Trabajo Social y violencia sexual en la infancia y la adolescencia: experiencias y desafíos

Málaga, 13 de marzo de 2026

Desde mi labor como trabajadora social en el Programa de Evaluación y Tratamiento de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual (PETNNAVVS), soy testigo de procesos complejos y dolorosos para muchas familias. La violencia sexual contra infancia y adolescencia (VSIA) constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos, con consecuencias que afectan no solo a la víctima, sino también a su entorno familiar y comunitario.

Este trabajo analiza qué entendemos por este tipo de violencia y por qué es fundamental evitar que los niños, niñas y adolescentes (NNA) vuelvan a sufrir daño a lo largo de su recorrido institucional y reflexiona sobre el cuidado profesional y la necesidad de unas condiciones laborales dignas.

Definición de violencia sexual infantil, detección e indicadores

La VSIA es un problema de alcance global. Organismos internacionales como el Consejo de Europa estiman que 1 de cada 5 menores de edad será víctima de alguna forma de violencia sexual antes de la mayoría de edad. (Consejo de la Unión Europea, 2024)

La VSIA comprende cualquier acto o interacción de carácter sexual en la que un adulto utiliza a una niña, niño o adolescente para su propia estimulación sexual, para la del menor o para la de un tercero. Según el National Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN), también incluye situaciones en las que el agresor es otra persona menor de edad, siempre que exista una diferencia significativa de edad, madurez o una relación de poder y control sobre la víctima.

De acuerdo con el Código Penal español, cualquier acto de naturaleza sexual realizado con menores de 16 años constituye un delito, ya que la ley considera que las personas menores de esa edad no pueden otorgar un consentimiento válido. Tras la reforma conocida como “solo sí es sí”, todos estos actos se tipifican como delitos de agresión sexual, sin distinción entre abuso y agresión. (Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, 2022)

En este contexto, resulta esencial tener en cuenta los distintos indicadores de violencia sexual infantil, que pueden presentarse con diferentes niveles de especificidad. Existen señales altamente específicas que apuntan con gran probabilidad a la existencia de violencia sexual, otras que sugieren un posible caso y generan sospecha fundada, y finalmente indicadores inespecíficos que, aunque pueden manifestarse también en situaciones de violencia sexual, no son exclusivos de la misma y pueden estar relacionados con otras experiencias vitales.

Por ello, ante cualquier duda, la actuación profesional debe centrarse en asegurar la protección física y emocional del/la NNA, incluyendo el alejamiento de la presunta persona agresora y la atención médica si fuera necesaria, comunicar la situación a las autoridades competentes y derivar el caso a equipos especializados que puedan realizar una evaluación rigurosa y un posible tratamiento. En esta labor adquiere especial relevancia la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI, 2021), que supone un cambio legislativo de gran alcance al ampliar el concepto de violencia más allá del maltrato físico o sexual, incorporando también la violencia digital, la institucional, la ejercida entre iguales y la violencia vicaria. Entre otras cuestiones, también establece la obligación universal, y no solo profesional, de comunicar cualquier situación de violencia hacia NNA, y exige la existencia de protocolos homogéneos y obligatorios. De igual modo, consolida el derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas en todas las fases de los procesos administrativos y judiciales mediante procedimientos adaptados que eviten la revictimización. Con todo ello, la LOPIVI pretende alinear así el sistema de protección español con los estándares internacionales más avanzados.

Actuación ante la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia: evitar la victimización secundaria

Cuando un/a NNA sufre violencia sexual, distintos profesionales y servicios tienen la responsabilidad de proteger su bienestar, actuar de forma coordinada y garantizar que sus derechos sean la prioridad. Cuando se detecta un caso de estas características, las pautas de actuación, son las mismas para todos los profesionales, independientemente del ámbito que detecte (sanitarios, educativo, social, psicológico…). A grandes rasgos, podemos decir que las pautas de actuación ante la sospecha de que un NNA está siendo víctima de violencia sexual, se procede de manera parecida a como se hace ante las sospechas de malos tratos o de desprotección infantil. Estamos hablando de que debemos garantizar su seguridad física y psíquica (alejamiento del agresor/atención médica si es necesaria), comunicar ante una autoridad competente (Policía, Guardia Civil, Juzgado de Guardia, Fiscalía de Menores) y derivar para la evaluación y posible tratamiento a equipo especializado a través del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social. 

