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Huelva, 27 de abril de 2021

Alba López Pozo.
Trabajadora Social.
Máster Universitario en Estudios de Género, Identidad y Ciudadanía

Hoy en día, todo el mundo habla sobre la perspectiva de género, desde personas físicas, entidades hasta Administraciones Públicas. Sin embargo, realmente muy pocas personas conocen lo que se esconde detrás cuándo se habla de ‘perspectiva de género’. En muchos documentos se denomina también transversalidad de género o mainstreaming de género.

La perspectiva de género ‘se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género’ (Gobierno de México, 2021). Por lo que la perspectiva de género pretende reducir la desigualdad construida culturalmente.

La transversalidad de género surge en el año 1985 en la III Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Naciones Unidas, 1985). La transversalidad de género surge como equidad entre hombres y mujeres a través de las políticas específicas de igualdad. Estas políticas recogen medidas de acción positivas dirigidas a las mujeres que son incorporadas en todas las etapas de la actividad política: diagnóstico; planificación; ejecución y evaluación.

Sin embargo, la perspectiva de género no solo se enmarca a nivel político, sino que es una ‘visión’ de la realidad diaria. Una metáfora muy utilizada para explicar estas intervenciones es la llamada ‘gafas violetas’. ‘Las gafas violetas’  es como decir ‘mira desde otro punto de vista, mira desde mi punto de vista como mujer’. Esta herramienta pretende ser una mirada crítica que deconstruya de forma intrínseca el patriarcado construido desde hace siglos en el cual subordina a la mujer por parte del hombre debido a la cultura y tradición. 

El machismo está intrínseco en las estructuras de la sociedad desde hace muchos siglos a todos los niveles (local, autonómico, estatal e internacional) es por ello que se diseñaron normativas para comenzar a reducir las desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres; prevenir la violencia contra las mujeres, etc. 

Las normativas más destacables son las siguientes:

  • Constitución Española.
  • Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
  • Instrumento de Ratificación por parte de España del Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Excepto la Constitución Española, las demás normativas recogen medidas que promueven la discriminación positiva. 

En 2015, desde Naciones Unidas se estableció un acuerdo con 193 países con los objetivos que persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la  prosperidad   como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. Estos objetivos se denominan los Objetivos del Desarrollo Sostenible y son 17 en total. 

Sin embargo, aun habiendo normativa que obliga a las distintas instituciones a todos los niveles a intervenir día a día incluyendo la perspectiva de género, la realidad es otra muy distinta.

Hoy en día sigue existiendo, entre otros aspectos, profesiones masculinizadas o feminizadas, el llamado ‘Techo de Cristal’,  urbanismo masculinizado, ocultamiento del papel de la mujer en la Historia, culpabilidad de las mujeres en el ámbito familiar, lenguaje excluyente, vergüenza propia en el contexto sexual por parte de las mujeres, etc… Cabe añadir, la inadecuada gestión emocional por parte de los hombres, exceso de responsabilidad económica varonil, falta de habilidades socio-comunicativas para expresar pensamientos y sentimientos por parte de los hombres, etc. En este artículo se realiza una breve reseña a algunos de los aspectos mencionados anteriormente:

  • Urbanismo masculinizado

Según Serafina Amoroso (2020), ‘las mujeres viven en ciudades que no han sido diseñadas para y por ellas’ (Revista Crítica Urbana, 2020). Esta autora hace referencia a los distintos patrones de movilidad y de la utilidad del transporte público diferenciado entre hombres y mujeres. Las mujeres, por su rol tradicional de cuidadora suelen realizar recorridos más complejos (el hombre suele ir de casa-trabajo-casa; en cambio la mujer suele realizar casa-trabajo-compra-colegio-dentista-etc) y prácticamente diurno, ya que debido a la poca iluminación (entre otros factores) las mujeres temen salir de noche por si pudiera ocurrir algún tipo de agresión. Cabe resaltar que en las grandes ciudades, principalmente, cada vez están más concienciadas, por lo que toman medidas, como, por ejemplo, que el autobús urbano permita acercar a las mujeres lo máximo posible a su domicilio.

  • Lenguaje excluyente

A través del lenguaje se expresa los pensamientos, costumbres y cultura de un grupo determinado. El lenguaje influye en la discriminación y en la desigualdad de forma natural que históricamente ha ocurrido, y sigue ocurriendo, entre hombres y mujeres.

Según la UNED ‘el sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. Tal y como considera la lingüista Eulalia Lledó “el lenguaje no es sexista en sí mismo, sí lo es su utilización. Si se utiliza correctamente también puede contribuir a la igualdad y a la visibilización de la mujer” (UNED, 2021).

Un ‘truco’ para afirmar que un texto es sexista es la denominada ‘regla de inversión’, es decir, consiste en convertir los términos masculinos por femeninos, y viceversa.

  • Inadecuada gestión emocional por parte de los hombres

La cultura y tradición machista ha influido en una represión emocional por parte de los hombres tanto en el ámbito público como el privado (‘los niños y los hombres no lloran’).

La Organización Mundial de la Salud define la salud emocional como ‘estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad’ (recogido por DKV, 2019). 

Es por ello, que a la hora de afrontar ciertas experiencias no tienen herramientas para gestionar las emociones que éstas les producen. La Universidad Autónoma de Barcelona recoge que la autogestión emocional es una de las competencias del autoliderazgo consciente, que nos permite ser los propios gestores de nuestro proyecto de vida. Entrenarnos para afrontar emociones desfavorables o negativas y estimularnos con emociones positivas son la clave para la construcción de nuestro bienestar’ (Universitat Autònoma de Barcelona, 2021).

  • Exceso de responsabilidad económica varonil

Como es conocido, la gran mayoría de las mujeres cobran menos que los hombres. Esto es debido principalmente a que las mujeres siguen siendo las cuidadoras principales del hogar. Hace unas décadas, las mujeres se incorporaron al mundo laboral y lo hacían como ‘entretenimiento o para pagar sus cosillas’. Los hombres eran quienes ‘traían’ el grueso económico a casa para pagar la hipoteca, ropa, comida, etc. De ahí la expresión conocida como ‘cabeza de familia’. Sin embargo, aunque actualmente las mujeres tienen más independencia económica, a nivel salarial siguen permaneciendo al mismo nivel desigualitario. 

Esto da lugar a que, actualmente, aunque mujer y hombre trabajan con la misma jornada laboral en el mismo puesto de trabajo, sigue siendo el hombre, por el mero hecho de serlo, el responsable de sustentar económicamente el hogar. 

Estos son solo algunos de los aspectos que se relacionaba con la ‘no perspectiva de género’ que al día de hoy se han ido reduciendo gracias a herramientas como los Planes de Igualdad. Un Plan de Igualdad es ‘un conjunto ordenado de medidas evaluables, dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo en las empresas. El plan de igualdad se estructura tras la realización previa de un diagnóstico, negociado con la representación legal de las personas trabajadoras, y elaborado en la comisión negociadora de dicho plan de igualdad. Los planes de igualdad deberán fijar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. También deben incluir el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados’ (Unión Sindical Obrera, 2020)

Para concluir, la mayoría de las personas trabajan cada día con y por la perspectiva de género, en la igualdad entre hombres y mujeres, sin importar el tamaño del gesto, ni el ámbito de actuación (educación; sanitario; histórico, político, social, etc.) lo importante es que la perspectiva de género está en movimiento y que se está visibilizando a las mujeres que han sido borradas de la historias (como científicas; escritoras; etc.) así como promover espacios accesibles y seguros sin importar si es de día o de noche. 

Referencia

Madrid, 20 de abril de 2021

José María Regalado López
Trabajador Social, Director de Inmersión TIC Academy Profesor Universitario en la Universidad de La Salle y en la Universidad Pontificia de Comillas

El Trabajo Social se encuentra en un momento paradójico, tiene que acompañar en un contexto en el que lo tecnológico es fuente de inclusión y exclusión social. Y  donde, para garantizar una igualdad de oportunidades de desarrollo, se requiere orientar en la adquisición y aprendizaje de unas competencias digitales que, en buena medida, profesionalmente hemos dejado conscientemente y alejado de nuestro propio desarrollo profesional. 

El último año, con la pandemia COVID_19, nos ha arrollado el tsunami de la digitalización y nos ha encontrado a pie cambiado para iniciar la carrera de la denominada Transformación Digital. Siendo profesionales especializadas en luchar contra las desigualdades y perseguir la justicia social, nos hemos encontrado carentes de herramientas y habilidades para dar la atención adecuada a quien más lo necesita. Nos hemos visto inmersas en un entramado de brechas digitales que va más allá de cuestiones instrumentales. 

No hablamos de conocer y manejar herramientas de videoconferencia, nada más lejos. Esto va mucho más allá de saber usar Zoom o subir documentos a la nube. 

La unión europea define  la inclusión social como un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven (Unión Europea).

En este sentido, en un contexto de Sociedad Red, en términos de Castells, las competencias digitales se posicionan como una herramienta fundamental para alcanzar la mencionada inclusión social. La resolución de las problemáticas de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo no puede ser analizada sin tener en cuenta la dimensión tecnológica: producción de alimentos, vivienda, transporte, energía, acceso a conocimientos y bienes culturales, ambiente, organización social (Thomas, H., 2012). Esta situación lleva a inducir, que la carencia de adecuadas competencias digitales entre las profesionales de Trabajo Social puede sesgar o limitar el correcto acompañamiento a personas en vulnerabilidad.

Este hecho, más allá de la necesidad y oportunidad de desarrollar habilidades digitales adecuadas a nuestro desempeño profesional sin dilación, implica una responsabilidad ética para cumplir con nuestra misión. 

En palabras de D´Antonio y de Lucas, la profesión se ha caracterizado por una cierta acomodación distante hacia las tecnologías, con un importante recelo por amplios sectores que las entienden carentes de sentido social e, incluso contrarios al mismo y culpables en buena medida de su despersonalización. 

En este punto, tiene sentido repensar el propio objeto del Trabajo Social, para esto me parece interesante recuperar la propuesta de Zamanillo, que identifica el malestar psicosocial como objeto en Trabajo social. Así, dicho objeto del trabajo social son todos los fenómenos relacionados con el malestar psicosocial de los individuos, ordenados según su génesis socio-estructural y vivencia personal. La autora describe esta génesis como los problemas psicosociales derivados de la falta de oportunidades vitales necesarias para el crecimiento de los individuos en situaciones de pobreza, morales, sociales y culturales que impidan su autonomía y desarrollo personal (Zamanillo, 2018). Y es en este punto donde debemos referir las competencias digitales como una de las cuestiones transversales fundamentales para desarrollarse en igualdad de oportunidades en la sociedad tecnificada contemporánea. 

Es decir, aquellos elementos biopsicosociales que afectan al bienestar de la persona, que incluyen los aspectos razonables de libertad de expresión, educación, atención mediática, trabajo o vivienda entre otras. Identificadas por la FITS como derechos humanos esenciales para el desarrollo en bienestar de las personas, vienen en buena medida determinados por el acceso y apropiación tecnológica, en un contexto altamente digitalizado como el actual. 

