Noelia Ordieres Buarfa-Mohamed Trabajadora Social experta en protección jurídica de las personas y los grupos vulnerables. Investigadora sobre el final de la vida y la ley de eutanasia
Con la aprobación de la Ley 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia en nuestro país, España se convierte en el séptimo del mundo en regular el derecho a decidir cuándo morir dentro de unas casuísticas muy concretas.
En nuestro país, como en la visión generalizada del ser humano del resto del mundo occidental, la salud tiene un carácter ineludiblemente médico y la muerte tiene, mayoritariamente, una visión médica y jurídica.
Médica por el hecho mismo de la naturaleza biológica de la muerte, la extinción del efecto homeostático de un ser vivo. Y la jurídica, por las consecuencias legales que causa el fallecimiento de una persona.
Pero nos olvidamos de algo, la esfera social de la muerte. Del proceso del final de la vida, no solo del duelo que es algo que hemos asumido. No, de los trámites, de la aceptación, del engranaje que nos envuelve cuando estamos ante el fin de nuestro ciclo vital y después de él.
Hemos reivindicado miles de veces el papel del trabajo social en la sanidad, solicitando un reconocimiento no solo necesario para la profesión, sino para la ciudadanía, puesto que somos un eslabón fundamental para garantizar los derechos de los/as pacientes en todas las esferas y vehículo transmisor y resolutivo de centenares de casos diarios que son imposibles de solucionar por los equipos médicos o de enfermería, entre otras cosas, porque no es su profesión.
¿Qué papel ocupa el trabajo social dentro de la ley de eutanasia?
Vamos por partes.
Eutanasia: buena muerte. Final de vida en el momento elegido por una persona.
De esto sabemos mucho en el trabajo social. De tiempos, de acompañamientos, de respetar decisiones y proyectos vitales y de fin de vida.
Me atrevería a decir, a riesgo de parecer prepotente, que sabemos mucho más que otras profesiones sobre todo esto.
Pero también tenemos mucho que mejorar. Evitar el paternalismo y la intervención directiva es una de esas batallas que venimos dando en la profesión desde hace muchos años y criticando también. Lo refleja muy bien Sara Mesa en su magnífico ensayo “Silencio administrativo”.
Despenalizar, autonomía, voluntad… de eso va esta ley y de eso va también el trabajo social.
Es una ley que obliga a todos los territorios, que constituye un derecho que se recoge en la cartera básica de prestaciones sanitarias.
Y es una ley garantista, quizás en exceso para el gusto de quien escribe.
Fija unos mecanismos de acceso a ella y de control sobre la práctica que “tutelan”, a través de profesionales, todo el proceso que lleva como final al fin de la vida del/la paciente.
Y exige unos requisitos perfectamente cuidados por el legislador para poder solicitarla.
Nacionalidad española, residencia legal o padrón de 12 meses.
Haber recibido alternativas de tratamiento por escrito de manera previa.
Haber solicitado dos veces en un periodo de 15 días la aplicación de la eutanasia.
Sufrir un padecimiento grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificados por el médico responsable.
Además, garantiza las opciones de los/as profesionales sanitarios/as directamente en la objeción de conciencia, mediante un registro previo que deben custodiar las comunidades autónomas.
Es importante aclarar, en este punto, que las/os profesionales del trabajo social no estarían incluidas en la objeción por no ser parte del equipo directamente implicado, al menos así lo recoge y se reconoce en la norma. Quizás podríamos discutirlo.
El dictamen final de que la persona cumple los requisitos establecidos en la norma lo firma la denominada “Comisión de garantía y evaluación”.Este órgano, fundamental en esta ley, es quien vela por que todos los requisitos y pasos previos se hayan dado de forma correcta y quien emite el informe final que aprueba o deniega la prestación. En dicha comisión el papel del trabajo social se hace fundamental y es así, no solo por la argumentación previa, sino porque somos un eslabón imprescindible en la atención sanitaria de los/as pacientes-
Dichas comisiones tienen una composición obligatoria que formarán juristas, profesionales de la medicina y de la enfermería, pero se cataloga como multidisciplinar y solo establece un número mínimo de componentes. Es decir, el trabajo social sanitario puede formar parte de estas comisiones y así debería ser en cada comunidad autónoma, el papel de su reivindicación es nuestro.
Desde el embrión de esta ley, la cual nació con un carácter puramente médico y jurídico se han ido logrando pasos para que el lenguaje recogido en los 13 folios que conforman la norma final dejará claro que los equipos no son sanitarios, sino asistenciales y es aquí donde se incluye al trabajo social. Se establece que las personas que conforman los equipos asistenciales deben estar informadas de las solicitudes de eutanasia por el/la médico responsable que recibe la petición.
Pero además de todo lo anterior hay otra parte que se hace fundamental, uno de los ejes de la ley y que en muchos casos pasa por las manos de las/os trabajadoras/es sociales del ámbito sanitario. El testamento vital o documento de instrucciones previas.
Este documento, recogido en la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica en su artículo 11, a día de hoy y en la mayor parte de las comunidades autónomas forma parte de uno de los trámites sobre los que informa, asesora y registran las profesionales del trabajo social de centros de salud y hospitales.
En 13 folios de LORE se nombra el documento de instrucciones previas 9 veces. Es decir, se hace clave para garantizar que los derechos de la persona, si en el momento de verse en una situación de las anteriormente descritas como requisitos, se encuentra inconsciente o incapacitada y se cumplan si ha dejado escrito que quiere que se le aplique la eutanasia.
Como vemos, en este pequeño resumen de la norma y de nuestras posibilidades dentro de ella, se abre un nuevo derecho ciudadano que nos compete, que nos afecta y en el que tenemos mucho que decir, aportar, criticar y sistematizar.
Se convierte esta ley en un momento único para nuestra profesión, que podría convertirse en referente mundial sobre la concepción de la persona durante el proceso final de la vida y como comunidad debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda.
Elisabet Rodríguez Zurita Trabajadora Social de Servicios Sociales Comunitarios Empleada pública en abuso de temporalidad
¿Es posible un ERE de cientos de miles de empleados/as? ¿Es posible que las administraciones públicas que deben cumplir las leyes, proteger los derechos laborales y no revictimizar, no sean capaces de dar una solución administrativa y legal a quienes son víctimas de un sistema que ha promovido el abuso de la temporalidad de las/os profesionales en las Administraciones Públicas españolas? ¿Existe una relación entre el empleo público precario y unos Servicios Públicos precarios? ¿Quién es responsable de tanta precariedad?
Me he decidido a compartir mis opiniones y reflexiones, tanto personales como profesionales, porque es urgente dar visión y solución a una situación que lleva años afectando a empleados/as y a servicios públicos, haciendo que éstos sean cada día menos organizados y más precarios, privando a la ciudadanía de respuestas y recursos para su atención y mejora de calidad de vida.
Como afectada no puedo ser objetiva en mis opiniones, mi pretensión es comunicar y compartir cómo veo y vivo esta realidad, dar visibilidad a este problema y con ello, intentar que se promueva la búsqueda de soluciones justas y responsables a esta situación.
No soy una plaza, soy una persona/profesional que accedí conforme a la Ley
Me llamo Elisabet y tengo 50 años. Soy trabajadora social desde 1992 y durante varios años trabajé en el Tercer Sector, especializándome en Drogodependencias. En el año 2001, me presenté a un proceso selectivo de Diputación de Málaga que cumplía los principios legales de publicidad, mérito y capacidad, prueba que superé, quedando en 5º lugar, pero no conseguí la única plaza ofertada.
Por necesidades de esta administración, pasé a formar parte de una bolsa de empleo. Durante 3 años, compaginé mi trabajo habitual con la cobertura de vacaciones en Diputación (cuando todavía se cubrían vacaciones). En el año 2002, estando embarazada de mi hijo, estuve preparando oposiciones, las cuales fueron impugnadas y nunca se realizaron.
En 2004, me llamaron para una baja laboral de 2 meses, por las mañanas trabajaba en la Administración y por las tardes en la Federación de Asociaciones de Drogodependencias, entidad que me facilitó todo lo posible compaginar ambos trabajos, para mí era una oportunidad y conté con su inestimable apoyo.
