos las llaves allí donde hay posibilidades de encontrarlas, mientras que no perdamos el miedo a afrontar soluciones difíciles, será imposible dar una respuesta digna y de calidad a las personas en situación de sin hogar.

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