Llegados  este punto, hemos de conceptualizar las competencias digitales en relación a una lógica humanista. Para ello, nos vamos a basar en la recomendación de la Comisión Europea que describe como la competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación.

La competencia digital es una habilidad transversal para alcanzar aquellos aspectos psicosociales que se identifican como fuente de bienestar como las relaciones sociales, el acceso a la información o el desempeño profesional.

Por tanto, la competencia digital también puede definirse como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad (INTEF, 2017).

Relación del Trabajo Social y la tecnología en un marco de competencia tecnológica

Por todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que los y las profesionales del Trabajo Social, para alcanzar su objeto de reducir o eliminar el malestar social de las personas en situaciones de vulnerabilidad social, requieren procurar una correcta alfabetización digital de aquellas personas con las que intervienen. Y esto, implica partir de su propio desarrollo competencial.

Es decir, para promover esta alfabetización digital crítica, los y las profesionales requieren de un nivel de apropiación tecnológica adecuado, que no está definido actualmente en ningún marco institucional de la profesión.

Es por ello imprescindible el desarrollo de un marco de referencia para el desarrollo y evaluación de las competencias digitales deseables en los y las profesionales del Trabajo Social. 

Para ello, proponemos DigComp como el modelo de referencia más adecuado en el contexto europeo y particularmente en España. Este modelo, en su versión 2.1 desde 2017, deriva de una investigación del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea sobre aprendizaje y habilidades para la era digital, que comenzó en 2005 con el objetivo de brindar apoyo político basado en evidencia a la Comisión Europea y a los estados miembros sobre el aprovechamiento del potencial de las tecnologías digitales para innovar en la educación y prácticas de formación, mejorar el acceso al aprendizaje permanente y hacer frente al surgimiento de nuevas habilidades y competencias digitales necesarias para el empleo, el desarrollo personal y la Inclusión social (DigComp 2.1, 2017).

El Marco Europeo de Competencias Digitales para Ciudadanos, también conocido como DigComp, ofrece una herramienta para mejorar la competencia digital de la ciudadanía.

Publicado por primera vez en 2013, DigComp se ha convertido en un referente para el desarrollo y planificación estratégica de la competencia digital. En junio de 2016, el CCI publicó DigComp 2.0, actualizando la terminología y el modelo conceptual, además de mostrar ejemplos de su implementación a nivel europeo, nacional y regional, y actualizándose en 2017 con nuevos niveles de desarrollo y descriptores.

El marco de DigComp tiene 5 áreas, que a su vez, se dividen en 21 competencias digitales específicas. A partir de la versión DigComp 2.1 se han dividido en ocho niveles de adquisición de dicha competencia a través del aprendizaje y se vienen usando verbos de acción, siguiendo la taxonomía de Bloom, e inspirado por la estructura y vocabulario del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

En la figura 1 se muestra una infografía con el diseño de DigComp 2.1

De las 21 competencias digitales, hemos seleccionado las que, a nuestro parecer, son las esenciales para garantizar unos mínimos a la hora de desempeñar nuestra profesión, identificando en nivel de adquisición que consideramos adecuado, de los descritos por el modelo.

En el área de la información y alfabetización informacional destacamos:
Un nivel avanzado en la navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales.
Y un nivel avanzado en la evaluación, almacenamiento y recuperación de dicha información, datos y contenidos digitales.

En el área de la comunicación y colaboración destacamos:
Un nivel avanzado en la interacción mediante las tecnologías digitales
Un nivel avanzado a la hora de compartir información y contenidos digitales
Un nivel especializado en la participación ciudadana y la colaboración mediante canales digitales
Un nivel avanzado en netiqueta y gestión de la identidad digital

En el área de creación de contenidos digitales destacamos:
Un nivel intermedio en el desarrollo de contenidos digitales y conocimientos de derechos de autor y licencias de contenido
Y un nivel avanzado en la integración y reelaboración de contenidos

En el área de seguridad
Un nivel intermedio en protección de dispositivos, de la salud y el entorno
Un nivel avanzado en la protección de datos personales y privacidad

Y por último, respecto al área de resolución de problema destacamos:
un nivel avanzado en la innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa. 
Y muy especialmente, un nivel especializado en la identificación de lagunas en la competencia digital. 

Conclusiones

Es fundamental, y de exigencia ética, que las personas profesionales del Trabajo social desarrollemos las competencias digitales adecuadas a nuestro desempeño, que implica, en términos de Bloom, la capacidad para aplicar y evaluar tecnologías adecuadas a las necesidades sociales.

Para ello, contamos con la referencia impulsada por la comisión europea en el modelo DigComp, con una referencia para adquirir un nivel avanzado de competencias digitales en las áreas que se identifican como claves, para acompañar a terceras personas. 

Las estructuras pedagógicas y formativas de la profesión, encabezadas por las universidad y los colegios profesionales, deben integrar de forma expresa, urgente y transversalizada las competencias digitales en los programas formativos de la profesión, tanto en su formación universitaria, como en su formación para profesionales en activo. 

Las administraciones públicas que integran la atención a la vulnerabilidad, las organizaciones no lucrativas del tercer sector y las empresas, deben apresurarse en implementar procesos de evaluación al desempeño para evaluar la situación individual y colectiva, y acometer los procesos formativos y de revisión metodológica que se requieran. 

Para estructurar un modelo de referencia profesional, disponemos del modelo DigComp 2.1, y ejemplos de implementación profesional como el desarrollado para el desarrollo de la competencia digital docente por parte de INTEF en España. Este sería un buen modelo a seguir para nuestra implementación. 

Y todas y cada una de las profesionales que ejercemos esta magnífica profesión, ya sea en ejercicio libre o por cuenta ajena, debemos asumir nuestra responsabilidad a la hora de repensar nuestra forma de intervenir, integrar nuevos medios y entender la influencia que la tecnología está ejerciendo en el devenir humano. 

La tecnología puede mejorar y ha mejorado la calidad de vida de las personas, pero sin una supervisión crítica, consciente e informada, puede atender a los intereses de unos pocos, en lugar de al bienestar del conjunto de la sociedad, ¿qué es más característico de nuestra profesión que esto?

Bibliografía

Castells, M. (1999). La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. 1). Alianza

Maceiras, S. D. A., de Lucas, F., & de la Cueva, M. (2017). Trabajo Social y tecnología: acomodación distante y precariedad. In Innovación social en la práctica del trabajo social (pp. 189-208). Tirant lo Blanch.

Thomas, H. (2012). Tecnologías para la inclusión social en América Latina: de las tecnologías apropiadas a los sistemas tecnológicos sociales. Problemas conceptuales y soluciones estratégicas. G. Santos, & M. Fressoli (Eds.). Tecnología, desarrollo y democracia. Nueve estudios sobre dinámicas sociotécnicas de exclusión/inclusión social, 25-78.

Enlaces de interés 

DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens (2017) JCC, Comisión Europea. Recuperado de 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Definición global de Trabajo Social FITS, recuperado de https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Principios éticos del Trabajo Social FITS, recuperado de https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/

Traducción del modelo DigComp 2.1, Plan de Competencia Digital en Extremandura, recuperado de https://www.nccextremadura.org/competenciadigital/ 

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu), recuperado de http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf

Declaración universal de los derechos humanos
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Definición de Inclusión social, Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/ca/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/marcoUnionEuropea/home.htm#:~:text=Desde%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20se,unas%20condiciones%20de%20vida%20y

Poster imagen: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcomp-framework-poster-af-ok.pdf 

Madrid, 13 de abril de 2021

Rubén Yusta Tirado
Trabajador Social en el ámbito de la gerontología

La crisis generada por el Covid-19 en el ámbito geriátrico residencial ha tenido un gran impacto en el sector. Y no es para menos, teniendo en cuenta los datos que actualmente manejamos en relación a los efectos de esta pandemia en el ámbito residencial donde ya se habla de que en torno al 49% de las comunicaciones de fallecimiento sucedidas a causa de esta enfermedad, han sucedido en residencias de mayores («Casi la mitad de los muertos en España por la Covid-19 vivían en residencias», 2020). Es por eso que actualmente no nos equivocamos al decir que el sector geriátrico residencial ha sido el más golpeado  por el coronavirus en nuestro país. 

Debido a las complejas situaciones que se han vivido, y que aún se siguen viviendo en los centros residenciales de nuestro país, son muchas las personas profesionales, instituciones y entidades que han puesto de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo residencial y de cuidados de larga duración que transforme y mejore los centros residenciales tal y como los conocemos en la actualidad. Dos claros ejemplos de estos movimientos institucionales y profesionales han sido la Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración de nuestro país (Fundación Pilares, 2020) o el Manifiesto hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración, elaborado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Real Academia Española de Medicina en España (RANME) (2021). El primero de ellos aboga por una urgente revisión del modelo actual de atención a personas que precisan apoyos, que pasa por el refuerzo y la renovación de los sistemas actuales de cuidados en entornos domésticos y residenciales, al que se han adherido más de 1000 profesionales de toda España; el segundo, tiende a ampliar y reforzar las prestaciones existentes entre el entorno doméstico y el ámbito residencial, potenciando la atención de las necesidades de las personas dependientes en entornos no residenciales. 

De forma conjunta a estos dos comunicados oficiales, también han sido muchas las profesiones del sector que han coincidido en esta necesidad de cambio del modelo residencial tal y como lo conocemos, así como medios de comunicación que no pertenecen al sector, pero que de igual forma plantean la necesidad de revisar este ámbito para que no se repitan situaciones como las que se vivieron a partir de los meses de marzo-abril de 2020. Pero, ¿cuál es el cambio de modelo residencial que actualmente estamos planteando?, ¿desde dónde partimos y hacia dónde vamos en la conformación del nuevo sistema de cuidados de nuestro país? 

A continuación vamos a realizar un breve desarrollo sobre los puntos en común en los que coinciden las y los diferentes profesionales del ámbito de la gerontología, pero también sobre los aspectos a los que no se les ha dado tanto desarrollo y que son fundamentales para lograr un cambio de modelo residencial y de cuidados en nuestro país. 

Un modelo de cuidados centrado en la persona 

Si hay algo en lo que la mayoría de instituciones y profesionales coinciden es en la necesidad de que el nuevo modelo de atención esté centrado en la persona, potencie la dignidad en los cuidados, huya de la estigmatización de la vejez y proteja la autodeterminación de las personas usuarias. Todos estos aspectos coinciden y son desarrollados a la perfección por la Atención Centrada en la Persona, modelo que ha generado un antes y un después en el ámbito de la gerontología y que se erige como la evolución de un ámbito geriátrico residencial en el que, una vez que se han cubiertos las necesidades más básicas de las personas usuarias, requiere de mayor sentido común, de una apertura a la comunidad y de una normalización en el desarrollo de los cuidados. 