Tener una familia, ser madre y llevar 2 trabajos pronto fue un imposible, parecía que la baja iba a ser más duradera de lo esperado y tomé la decisión de continuar trabajando en Diputación. En 2005, de nuevo embarazada y tras concluir el contrato anterior, me llamaron para cubrir el puesto en UTS del que entonces era el director del centro de servicios sociales en el que comencé a trabajar. En 2007, tras una restructuración del Servicio, pasé a ser la trabajadora social de la UTS Campillos II. Desde entonces soy funcionaria interina, es decir, personal temporal desde hace 14 años, en una plaza estructural de nueva creación. ¿Conocen a alguien que trabaje de forma continuada en una empresa privada y que después de 14 años continúe siendo temporal?
Después de 20 años, en mi caso, es un insulto y un trato indigno por parte de las Administraciones a las que prestamos nuestros servicios que pongan en duda nuestras capacidades o nuestra forma de acceso a la Administración (forma de acceso que en su día impuso la misma Administración).
Mi situación no es excepcional, sino la realidad de cientos de miles de empleadas/os públicas/os interinas/os y laborales fijos no indefinidos que llevan una, dos y hasta tres décadas desarrollando su trabajo como “temporales”, siendo víctimas del abuso de la temporalidad de las Administraciones Públicas españolas. En mi caso he tenido la fortuna de tener asignado un puesto estable, no es el caso de empleadas/os que durante años sufren cambios de puesto de forma continuada y/o excesiva temporalidad, estas situaciones son más numerosas y comunes en Sanidad o Educación.
Temporalidad y precariedad de los Servicios Públicos van de la mano
Era estudiante cuando todavía resonaba la Reconceptualización y figuras como Marco Marchioni o Ezequiel Ander-Egg pasaban por la Escuela de Trabajo Social de Málaga. En aquellos tiempos emergía el Sistema de Servicios Sociales (el famoso 4º pilar), el Plan Concertado, posteriormente los Centros de Servicios Sociales, la Red de Atención Pública especializada,… Mis profesores/as me hablaban del Estado de Derecho, de Política Social, Servicios Sociales, del Método básico en Trabajo Social (Observación/investigación, Interpretación diagnóstica, Planificación/programación, Ejecución, Evaluación); todo ello fundamental para un trabajo profesional y de servicio a la ciudadanía.
Cada vez son menos las/os profesionales que tenemos estos recuerdos. Hemos vivido la construcción de los Servicios Sociales, y sin que esta construcción llegase a culminarse, llevamos más de una década asistiendo a la deconstrucción de los mismos. Vemos nacer nuevas leyes que reconocen derechos, incluso subjetivos, leyes que no se reglamentan ni dotan presupuestariamente, promoviendo la desprotección. De nada sirve un Ingreso Mínimo Vital que tarda meses en dar respuesta o toma datos económicos de hace dos años.
La Política Social ha dejado de existir, dando paso a la “programitis”, una suma de programas de intervención social, donde trabajamos sin una visión integral ni integradora del trabajo que se desarrolla. El Trabajo Social Comunitario, ¿alguien se acuerda de él?
La falta de Política Social y planificación estratégica, por un lado, y la crisis económica y sus famosos “recortes” han sido caldo de cultivo para que las Administraciones Públicas hayan cronificado la temporalidad en las contrataciones. Temporalidad que ha originado, entre otros, dos graves problemas que necesitan ser solucionados:
Servicios Públicos precarios. No es posible mantener una continuidad en el trabajo cuando cada 3 o 6 meses cambia la persona que lo desarrolla, o cuando se tarda meses, e incluso años en cubrir plazas estructurales básicas de servicio a la población. Trabajamos con personas/familias/grupos con problemas ¿Qué calidad de atención y servicios les estamos prestando? ¿Las Administraciones Públicas están siendo responsables del agravamiento de sus problemas?
Empleo público precario. Las Administraciones Públicas llevan más de dos décadas abusando de la temporalidad en las contrataciones de sus empleadas/os, lo que genera desprotección laboral y vulneración de derechos, algo silenciado todo este tiempo. En 20 años han salido escasas ofertas públicas, siendo casi inexistentes las destinadas a solucionar este problema. Las/os empleadas/os públicos estamos asistiendo a la desatención y/o destrucción continua de puestos: no se cubren vacaciones, bajas, excedencias, jubilaciones; se privatizan servicios que tienen que ser públicos; se realizan contrataciones “fugaces” de 3 o 6 meses, es decir, cuando la persona empieza a desarrollar de forma ágil y eficaz su trabajo de nuevo “al paro” con la siguiente sobrecarga laboral para otros, ralentizando de nuevo el trabajo que anteriormente se había adelantado. ¿Alguien puede entender que un servicio estructural y esencial tenga un 80% de temporalidad en sus empleadas/os públicas/os? Pues ésta es la situación.
Ineficacia de los Servicios Públicos, oportunidad para la privatización
Como he indicado al principio, no puedo ser objetiva respecto al abuso de la temporalidad, pero creo que ésta contribuye, y mucho, al deterioro de los Servicios Públicos, algo que es aprovechado por intereses y políticas privatizadoras, sino ¿alguien puede explicarme por qué servicios públicos que están al servicio de la ciudadanía y deberían garantizar su mejora de calidad de vida son infradotados para que su funcionamiento sea cada día peor? ¿Por qué no se inspecciona la temporalidad y la precarización en las administraciones públicas? Cada día son más los servicios estructurales y básicos que son privatizados o “externalizados” con el beneplácito político.
En las Administraciones Públicas, se presupone que el trabajo de dirección y planificación debería ser desarrollado, principalmente, por personal funcionario con formación y experiencia necesarias para esta tarea, que asuman la responsabilidad del desempeño. Si llevamos dos décadas sin apenas concursos ni pruebas selectivas, si las jubilaciones y bajas en muchos casos no se ha cubierto… ¿Es posible que contemos con equipos de planificación suficientes y actualizados? ¿Se aprovecha esta situación para que las responsabilidades y criterios técnicos se diluyan? Ante la falta de personal técnico estable y “de peso” ¿no se favorece una excesiva injerencia política en un trabajo que debe ser principalmente técnico?
Para el Trabajo Social y para una intervención integral con la población es fundamental el trabajo en equipo, pero éste se ha convertido casi en un imposible, la infradotación y/o la excesiva temporalidad en las/os miembros de los equipos hacen que el trabajo interdisciplinar sea inestable, y en muchas ocasiones irrealizable. ¿Cómo podemos plantear en estas condiciones planificar o intervenciones a medio o largo plazo? ¿Qué profesional asume la responsabilidad de las intervenciones? Esto incide también en las valoraciones para derivaciones de casos y en la emisión de informes, de los que dependen, en muchas ocasiones, las actuaciones que realicen otros servicios y que puede tener una repercusión muy importante en la vida de las personas.
Repercusión sobre el Trabajo Social, necesitamos soluciones
Tras todo lo expuesto y tras 25 años de desarrollo profesional, muchos son los sentimientos que me acompañan. Frente a los sentimientos positivos que me genera el poder ejercer la profesión que elegí estudiar y ejercer, así como el trato directo con la ciudadanía, se encuentran los sentimientos negativos que me genera la situación de los Servicios Públicos: preocupación, vergüenza, desapego, pesimismo, insatisfacción, inseguridad, desmotivación,… siendo la desesperanza, quizás, el sentimiento que más me ha dolido y que me ha hecho reaccionar, motivando este artículo.
Cuando hablo con compañeras/os, constato que sus sentimientos poco difieren de los míos, se evidencia la enorme frustración profesional que vivimos.
Quiero cerrar esta reflexión dirigiendo un llamamiento hacia los Colegios profesionales provinciales, autonómicos y al Consejo General del Trabajo Social, quienes nos representan profesional y políticamente: Estamos en un momento que se puede resarcir a todas/os las/os profesionales cuyos derechos laborales y profesionales se han vulnerado durante años y décadas mediante el abuso de temporalidad en sus contratos, lo que ha tenido indeseables consecuencias sobre los servicios en los que trabajan y ha afectado negativamente a la ciudadanía a la que atienden. La Justicia Europea con su normativa y sentencias ampara los derechos laborales que la Administración Española e incluso los sindicatos, que nos deberían defender, nos niegan, pidan una solución política y administrativa a tanta precariedad e injusticia. Las/os profesionales y la ciudadanía a la que atendemos merecemos un trato justo y digno, denuncien nuestra situación y la precariedad de los Servicios Públicos.