Esto tiene su razón de ser y está estrechamente ligado a la victimización secundaria. Cuando se diseña el programa especializado, la premisa que se abandera no es otra que la evitar la victimización secundaria. Estamos ante una problemática que genera mucho revuelo en todos los ámbitos profesionales por los que pasan las víctimas y sus familias. En la mayoría de ocasiones, pasan por muchos servicios, donde el relato de lo ocurrido es tantas veces repetido, que pierde espontaneidad y abruma a las familias, calificando el sistema de intervención como un sistema poco coordinado “¿otra vez lo tengo que contar?”.

A la hora de detectar, podemos encontrarnos, de manera generalizada, con diferentes escenarios y es por ello que hay que estar atentos/as y valorar de forma adecuada el escenario. ¿Qué podemos encontrar? 

• Detección de algún indicador: Determinadas conductas de un/a menor nos hacen sospechar que está siendo víctima de violencia sexual.
• Observación directa de conductas sexualizadas: Presenciamos conductas sexualizadas en un menor que nos hacen sospechar. 
• Revelación de la sospecha por otra persona: Un adulto nos explica que tiene la sospecha de que un/a menor está siendo víctima de violencia sexual. 
• Revelación espontánea por parte del menor: Un/a menor nos cuenta estar siendo o haber sido víctima de conductas que pueden ser violencia sexual. 

Es muy importante, tanto ante familiares como con NNA, cuidar la reacción emocional, física y verbal. Cuando la reacción del adulto no resulta ajustada a las necesidades emocionales del menor, este puede vivenciarla como una señal de desconfianza o incredulidad hacia su testimonio, reforzando sentimientos de culpa, vergüenza o temor a no ser validado.

El momento y la forma de detección, así como la disposición familiar a colaborar va a determinar la intervención de diferentes profesionales. Igualmente, hay que tener en cuenta, que en el momento que se hace una comunicación y/o denuncia, se activa el ámbito judicial, siendo la intervención desde justicia, una actuación que podemos dar por hecho y es por ello, que debemos estar preparados, informados y coordinados. Debemos evitar trabajar de manera aislada para que las personas menores de edad no se vean sometidas a experiencias repetitivas e intimidantes, que pueden derivar en lo que se conoce como victimización secundaria. Se ha demostrado que las entrevistas múltiples, realizadas en distintos momentos, lugares y por personal con competencias diversas, dañan emocionalmente a la víctima y pueden generar inconsistencias involuntarias en su testimonio, afectando su credibilidad y dificultando la investigación y los procesos judiciales. 

Ante ello, ha crecido el reconocimiento de que la colaboración multidisciplinar e interinstitucional no solo aporta beneficios tanto para los profesionales como para las víctimas, si no, que es y debe ser la premisa de los agentes intervinientes. En este sentido, el Programa de Evaluación y Tratamiento de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual surge como respuesta a la necesidad de ofrecer una atención especializada, integral y coordinada a NNA víctimas de violencia sexual. 

Se trata de un servicio interdisciplinar, compuesto por profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y del Derecho, donde la función del trabajador o trabajadora social no es asistencial, sino que se convierte en un agente de gestión administrativa, burocrática y de manejo de datos. 

Entre las funciones del/la trabajador/social del programa, se encuentran las siguientes: recepción y estudio de casos, gestión de expedientes física y virtualmente, coordinación con entidades derivantes y con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta de Andalucía de forma oral y escrita, gestión de datos y estadísticas mensuales y anuales, reuniones de coordinación semanal y exposición de casos al equipo, y tutorización de alumnos/as en prácticas. 

Programa de Evaluación y Tratamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual (PETNNAVVS)

El PETNNAVVS es un servicio público especializado que, bajo las directrices de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta de Andalucía y a través de entidades privadas sin ánimo de lucro, aborda de forma integral esta problemática. 

Este programa viene siendo desarrollado por la asociación ADIMA y la Fundación Márgenes y Vínculos (FMyV) desde septiembre de 2001, como entidades colaboradoras de la Junta de Andalucía. 