La Atención Centrada en la Persona se presenta, por tanto, como el principal modelo de intervención que reúne los valores y principios demandados actualmente en los procesos de cuidados. Cada día son más las y los profesionales que desarrollan, se forman y trabajan para extender este modelo dentro de un ámbito gerontológico que, como hemos visto en los últimos meses, requiere de un nuevo punto de vista que se adapte a las necesidades reales de las personas usuarias. 

En este sentido, para garantizar un buen y común desarrollo,  es necesario que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, venzan sus resistencias y comiencen a avanzar hacia un modelo centrado en la persona que mejore sustancialmente la vida de las personas mayores de nuestro país. 

Diversidad en los procesos de envejecimiento y diversidad en las prestaciones que apoyan estos procesos

Tal y como se pone de manifiesto en el documento desarrollado por la SEGG y la RANME (2021) el envejecimiento de la población española es considerado un éxito de nuestro sistema sanitario y de las formas de vida que desarrollamos. En cambio, este amplio número de personas mayores, que en 2066 podría llegar a suponer más del 35% del total de la población (Abellán, Ayala, Pérez y Pujol, 2018), también indica la gran diversidad de necesidades y de formas de envejecimiento que ya hoy en día observamos en nuestra sociedad. Por eso es necesario que tanto instituciones, organizaciones y profesionales tengan en cuenta las diferencias existentes entre las diversas formas de afrontar el envejecimiento que confluyen en nuestro país, y desarrollen prestaciones y servicios acordes a las necesidades y preferencias actuales. A día de hoy contamos con un modelo residencial que muchas veces difiere con cómo quieren ser cuidadas las personas usuarias, con prestaciones públicas que no consiguen cubrir la necesidades de los/as dependientes y con un sistema de cuidados que sigue recurriendo a la familia, y más concretamente a la figura de la mujer, como primera y principal figura cuidadora. 

Por todo ello necesitamos prestaciones y servicios que se ajusten a las necesidades reales y actuales de las personas usuarias, que estén desarrollados en función a éstas y que lleguen de forma equitativa a la sociedad, salvando las diferencias entre CC.AA, lugar o entorno de residencia y titularidad de la prestación o del servicio. 

Revisión de las condiciones laborales de las y los profesionales del ámbito de la gerontología

Las y los profesionales del ámbito de la gerontología, y más concretamente del ámbito residencial, han sido, junto a las profesiones sanitarias, las personas profesionales más reconocidas durante esta compleja crisis. Son muchos los medios e instituciones que han reconocido la labor de estas y estos profesionales, situándose en primera línea y manteniendo en todo momento la atención en un servicio que, por definición, no puede cesar en su desempeño y en sus cuidados. En cambio, dejando a un lado este reconocimiento público, ¿cuál es la situación real de estos/as trabajadores/as dentro de un ámbito crucial para el desarrollo de nuestra sociedad? 

Pues la realidad en las condiciones laborales de estas y estos profesionales es muy distinta de esta primera línea en la que los situaban los medios de comunicación. La situación de estas personas profesionales coincide más con grandes situaciones de sobrecarga, con situaciones de pluriempleo entre el personal auxiliar, con la utopía de la conciliación familiar y con técnicas y técnicos cuyos salarios cada día son más y más próximos al Salario Mínimo Interprofesional, al amparo de los temidos convenios colectivos que imperan dentro de este ámbito. 

Lo cierto es que si se quiere lograr un cambio de modelo de atención, las y los profesionales, estas personas que desarrollan los cuidados, no pueden tener una situación laboral como la que actualmente predomina en este sector. Como todas y todos sabemos son los recursos humanos los medios más complicados de mantener y de gestionar dentro del ámbito laboral y, por tanto, se requiere de una revisión urgente, intensa y efectiva de las condiciones de estas personas profesionales para lograr un cambio de modelo de cuidados que englobe y afecte a todos los agentes implicados. 

Apuesta real por el cambio de modelo de atención y de cuidados

Y por obvio que parezca es necesaria una apuesta real por este cambio de modelo de atención y de cuidados en nuestro país. De nada sirve que profesionales e instituciones gubernamentales elaboren manifiestos, propuestas y comunicados si este guante no es recogido por las instituciones públicas y privadas, y plasmado en las nuevas normativas. Como todo cambio social, este necesita de un apoyo público, profesional y político para llevarse a cabo porque, de lo contrario, seguiremos hablando y refiriéndonos a utopías y hablando de futuro en el ámbito de la gerontología. 

Estas son algunas de las claves que profesionales, organizaciones e instituciones han puesto encima de la mesa a la hora de afrontar la renovación y el regreso a una nueva realidad tras la crisis del Covid-19. Nueva realidad que pasa por la vacunación de todos los agentes implicados en nuestro sistema de cuidados y que, como no podía ser de otra forma, también ha presentado notables diferencias entre las diferentes Comunidades Autónomas y entre las diversas prestaciones y dispositivos en los que se desarrollan estos cuidados. Esperemos que muy pronto podamos alcanzar altas tasas de vacunación que nos permitan dejar a un lado este virus y empezar a trabajar entre todas y todos en el desarrollo de un nuevo modelo de cuidados de larga duración que incluya a todas las personas susceptibles de ser cuidadas y a todas las profesiones que intervenimos en este sector. 

Bibliografia

Abellán García, A., Ayala García, A., Pérez Díaz, J., y Pujol Rodríguez, R. (2018). Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos. Madrid, Informes Envejecimiento en red, 17. 

Casi la mitad de los muertos en España por la Covid-19 vivían en residencias (2020, diciembre 28) La Vanguardia. Extraído el 10 de marzo de 2021 de https://www.lavanguardia.com/vida/20201228/6151572/covid-residencias-espana-impacto-mayores-muertes.html

Fundación Pilares. (2020). Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración de nuestro país. Noticias destacadas. Extraído el 18 de marzo de 2021 de https://www.fundacionpilares.org/noticias/200401-cambio-modelo-cuidados-php/

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. (2021). Manifiesto conjunto de la RANME y de la SEGG “Hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración”. Extraído el 20 de marzo de 2021 de https://www.segg.es/actualidad-segg/2021/03/18/manifiesto-ranme-segg-hacia-un-nuevo-modelo-de-cuidados-de-larga-duracion

Córdoba, 23 de marzo de 2021

Mª Dolores Martos Ruano
Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. ETPOEP
Delegación Territorial de Educación de Córdoba

La excepcionalidad de la situación creada por el Covid-19 en cuanto al confinamiento y la restricción de la movilidad de la población en general, pero en particular de los menores en edad de escolarización obligatoria, ha supuesto un duro reto para el sistema educativo: por la inmediatez de la puesta en marcha de las medidas, los recursos y las actuaciones necesarias para que el alumnado no se viese perjudicado, en la medida de lo posible, por la situación y la ruptura drástica, casi traumática diríamos, de lo que era su actividad diaria, pero también de su ámbito relacional y de aprendizaje. Dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el sistema educativo.

Eso ha hecho que el sistema educativo -en su más amplia acepción, pero sobre todo refiriéndome al componente humano del mismo: docentes, orientadores, trabajadores sociales, educadores sociales, monitores, etc.- respondiese improvisadamente de un día para otro articulando una serie de medidas que garantizasen la educación. Con una implicación que pone de relieve, la profesionalidad y las competencias del profesorado, a pesar de todas las circunstancias adversas que han surgido.

Esto pone de manifiesto las fortalezas de una Administración, de un Sistema Educativo que empezó su andadura allá por el año 1857 con la Ley Moyano y que, a pesar de sus más de siglo y medio de pervivencia, tiene la suficiente energía para reinventarse y adaptarse a las circunstancias por muy adversas que estas sean. Podemos por tanto decir, en términos generales y con una mirada retrospectiva amplia, que no solo tiene fortaleza, sino que sigue vivo y responde a su cometido ampliando cada vez más la cobertura de su acción educativa a pesar de las deficiencias, limitación de recursos y los continuos cambios de la normativa en función de la ideología gobernante.

No obstante, la sociedad ha evolucionado tanto que ya desde hace algunas décadas este mismo sistema entendió la  necesidad de incluir en su normativa el concepto de comunidad educativa, en un gesto de apertura democrática, legitimando la incorporación de otros agentes y o perfiles profesionales para seguir dando respuesta a la sociedad y, sobre todo, a parte de un alumnado, el cual (por múltiples factores sociales, económicos, físicos,…) no estaba en igualdad de condiciones, de acceder y ejercer el derecho a la educación. Esto, hoy supone una legítima preocupación, no solo para el colectivo de docentes quienes en el estado de confinamiento por la pandemia del Covid-19 han estableciendo un trabajo en red con Servicios Sociales, Policía Local, orientadores/as, trabajadores/as sociales, educadores/as sociales, así como otros perfiles profesionales, para la localización y detección de las necesidades más acuciantes de estos menores y sus familias.

La  situación vivida hasta el fin del estado de alarma ha demostrado, pese al esfuerzo por llegar al alumnado en general y al más vulnerable en particular,  superar  un nuevo reto, para lo cual urge crear la infraestructura, dotar de los recursos apropiados, actualizar la normativa, y propiciar los medios económicos necesarios para ayudarlos a superar la situación, ya que son muchas las variables a tener en cuenta, siendo imprescindible abordar la situación sanitaria, económica y la social de nuestro alumnado.

La Covid-19 supone un impás, en definitiva, se trata de que afecte lo menos posible al alumnado si no será difícil superar las consecuencias como el retraso escolar, el fracaso, y por tanto, el abandono temprano del sistema educativo, que serán inevitables, incrementándose de forma relevante. Somos consciente de que habrá circunstancias que no dependan del sistema educativo. o quizás medidas que no se puedan poner en marcha a corto-medio plazo, pero es responsabilidad de la Administración educativa implementar todas aquellas acciones necesarias para evitar el absentismo y el abandono escolar actualizando una normativa que dé respuesta fiel al nuevo escenario creado por la pandemia y arbitrando los recursos y medidas para ello.

La Unesco prevé que 24 millones de alumnos/as en todo el mundo abandonen los estudios desde preescolar hasta el ciclo superior por la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, según el informe “Educatión in the time of Covid-19 and beyond”, que ha sido presentado en el marco de la campaña “Salvar Nuestro Futuro”. Esta campaña se ha propuesto sensibilizar acerca de la situación de emergencia que atraviesa la educación en el mundo, instando a los países a que aumenten las inversiones en el sector para construir mejores sistemas educativos, más inclusivos y resilientes de cara al futuro.

La Pandemia ha puesto de relieve la desigualdad, ya que la mayoría del alumnado en riesgo de abandono se localiza en Asia Meridional y Occidente 5’9 millones y África Subsahariana 5’3 millones. Se verán afectadas todas las etapas con una reducción considerable de matrículas en la educación superior, con una pérdida de alumnado de 7’9 millones, y en segundo lugar la enseñanza preescolar, con una pérdida de 5 millones de alumnos/as. Alrededor de 100 países aún no han anunciado en qué fecha volverán a abrir las escuelas, se concluye por tanto la necesidad urgente de velar por la continuidad del aprendizaje para todos/as, especialmente los/as más vulnerables, manifiesta Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco.