Natalia Bundó Queralt. Directora de Marketing de Pensium
Nuria Aguilera Gómez. Trabajadora Social de Pensium
En una sociedad como la nuestra, en la que el incremento de la esperanza de vida de la población es ya una realidad que hace que cada vez haya más personas de edad avanzada, se hace necesario considerar que se tendrán que destinar más recursos para cubrir sus necesidades.
Si en 2020 en España, la población que tenía 65 años o más era el 20% de la población total, en 2040 (sólo dentro de 20 años), las personas mayores de 65 años ya serán una de cada cuatro.
Y si analizamos los datos de personas de 80 años o más, el crecimiento es aún mayor, ya que se estima que pasarán a ser del 6% actual al 12% en 2040.
Tener una población con un número elevado de mayores, ¿es bueno o malo para la sociedad?
El envejecimiento de la población es una buena noticia, ya que responde a una atención sanitaria adecuada, gracias a los avances producidos en las últimas décadas, y a que la población tiene interés en su cuidado y su bienestar personal.
Sin embargo, una de las consecuencias de una población con un elevado número de personas mayores es el incremento de personas en situación de Dependencia. A diciembre de 2020 había en España más de 1.800.000 personas con solicitud de grado de dependencia, y más del 50% de estas solicitudes correspondían a personas mayores de 80 años. Teniendo en cuenta que, como se ha indicado anteriormente, se estima que la población de 80 años o más pase del 6% al 12% en los próximos años, es de prever que el número de personas dependientes se incrementará notablemente.
Este cambio de estructura social comporta muchos retos, ya que van a tener que incrementarse los recursos para atender al aumento de la población de más edad. Las necesidades de atención de las personas mayores serán cada vez mayores, y será necesario buscar nuevas alternativas para dar cobertura social a todas las situaciones.
¿Cómo afrontar estos nuevos retos?
España es un país desarrollado que garantiza a todas las personas el acceso a la educación, a la sanidad, a prestaciones en caso de jubilación, viudedad, etc., a prestaciones en caso de dependencia y acceso a muchas otras prestaciones públicas. Pese a ello, muchas veces nosotros mismos buscamos un complemento a estas prestaciones. Como ejemplo, en España, más de 10 millones de personas disponen de un seguro de salud privado como complemento a la sanidad pública. Asimismo, un 20% de la población dispone de Planes de Pensiones para complementar su futura jubilación.
La solución está en unir esfuerzos y buscar un equilibrio entre recursos públicos y privados
La capacidad de incrementar los recursos públicos es limitada. Por tanto, el gran reto de nuestra sociedad está en compaginar correctamente los recursos públicos con recursos privados aplicados de manera socialmente responsable. para poder cubrir todas las necesidades de la población.
Este punto será especialmente importante para cubrir las crecientes necesidades de la población mayor en los próximos años, y en especial, de las personas con dependencia.
¿Podremos dar respuesta a esta necesidad creciente de atención a las personas dependientes?
Un servicio básico de las sociedades avanzadas y uno de los pilares del cuidado a las personas dependientes son las residencias de mayores. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda una ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65. En España esta ratio es de 4,21, lo que muestra las necesidades de crecimiento del sector para poder ofrecer la cobertura adecuada.
Por lo tanto, ya tenemos el escenario para los próximos años:
un elevado número de personas mayores con dependencia, debido a la evolución natural de la población
la constatación de la OMS de que las residencias son una de las prestaciones básicas para estas personas
El factor que determinará la adecuada atención de las personas mayores dependientes será la posibilidad de un acceso rápido a la plaza residencial.
Y de nuevo volvemos a la importancia de unir esfuerzos entre recursos públicos y privados. En España el 73% de las plazas residenciales son privadas. Esto significa que las familias de las personas que están en estas plazas deben asumir un importante coste mensual. Y muchas veces es necesario buscar nuevas fuentes de recursos para asumir este coste
De hecho, que la etapa llamada la tercera edad tiene necesidades financieras es evidente, y es lo que ha promovido que cada vez se hable más de soluciones como las hipotecas inversas, las rentas vitalicias, etc. Son opciones que pueden ser una solución para un momento determinado, pero que hay que valorar bien, ya que pueden comportar la pérdida de la propiedad de la vivienda y, por lo tanto, del patrimonio familiar, y convertirse en lo que coloquialmente se conoce como ‘pan para hoy, hambre para mañana’.
Pero, como en muchos otros aspectos de nuestro día a día, aquí también ha aparecido la innovación en forma de nuevas opciones para incrementar los ingresos de las personas mayores y facilitar que tengan los recursos que necesitan para su cuidado.
Una de estas opciones es Pensium, un sistema de pago de la residencia o de la asistencia en casa de un familiar totalmente compatible con la asignación de prestaciones públicas y que permite a la familia pagar fácilmente sin necesidad de gastar sus ahorros ni perder su patrimonio.
¿Cómo funciona Pensium?
Pensium financia el pago de la plaza residencial privada a partir del alquiler de la vivienda de la persona mayor, que queda vacía al trasladarse a la residencia.
Pensium aporta a la familia, desde el momento de la firma del programa, la cantidad de dinero acordada, que puede ser de hasta el doble del alquiler de la vivienda. Además, si se necesita poner al día la vivienda (pintura, alguna reforma, etc.) se incluye en el programa para que la familia no tenga que poner ninguna cantidad de dinero.
Cuando la familia no necesita más aportaciones (por ejemplo, porque se accede a la plaza pública), Pensium sigue cobrando el alquiler del piso hasta recuperar el importe anticipado hasta ese momento.
Con este sistema se obtienen recursos gracias a la vivienda, y la propiedad siempre es de la familia.
Pensium es una empresa B CorpTM, acreditación que se otorga a determinadas empresas por su generación de impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, y tiene como objetivo ser un recurso adicional a las prestaciones públicas para que todas las personas que lo necesiten puedan acceder de manera rápida a los cuidados profesionales.
Conocer recursos alternativos que den una solución a la necesidad de cuidados de les personas mayores y ofrecerlos a las familias que lo necesiten es responsabilidad de todos. Y para las personas mayores en situación de dependencia, Pensium es una muy buena solución para que puedan pagar fácilmente la asistencia que necesitan.
BIBLIOGRAFÍA
INE, Población y fenómenos demográficos. Población residente en España a 1 de enero, por sexo, edad y año
Noelia Cruz González Directora de EFES Formaciones, Trabajadora Social, Formadora y Doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género.
¿Alguna vez te has preguntado porque los casos de suicidio no suelen aparecer en los medios de comunicación o porque no se habla tanto de esta problemática de salud pública? En este artículo te ofrezco las claves a estas cuestiones:
En la actualidad, el suicidio constituye un problema de salud pública. Alrededor de 800.000 personas fallecen por este motivo cada año. Estableciendo una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo, siendo la segunda causa de defunción entre las personas jóvenes de 15 a 29 años de edad (Organización Mundial de la Salud, 2019).
Sin embargo, a pesar de estos datos, existe un gran estigma que recae sobre las diferentes patologías relacionadas con la Salud Mental y el tabú social sobre la muerte. El suicidio en España se escribe con “s” de silencio, como menciona la revista Gaceta Médica (2020).
Esta problemática de salud pública y social es entendida como la “punta del iceberg” de algo más profundo. Los casos ocultos son muchos más que los recogidos en datos oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística (2018), en España, se suicidan 10 personas cada día, lo que supone más del doble de muertes por accidente de tráfico; 13 veces más que las muertes por homicidio y, 67 veces superior a los casos de muerte por Violencia de Género.
No obstante, estos datos tan abrumadores muestran contraposición con el silencio sobre la primera causa de muerte externa en nuestro país. Ni que decir tiene que, todo este ocultamiento de una realidad tan contundente posee denominación, es el conocido “Efecto Werther”, como menciona Álvarez Torres en su obra (2012). Restando visibilidad a una realidad (por miedo a la imitación o contagio) que, según muchas expertas y expertos exige transparencia e información responsable.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) viene alertando de esta otra pandemia silenciosa. El 10 de septiembre de 2020, Día Mundial Contra el Suicidio, esta misma organización instó a los países miembros a poner en marcha diferentes planes de prevención contra el suicidio. Sólo 38 países tienen establecido un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, en concreto para España, es una asignatura pendiente. Por este motivo, la Confederación de Salud Mental España reitera e insiste en su reivindicación, siendo este año más necesario que nunca. Debido al Covid – 19, las enfermedades y patologías relacionadas con la Salud Mental se han disparado. La incertidumbre, desilusión y desesperanza se ha instalado en nuestro imaginario colectivo, llegando a provocar mayores tentativas de suicidio y/o actos de suicidio consumado.