Hasta noviembre de 2008 dichos programas, en Andalucía Oriental, se gestionaban desde la sede de la FMyV en Granada, teniendo como ámbito de actuación los menores que habían podido sufrir algún tipo de violencia sexual y vivían en alguna de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. A partir de noviembre de 2008 los programas poseen ya una sede en cada capital de provincia siendo los equipos de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, gestionados por la FMyV bajo las directrices del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta de Andalucía.

La Fundación Márgenes y Vínculos es una organización sin ánimo de lucro nacida en la zona del Campo de Gibraltar y que trabaja de manera prioritaria en la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes que viven situaciones de abandono o maltrato. Desde el año 1998, la Fundación Márgenes y Vínculos viene desarrollando Programas especializados en Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual (como entidad colaboradora del antiguo Ministerio de Asuntos Sociales y actualmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

A este programa se derivan aquellos casos de posible violencia sexual y en los que, tras una valoración previa por parte de instancias públicas, se detectan indicadores que justifican la intervención especializada.

La propia Dirección General establece, mediante el Protocolo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las actuaciones y derivación al Programa de Evaluación y Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual (julio de 2011), las pautas que deben guiar el proceso. Este protocolo busca garantizar mayor fluidez, coordinación y seguridad jurídica en todas las actuaciones, y define como principios esenciales la protección del/la NNA, la coordinación interinstitucional, la prevención de la victimización secundaria, la integridad del testimonio y la formación especializada de los profesionales implicados.

En la práctica, el PETNNAVVS consiste en una intervención integral estructurada en dos grandes bloques interrelacionados: evaluación-diagnóstico y tratamiento. 

El primero es la evaluación, centrada en analizar los indicadores específicos, inespecíficos y asociados a la violencia sexual presentes en cada caso, así como en diagnosticar posibles secuelas derivadas. Esta fase concluye con un informe de resultados y contempla las siguientes fases:

• Estudio de información previa (documental): indicadores de una posible situación de abuso sexual infantil y condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de evaluación. Con este estudio inicial se programan las entrevistas de evaluación o se promueven otras actuaciones más pertinentes.
• Entrevistas individuales de evaluación con el/la NNA: No existe un número predeterminado de sesiones, depende de la evolución y características del caso, pero siempre se tiene en cuenta la necesidad de establecer un adecuado clima de confianza para que el/la menor manifieste el mayor volumen de información posible. Las entrevistas que se llevan a cabo son semiestructuradas de exploración de abuso/violencia sexual. Durante el proceso también se aplican pruebas psicodiagnósticas.
• Entrevistas con otras personas relacionadas: Padres, madres, hermanos, familiares que se consideren necesarios, y profesiones que se consideren necesarios (educadores, psicólogos, etc..)

• Acabadas las entrevistas, se lleva a cabo el análisis de la veracidad de las declaraciones: Sistema de Análisis de la Validez de las Declaraciones (SVA): Es la técnica que más se utiliza para evaluar la sospecha de abuso.
• Valoración global de los resultados de la exploración y elaboración de Informe Pericial-Clínico: Tras analizar toda la información, se comunica a través de un Informe cómo la exploración psicológica apoya o no la sospecha, la sintomatología detectada y la propuesta de intervención individual y familiar.

El segundo bloque es el tratamiento psicológico especializado, dirigido a víctimas de violencia sexual y definido a partir del informe de evaluación-diagnóstico. El proceso de terapéutico que se desarrolla contempla las siguientes fases:

• Evaluación para el tratamiento: Se determinan las necesidades actuales de intervención: se estudia en cada caso tanto el grado de afectación que presentan los menores victimizados, como los elementos pueden dificultar o facilitar su recuperación (recursos personales, familiares y sociales) con los que cuente (factores de protección o vulnerabilidad).
• Diseño del plan de tratamiento: Se tiene en cuenta el objetivo de eliminar la sintomatología identificada en el presente, pero también prevenir la aparición de consecuencias psicológicas a largo plazo.
•  Aplicación de los componentes de la intervención terapéutica: Intervención individual con el/la menor, intervención familiar…
• Seguimiento: Según las características del caso se establecen sesiones periódicas de seguimiento o seguimiento telefónico.
• Elaboración de informe de Tratamiento: se describe la intervención realizada (sintomatología inicial, proceso terapéutico, valoración de logros/dificultades), así como la información que haya aportado el menor durante el tratamiento y sea relevante.
• Preparación del/la menor para comparecencia o exploración judicial: esta intervención con el/la menor y su familia se acompaña de una coordinación con las instancias judiciales y sociales para que la comparecencia del menor se adapte lo máximo posible a sus características, comunicándose cualquier aspecto que se considere importante de cara a la realización de dicha comparecencia (dificultades de comprensión del menor, ansiedad elevada, etc.).