Siguiendo con las conclusiones del informe, este enfatiza en la necesidad de instar a los países a que pongan la educación a la vanguardia de los planes de recuperación, insistiendo en el papel de esta como motor del progreso económico, desarrollo sostenible y paz duradera. Priorizar y proteger la inversión en este  sector evita el cierre de la escuela, y esto no solo afecta a la educación en sí, sino al suministro de servicios esenciales para los/as niños/as y las comunidades, entre otros: el acceso a la alimentación equilibrada, la conciliación laboral posibilitando a los padres el acceso al trabajo y, sobre todo, paliaría  el incremento en la brecha de género que condena a las niñas a estados de vulnerabilidad permanente a lo largo de sus vidas, pues no se podría garantizar que las presiones económicas y las costumbres relativas al género impidan que las niñas vuelvan a la escuela. 

Y siguiendo en la línea más social de las implicaciones negativas que la pandemia puede causar son: “…las previsiones de catástrofe generacional que podría despilfarrar un potencial humano incalculable, al socavar décadas de progreso y agravar las desigualdades más arraigadas que provoca un déficit de aprendizaje que puede afectar a más de una generación de estudiantes…” palabras de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas.

El informe de la Unesco termina haciendo una serie de propuestas concretas, que van desde las sanitarias  -con la eliminación de la propagación del virus, la investigación para  posibilitar una vacuna, la reapertura de centros escolares con planes de seguridad sanitaria- a las educativas  -potenciando la resiliencia de los sistemas educativos prestando atención a la equidad, la inclusión de medidas para  abordar las necesidades de los/as estudiantes más vulnerables, replanteamiento de cambios positivos en materia de enseñanza  y aprendizaje suprimiendo las barreras que estorban la conectividad, la inversión en tecnología digital, y como no, flexibilización en itinerarios de aprendizaje-. Por último, manifiesta su apoyo a la profesión docente y concluye que todas las soluciones posibles deben abordar las pérdidas en materia de aprendizaje, evitar el abandono escolar y velar por el bienestar social y emocional del alumnado, profesorado y demás personal del ámbito educativo.

Desde el  Área de Compensación Educativa del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de la Delegación Territorial de Educación  de Córdoba,  desde el año 2000 se viene apostando por la prevención e intervención  en el Absentismo y abandono temprano del sistema educativo -en los primeros años con un programa provincial, y más tarde, a través del Plan Integral del Absentismo y la Orden del 19 de septiembre del 2005, que lo desarrolla) desde la Comisión Provincial de Absentismo y toda  la estructura  que componen los 82 Equipos Técnicos de Absentismo -Etaes- y casi las 500 personas que los  componen, que vienen trabajando  para  garantizar el derecho a la educación de los menores en general, y de los más vulnerables en particular.

Esta tarea ha venido siendo asumida en la ciudad de Córdoba por las cuatro trabajadoras sociales de la Delegación de Educación Córdoba, quienes desde los Equipos de Orientación Educativas -Eoes- coordinan los 11 Etaes de la ciudad. Gestionan diversos programas, proyectos, campañas, talleres de prevención, intervención, etc., creando un trabajo en red con las ONGs, Departamentos de Orientación, Equipos de Orientación, Ampas, Policía Local de las distintas localidades, Servicio Sociales de los municipios, Agentes Tutores, Fiscalía de Menores, Servicio de Protección de Menores, etc., en base a un proyecto de coordinación interinstitucional supervisado y centralizado en la Comisión Provincial de Absentismo, que desde el año 2007 lleva funcionando ininterrumpidamente con reuniones trimestrales. Hay que decir que en la provincia son los/as maestros/as de compensatoria y los/as orientadores/as, quienes asumen también esta tarea, añadiendo un plus a sus tareas cotidianas, lo que en algunos momentos del curso supone una sobrecarga considerable.

Toda la actividad desarrollada por la Comisión Provincial queda debidamente registrada en las correspondientes Memorias las cuales, desde el curso 2011-12, han llevado hasta el día de la fecha un registro exhaustivo cuantitativo y cualitativo de toda su actividad y la de los Etaes, con datos cuanto menos interesantes de la evolución del Absentismo en la provincia y la ciudad de Córdoba. 

         Hemos de decir, que fue en ese curso cuando la gestión de la Comisión provincial de Absentismo se le encargó a una trabajadora social, en este caso en mi persona dándose la paradoja que se asumía una gestión sin que estuviese regulada en la normativa esta tarea para este perfil de Trabajo Social y que, sin embargo, ha demostrado en la práctica la idoneidad de la misma ya que conlleva responsabilidad, preparación, habilidades y competencias técnicas para desarrollarla, sobre todo por las implicaciones jurídicas, al valorar si en un expediente de absentismo pudiese darse una situación de  riesgo compatible con una situación de abandono de familia, según lo tipificado en el código penal y en la normativa de protección del menor, lo que implica la consiguiente derivación a la Fiscalía con competencias en tema de Menores. Tarea esta que conlleva formación específica y concreta en temas no solo de menores sino jurídica, y coordinación muy estrecha con otras administraciones cuyos procedimientos son muy distintos, por razones obvias, al sistema educativo.

Si en su día se adquirió el compromiso de luchar contra el absentismo y el abandono temprano del sistema educativo, encargándonos a trabajadoras sociales esta tarea en las tres zonas más deprimidas de la capital cordobesa, ha sido en el pasado curso y en el presente en el que con más entusiasmo, si cabe, se renovó éste para hacer lo posible  por garantizar el cumplimiento de este derecho, en el convencimiento de ser de justicia social y estar haciendo lo éticamente correcto, totalmente en sintonía con las recomendaciones de la  UNESCO, prueba de ello es todo lo realizado  durante el estado de alarma por motivos de la Covid-19 y que ha quedado debidamente recogido en la Memoria de este curso tan atípico y difícil.

Las memorias de la comisión provincial de absentismo y toda la documentación que genera la misma (plan provincial, dossier anual, etc.) están colgadas en el blog del ETPOEP de Córdoba: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/etpoepcordoba/

TSDifusión, 16 de marzo de 2021

El Día Mundial del Trabajo Social -16 de marzo- tiene este año como lema: “UBUNTU. Yo soy porque nosotros y nosotras somos. Fortalecimiento de la solidaridad social y de la colectividad global”. Para quienes os preguntáis, qué es Ubuntu, os invitamos a seguir leyendo. 

El Centro Latinoamericano de Trabajo Social nos dice en su web que: “Ubuntu es una palabra originaria de los pueblos indígenas de Sudáfrica y fue popularizada en todo el mundo por Nelson Mandela. Ubuntu es un concepto y filosofía que resuena con la perspectiva del trabajo social de la interconexión de todas las personas y sus entornos. Habla de la necesidad de solidaridad mundial y también destaca el conocimiento y la sabiduría indígenas.” También explica el porqué de la elección de este tema en palabras de Silvana Martínez, presidenta de FITS: “El mensaje que transmite es el de la interconexión de todas las personas y que nuestro futuro depende del reconocimiento de la participación de todas las personas en la construcción conjunta de un futuro sostenible y socialmente justo”.

Desde TSDifusión queremos invitaros a hacer una reflexión personal y profesional, dirigir la mirada hacia la comunidad, hacia esa solidaridad social, hacia la interconexión de las personas y su entorno… ¿Estamos desarrollando este Trabajo Social? ¿Conocemos experiencias en este sentido? ¿Estamos aprovechando las oportunidades del entorno para mejorar la realidad social? 

También queremos ser copartícipes en divulgar esas reflexiones, poder ser altavoz de experiencias positivas desde la intervención social, experiencias de otras/os profesionales desde su territorio o contexto, cómo afrontan dificultades, cómo inventan nuevos recursos y/o aprovechan los existentes, cómo salvan las dificultades administrativas y burocráticas, en definitiva, cómo “se buscan la vida”.

Nos gustaría contar experiencias sobre: promoción de redes entre profesionales, redes de apoyo, coordinación, colaboración, cooperación para promover proyectos de intervención autogestionados, o de forma colaborativa entre administraciones o entidades diferentes, y dar a conocer que se puede trabajar de otra manera, salir de la zona de confort y trabajar en red.

Por otro lado, entendemos que es nuestra responsabilidad, como profesionales que conocemos la realidad social, las necesidades y problemáticas, contárselo al resto de la sociedad, hacerlas visibles y poder así dar otra visión, generar otro relato de la realidad al que hacen algunos medios de comunicación, o las redes sociales. 

Celebremos nuestro día reivindicando ser esenciales, para las personas, grupos y/o comunidades, para construir y transformar la sociedad hacia una más sostenible, resiliente e inclusiva. 

Málaga, 9 de marzo de 2021

Juan Gavilán Perdiguero.
Trabajador Social. Mediador en la entidad SOLUCIONA y Facilitador en el Programa Diálogos Restaurativos. Educador en Servicios Sociales Ayuntamiento de Málaga

Patricia Barcones.
Abogada. Mediadora en la entidad SOLUCIONA y Facilitadora en el Programa Diálogos Restaurativos

Introducción.
La justicia restaurativa es un nuevo paradigma dentro del mundo de la gestión de conflictos, donde las mismas partes involucradas y la comunidad, toman protagonismo frente a la delegación de derechos en la administración de justicia. Quienes están involucrados en un hecho o relación dañosa, pueden acudir a estas formas de resolución de conflictos, asistidas por una facilitadora o un facilitador, logrando así la satisfacción de las necesidades emergentes al daño sufrido. 

Especialmente en el ámbito penal, la Justicia restaurativa puede entenderse como una forma de relacionarse de las personas que han tenido un conflicto con la  ley para reparar el daño cometido por el delito y que pasa por ser uno de los mejores mecanismos reparadores para lograr la reeducación y resocialización de la persona que ha delinquido.

A modo de ejemplo, en el Congreso Internacional de Criminología que tuvo lugar en Budapest en el año 1993, se acuñó el concepto de justicia restaurativa con el fin de restaurar la paz, reparar el daño, y prevenir la repetición de la victimización como nuevo e interesante modelo de resolución de conflictos penales.

La Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, que aprueba el actual Código Penal en España, considera en su art. 21.5 la aplicación de atenuante la de “haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento”, debiendo ser la misma real y efectiva para que produzca los efectos de atenuación en el establecimiento de la pena, reparación a la que se llega a través de la mediación penal-reparación del daño que ofrecen algunos juzgados. 

Con posterioridad la Resolución 2002/12 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas  fijó los denominados “Principios básicos para la aplicación de programas de Justicia Restaurativa en materia penal”, ahondando en la idea de que las cárceles no son ni la única forma ni la mejor como respuesta al delito y que hay otras interesantes alternativas a la justicia penal.