En cambio, se ha observado que, durante los primeros meses de confinamiento, descendió el número de llamadas al teléfono de la esperanza. La familia y el hogar ejerció de factor de protección de las personas en riesgo, favoreciendo e incentivando la comunicación interpersonal.
El Instituto Nacional de Estadística recoge en sus encuestas, periodo de enero a mayo 2020, una bajada de la tasa de suicidios y autolesiones infligidas, indicando un total de 1.343 muertes por suicidio. Descenso considerable respecto a otros años, como, por ejemplo, 2018: 3.539 personas fallecidas por suicidio. A pesar de este descenso, el teléfono de la esperanza jamás ha dejado de sonar. En Huelva, esta línea de atención y ayuda a las personas solicitantes ha duplicado el número de atenciones telefónicas diarias, con más de 3.500 llamadas en lo que transcurre de año y, más de 200 consultas a profesionales.
Siguiendo con la temática, no debemos olvidar que esta problemática social presenta una perspectiva de género, en su mayoría desconocida por la población general. Las mujeres muestran tres o cuatro veces más tentativas de suicidio que los hombres. Mientras que, los hombres consuman más el acto suicida. Pero, la curiosidad radica en la siguiente dicotomía de género: la mujer emplea métodos más silenciosos o pasivos (ingesta de fármacos o inhalación de monóxido de carbono), que exigen poca letalidad. Este hecho puede residir en su mayor rechazo hacia la violencia “culturalmente” o bien, en la siguiente idea estereotipada: “el hombre es más agresivo”. En consonancia, el perfil masculino ante la ideación y acto suicida no busca ni solicita apoyo ante el sufrimiento. Los suicidios masculinos tienen una estrecha relación con las dificultades emocionales y el modo de afrontamiento de estas. A consecuencia de la estructura social y la propia socialización diferencial, el hombre ha sido educado con la siguiente idea: “no es de hombres expresar las emociones, los hombres no lloran”. Implicando una falta de comunicación y retraimiento, siendo esto perjudicial para la salud mental del sujeto. En conclusión, el acto suicida se ha convertido en otra conducta estereotipada más de la sociedad heteropatriarcal en la cual estamos inmersas e inmersos.
Para finalizar, desde la disciplina del Trabajo Social se reclama la elaboración urgente de una propuesta estratégica nacional para la prevención del suicidio. Como dicta Nel González Zapico (Presidente de la Confederación de Salud Mental España) es necesario fomentar una sociedad más humana, empática, menos competitiva y materialista, basada en la educación e inteligencia emocional. La intervención social debe sustentarse en la evidencia científica, para el desmantelamiento de mitos sobre la conducta suicida y tabúes sobre el papel de la muerte en el proceso vital.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Álvarez Torres, Mayte. (2012). Efecto Werther: Una propuesta de intervención en la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (UPV/EHU). Norte de salud mental, 10 (42), págs. 48 – 55.
Lorena Gallardo Peralta Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid
Esteban Sánchez Moreno Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid
En este libro Lorena Gallardo y Esteban Sánchez nos presentan un recorrido transparente y crítico sobre la profesión.
Nos enseñan, el papel que las trabajadoras sociales tienen cómo agentes fundamentales del conocimiento de la exclusión social, el impacto de las desigualdades de género, la edad, la diversidad o la interseccionalidad, destacando esta labor, como una de las principales características de la profesión.
Nos hacen comprender, de una manera sencilla, la importante función que jugó el Estado de Bienestar en Europa para el desarrollo del trabajo social y la salvaguarda de derechos. Esto dio lugar a los sistemas de protección y pilares del bienestar, como son la salud, educación, o el sistema de pensiones. Se hacen eco y llaman a la reflexión acerca del debate existente sobre el cuarto pilar, lo que han dado en llamar “el pilar de los cuidados”.
Definen, como el paso más decidido hacia este pilar, la creación de la Ley de Dependencia, dónde las trabajadoras sociales tienen un papel fundamental en su creación y son sustentadoras de todo el recorrido hacia el reconocimiento de grado y asignación del recurso, insistiendo en el protagonismo de las trabajadoras sociales para la consolidación y desarrollo de este cuarto pilar del estado de bienestar.
ENTREVISTA
1. Cómo surgió la idea de este libro y el proyecto de vuestra colaboración.
La editorial “La Catarata” tiene una colección que aborda diferentes profesiones y disciplinas. El título de todos los libros comienza con “¿Para qué servimos los…?” La editorial nos contactó para poner en marcha el proyecto. Todo fue muy fácil, porque desde un primer momento llegamos a acuerdos básicos. Por ejemplo, que el título del libro se redactará en femenino, es decir, “¿Para qué servimos las trabajadoras sociales?” en lugar de “¿Para qué servimos los trabajadores sociales?” Desde nuestra perspectiva eso era fundamental, porque sin el reconocimiento de que se trata de una profesión en la que las mujeres son un elemento clave cuantitativa y cualitativamente, desde sus orígenes, era imposible comprender este libro. Esto implicaba un gran reto, primero porque es el primer título de la colección que toma esa decisión. Segundo, porque, aunque el libro – y quienes lo hemos escrito – tiene una perspectiva feminista, no es un libro sobre feminismo. Y tercero, porque no queríamos que el debate sobre el título pudiera contaminar los debates que planteamos en los capítulos que forman la obra.
2. ¿Está reconocido el papel de las trabajadoras sociales como agentes del conocimiento?
No lo creemos. Más bien al contrario, consideramos que ese es uno de los retos que tiene que abordar la disciplina. Y lo tiene que hacer de manera urgente y decidida. Para ello hay que dar pasos en diferentes ámbitos. En primer lugar, la consolidación de la disciplina en las universidades es clave. No nos referimos a consolidar el grado, “la carrera”, porque consideramos que eso ya se ha conseguido. El acento ha de ponerse en el posgrado, y especialmente en el doctorado. Es imprescindible que las facultades de Trabajo Social apuesten decididamente por el doctorado y la investigación porque, de otra manera, no será posible avanzar en la consolidación de la disciplina como agente de conocimiento.
En segundo lugar, en muchas ocasiones el conocimiento que se genera en el ejercicio profesional, que es mucho y se produce en el contacto directo con la realidad, no trasciende y queda “contenido” dentro del día a día de las trabajadoras sociales y de los trabajadores sociales. Esto, el hecho de que ese vasto conocimiento no se reconozca, está directamente relacionado con la necesidad de desarrollar la investigación en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Todas las disciplinas utilizan la colaboración entre la investigación y la profesión para avanzar y mejorar la práctica. En el caso del Trabajo Social, es preciso profundizar en la colaboración e interrelación entre investigación y profesión para mejorar los procesos de intervención y acompañamiento psicosociales, por ejemplo.
En tercer lugar, y con mucha frecuencia, el conocimiento que se genera en la práctica del trabajo social no es recogido en los medios de comunicación adecuadamente. La realidad social es extremadamente compleja, y más aún lo es cuando nos ocupamos de la desigualdad y la exclusión. El contenido y el formato de los medios no siempre permite abordar adecuadamente esta complejidad, de manera que las trabajadoras y los trabajadores sociales encuentran difícil incorporar su discurso a la idea que la ciudadanía tiene de su labor.
Por último, otras profesiones y disciplinas son reconocidas de manera más directa como agentes de formación de conocimiento en los temas en los que se desarrolla el trabajo social. De nuevo, aquí es imprescindible un trabajo cooperativo entre academia (universidades), profesión (colegios), instituciones públicas y tercer sector para generar y mostrar, en alianza, el conocimiento específico generado en la relación que las trabajadoras y los trabajadores sociales establecen con la realidad.
3. A lo largo del texto se detecta una constante llamada a la reflexión, consideráis que se piensa poco en “clave trabajo social”.
