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Ejercicio Libre

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Málaga, 7 de agosto de 2026

Sandra Tornero Moreno
Trabajadora Social y Lic. en Ciencias del Trabajo. Especialista Universitaria en Trabajo Social Clínico. CEO de Veravitas Trabajo Social, S.L.

Anahí Rama Samperio
Trabajadora Social, Criminóloga y Victimóloga. CEO de Veravitas Trabajo Social, S.L.

  1. Una escena que revela lo invisible

Hay escenas que revelan estructuras invisibles. Si en una empresa una médica inicia una reanimación cardiopulmonar, el entorno se ordena automáticamente: se despeja el espacio, se respeta el silencio profesional y nadie ajeno al ámbito sanitario se aproxima a dar instrucciones. Existe un perímetro profesional incuestionable.

Sin embargo, cuando un/a profesional del Trabajo Social atiende a una persona trabajadora que atraviesa un desbordamiento personal grave, el escenario suele ser distinto. Aparecen responsables intermedios, compañeras y compañeros, personal de recursos humanos y dirección. Se acumulan opiniones, interpretaciones, recomendaciones y juicios. El espacio de intervención se diluye.

No necesariamente por mala intención, sino porque lo social se percibe como un territorio común. Y ahí empieza el problema.

  1. La falsa idea de que “todo el mundo puede intervenir”

Las situaciones que abordamos desde el Trabajo Social en las empresas -violencia, rupturas, procesos judiciales, intentos autolíticos, conflictos familiares, sobrecarga de cuidados, salud mental, exclusión económica o duelo- forman parte de la experiencia humana. Esa cercanía genera una ilusión peligrosa: la de que no se trata de una intervención especializada.

La intervención profesional se confunde con una conversación, la valoración profesional se confunde con una opinión y la contención especializada se confunde con acompañamiento informal. En esa confusión se pierde algo esencial: el encuadre.

Intervenir ante una crisis personal en el entorno laboral no es “estar” con alguien sin más. Implica encuadrar, valorar, priorizar, decidir, coordinar y proteger. Implica sostener un proceso sin contaminarlo con presiones externas, prisas organizativas o lecturas improvisadas. Implica, también, asumir que lo que ocurre en ese momento puede marcar la disposición de la persona a pedir ayuda en el futuro o, por el contrario, a ocultar su situación por miedo a la exposición.

En las empresas, además, la persona no solo está viviendo una crisis: la vive en un lugar donde existe jerarquía, donde su imagen puede verse afectada y donde la confidencialidad no siempre se entiende como un derecho, sino como un obstáculo. Esa tensión añade complejidad y exige una intervención especialmente cuidadosa.

  1. Lo social como espacio opinable: horizontalidad aparente, invasión e interferencias

A diferencia de otros ámbitos, el Trabajo Social no siempre recibe un reconocimiento automático de especialización. Lo social se percibe como horizontal, accesible, comprensible por cualquiera. Se instala la idea de que, como todas las personas “han vivido cosas”, todas pueden opinar y orientar.

Esto tiene un efecto perverso: se desprofesionaliza la intervención sin necesidad de atacarla de frente. Basta con trivializarla, convertirla en tema de pasillo o tratarla como una conversación ampliable a cualquiera que “conozca” a la persona. En las empresas, esta difusividad se amplifica: confluyen jerarquías, productividad, relaciones informales y una cultura de inmediatez, y la intervención social se convierte en un terreno atravesado por intereses, miradas y urgencias que no siempre son compatibles con el respeto a la intimidad y a los tiempos de la persona.

La idea de que lo social es un terreno accesible para cualquiera no es inocente. Cuando se instala la percepción de que todas las personas pueden intervenir porque “han vivido cosas”, se produce una desprofesionalización silenciosa de la intervención social. La horizontalidad mal entendida no democratiza la intervención, la debilita, y se traduce en consecuencias muy concretas: se desdibuja el encuadre profesional, se vulnera la confidencialidad incluso sin intención, se generan interferencias en la toma de decisiones, se expone a la persona trabajadora a mayor fragilidad y, con frecuencia, se coloca a la profesional en una posición de justificación constante, como si tuviera que explicar por qué necesita privacidad, tiempo y límites.