La Recomendación CM/Rec. (2018) 8 del Comité de Ministros a los Estados Miembros de la UE anima a los estados a adoptar la justicia restaurativa dentro de sus ordenamientos jurídicos, especialmente en el ámbito de los conflictos penales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que se han creado como resultado de un delito.  Entre sus conceptos definitorios  hace referencia a la Justicia Restaurativa como cualquier proceso que permita a aquellas personas dañadas por el delito y a las personas responsables del daño a participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la resolución de las consecuencias resultantes del delito, con la ayuda de un tercero independiente y cualificado (en lo sucesivo, el “facilitador”).

Específicamente en el ámbito del cumplimiento de penas, el Consejo General del Poder Judicial llevó a cabo un proyecto piloto en seis centros penitenciarios (Granada, Madrid III, Málaga, Nanclares, Pamplona, y Zuera) entre los años 2005-2008) con la utilización de la mediación para aumentar las posibilidades de resolución pacífica de conflictos.

Es bien sabido que las cárceles no son ambientes especialmente resocializadores y que muchas veces aumentan las posibilidades de reincidencia de las personas que ingresan en un centro penitenciario: no ayudan a la rehabilitación, contribuyen a su exclusión social y suponen un gasto importantísimo para las arcas de un país.  De ahí la importancia de los talleres que llevamos a cabo equipos de psicólogos, abogados, educadores y/o trabajadores sociales para trabajar con personas internas del Centro de Inserción Social de Málaga la reparación del daño causado como meta para su reinserción.

Experiencia de Justicia Restaurativa en Málaga.

En el año 2017 la Asociación Soluciona, miembro de la Federación Española de Justicia Restaurativa FERJ junto a otras entidades que forman parte de la misma, comienza a desarrollar en el Centro de Inserción Social “Evaristo Martín Nieto” y con el aval de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el programa “Diálogos Restaurativos y reparación del daño en ejecución de la pena” (en adelante Diálogos Restaurativos) como medida alternativa a la prisión y para favorecer la reinserción de las personas que cumplen una pena. El programa sigue los lineamientos generales, entre otros, presentes en el Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que define a los programas de justicia restaurativa como aquel programa que usaprocesos restaurativos y busca lograr resultados restaurativos”. En nuestro caso específico, el programa tiene como antecedente, entre otros programas de justicia restaurativa penitenciaria, la experiencia de la Confraternidad Carcelaria Internacional “Árbol Sicomoro”. Dicho programa define como objetivos fundamentales a cumplir en su ejecución: la posibilidad de permitir que las personas condenadas por la comisión de un delito, asistencia a un taller donde se trabaje sobre la necesidad de asumir como propia la responsabilidad por el hecho, el arrepentimiento y necesario cambio de conducta, buscando sobre todo la reparación del daño provocado a las víctimas y a la comunidad.

Volviendo al programa Diálogos Restaurativos, la selección de los y las participantes es llevada a cabo por los distintos servicios de gestión de penas y medidas alternativas de los centros penitenciarios.

Durante las sesiones se utilizan distintas dinámicas para presentación, para favorecer la comunicación y colaboración, romper el hielo, etc., como por ejemplo el ovillo en la que cada asistente sentado y/o sentada en círculo se presenta y explica los motivos que le ha llevado al taller o el hecho que motivó la condena. Mientras se lanza el ovillo a la siguiente persona participante, se va tejiendo una red de respeto y compromiso.

Fijamos entre todas las personas participantes unas reglas o pautas a seguir durante las sesiones de puntualidad, control de asistencia, respeto a los compañeros y compañeras y otras que se pactan entre los presentes de común acuerdo, que se relacionan con la forma en la que se relacionarán entre sí, los valores que guiarán el trabajo, necesidades y deseos de cada persona.

Entrevistas 

El programa prevé una serie de entrevistas con las personas derivadas al taller, con el fin de poder hacer un seguimiento en su progreso. La primera toma de contacto tras la presentación al grupo de las personas facilitadoras y la explicación de los objetivos generales previstos a lo largo de las diez sesiones y temas a abordar  dentro de los diálogos restaurativos, se hace a través de una entrevista individual.

En dichas entrevistas interesa conocer su vinculación con los hechos que han causado la condena, la experiencia que tengan con el sistema judicial, las personas más afectadas por sus condenas así como una serie de preguntas específicas en función de la tipología de delito cometido. Especial atención reviste en las entrevistas, el apartado restaurativo. Entre este tipo de preguntas, la entrevista trata de obtener de la persona condenada qué pensaba cuando ocurrió el hecho, que reflexión ha hecho desde el momento de la comisión del acto  y cómo piensa que podría componer  la situación actual.

El Programa

El trabajo realizado con las personas penadas incluye el análisis y contraste justicia penal tradicional y Justicia Restaurativa, la responsabilidad por los hechos y sus consecuencias, el arrepentimiento expresado a través del reconocimiento de conducta delictiva y su expresión concreta, la aceptación de la responsabilidad y compromiso de no volver a cometer la misma acción. En forma transversal, la comunicación no violenta, las emociones y el perdón.

La resiliencia es un recurso esencial del programa. Se recurre a las fuentes y pilares de la resiliencia como un modo práctico de construir las bases sólidas que permitan a las personas afrontar los aspectos negativos que se pudieran presentar a lo largo de sus propias vidas, como escudo protector para no caer en actitudes peligrosas tanto para sí mismas como para la comunidad. Entendemos la resiliencia como una condición humana que debe ser desarrollada y potenciada, tanto a nivel individual como grupal, de ahí que el trabajo en grupo sea para nosotros terapéutico y esencial 

Sesiones telemáticas: consecuencias del Covid-19

Lógicamente la Covid_19 ha venido a alterar el normal desenvolvimiento del Taller, para el que hemos tenido que activar las sesiones telemáticas a distancia, a través de los teléfonos móviles de las personas penadas y la utilización de Video llamadas a través de Zoom y Jitsi, junto con la aplicación de mensajería Telegram. Gracias a las nuevas tecnologías hemos podido dar continuidad a la realización de los talleres durante el ejercicio de 2020 y esperamos que una parte del presente 2021. Poco a poco, iremos reduciendo las sesiones virtuales hasta volver a la normalidad de las sesiones presenciales

ASISTENCIA DE VÍCTIMA 

Víctima. Se suele escoger a una persona que ha sufrido un delito para que exponga la acción de que fue objeto así como el sufrimiento o daño ya sea físico, psíquico o moral padecido. Suele ser muy terapéutica por el feedback que genera, valorándose desde la perspectiva contraria a la suya. Hemos recurrido al “mentor o mentora”: se trata de una figura con muchísima fuerza y convicción para las personas participantes en los talleres, dado que las aproxima a una realidad muy cercana. Suele ser una persona que acaba de pasar por el mismo proceso de sanación, que utiliza su mismo lenguaje, y que lo hace de forma muy cercana y por condenas o delitos similares a las de las personas a las que llega a sensibilizar por su aprendizaje y en su caso, los cambios experimentados en su vida.

Entrevistas Finales

La comprobación del éxito de la filosofía restaurativa la visualizamos a través de la realización de las entrevistas que ponen fin a los Talleres. A través de 11 items intentamos conocer su valoración sobre el mismo, las cosas positivas que se llevan para su vida, las reflexiones más importantes que han realizados durante las sesiones, las consecuencias de su conducta, las actitudes que han experimentado un cambio en sus vidas, el cumplimiento de las expectativas, los cambios que proponen para futuras ediciones del Taller o nuevos temas y si recomendarían los diálogos restaurativos a personas que estuvieran en su misma situación.

La mayoría de personas participantes en el Programa han valorado de forma muy productiva su participación en el Programa, por su aprendizaje y enseñanza de forma amena, constructiva y esencialmente educativa tanto sobre el valor de las cosas como los sentimientos de las personas.

Para su vida personal dicen llevarse muchas cosas positivas sobre todo a los compañeros y compañeras que han conocido, a las personas facilitadoras y muchos consejos y experiencias de otras personas participantes, además de grandes valores y a saber respetar  a los demás y a recapacitar además de a saber escuchar y disculparse por una mala acción. También valorar esencialmente el trabajo en equipo, la comunicación y una segunda oportunidad en la vida para recomponerse.

La reflexión más importante que manifiestan en sus entrevistas tiene que ver con pararse a pensar las cosas antes de actuar y controlar la impulsividad además de las consecuencias de determinados delitos sobre su libertad.

La condena les lleva sobre todo a pensar las cosas antes de hacerlas, a mejorar en sus relaciones con sus amigos y familia, y sobre todo a solucionar los problemas de forma más inteligente y desde otros ángulos de visión.

Respecto a los temas abordados en los talleres les suelen parecer bastantes completos, valorando de forma muy especial los dedicados al arrepentimiento, la paz y el perdón y una segunda oportunidad en sus vidas.

VÍCTIMAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La vida de estas personas no ha sido fácil, nada fácil. Más bien rampas de subida en barrios o zonas de exclusión social de la capital o alguna localidad de la Costa. Una mayoría de las participantes se encuentran en situación de desempleo, de larga duración y sin cobrar ningún tipo de prestación. Solo algunos de los más afortunados trabajan en la construcción, limpieza o restaurante. Quienes trabajan lo hacen en trabajos precarios y sin alguna estabilidad.

La mayoría de ellas es una población que vive en situación vulnerable, con numerosos indicadores sociales negativos como la tasa de paro, problemas de convivencia o bajísimo nivel educativo, todo además agravado por la larga década de crisis económica que vivimos desde 2008.

CONCLUSIÓN

Todo parece presagiar que los programas de Justicia Restaurativa van a evidenciar unos resultados bastante satisfactorios. A día de hoy no se puede constatar que esta experiencia consiga la reinserción social de las personas que asisten a los Talleres de Diálogos Restaurativos por tratarse de una experiencia que lleva pocos años, pero entendemos que todo lo que beneficie el enfoque resocializador y una ejecución de la pena más humana, supondrá notables beneficios sociales. Indudablemente trabajar la reparación del daño y la asunción de responsabilidad así como el perdón o el arrepentimiento, son elementos que  van a colaborar en esa pretendida reinserción y que va a generar más beneficios que la justicia penal tradicional. Durante el 2021 este programa se extenderá a los tres niveles de cumplimiento de pena, es decir al segundo y tercer grado penitenciarios y a las medidas alternativas (trabajos en beneficio de la comunidad, programas específicos, etc.), intentando llegar así a más población penitenciaria. 

Todavía nos queda pendiente el trabajo con las víctimas directas de los delitos que han realizado las personas que nos derivan a los grupos. Desde el poder judicial el temor a la doble victimización hacen que se dificulte el contacto con las víctimas, aunque sea simplemente para ofrecerles la posibilidad de beneficiarse del programa. Esperamos que poco a poco esto se vea solventado

Las ventajas se antojan muy evidentes, como la de reducir los efectos estigmatizantes de la justicia penal, así como la implicación y responsabilidad de las consecuencias de sus acciones y que finalmente podrían conllevar la pretendida reeducación y reinserción social de las personas participantes en los Diálogos Restaurativos.