Consideramos necesario provocar. La reflexión es muy complicada en las sociedades contemporáneas, y lo es más aún en profesiones caracterizadas por la sobrecarga de trabajo y la sobrecarga emocional. Se trata de riesgos psicosociales que absorben la energía y pueden poner en cuarentena la reflexión. De manera que la respuesta es: “sí, se piensa poco en clave trabajo social”. Dicho esto, nuestra llamada constante a la reflexión tiene que ver con el convencimiento de que es preciso dirigir nuestra mirada a la profesión, a la disciplina, y analizar de manera crítica el papel que el trabajo social está jugando en la reducción de las desigualdades, en la mejora de las condiciones de vida, en el incremento del bienestar de las personas, en la reducción de la exclusión social. Y cuando decimos análisis crítico, incluimos la necesidad de una reflexión sobre los objetivos, las demandas, los recursos que se movilizan, las herramientas que se utilizan y el resultado de la propia acción. A veces se dice: “el objetivo del trabajo social es dejar de existir”. Esa conclusión no puede ser resultado sino de una falta de reflexión sobre los procesos sociales y sobre la propia naturaleza de la disciplina. En el libro lo decimos, y tenemos pleno convencimiento: el trabajo social no está aquí para combatir la desigualdad, sino para contribuir a crear sociedades que cuiden y protejan. Para terminar con las prácticas e instituciones que generan relaciones y situaciones de opresión. Y esa es una tarea interminable.
4. El último epígrafe del libro “¿para qué deben servir las trabajadoras sociales?, por qué ese nombre y no “para qué sirven”.
Queríamos provocar, queríamos hacer un planteamiento crítico. No basta con proclamar para qué sirve el trabajo social, no basta con defender la necesidad del trabajo social, no basta con mostrar que las trabajadoras sociales son parte fundamental de las instituciones del bienestar. Además de todo ello, es preciso buscar miradas, formas, herramientas, procedimientos y estrategias que permitan incrementar la utilidad de la disciplina y la profesión en las sociedades contemporáneas. El debate sobre la necesidad del trabajo social es relevante y necesario. Pero consideramos que si no se plantea un debate crítico – autocrítico – difícilmente se podrán identificar ámbitos y procesos en los que el Trabajo Social puede aportar una perspectiva específica, diferenciada y a la vez complementaria con respecto a otras perspectivas. Y ese debate es un debate sobre lo que debería ser – no sobre lo que es – una disciplina, una profesión.
Un ejemplo. El acceso al bienestar colectivamente generado es cada vez más difícil para un número creciente de grupos en nuestras sociedades, de manera que la incertidumbre y el riesgo son características de la vida cotidiana de cada vez más y más personas. Dicho de otra forma, las desigualdades han resurgido, sin duda, como una de las principales amenazas de nuestras sociedades y de nuestras democracias. Son utilizadas para alimentar un discurso atravesado por el populismo, el extremismo, el rechazo a la diversidad y la afirmación de la política como un medio para establecer una diferencia aprovechada entre la ciudadanía legítima y la ciudadanía ilegítima. Además, se da la paradoja de que las personas que sufren y padecen esas desigualdades se cuentan entre las más susceptibles a incorporar este tipo de discursos. En España lo estamos viendo, asistimos al avance de un partido con planteamientos ideológicos difícilmente compatibles con los principios democráticos de gobierno y convivencia. ¿Qué puede hacer el Trabajo Social en la sociedad contemporánea? ¿Para qué debería servir el Trabajo Social en un contexto como este, plagado de incertidumbres y crecientemente dominado por un discurso que pretender acabar con esas incertidumbres sin comprenderlas?
Es solo un ejemplo de lo que queremos plantear con ese último epígrafe. Queríamos que fuera una llamada al debate, a la crítica y a la autocrítica social.
5. ¿Creéis que este libro ayudará a que la sociedad nos conozca o ayudará más aún a que desde dentro de la profesión nos conozcamos?
El objetivo que teníamos cuando escribíamos el libro era que la profesión fuera más conocida por la ciudadanía, sin duda. De hecho, tenemos el convencimiento de que la imagen que la sociedad en general, la ciudadanía de a pie, tiene del trabajo social está con demasiada frecuencia construida a base de lugares comunes, estereotipos y malentendidos. Cualquiera que conozca a una trabajadora social sabrá que está dispuesta a aclarar esos malentendidos en cualquier momento y en cualquier lugar, a cualquier persona que quiera escuchar. Y, a pesar de todo, creo que hay un acuerdo generalizado en torno al desconocimiento que se tiene de la profesión entre la ciudadanía. Con esto queremos decir que la visión que a menudo se tiene de lo que hacen las trabajadoras y los trabajadores sociales es borrosa, traslúcida, pero prácticamente todo el mundo sabe (o cree saber) a qué se dedica la psicología, o la medicina, o la enfermería, o el derecho, o la economía. Por ello, teníamos un interés especial en mostrar los ámbitos de trabajo de las trabajadoras sociales, qué hacen en los servicios sociales, cómo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas dependientes, o de las mujeres que son víctimas de violencia machista, por poner algunos ejemplos.
Sin embargo, hemos comprobado que el libro ha sido recibido por la profesión como un estímulo al debate “interno”, como una contribución a la discusión en torno a los elementos que constituyen el quehacer profesional de las trabajadoras y los trabajadores sociales, como una pequeña provocación al diálogo para seguir avanzando en el desarrollo de la disciplina. Nos han escrito trabajadoras sociales para transmitirnos que el libro puede ser una contribución en ese sentido. Gracias a la edición digital, esto incluye a colegas latinoamericanas, lo que nos hace sentir mucha alegría y responsabilidad por el impacto de nuestro trabajo. De hecho, el libro ha recibido ya dos reseñas en dos revistas especializadas, en Trabajo Social Hoy, del Colegio de Madrid, y en Itinerarios de Trabajo Social, de la Universitat de Barcelona). En ambas reseñas se señala que en el libro se plantean temas de interés para la profesión, para la disciplina y para las trabajadoras y los trabajadores sociales. Es evidente que no queremos generar acuerdos o consensos con nuestros planteamientos. Más bien al contrario, lo que pretendíamos era provocar. Provocar sin más. Porque, como decíamos antes, la reflexión y la reflexión colectiva (es decir, la discusión) son necesidades vitales para que la disciplina avance y profundice en prácticas antiopresivas tan necesarias en los tiempos que corren.
Muchas gracias por la entrevista y por el interés en nuestro libro.
Belén Navarro Llobregat Trabajadora Social Directora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios “Alpujarra” de la Diputación de Almería Bloguera: trabajosocialytal.com
Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído de Marcela. Antes de morir, le reveló su secreto: –La uva– le susurró –está hecha de vino– Marcela Pérez Silva me lo contó y yo pensé: Si la uva está hecha de vino, quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos Eduardo Galeano El libro de los abrazos (1989)
Las más jóvenes no lo habrán vivido, pero quienes como yo peinan canas, recordarán la nefasta enseñanza musical del colegio. Quienes teníamos la suerte de gozar de un buen oído musical, éramos elegidas para el coro o para la actuación de fin de curso. En cambio quienes tenían un oído, digamos, menos afortunado eran relegadas al ostracismo musical o, en el mejor de los casos, a ejecutar un perfecto playback. La verdad es que mover la boca mientras tus compañeras y compañeros cantan a pleno pulmón es aún más cruel que apartarte del coro. También estaban los docentes que pedían al grupo desafinador que cantasen más bajito, una solución menos cruel que la eugenesia musical del playback o la orden de alejamiento. Ignoraba ese profesorado cerril que el oído musical, como tantas otras cosas, puede ser educado y que una de las maneras es precisamente cantando. A día de hoy vagan por España hombres y mujeres de mediana edad que, víctimas del trauma, no se atreven a cantar ni en la ducha. Solo el gin tonic es capaz de obrar el milagro en el karaoke con resultados funestos para el público.
Con la escritura pasa algo parecido. Cuando pensamos en escribir se nos viene a la cabeza Almudena Grandes, Mario Vargas Llosa o Ana María Matute y, conscientes de que no podremos alcanzar tal excelencia, guardamos la libreta en un cajón o apagamos el ordenador y las ideas que atesoramos jamás verán la luz. Sin embargo, si preguntáramos a cualquiera de estas grandes plumas, nos dirían que sus primeros escritos eran horrorosos y nos explicarían que la escritura tiene mucho de gimnasia, de músculo, de ensayo y error. En definitiva, práctica. Ninguna persona nace escritora del mismo modo que todas las personas que se dedican a la música tampoco nacen siendo Mozart. Ni siquiera ocurre en el deporte, donde por cada Roger Federer hay muchos más Rafa Nadales que han tenido que machacarse y machacarse para mejorar su servicio mediocre.