Dado que muchos de estos casos derivan en un proceso judicial, el servicio incorpora la realización de pruebas preconstituidas, el asesoramiento jurídico y la preparación y el acompañamiento tanto a los NNA como a sus familias, especialmente cuando deben comparecer en sede judicial. 

La prueba preconstituida es una diligencia probatoria de carácter anticipado que se practica durante la fase de instrucción, es decir, de la investigación, del proceso penal, con el objeto de obtener y preservar el testimonio de la víctima (en estos casos menores de edad y especialmente cuando se trata de NNA vulnerables) y con plena validez para su posterior valoración en juicio oral. Su práctica responde a la necesidad de compatibilizar el derecho de defensa del acusado con la protección integral de la víctima, evitando la victimización secundaria derivada de reiteradas declaraciones en sede judicial. 

Esta prueba se realiza bajo la observación de todas las garantías procesales: el juez instructor, el Ministerio Fiscal, el investigado y su letrado y con registro audiovisual íntegro de la declaración. La exploración, es conducida por profesionales especializados y en un entorno adaptado y adecuado a sus características evolutivas y emocionales, lo que favorece un relato y minimiza el impacto psicológico en la víctima. 

Buenas prácticas: Modelo Barnahus

El modelo Barnahus (“Casa de los Niños”), originado en Islandia, es un modelo de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de violencia desde un enfoque multidisciplinar e interinstitucional y centrado en prevenir la revictimización. Su objetivo principal es ofrecer una atención integral que combine protección, acompañamiento terapéutico y obtención de testimonio mediante entrevistas forenses especializadas, evitando que la víctima tenga que declarar repetidamente ante distintos profesionales. 

En la práctica esto exige acuerdos formales entre administraciones -Justicia, Servicios Sociales, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, así como protocolos de actuación coordinada y delimitación de responsabilidades, garantizando una respuesta adaptada a las necesidades específicas de la infancia y la adolescencia. 

Formación y especialización continuas: una responsabilidad profesional

La formación continua es un pilar imprescindible en el Trabajo Social, dado que esta profesión no solo requiere competencias técnicas, sino también una comprensión profunda de la realidad social y de los cambios culturales y estructurales que afectan a la infancia y la adolescencia. No basta con la formación universitaria inicial: los/as profesionales deben mantenerse actualizados en campos tan diversos como derecho, psicología, sociología, pedagogía, criminología y políticas sociales. Es necesario comprender la legislación vigente y los protocolos de protección, así como los recursos disponibles en los diferentes niveles de intervención, desde lo local hasta lo internacional, para poder garantizar la seguridad, la protección y los derechos de la infancia y la adolescencia de manera efectiva y conforme a la ley. Además, intervenir con infancia y adolescencia requiere comprender sus formas de pensar, relacionarse, sus gustos, modas y códigos culturales. Esto implica seguir de manera constante la evolución social, tecnológica y cultural, desde redes sociales hasta nuevas problemáticas juveniles emergentes en la adolescencia contemporánea.

Por otra parte, la formación continua debe incluir el desarrollo de una visión crítica constante sobre la propia práctica profesional y sobre el sistema de atención y protección a la infancia y la adolescencia en su conjunto. Esto implica cuestionar rutinas, procedimientos y prácticas establecidas que puedan resultar ineficaces o incluso dañinas, evitando la acomodación profesional o la pérdida de perspectiva que puede surgir cuando los profesionales se limitan a cumplir protocolos de manera mecánica. Una visión crítica permite detectar fallos estructurales, proponer mejoras y defender los derechos de manera consciente y fundamentada.

Burnout y precariedad laboral

El Trabajo Social es una profesión de gran responsabilidad y alta exigencia que requiere no solo formación técnica, sino una importante fortaleza emocional y psicológica. Quienes la ejercen se enfrentan diariamente a algunas de las realidades más duras de la sociedad: violencia, pobreza, desprotección, exclusión, trauma y desigualdad estructural. Diversos estudios han demostrado que el estrés crónico y el burnout afectan directamente su salud mental, evidenciando que un elevado nivel de estrés percibido predice ansiedad, depresión y deterioro del bienestar, mientras que el agotamiento emocional se relaciona con la ansiedad y un bajo sentido de logro incrementa los síntomas depresivos y disminuye el bienestar general.