Este fenómeno no siempre es visible. No hay una confrontación abierta con la profesión: lo que hay es una normalización de la intromisión, una cultura donde pedir espacio parece exagerado y donde proteger la intimidad se interpreta como resistencia a “trabajar en equipo”. Pero el trabajo en equipo no puede construirse sobre la exposición de la vulnerabilidad. El cuidado organizativo no puede sostenerse sobre la circulación innecesaria de información sensible. Y la intervención profesional no puede desarrollarse si el espacio está permanentemente atravesado por miradas externas.

Las interferencias, además, rara vez se presentan como “intromisiones” explícitas. Suelen aparecer como “preocupación”, “apoyo” o “necesidad de saber”, pero el efecto es el mismo: se rompe el espacio de intervención. A veces la interferencia no es física, sino simbólica: la persona sabe que se está hablando de ella, percibe conversaciones paralelas y nota que su malestar se convierte en un relato compartido. Eso cambia completamente la intervención, porque introduce vigilancia, vergüenza, miedo, desconfianza y autocensura.

También ocurre que la organización, sin mala fe, pide resultados rápidos: “¿qué hacemos con esta persona?”, “¿se va a ir hoy?”, “¿esto es grave?”, “¿me lo puedes resumir?”. Son preguntas comprensibles desde la lógica productiva, pero peligrosas si se responden sin encuadre, porque lo social no se resume sin riesgo y hay información que no debe circular aunque parezca útil para “gestionar” el momento.

En la práctica, estas dinámicas generan un impacto directo: la persona atendida puede retraerse y dejar de colaborar, la intervención puede fragmentarse y perder coherencia, la profesional puede asumir una sobrecarga de contención adicional -no solo de la crisis, sino del entorno- y la empresa, paradójicamente, incrementa su riesgo organizativo y jurídico. Una crisis mal gestionada suele derivar en más conflicto, más absentismo, más rotación y más deterioro del clima laboral.

Comparar con el ámbito sanitario no pretende establecer jerarquías entre profesiones, sino evidenciar una diferencia cultural: el reconocimiento del perímetro profesional. Cuando nadie interrumpe una reanimación ocurre porque se reconoce la competencia especializada y se entiende que el exceso de voces puede empeorar el resultado. También porque existen procedimientos interiorizados: incluso quien no los conoce, entiende que existen.

En lo social también se gestionan riesgos: psicosociales, sociosanitarios, familiares, jurídicos y laborales. Se gestionan crisis con potencial de daño real para la persona y para las empresas. Sin embargo, en muchas organizaciones todavía no existe una cultura que entienda la intervención social como una intervención con perímetro, con encuadre y con reglas de protección. Esto no es solo un problema de respeto profesional, es un problema de derechos: el derecho a la intimidad no depende de la simpatía del entorno, sino de la obligación de proteger la información personal y el espacio de intervención.

  1. Las emergencias sociales en las empresas y la ausencia de marcos de actuación

No todo malestar es una emergencia. Pero algunas situaciones sí lo son. Y cuando no se nombran como tales, se improvisan.

Podemos hablar de emergencia social en las empresas cuando se da una situación que supone un desbordamiento personal con impacto inmediato en el entorno laboral, que implica riesgo para la integridad física o psicológica de la persona o de terceras personas, que requiere contención especializada y decisiones cuidadosas y que exige medidas organizativas temporales para proteger y estabilizar.

En este tipo de situaciones, las empresas suelen activar respuestas intuitivas: llamar a alguien “de confianza”, pedir que “se tranquilice”, intentar resolverlo con conversación grupal o, en el extremo contrario, apartar a la persona sin acompañamiento real. Estas respuestas comparten un problema: no están estructuradas para proteger a la persona ni para proteger a las propias organizaciones.

En muchas empresas, estas realidades se meten en el mismo cajón que “asuntos personales” y, cuando todo es “personal”, nadie sabe qué hacer, quién debe estar, qué límites existen y qué información se puede manejar. La empresa actúa a tientas y la persona queda expuesta.