Lo más importante de todo es que se puede jugar al tenis sin ser Rafa Nadal y se puede escribir sin ser Almudena Grandes. Pienso que las trabajadoras sociales deberíamos escribir en masa. Contamos con pensadoras e investigadoras que han hecho grandes aportes a la profesión, pero no es suficiente. Esta profesión tiene el derecho de escribir y la obligación de hacerlo. Nos sobran los motivos. Propongo tres. Este artículo es un alegato a favor de la escritura. Así, sin más. Por una escritura introspectiva, o rebelde, o serena, funcional, creativa o militante, como es mi caso. Decía Gabriel Celaya:
“Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho.” Cantos Íberos (1955)
La escritura puede ser el arma contra el futuro distópico que casi es presente. El mundo postcapitalista que estamos viviendo tiene visos de convertirse en una especie de planeta diseñado por Aldous Huxley. Ignoro si quienes rigen nuestros destinos son los gobiernos, el club Bildeberg o la pasividad de una población cada vez más desinformada, cada vez más desconectada de lo colectivo y más encerrada en sus infiernos personales, el caso es que la cosa no pinta bien, y ese es el primer motivo para escribir que comparto en estas líneas.
1. El diluvio que viene
El ejercicio público, en general, cada vez es más defensivo y menos proactivo. Más centrado en los medios y menos en la misión. Más preocupado por el formalismo que por el bienestar, en palabras de Philip Alston (2019) La COVID 19 y el auge de la administración electrónica han puesto la puntilla. Las modernas leyes que otorgan derechos a los otrora administrados/as hoy ciudadanos/as son papel mojado. Menguan y se recortan tanto los derechos de las personas como su capacidad de respuesta ante los abusos institucionales. Poner una reclamación, conocer el estado de una solicitud o hablar personalmente con alguien es cada vez más difícil. Intrincados procedimientos electrónicos, carteles tipo deténgase en las puertas o presencia de vigilantes cumpliendo el encargo de filtrar la entrada son ejemplos de lo que denomino bunkerización, que da lugar a una vergonzosa indefensión de la ciudadanía frente a la máquina burocrática. El trabajo social, según muchos autores, no ha escapado a esa deriva neoliberal. Por no hablar del odioso mandato institucional de certificar pobreza y gestionar prestaciones míseras, un encargo que va fagocitando la esencia de la profesión, lenta, pero inexorablemente. Apunta Parajuá (2017, p. 305):
“Hay que tener en cuenta que el Trabajo Social moderno ha desarrollado buena parte de sus códigos de verosimilitud en base a un movimiento de despersonalización, distancia y extrañamiento respecto a los sujetos intervenidos”.
Sea para contraargumentar esta afirmación o detener esta dinámica perversa, la escritura es una herramienta imprescindible. También para imaginar otro mundo, altercapitalista e igualitario, puesto que el patriarcado es otra de esas lacras a la que la profesión debe contribuir a erradicar. Desde dentro. El patriarcado en trabajo social es el elefante en la habitación. Uno más en la profesión.
2. Los hombres nos explican cosas
Si no ha quedado claro hasta ahora, me encanta cuando la gente me explica cosas de las que saben y yo estoy interesada, pero aún no sé; es cuando ellos me explican cosas que sé y ellos no cuando la conversación se tuerce Rebecca Solnit Los hombres me explican cosas (2016)
Decir que el trabajo social es una profesión feminizada es una verdad obvia. Decir que el trabajo social también sufre los efectos del patriarcado es una verdad incómoda. Yo misma lo he padecido en mis carnes en forma de mansplaining*, por parte de hombres procedentes de la academia en diferentes redes sociales, sobre todo twitter. Jamás me ha ocurrido con ninguna profesora universitaria. Siempre con hombres. Afortunadamente no todos los académicos pecan de machoexplicación. Se podrá argumentar que twitter es para debatir y que quizá es que yo tenga la piel muy fina. El asunto reside en los términos en que se produce ese debate. También pudiera ser que esté generalizando sobre un problema que solo me ocurre a mí, sin embargo la propia Rebecca Solnit cuenta en su libro que en EE.UU., a raíz de su publicación, se abrió una página web llamada Los hombres académicos me explican cosas y que los testimonios que allí se volcaron fueron miles. En España en general y en la profesión en particular pasaría algo similar si se abriese una página web parecida. Estoy muy segura porque esta conversación la he mantenido con muchas compañeras que han vivido lo mismo que yo.
*Según el diccionario de Oxford, la palabra mansplain es un término informal que significa (dicho de un hombre) ‘explicar (algo) a alguien, normalmente una mujer, de forma condescendiente’ «machoexplicación», alternativa a «mansplaining» | Fundéu. (n.d.). Recuperado el 11 de abril de 2021, de https://www.fundeu.es/recomendacion/condescendencia-machista-alternativa-a-mansplaining/
¿Qué cosas pueden explicarnos los hombres de la academia sobre las que saben menos que nosotras? Muy sencillo: Intervención social. Nadie sabe más sobre intervención social que las propias profesionales. No apoyaré esta afirmación sobre ninguna cita. Estos hombres son, no me cabe duda, eruditos en política social, modelos de bienestar social o servicios sociales, pero la inmensa mayoría no sabe nada sobre intervención social. Sin embargo, se permiten despachar nuestras reclamaciones sobre la deriva del sistema de servicios sociales o las negativas a hacer esto o lo otro con un argumento tan patriarcal como nuestra tendencia a la queja, acusación que por sí sola daría para un artículo. Por eso es nuestra obligación escribir para rebatir y explicar, porque somos nosotras quienes estamos padeciendo los efectos de las desastrosas políticas sociales sobre la relación de ayuda, en una preocupante deriva desde el acompañamiento al control. Como explicaré más adelante, no son ellos los únicos autorizados a describir la realidad del trabajo social o los servicios sociales. En palabras de Silvia Navarro Pedreño, no hay un saber menor, solo saberes diferentes (2017, p.154)
3. Escribir para pervivir
Somos responsables de preservar ese bagaje de historias gracias a las cuales crecemos y creamos. Irene Vallejo Manifiesto por la lectura (2020)
Sé de muchas trabajadoras sociales anónimas que hacen su trabajo con pasión, rigurosidad científica y ética con mayúsculas. Mujeres que atesoran saberes de incalculable valor. Hacedoras de aquellas pequeñas cosas grandes para muchas familias. Esas compañeras a las que llamas por teléfono para preguntarles sobre un caso que te angustia. Mujeres harto conocidas por el corrillo profesional que, sin la más mínima intención, se convierten en referentes. Profesionales cuyas intervenciones épicas son rememoradas después de su jubilación ¡Se levantó en la reunión y le dijo las verdades del barquero al delegado! ¡Se negó a participar en aquella indignidad! ¡Consiguió que se reabriera ese centro o evitar aquel cierre! Cosas pequeñas que hacen del mundo un sitio grande. Son esas mujeres que dejan un vacío infinito en la profesión cuando se marchan.
Esas mujeres no suelen dejar por escrito aquellas supuestas pequeñas cosas que han logrado. Se llevan el conocimiento consigo y eso da qué pensar. Quizá porque esta profesión es femenina y feminizada. En su interesantísimo artículo El devenir del trabajo social en clave de género Ainhoa Berasaluce Correa nos cuenta, sobre los colegios profesionales:
“en el mantenimiento de esta estructura un elemento clave ha sido el hecho de estar integrada mayoritariamente por mujeres, ya que la actividad de los Colegios Profesionales se ha caracterizado más por satisfacer las necesidades de autoayuda del propio colectivo (Peña y Aranguren, 2008), necesidades éstas atribuidas fundamentalmente a las mujeres, que por cuestiones vinculadas con la presencia pública, de mayor interés para los hombres. Muchas veces he pensado que se trata de una forma característica de relacionarse entre mujeres, en la que prima el grupo sobre la persona y en la que se da mucha importancia a los vínculos afectivos y a las relaciones interpersonales” (p. 135)
Es llamativo el paralelismo que muchas profesionales realizan entre el trabajo social y la costura, un acto femenino y a la vez colectivo por excelencia, en el que las mujeres entre retales, jaboncillos y bobinas de hilo cosen mientras comparten preocupaciones, alegrías, confidencias y dolores. Una actividad, la costura, en la que el apoyo mutuo cobra todo su sentido y potencial. En cambio la escritura es una actividad solitaria que requiere de tiempo y espacio, como ya describió Virginia Woolf en su famosa novela Una habitación propia, que ilustra mejor que yo misma lo que pretendo compartir en este artículo.