Estas conclusiones científicas reflejan lo que muchos profesionales viven en su trabajo cotidiano: intervenir con personas en situación de trauma y vulnerabilidad dentro de contextos de precariedad, falta de recursos y escaso apoyo institucional repercute tanto en la calidad del acompañamiento como en su propia estabilidad psicológica. La presión constante, la sobrecarga emocional y la sensación de “hacer mucho con muy poco” erosionan progresivamente la motivación, la energía y la salud emocional, convirtiendo el burnout en un riesgo estructural para la profesión.

A ello se suma un discurso social profundamente injusto: cuando los/as profesionales del Trabajo Social reclaman condiciones dignas, derechos o mejoras salariales, suelen ser acusados de falta de vocación, como si dedicarse al Trabajo Social implicara aceptar precariedad y sacrificio. Sin embargo, esta profesión no es caridad; es una responsabilidad del Estado y de las políticas públicas, que deberían garantizar los recursos necesarios para proteger a la población más vulnerable. En la práctica, los servicios esenciales continúan infrafinanciados y sujetos a una gestión que funciona con lógica empresarial, priorizando la reducción de costes por encima del cuidado y la atención.

Por todo ello, se vuelve urgente reconocer el valor del Trabajo Social y garantizar inversión, supervisión, formación continua, apoyo institucional y condiciones laborales dignas. Sin profesionales protegidos y cuidados, no puede existir un sistema de protección eficaz; y sin un sistema sólido y bien financiado, es la propia estructura social la que se resquebraja.

En este escenario, es imprescindible señalar que el burnout y la precariedad laboral no constituyen únicamente un problema individual de los y las profesionales, sino un factor estructural que incide directamente en la calidad de la atención que reciben las víctimas. El compromiso ético del Trabajo Social implica procurar siempre una intervención rigurosa, empática y centrada en la persona; sin embargo, ningún marco deontológico puede neutralizar el impacto del agotamiento crónico, la sobrecarga y la falta de apoyo institucional. El desgaste emocional no supone desinterés ni mala praxis intencionada, pero sí puede limitar la disponibilidad psicológica, la capacidad de escucha profunda y la implicación sostenida que requieren los procesos de acompañamiento en contextos de trauma y vulnerabilidad.

A ello se suma la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales. La escasez de personal, la acumulación de expedientes y la presión asistencial reducen el tiempo de atención por usuario/a, fragmentan los procesos de intervención y dificultan la construcción de un vínculo estable y de un plan de trabajo continuado con un/a profesional de referencia. Esta realidad es visible en ámbitos como los Servicios Sociales, la Atención Primaria o la Salud Mental, donde las citas breves y espaciadas convierten la intervención en una respuesta reactiva más que en un acompañamiento reparador. En el caso de víctimas especialmente vulnerables, esta discontinuidad puede traducirse en intervenciones superficiales, revictimización o abandono del proceso.

Reconocer esta relación no supone cuestionar la profesionalidad del Trabajo Social, sino comprender que la calidad del cuidado está inevitablemente vinculada a las condiciones en las que se ejerce. Cuidar a quienes cuidan no es una reivindicación corporativa, sino una garantía. 

Referencias

Barnahus European Network. (2025, marzo). Barnahus standards summary [PDF]. https://barnahus.eu/wp-content/uploads/2025/03/ES_StandardsSummaryFINAL.pdf

Junta de Andalucía. (2011, julio). Protocolo de actuación y derivación al Programa de Evaluación y Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual. https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/79456.html

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Boletín Oficial del Estado (BOE). https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8

Maddock, A. (2024). The relationships between stress, burnout, mental health and well-being in social workers. The British Journal of Social Work, 54(2), 668–686. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcad232 Morales-Llamas, Z., Pérez-Hernández, S., & Rodríguez-Suárez, G. (2020). Estudio exploratorio sobre el síndrome de burnout en la profesión de Trabajo Social y su relación con variables del contexto laboral. Trabajo Social Global – Global Social Work, 10(19), 304–321. https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v10i19.11375