Además, muchas organizaciones confunden coordinación con acceso indiscriminado a datos personales. Coordinar no es repartir información, sino ordenar responsabilidades. En una emergencia social puede ser necesario activar recursos internos, ajustar turnos, facilitar un traslado o comunicar una ausencia. Pero esas decisiones pueden tomarse sin exponer el motivo íntimo, sin convertir el sufrimiento en explicación pública y sin forzar a la persona a justificarse. Cuando la confidencialidad se rompe, no solo se vulnera un derecho: se rompe también la confianza, y con ella la posibilidad de intervención real.

Cuando no existe un marco claro, prevalece la improvisación. Y la improvisación, en crisis sociales, suele operar con cuatro ingredientes: prisa, confusión, exceso de voces y exposición. Esto no solo afecta a la persona atendida: también afecta a las empresas, porque aumenta la inseguridad jurídica por manejo inadecuado de información sensible, agrava riesgos psicosociales y conflictividad interna, genera tensiones por falta de criterios claros, debilita la confianza en los canales de ayuda internos y diluye la responsabilidad. Dicho de otro modo: si una empresa presume de cuidar, pero no sabe actuar cuando aparece una crisis real, lo que tiene no es una cultura de cuidado, tiene un discurso de cuidado.

  1. De la crítica a la construcción: hacia una nueva cultura de intervención social en empresas

Reivindicar límites claros no es corporativismo ni elitismo: es garantía de derechos. El Trabajo Social se sostiene en principios éticos que exigen condiciones mínimas para cumplirse -confidencialidad, respeto a la dignidad, autonomía, no maleficencia y responsabilidad profesional- y esos principios se vuelven frágiles si el espacio de intervención está permanentemente atravesado por presencias, preguntas, exigencias o interpretaciones ajenas al encuadre.

La intervención social en las empresas necesita un espacio definido, físico y simbólico. Necesita criterios de acceso. Necesita circuitos protegidos de comunicación. Y necesita, sobre todo, una cultura organizativa que no convierta la crisis ajena en debate colectivo ni la vulnerabilidad en rumor.

El problema no es que las empresas incorporen la dimensión social: al contrario, es un avance imprescindible. El problema es incorporarla sin estructura. Si existen procedimientos ante el accidente laboral, si se consolidan protocolos frente al acoso y si la prevención de riesgos laborales delimita actuaciones, resulta difícil justificar que las empresas sigan sin marcos claros ante emergencias sociales individuales que impactan en el entorno laboral. Reconocer la emergencia social como categoría organizativa permitiría delimitar espacios y tiempos de intervención, clarificar roles y responsabilidades, proteger la confidencialidad de forma efectiva, establecer circuitos de comunicación seguros, reducir interferencias y exposición, y fortalecer el reconocimiento profesional del Trabajo Social dentro de las empresas.

No se trata de burocratizar la ayuda, sino de profesionalizarla y protegerla. Lo social no es un espacio informal ni un terreno donde la opinión colectiva pueda sustituir el criterio profesional: es una intervención especializada, con metodología propia y con implicaciones éticas y jurídicas. Mientras no existan marcos claros de atención ante emergencias sociales en las empresas, seguiremos operando en territorios difusos donde la buena intención sustituye al encuadre y la intervención se expone a interferencias constantes. Y eso, en la práctica, significa que se ponen en riesgo los derechos, se deteriora el clima laboral y se incrementa el sufrimiento de quien ya está desbordado/a.

Cerrar el perímetro no es excluir, es proteger: proteger a la persona trabajadora, proteger a las empresas y proteger la propia intervención. Con este artículo abrimos una reflexión desde la práctica profesional en las empresas y consideramos que ha llegado el momento de nombrar con claridad estas interferencias y de cuestionar la naturalización de la invasión del espacio profesional en lo social. Si aceptamos que estas situaciones existen, también debemos aceptar que no pueden seguir gestionándose desde la improvisación: el siguiente movimiento es inevitable, establecer marcos de actuación claros ante emergencias sociales en las empresas.

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