Según Chimamanda Ngozi Adichie es imposible hablar de relato único sin hablar de poder (2018, p.18). Quien maneja el relato tiene el control sobre la realidad. Quienes aplican las prácticas narrativas parten de historias saturadas de problemas que son deconstruidas con el protagonismo de la persona para reconstruir historias alternativas. Frente al relato impuesto de la queja y la pasividad, podemos tejer, juntas, una trama de posibilidades. Porque las historias, como también dice Chimamanda, importan. Muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar (p.28). Sé que el tiempo es escaso. Que se ha de buscar un hueco que no existe. Que es difícil ponerse. Sé bien que los conocimientos que se requieren hay que aprenderlos. Y sé que las revistas científicas no lo ponen nada fácil si se intenta escribir un paper. De hecho pareciese que más de un revisor o revisora disfruta machacando el texto que tiene entre manos. Jamás entenderé la hipocresía de cierto sector de la academia al animar a las profesionales a que escriban y paralelamente corregir con innecesaria saña, cosa por otra parte bastante fácil tras el anonimato de las revisiones. Mientras tanto, el trabajo social y la propia sociedad siguen ávidos de saberes subalternos, de muchas pequeñas historias que, minúsculas pero tercas, se obstinan en llevar la contraria a la realidad.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Adichie, C. N. (2018). El peligro de la historia única.
Alston, P. (ONU). (2020). Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. In Asamblea General de las Naciones Unidas. https://doi.org/10.18268/bsgm1908v4n1x1
Berasaluze Correa, A. (1986). El devenir del trabajo social en clave de género. Zerbitzuan: Gizarte Zerbitzuetarako Aldizkaria = Revista de Servicios Sociales, ISSN 1134-7147, No. 46, 2009, Págs. 133-140, 46, 133–140. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3119461
Galeano, E. (1993). El libro de los abrazos. Editorial siglo XXI.
Navarro, S. (2017). Saber femenino, vida y acción social. Editorial CCS.
Parajuá, D. (2017). El dominio narrativo. Notas para un análisis crítico de la codificación institucional de los pobres. Cuadernos de Trabajo Social, 30(2), 301–313.
Solnit, R. (2015). Los hombres me explican cosas. Capitán Swing.Vallejo, I. (2020). Manifiesto por la lectura (F. de gremios de editores de España (Ed.).
Mª José Serrano García Trabajadora Social ETPOEP Córdoba. Delegación Territorial de Córdoba
En enero de 2020 se declaró el estado de pandemia mundial, debido a la virus conocido por COVID 19, en aquel momento pocos podíamos imaginar las consecuencias que iba a tener esa declaración. En España se declaró el estado de alarma el día 14 de marzo, debiendo permanecer toda la población confinada en sus domicilios, comercios, hostelería, universidades, colegios e institutos cerrados. Esto supuso un reto para el sistema educativo, atender a todo su alumnado de una forma virtual, cosa que hasta la fecha nunca se había hecho, para las familias de ese alumnado también supuso un gran esfuerzo, seguir el ritmo que desde los centros imponían sin que en muchos casos pudieran disponer de las herramientas necesarias para ello.
La pandemia descubrió una realidad de la ciudadanía en general y del sistema educativo, en particular. La falta de medios, preparación y conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas que existen, esta situación se superó gracias al gran esfuerzo que por todas partes se realizó, tanto por los equipos directivos, docentes y demás miembros del sistema educativo, como trabajadoras sociales, educadoras sociales, maestros de compensatoria, maestras de ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) como por parte de las familias. Pero la realidad es que siempre existen personas que se quedan en los márgenes y que no pueden acceder a esta nueva forma de dar clase, por carecer de las herramientas necesarias para ello o por no tener los conocimientos. Se vio claramente que hay familias que no tienen los medios necesarios para poder acceder a la educación en condiciones de igualdad, la falta de ordenadores, tablets… la falta de conexión a internet, la falta de una conciencia clara de la importancia de la educación que en determinados contexto existe, provocó desgraciadamente, que parte del alumnado se quedará fuera del sistema, y que su curso escolar terminará en marzo.
Ante esta situación tan inesperada, el sistema educativo tuvo que adaptarse muy rápidamente, realizando actuaciones, que en algunas ocasiones, no estaban dentro de las competencias del mismo. Pero con el objeto de dar cobertura a las necesidades más básicas del alumnado, tanto es así que las trabajadoras sociales del sistema educativo, se coordinaron con los Servicios Sociales municipales para abordar las nuevas situaciones y demandas que estaban surgiendo, como gestiones de reparto de alimentos a familias, donde el alumnado que antes de la pandemia era atendido a través del Plan SYGA, se encontró de un día para otro sin recibir la comida y merienda que recibía, ahí se tuvo que hacer un gran esfuerzo de coordinación entre los centros educativos y los servicios sociales municipales para organizar el reparto de comida lo más rápidamente posible, abriéndose los centros escolares para que las familias pudieran recoger la comida, este reparto también se realizó por parte de protección civil, la coordinación y derivación para el pago de suministros básicos, entrega de material escolar, incluso el más básico, a las familias con más vulnerabilidad social y por ende, con más riesgo de padecer desconexión digital y social.
En el empeño de evitar esa desconexión digital nos encontramos con un perfil de alumnado, que a pesar de disponer de los medios tecnológicos necesarios para continuar con el ritmo escolar, no estaban accediendo a las diferentes plataformas habilitadas, no entregaban las tareas que pedían desde tutoría, las familias no respondían a las llamadas que desde el centro se realizaban para conocer cuál era la situación de este alumnado, y en muchos casos, cuando conseguían contactar las familias no colaboraban para lograr que sus hijos e hijas se engancharan al ritmo de sus compañeros/as, a esta situación la denominamos TELEABSENTISMO. Y se definió como la circunstancia que se da cuando en la etapa de escolarización obligatoria se tenga que dar a distancia o telemáticamente las clases por situaciones excepcionales, El “Alumno/a que lleve una semana (5 días lectivos) sin responder a la formación sin causa justificada, entendiendo esto último como avería, falta de medios telemáticos o infraestructura etc…)
Durante el primer periodo de confinamiento desde los centros escolares tuvieron que solventar un gran número de incidentes, desde alumnado que no sabían dónde se encontraban, ya que sus familias habían decidido cambiar su domicilio habitual por el de segundas residencias, en parcelas o zonas de la sierra, donde tienen más dificultades para poder acceder a internet, por falta de ordenadores o tablets en esas residencias, poca cobertura para los móviles; en otros casos las necesidades eran de primer orden, encontrándonos con alumnado que no tenía libretas, lápices…, el material más esencial para poder estudiar, y tampoco tenían medios económicos para poder comprarlos, ya que no podían ni cubrir las necesidades más básicas, como la alimentación, higiene o pago de suministros; Otra dificultad fue la que tuvieron muchos progenitores para compaginar su “teletrabajo” con el “tele-estudio” de sus hijos e hijas relegando en alguna ocasión la educación de sus hijos e hijas a un segundo plano para poder cumplir con sus obligaciones laborales; Otra realidad que detectamos fue la de los progenitores que pertenecían a “colectivos considerados esenciales” y debían seguir trabajando fuera de sus domicilios, dejando en algunos casos a sus hijos e hijas solos, en los casos de los más mayores, o al cuidado de los/as abuelos/as, cosa que dificultaba mucho que los pudiera ayudar con el uso de los ordenadores, tablets, plataformas…
Esta situación nos mostró que la realidad es compleja, ya que no existe una normativa adecuada a esta nueva realidad y hay que adaptar una normativa ya obsoleta a un escenario que nos supera.
Para empezar hemos tenido que diferenciar muy bien, entre el “absentismo tradicional”, aquel con el que estamos más familiarizadas, y existe una normativa al respecto, aunque esté desfasada. Este alumnado comparte unas características muy similares, zonas geográficas muy delimitadas (Barriada de Palmera, Sector Sur, Moreras en la ciudad de Córdoba, en Puente Genil con las barriadas de Juan Rejano y Quevedo, la Barriada de los Mochos en Almodóvar del Río, y otras) , con situaciones de riesgo de exclusión social o exclusión social, familias con grandes necesidades económicas, donde lo importante es llevar un jornal a casa, poca conciencia de la importancia de la educación para conseguir salir de estas situaciones de pobreza y exclusión social, familias donde el absentismo escolar es la norma y el asistir al centro es la excepción.