BIBLIOGRAFÍA

  • Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, que aprueba el Código Penal español.
  • Resolución 2002/12 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
  • Recomendación CM/Rec(2018)8 del Comité de Ministros a los Estados miembros en  Materia de Justicia Restaurativa Penal.
  • Manual sobre programas de justicia restaurativa. Serie de Manuales sobre Justicia Penal. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Málaga, 3 de marzo de 2021

Arantxa Hernández Echegaray
Servicios Sociales Básicos, Ayuntamiento de Palencia.
Profesora colaboradora Universidad Oberta Cataluña (UOC).
Profesora asociada Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Javier Pacheco Mangas
Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Profesor Tutor Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Artículo breve basado en: Hernández-Echegaray, A., & Pacheco-Mangas, J. (2018). The debate on minimum income in Spain: charity, development or citizen right. Journal of Sociology & Social Welfare, 45(1), 77-94.

Puede consultarse el original en: https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol45/iss1/6/ 

Artículo premiado en la III Edición del Concurso de Publicaciones 2019, en la modalidad de “Mejor artículo científico publicado en 2018 o 2019 vinculado al Trabajo Social” que otorga el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia.


Los Servicios Sociales Comunitarios en el marco de las Rentas Mínimas

La principal potencialidad con la que cuentan los Servicios Sociales Comunitarios es su construcción en una historia y en un contexto local. Si bien, y en términos generales, su crónica está marcada por dos hitos principalmente, los cuales aún determinan las concepciones del presente y del futuro en las políticas sociales municipales y autonómicas. A saber, la fuerte herencia de la Beneficencia en la configuración de los servicios sociales (Aguilar, 2013) y la reconceptualización del Trabajo Social en las primeras fases democráticas que tratan de adaptarse a las nuevas exigencias sociales (Las Heras y Cortajarena, 2014). En este tiempo y de forma convergente y homogénea en todo el territorio del Estado, Antoni Vilà diferencia cuatro fases o etapas en los servicios sociales: “gestación (1975-1981), configuración (1981-1992), consolidación (1992-2005) y reforma (a partir del 2005)” (2010, p.22).

La crisis económica, en lo referido a los recortes presupuestarios, reformas legislativas y empobrecimiento de la población marca un reto sustancial para los Servicios Sociales de futuro y de proximidad. “La crisis ha puesto en evidencia la debilidad de un sistema de protección inacabado y fragmentado” (Laparra, 2010, p. 469). “El actual modelo asistencial y de servicios sociales no se encuentra adaptado a las necesidades y los mecanismos de funcionamiento de los nuevos pobres” (Tezanos et. al, 2013, p. 162). Ambas afirmaciones, ponen de relieve la necesidad de replanteamiento de los servicios sociales públicos, en cuanto a sistema de organización y en cuanto a red de protección pública y ciudadana.

Abordaje de la problemática. Metodología.

Para abordar esta investigación era necesaria la introducción de una metodología cualitativa, basada en un análisis del discurso según la propuesta de Wetherell y Potter (1996), que se articula a través de los conceptos de función, variabilidad, construcción y unidad analítica del repertorio interpretativo. Muestran los patrones de regularidad discursiva que se dan entre las personas y que “se pueden considerar como los elementos esenciales que los hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos cognitivos y otros fenómenos” (ibídem: 66). 

La recogida de datos se realizó en dos modalidades: una indirecta, a partir del análisis de fuentes documentales (normativa básica, documentos informativos e instrumentos profesionales y artículos de investigación con un objeto de estudio análogo, en concreto Ayala (2009) y Cortinas (2012a y 2012b)); y otra directa, consultando a los profesionales del Trabajo Social implicados en las políticas sociales y en la gestión en los servicios sociales comunitarios, mediante cuestionarios abiertos (con una muestra de 28 sujetos, entre las comunidades de Andalucía y Castilla y León). 

Para el análisis documental y del material recogido en las entrevistas, nos apoyamos en la herramienta-software Atlas.ti 6.  Ello nos ha permitido extraer la información relevante para observar los relatos y los planteamientos discursivos que se ponen en práctica, mediante la aplicación de preguntas implícitas, en el análisis documental y explícitas a los/las profesionales. Presentamos las categorías de análisis y los repertorios discusivos más relevantes. Por la naturaleza de este trabajo, únicamente presentamos los resultados obtenidos, referidos a la política de rentas mínimas de inserción, al entender que engloba los discursos mayoritarios del resto de políticas sociales llevadas a cabo a consecuencia del impacto social de la crisis.

Principales discursos profesionales

De las entrevistas realizadas a los/las profesionales del trabajo social que gestionan las rentas mínimas, se obtuvieron los repertorios interpretativos que se muestran a continuación, de forma sintética. Conviene destacar, la coincidencia de las percepciones entre profesionales, a pesar de sus diferencias geográficas, así como de concepción y gestión de dicha prestación.

  • La lógica del recurso, sobre la lógica de la necesidad. Los/las profesionales enfatizan la “rigidez en la aplicación normativa”, la existencia de “requisitos trampa” y la desconexión de los plazos con los momentos de urgencia social, entre otros. Ello implica que los sistemas de rentas mínimas, a pesar de su renovación legislativa, no responden adecuadamente a las situaciones de necesidad social planteadas por los ciudadanos en los servicios sociales.
  • El/la profesional como agente de control de la estabilidad, sobre el/la profesional como agente de cambio social. Este es un discurso mayoritario en la percepción de la profesión. La escasez de recursos y la desconexión con políticas activas y de promoción familiar, reducen las oportunidades de reinserción social. Son varios los/las profesionales que apuntan discursos latentes, y por otra parte, ya tradicionales sobre estas prestaciones como instrumento de “paz social”, de “pensionismo” o la combinación con rentas no laborales, así como el cambio de paradigma de esta política, como “renta básica”.
  • La obligación, sobre la negociación. El cuestionamiento mayor es de índole ética, pues su aplicación entra en conflicto con principios esenciales del trabajo social, como la autodeterminación. Sobre esto, se avanza sobre la cuestión de la arbitrariedad profesional, “¿tantas contraprestaciones y seguimientos, cómo profesionales?”. En la profesión hay una ausencia clave, en la sistematización de los procesos de inclusión de familias y personas participantes en los sistemas de rentas.
  • Constante: políticas insuficientes e ineficaces. La escasez es un denominador común en los servicios sociales. Un/a profesional resume el discurso en la siguiente expresión “la ineficacia de esta política revierte en un aumento de la caridad y de las prácticas benéficas”.

Discusión

De los repertorios obtenidos se deduce una importante desconexión de la realidad social con la implementación de los sistemas de rentas mínimas (SRM). Los/las profesionales ponen en práctica una serie de estrategias discursivas que muestran como la intervención en el marco de los SRM ha derivado hacia actuaciones que tienden a la fiscalización, frente a la potenciación de los procesos de cambio y transformación. Este proceso, que tiende a burocratizar la intervención profesional, provoca una despersonalización del proceso que deja de relacionarse con la propia persona usuaria, a intervenir con una composición que se realiza del mismo (Idareta-Goldaracena y Ballestero-Izquierdo, 2013), a la vez que da como resultado la aparición de problemas éticos (Ballestero, Úriz y Viscarret, 2012) Estas prácticas inhibidoras de la creatividad y la innovación en la intervención social son espacios propicios para la involución en el ámbito de los Servicios Sociales, propiciando prácticas asistencialistas y clientelistas que provocan en los/las profesionales sentimientos de frustración, así como una “percibida incapacidad para ayudar a la sociedad a lograr sus objetivos y solucionar sus problemas” (Schön, 1998, p. 47). 

Titmuss (1974) denominará a los/las trabajadores/as sociales como “los trabajadores del Estado” e Illich (1977), usará el término de “profesión inhabilitante” para definir las prácticas llevadas a cabo por los trabajadores sociales. El/la profesional no se siente cómodo/a en el rol de vigilancia sobre normas imperativas, aunque muestran un rol conformista, alejado del ideal reivindicativo que lleva aparejado el desempeño de las profesionales del ámbito de la intervención social. En estos nuevos escenarios, en los que se plantean necesidades y realidades cada vez más complejas, los/las profesionales, en especial los/las trabajadores/as sociales, tienen que asumir un papel proactivo en el diseño, definición e implementación de las políticas sociales, reforzando de esta forma el sistema y contribuyendo a su consolidación (De la Red y Barranco Expósito, 2014).

La intervención social en los sistemas de rentas mínimas debe dar un paso adelante en su configuración transformativa. Por un lado, los/las profesionales tienen que asumir su rol de agente de cambio que han perdido en detrimento de otros con carácter de control y fiscalización, y por otro, se debe tomar una actitud proactiva al cambio, venciendo las resistencias que establece la propia estructura de los sistemas de protección social, evitando prácticas que merman la autonomía y la responsabilidad de la ciudadanía. Así mismo, se ha de avanzar en la participación del diseño de las políticas sociales, donde los/as profesionales tienen que estar representados/as e involucrados/as en todo el proceso de disminuir la vulnerabilidad y la exclusión social.

Referencias

Aguilar, M. (2013). Los servicios sociales en la tormenta. Documentación social, 166, pp. 145-168. 

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Ballestero Izquierdo, A., Úriz Pemán, M. J., & Viscarret Garro, J. J. (2012). Dilemas éticos de las trabajadoras y los trabajadores sociales en España. Papers, 97(4), 875-898.

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TSDifusión, 17 de febrero de 2021

TSDifusión ha cumplido un año en su nuevo formato, en el que hemos pretendido adaptarnos a las vías de información y comunicación actuales, así como facilitar la difusión del pensamiento y práctica profesional a través de las redes sociales.

Desde la revisión del formato de la revista, a mediados del 2019, el equipo de TSDifusión ha tratado de hacer que la participación de los diferentes actores implicados sea mayor. Desde el diseño hasta el funcionamiento del equipo que lo lleva adelante, este momento de inflexión se convertía en una oportunidad para sumar y enriquecer, un ejercicio tan complejo como el de dar visibilidad a la profesión a través de una herramienta como la revista, que lleva 24 años de andadura.

En aquel momento de revisión, el Consejo Editorial estaba formado por 3 colegios profesionales: Huelva y Cádiz con la creación de contenidos, y Málaga, además, con la coordinación, secretaría y maquetación. Desde el equipo de Málaga se hizo un gran esfuerzo por buscar una fórmula que facilitara el trabajo de coordinación, la toma de decisiones y la gestión de la información de una manera amable y sencilla, pero la dichosa pandemia no nos permitió ensayar el modelo de funcionamiento hasta la mitad de 2020. 

Es en ese momento, 8 de mayo de 2020, donde se ponen en marcha las herramientas tecnológicas (gestión de proyectos virtual), las reuniones virtuales del Consejo Editorial, y sobre todo, la voluntad de sumar de todas las personas que formamos el equipo de TSDifusión, sin protagonismos colegiales.

Durante este tiempo, en el que hemos tenido que aprender a comunicarnos sin la calidez de la presencialidad, a utilizar las nuevas tecnologías -aunque fuéramos de la era del teléfono fijo-, y sobre todo a darle forma a un proyecto colectivo e interinstitucional, tanto por dentro como por fuera -en una época en la que cada entidad está luchando por su supervivencia-; si algo hemos aprendido en estos meses que llevamos de recorrido compartido, es que cuando el objetivo está claro, las capacidades se ponen al servicio de lo común y se asumen liderazgos colectivos, se trabaja con alegría y salen adelante procesos que de otra manera no se podrían llevar a cabo.

Se ha trabajado mucho para la planificación y organización del trabajo, se han establecido protocolos para el funcionamiento del consejo editorial y se hace uso de plataformas y herramientas que facilitan un trabajo colaborativo y organizado. En este crecimiento hemos practicado un trabajo en comunidad, donde se implementan mejoras en las dificultades sobrevenidas de la propia gestión, y donde las personas que forman parte del consejo asumen tareas en función de sus fortalezas, en una relación horizontal de todos los colegios. 

Tal ha sido nuestra ilusión en el trabajo compartido y tanto nuestro interés en que las/os profesionales se expresen y compartan, que hemos sido capaces de organizar y poner en marcha el curso: “Escribir para compartir”. Desde estas líneas agradecer a los Colegios de Cádiz, Huelva y Málaga su apoyo, y el interés expresado por las personas inscritas.

Esperamos que tanto la revista como el curso motiven la expresión personal y profesional, si eso es así esperamos vuestra participación. Nuestras “páginas” están abiertas a todas las personas que quieran compartir sus reflexiones y experiencias, y como no, también os invitamos a formar parte del consejo editorial. Invitación que hacemos extensiva al resto de colegios de Andalucía.

Para concluir, y si sentís curiosidad por el trabajo desarrollado, tenemos una última invitación, nuestra memoria anual, en la que se visualiza el trabajo que te hemos contado, y a la que puedes acceder aquí.

Málaga, 9 de febrero de 2021

José Carlos Montero Díaz
Trabajador Social. Asesor técnico del Servicio de Valoración de la Dependencia de Málaga

Carmen del Pilar Navarro Navarro
Trabajadora Social. Valoradora del Servicio de Valoración de la Dependencia de Málaga

En un portal de ofertas de empleo líder en España, si introducimos en su buscador “trabajo por objetivos”, aparecen 1.627 reseñas, un 5% del total de sus ofertas. Si aplicamos otro filtro más por “trabajo social” y el resultado se reduce a 3 ofertas -una residencia para personas mayores, una en un programa de emergencias con familias en una empresa, y otra en un programa de acogida para refugiados en una ONG-, en cuya descripción de funciones, tareas y condiciones laborales, no encuentro diferencia con cualquier otra oferta de empleo genérica.

Creemos que este es uno de los primeros retos, saber qué es el “trabajo por objetivos”.

Trabajar por objetivos

Desde siempre se ha podido trabajar por objetivos, pero ¿cuándo se hace consciente? Hace ya casi 70 años (1954), Peter F. Drucker -considerado el mayor “filósofo” (pensador) en el campo de la administración de empresas del siglo XX-, desarrolló un modelo de gestión estratégica para mejorar el desempeño dentro de las organizaciones.

Este modelo, aún estudiado en las más prestigiosas escuelas de negocio, tiene como objetivo mejorar el desempeño de una organización al definir claramente los objetivos acordados tanto por la dirección como por los empleados. Según su teoría, tener voz en el establecimiento de metas y planes de acción fomenta la participación y el compromiso entre los/as empleados/as, así como la alineación de objetivos en toda la organización.

Los elementos esenciales de esta metodología son: 1. Establecer unos objetivos claros, concisos y comunicados. 2. Participación en el proceso de establecimiento. 3. Evaluación de las actuaciones basadas en los resultados.

La elección de los objetivos por tanto sería la primera tarea. Según Fernando Calderón, la formulación del objetivo “ayuda a focalizar los esfuerzos del equipo en el reto exacto que se pretende conseguir, y permite evaluar, sin subjetividad, si efectivamente ha surtido el efecto esperado”. Estos objetivos deben ser de mejora, es decir, indican el logro o reto que se pretende conseguir en un periodo de tiempo. Además, deben ser cuantificados, y serán estimados a partir de la información consistente sobre la situación de partida.

En este artículo no podemos profundizar en el método, que se basa en la mayoría de las teorías, en la gestión de proyectos orientados a la eficiencia del proceso; poniendo énfasis especialmente en todo aquello que aporta el valor para el cliente y reduciendo o eliminando todas aquellas actividades y tareas que impactan en coste y esfuerzo.

F. Calderón señala que el proceso de definición de los objetivos tiene tres fases: 

1. Análisis de la situación de partida: En esta fase se pretende hacer “todo lo que haga falta hasta conseguir dimensionar correctamente la situación”. Es recomendable dedicar el tiempo necesario en estas tareas, evitando que los errores o déficit cometidos en este análisis dificulten las fases posteriores.

2. Planificar: Esta fase tiene dos partes. Una primera parte de selección de los objetivos, proponiendo para ello métodos cuantitativos y cualitativos. Y una segunda parte donde se elabora el “Plan de Acción”. Este Plan debe contener estos elementos: 1. Objetivo; 2. Responsable del objetivo; 3. Equipo de trabajo; 4. Acciones, responsables y calendario; 5. Recursos extraordinarios necesarios. 

El Plan tiene que quedar registrado en un documento en soporte papel o informático. Se propone que esté expuesto en un espacio de trabajo común, y que sirva como mapa para llegar al destino. 

3. Seguir el Plan: El seguimiento persigue garantizar la ejecución del plan, buscando la agilidad en el mismo. Se establece que el plan no debería durar más de dos o tres semanas. Si alguna acción demanda mayor tiempo, se aconseja que la misma se desglose en varias acciones de menor duración. El cumplimiento de un plan no significa el fin del proceso de mejora, se entiende como un continuo en el tiempo. 

Esta metodología tiene también sus detractores, los cuales esgrimen que se enfatiza indebidamente el establecimiento de metas para lograr los objetivos, en lugar de trabajar en un plan sistemático para lograrlo. También se plantea que establecer objetivos particulares lleva a los trabajadores a cumplir esos objetivos por cualquier medio, incluido atajos que dan como resultado un trabajo de mala calidad.

El mismo Drucker creía que su método no era una panacea, sino una herramienta para utilizar; creía que proporcionaba a las organizaciones un proceso. Y muchos profesionales afirman que su éxito depende del apoyo de la alta dirección, objetivos claramente delineados y gerentes capacitados que puedan implementarlo.

El sector público siempre ha ido a rebufo de estas metodologías, queriendo importarlas y adaptarlas a su misión. Esto ha tenido desarrollos y éxitos concretos, pero en ningún caso se han generalizado, y mucho menos se han interiorizado.

¿Objetivos o agilidad?

Anteriormente, dentro del Plan de Acción del trabajo por objetivos, se señalaba la importancia de la “agilidad”.

La “Fundació Factor Humà”, es una organización con más de veinte años, que tiene el objetivo de mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Hace unos años hacía una reflexión titulada “¿Objetivos o agilidad?” en la que señalaba que “para poder tener éxito en un entorno en continuo cambio, donde tecnologías, conocimientos y modelos de negocio se quedan obsoletos en un abrir y cerrar de ojos, las empresas necesitan agilidad” (García, 2015).

Son muchas las empresas que funcionan en contextos normalizados, pero tienen un mal encaje en contextos turbulentos. El autor señala el ejemplo de las organizaciones que tienen sistemas de gestión por objetivos, identificando entre sus problemas los siguientes:

  • Si bien un requisito de la gestión por objetivos, es que estos fuesen compartidos entre jefes/as y colaboradores/as, en la práctica normalmente esta participación brilla por su ausencia. Habla de objetivos “en cascada”, dictados desde la cúpula que caen a los demás niveles.
  • Otro inconveniente es el carácter vertical y descendente de muchos procesos de establecimiento de objetivos. Con frecuencia, las personas que forman parte de un departamento u otro tipo de unidad organizativa desconocen cuáles son los objetivos de las demás unidades con las que tienen que colaborar.
  • Los sistemas de objetivos a menudo están vinculados a sistemas retributivos que recompensan su consecución, en ocasiones desproporcionadamente.
  • En muchas organizaciones los objetivos son establecidos en base anual o semestral sin que existan mecanismos para su revisión a más corto plazo.
  • A esta rigidez contribuye también el mismo diseño de los procesos de establecimiento de objetivos, a menudo excesivamente enrevesados y lentos. Igualmente influye el grado de detalle con que, en general, se formulan los objetivos, que normalmente se plantean con un nivel de resolución excesivamente bajo, y sin hitos que permitan monitorizar los avances o detectar de manera temprana si nos encontramos fuera de rumbo.
  • Hay que añadir la falta de herramientas. Todavía son muy pocas las empresas que disponen de soluciones tecnológicas que les permitan, entre otras cosas, entender como los objetivos de los miembros de la organización están relacionados unos con otros, o como las relaciones de colaboración que se producen en torno a esos objetivos evolucionan a lo largo del tiempo.

Centrando el debate en la gestión ágil de los proyectos, encontramos diversas iniciativas que promueven metodologías y herramientas para ello. Nos hacemos eco aquí de una web especializada, “proyectosagiles.org”, que se presenta como “la web de Scrum en español para la difusión de la gestión ágil de proyectos”.

Las organizaciones necesitan ser capaces de rastrear el entorno en busca de oportunidades y señales que les indiquen posibles cambios de tendencia, conocerse bien a sí mismas para evitar ángulos muertos, y tomar decisiones con rapidez y lo más cerca posible del lugar donde se producen los efectos de esas decisiones. También tienen que poder reconfigurar sus estructuras para adquirir, integrar, desarrollar y reasignar capacidades internas y externas, y aprender de sus errores, tanto como de sus éxitos. Diría que esto también es aplicable a la transformación que debe llevar a cabo y se espera de la administración pública, donde hasta ahora, la “agilidad en la gestión” es el punto más débil de forma endémica.

Algunas empresas recurren a estas nuevas técnicas de organización del trabajo, como el “scrum”. El Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.

Comunidades de prácticas

En estas ideas de “gestión ágil de proyectos” y “scrum”, encuentro similitudes con una metodología que se está desarrollando desde finales del año 2017 dentro de la Junta de Andalucía. El IAAP ha impulsado el proyecto “En comunidad” basado en las Comunidades de Práctica CoPs. Comparte en sus orígenes el análisis del mundo en el que vivimos, en constante cambio y al cual hay que adaptarse. Su propuesta pasa por responder a los desafíos desde la colaboración y aprovechando los muchos conocimientos que tienen las personas que llevan años en la Administración Pública.

Una CoP es un “Grupo de personas que, de manera voluntaria y autorganizada, comparten sus experiencias laborales y habilidades con la finalidad de producir conocimientos y aprendizajes útiles para responder a problemas relacionados con sus contextos laborales” (Rodriguez, E y Artillo, J.I, 2019).

La “Guía gráfica para la creación y dinamización de Comunidades de Práctica” elaborada por estos autores, señalan que una CoP no es ni una “Comisión” ni un “Equipo de Mejora”, los cuales son promovidos verticalmente, de arriba abajo, es decir las personas que los componen suelen estar designadas por la propia organización. Las comunidades son iniciativas autoorganizadas entre iguales que eligen abordar un problema que está fuera del foco de la organización, pero que consideran importante, aunque con el respaldo de las personas directivas. Las COPs se organizan horizontalmente y su metodología de trabajo se basa en la colaboración entre iguales para explorar soluciones y construir conocimiento a partir de la experiencia y los saberes que hay en grupo.

Los rasgos distintivos de una CoP son: co-propiedad, voluntariedad, autoorganización, y conexión entre pares.

La CoP supone un beneficio para los/as participantes, pero también para la organización: Son herramientas idóneas para el desarrollo profesional; se puede convertir el saber de las personas en conocimiento experto y ponerlo al servicio de la innovación; mejora continua de carencias que preocupan a las personas en su desempeño profesional; aumenta el reconocimiento personal, en consecuencia, del compromiso y la implicación en la organización; inciden en el trabajo en equipo y la reciprocidad; aumenta la coordinación y fluidez de los procesos de la organización;  conecta la organización con su entorno.

A modo de conclusión

Los métodos de mejora de las organizaciones, y de los equipos y las personas empleadas en ellas, son múltiples. Son métodos comunicados y complementarios entre ellos, y que buscan mejorar los resultados. La mayoría de ellos surgen desde la iniciativa privada, y por tanto la finalidad última siempre será de un mayor beneficio económico. En la iniciativa pública, la finalidad última es la mejora de su servicio público, prestar más y en el menor tiempo. En ambos casos, se busca mejorar también la calidad, y de ahí que se hayan extendido diferentes métodos para su certificación.

Somos de los que pensamos que de todo se aprende, y que, si hay algo que funciona, copiemoslo. Por tanto, toda teoría, toda metodología, tiene el interés intelectual de conocerla, y el “ansia” por encontrar herramientas para mejorar de forma continua.

Laboralmente hemos desarrollado nuestras carreras profesionales en el sector público; también hemos participado activamente en la gestión de organizaciones sociales. Nuestra experiencia nos lleva a una primera conclusión, y es que en el sector público se confunde el “trabajo por objetivos” con el “trabajo por resultados”. En el sector privado, un entorno de trabajo orientado a resultados es una estrategia de gestión de personal en el trabajo, en la cual los trabajadores y trabajadoras son retribuidos en función de los resultados en vez de las horas trabajadas. Esta estrategia tiene como beneficio una total autonomía a la hora de realizar el trabajo.

En el sector público, la retribución no depende de los resultados. Pero sí se marca a los equipos y las personas unos resultados a obtener, saltándose el resto de fases anteriores, independientemente de que se use una metodología u otra. Da la sensación de que la organización no tiene método alguno, simplemente ejecuta su tarea. 

Muchos de estos métodos son útiles en contextos normalizados. En el trabajo social, tenemos la sensación de que siempre desarrollamos nuestro trabajo en contextos “no normalizados”, o, mejor dicho, nuestro contexto siempre es de una “permanente situación de crisis”. La fuerte demanda de nuestros servicios, desvía la atención en la necesidad de una correcta planificación, focalizando el interés en aumentar la respuesta en un menor tiempo posible. Es decir, el objetivo es tramitar las miles de solicitudes que se “agolpan” en todas las mesas.

Uno de los principales errores que percibimos, es que cuando se ponen en marcha nuevos derechos, servicios o prestaciones, las organizaciones públicas no desarrollan ningún método en su implementación. No hay un plan de acción. 

Este déficit, que por lo general no se resuelve, va arrastrándose a lo largo del tiempo al responder siempre a las necesidades con medias parciales y poco eficaces.

Nuestra conclusión final es que, independientemente del método a seguir, la comunicación y la transparencia son fundamentales para que las personas y equipos sepan hacia dónde dirigirse y estén completamente alineados con los objetivos y metas de la organización. Si no se aplica una metodología que implique y dé participación desde el principio a las personas que han de trabajar por conseguir “los objetivos”, estas sabrán únicamente dónde tienen que llegar, pero no se van a sentir apoyadas, ni motivadas, ni valoradas, pudiendo el trabajo volverse ineficaz e ineficiente, además de completamente desilusionante. Por otra parte, la persona trabajadora no se percibirá a sí misma como parte importante y fundamental en la organización, sino como una mera “gestora” del trabajo, provocando “desapego” hacia la organización. Solo un equipo responsable y comprometido con los objetivos será capaz de trabajar de forma competente, por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo por no descuidar aspectos del trabajo que no son medibles ni cuantificables.

Este artículo nos ha acercado a un reto propuesto por el Consejo de Redacción de esta revista. Este es un primer “capítulo”, donde nos acercamos a la materia desde una perspectiva más genérica. Nuestro propio reto a continuación, es buscar cómo se implementa este tipo de métodos entre las/os profesionales del trabajo social y las instituciones en las que trabajamos.

Bibliografía

  • Calderón, F (2020). Guía para trabajar por Objetivos. IAAP.
  • García, S (2015). ¿Objetivos o agilidad? Blog “Factor Humá”.
  • Rodríguez, E y Artillo, J.I. (2019). Guía gráfica para la creación y dinamización de Comunidades de Prácticas. IAAP.

Málaga, 3 de febrero de 2021

Mirian del Olmo Moreno
Trabajadora social, técnica de empleo de colectivos vulnerables, intérprete de lengua de signos, especialista en mediación y profesora de Kundalini Yoga

Uno de los talones de Aquiles de las ciencias sociales es lo que nos cuesta a las profesionales sentarnos a escribir, hay mucho trabajo de campo sin documentar, que tan sólo se ve resumido en memorias anuales que terminan siendo esquemas, tablas, números de objetivos inhumanizados y gráficas de barras. Dentro de las ciencias sociales, entendiendo la intervención social como las raíces, el trabajo social sería el tronco de este árbol, con demasiada poca producción escrita para tan grosso como abarca. Nuestro árbol da sombra y cobijo a muchas otras plantas y como una de las ramas de su tronco está la orientación laboral.

El trabajo social es la columna vertebral y transversal de la atención directa y del trabajo multidisciplinar. Entiendo la orientación laboral como una rama del trabajo social, aunque no todas las profesionales que ejercen como técnicas de empleo son trabajadoras sociales. El trabajo social bajo el prisma de su amplio significado constituye la fundamentación de la orientación laboral ya que todo proceso formal para mejorar la calidad de vida de una persona, unidad familiar o grupo de personas es el fin último del trabajo social.

Así, la orientación laboral en el contexto socio-histórico en el que vivimos aparece antes o después en el itinerario de intervención, en cualquier caso, grupo o comunidad. Debido a las circunstancias económicas, muchas veces el factor de la inclusión laboral es determinante para sobrepasar o no, la línea de la exclusión social, el riesgo de la situación de calle o de la accesibilidad a la normalización y completa integración, como en el caso de las personas inmigrantes solicitantes de protección internacional o refugiadas. 

Vivimos en la sociedad líquida, el entorno VUCA, acrónimo del inglés, en español VICA. El concepto VUCA fue acuñado por la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos para describir el contexto socio-histórico en el que se encontraban las relaciones internacionales al terminar la Guerra Fría, VUCA viene de: V de volatilidad, U de incertidumbre(uncertaninty), C de complejidad y A de ambigüedad. El concepto fue rescatado en el área empresarial y de marketing y poco a poco (vete tú a saber por qué) se ha ido extendiendo y aplicando a todo ámbito socio-político, laboral y económico. 

Con este marco interventivo, el factor socio-laboral y económico son determinantes, eso es innegable por lo que en el conjunto de la intervención con cualquier caso la orientación hacia el empleo ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, llegando a brotar esta rama dentro de nuestro árbol. Poco a poco, la figura de la técnica de empleo va consolidándose como imprescindible dentro de proyectos de intervención tan ambiciosos como el ERACIS en Andalucía, por citar un único ejemplo, donde la intervención multidisciplinar no se entiende sin la orientación y seguimiento de una búsqueda activa de empleo acompasada con las otras áreas de intervención o pautas a mejorar, como pueden ser la salud, educación, crianza, autoestima y/u otros aspectos psicosociales. En las entidades privadas, empresas del tercer sector, ONGs, fundaciones, etcétera, el área de empleo cuenta ya con un largo recorrido y siguen brotando nuevos programas y proyectos sumándose a los más consolidados como el Incorpora de La Caixa*, de los más veteranos, o las lanzaderas de empleo. De ahí que la especialización de los perfiles profesionales que trabajamos bajo la amplia etiqueta de ser técnicas de empleo tengamos que ser multitarea, flexibles, en continua adaptación al cambio y muy resilentes. Además de tener muy arraigadas y en continuo crecimiento nuestras softs skills o competencias blandas. Las técnicas de empleo tenemos muchas veces que autoformarnos, ya que nuestra profesión aún no cuenta con formación formal reglada, e irnos especializando según, también, la demanda del sector, nuestras propias preferencias o competencias.

Cuando en tu propio jardín profesional, en tu árbol de trabajo social te sale la rama de la orientación, casi que la esperabas porque eres trabajadora social: lo tuyo es la escucha activa, empatizar y saber acompañar, pero si los brotes tiernos son del ámbito de empleo, no sabes muy bien a qué atenerte al principio. 

Sean cuales sean los motivos por los que una termina en este vaivén de contratos temporales enlazando una interinidad con una subvención o un contrato temporal por obra y servicio con una partida presupuestaria, la orientación laboral es apasionante cuando te permites madurar sus frutos.

En estos momentos tan crudos a nivel socio-económico y pandémico donde la precariedad laboral asalta desde cualquier esquina deberían de tenernos a las técnicas de empleo en todo centro de servicios sociales para poder atender con urgencia cualquier emergencia socio-laboral o para pasar consulta como técnicas de empleo de cabecera o familia porque no conozco a nadie que no haya necesitado alguna vez resolver una incertidumbre laboral, reorientar su objetivo laboral o simplemente saber dónde y cómo llevar ese CV a buen puerto. Para eso y mucho más somos y estamos las técnicas de empleo, profesión, aunque invisibilizada con gran anclaje por su innegable utilidad y funcionalidad.

Espero que estas palabras sirvan de reconocimiento para todas las grandes compañeras de la orientación laboral y anime a acercarse a este dinámico jardín interventivo a más trabajadoras sociales. Y por qué no, que anime a mejorar las condiciones laborales de todas las que nos dedicamos a mejorar el futuro laboral de las personas más vulnerables o con más necesidades de apoyo.

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