Por contra, ha surgido otro perfil, y que hemos denominado “Alumnado no Vulnerable”, donde sin justificación alguna se están dando situaciones de absentismo escolar, por miedo al Covid, este ámbito es de los más complejos de abordar, ya que nos encontramos con diferentes casuísticas, desde la que los progenitores justifican sin más las faltas de asistencia, produciéndose, en algunos casos un abuso de estas justificaciones, y donde a pesar de todas las actuaciones que se han hechos desde el centro escolar (se han puesto en contacto con la familia para solventar el absentismo, ofreciendo espacios de diálogo y colaboración e incluso acompañamiento desde los equipos de orientación, donde se ha hecho una labor encomiable de acercar lo máximo posible el centro escolar a las familias, para que se sientan segura). Pero desgraciadamente en algunos casos no se ha obtenido respuesta alguna. Hasta casos donde los progenitores se han encargado de solicitar las actuaciones de notarios y abogados para cuestionar la seguridad en los centros educativos, con el único fin de no llevar a sus hijos e hijas al centro escolar. Ante estos casos desde el sistema educativo, se ha optado por abrir los expedientes de absentismo escolar, iniciándose un gran número de expedientes al principio de curso, pero estos casos han ido evolucionando en el transcurso del primer trimestre, en su mayoría la situación se ha reconducido y el alumnado se ha ido incorporando poco a poco de nuevo a sus clases, pero desgraciadamente tenemos que reconocer, que siempre existe un número de casos, en que esto no se ha producido y son en estos, donde el protocolo debe seguir adelante, y ya se están interviniendo desde los ETAES, los Servicios Sociales, la Policía Local para evitar que estos alumnos y alumnas sigan sin asistir al centro escolar, por que al final los grandes perjudicados son nuestros alumnos y alumnas.
Este momento que estamos viviendo nos ha aportado un amplio abanico de situaciones, y cada una necesita una respuesta adecuada a las necesidades, así pues nos estamos encontrando con “Alumnado Vulnerable”, que entendemos por aquel que no puede asistir presencialmente al centro por prescripción médica, debido a su enfermedad o por la de un familiar cercano. En este caso, desde el sistema educativo ha habido que habilitar las herramientas tecnológicas necesarias para ofrecerle un acceso a la educación en iguales condiciones que sus compañeros y compañeras, debiendo al mismo tiempo realizar seguimientos y coordinaciones entre el equipo directivo, tutores y tutoras y demás miembros del sistema educativo y las familias, para comprobar que se está aprovechando al máximo las clases.
Esta pandemia nos ha demostrado una vez más que la norma va siempre por detrás de la sociedad, y que si la normativa en el tema de absentismo escolar ya no estaba cubriendo algunas necesidades respecto a este tema, ha puesto en el tablero una realidad que era inimaginable, la enseñanza a través de las nuevas tecnologías y las necesidades que este método puede tener. Quizá esta sacudida tan grande debiera hacer reflexionar a nuestras clase política y apostar por una educación inclusiva en todos los niveles e incluir en la nueva normativa sobre absentismo escolar, todo lo que en estos meses de pandemia el sistema educativo ha tenido que reciclarse para llegar a aquellas personas que menos tienen.
Alba López Pozo. Trabajadora Social. Máster Universitario en Estudios de Género, Identidad y Ciudadanía
Hoy en día, todo el mundo habla sobre la perspectiva de género, desde personas físicas, entidades hasta Administraciones Públicas. Sin embargo, realmente muy pocas personas conocen lo que se esconde detrás cuándo se habla de ‘perspectiva de género’. En muchos documentos se denomina también transversalidad de género o mainstreaming de género.
La perspectiva de género ‘se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear lascondiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género’ (Gobierno de México, 2021). Por lo que la perspectiva de género pretende reducir la desigualdad construida culturalmente.
La transversalidad de género surge en el año 1985 en la III Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Naciones Unidas, 1985). La transversalidad de género surge como equidad entre hombres y mujeres a través de las políticas específicas de igualdad. Estas políticas recogen medidas de acción positivas dirigidas a las mujeres que son incorporadas en todas las etapas de la actividad política: diagnóstico; planificación; ejecución y evaluación.
Sin embargo, la perspectiva de género no solo se enmarca a nivel político, sino que es una ‘visión’ de la realidad diaria. Una metáfora muy utilizada para explicar estas intervenciones es la llamada ‘gafas violetas’. ‘Las gafas violetas’ es como decir ‘mira desde otro punto de vista, mira desde mi punto de vista como mujer’. Esta herramienta pretende ser una mirada crítica que deconstruya de forma intrínseca el patriarcado construido desde hace siglos en el cual subordina a la mujer por parte del hombre debido a la cultura y tradición.
El machismo está intrínseco en las estructuras de la sociedad desde hace muchos siglos a todos los niveles (local, autonómico, estatal e internacional) es por ello que se diseñaron normativas para comenzar a reducir las desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres; prevenir la violencia contra las mujeres, etc.
Las normativas más destacables son las siguientes:
Constitución Española.
Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
Instrumento de Ratificación por parte de España del Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Excepto la Constitución Española, las demás normativas recogen medidas que promueven la discriminación positiva.
En 2015, desde Naciones Unidas se estableció un acuerdo con 193 países con los objetivos que persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. Estos objetivos se denominan los Objetivos del Desarrollo Sostenible y son 17 en total.
Sin embargo, aun habiendo normativa que obliga a las distintas instituciones a todos los niveles a intervenir día a día incluyendo la perspectiva de género, la realidad es otra muy distinta.
Hoy en día sigue existiendo, entre otros aspectos, profesiones masculinizadas o feminizadas, el llamado ‘Techo de Cristal’, urbanismo masculinizado, ocultamiento del papel de la mujer en la Historia, culpabilidad de las mujeres en el ámbito familiar, lenguaje excluyente, vergüenza propia en el contexto sexual por parte de las mujeres, etc… Cabe añadir, la inadecuada gestión emocional por parte de los hombres, exceso de responsabilidad económica varonil, falta de habilidades socio-comunicativas para expresar pensamientos y sentimientos por parte de los hombres, etc. En este artículo se realiza una breve reseña a algunos de los aspectos mencionados anteriormente:
Urbanismo masculinizado
Según Serafina Amoroso (2020), ‘las mujeres viven en ciudades que no han sido diseñadas para y por ellas’ (Revista Crítica Urbana, 2020). Esta autora hace referencia a los distintos patrones de movilidad y de la utilidad del transporte público diferenciado entre hombres y mujeres. Las mujeres, por su rol tradicional de cuidadora suelen realizar recorridos más complejos (el hombre suele ir de casa-trabajo-casa; en cambio la mujer suele realizar casa-trabajo-compra-colegio-dentista-etc) y prácticamente diurno, ya que debido a la poca iluminación (entre otros factores) las mujeres temen salir de noche por si pudiera ocurrir algún tipo de agresión. Cabe resaltar que en las grandes ciudades, principalmente, cada vez están más concienciadas, por lo que toman medidas, como, por ejemplo, que el autobús urbano permita acercar a las mujeres lo máximo posible a su domicilio.
Lenguaje excluyente
A través del lenguaje se expresa los pensamientos, costumbres y cultura de un grupo determinado. El lenguaje influye en la discriminación y en la desigualdad de forma natural que históricamente ha ocurrido, y sigue ocurriendo, entre hombres y mujeres.
Según la UNED ‘el sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. Tal y como considera la lingüista Eulalia Lledó “el lenguaje no es sexista en sí mismo, sí lo es su utilización. Si se utiliza correctamente también puede contribuir a la igualdad y a la visibilización de la mujer” (UNED, 2021).
Un ‘truco’ para afirmar que un texto es sexista es la denominada ‘regla de inversión’, es decir, consiste en convertir los términos masculinos por femeninos, y viceversa.
Inadecuada gestión emocional por parte de los hombres
La cultura y tradición machista ha influido en una represión emocional por parte de los hombres tanto en el ámbito público como el privado(‘los niños y los hombres no lloran’).
La Organización Mundial de la Salud define la salud emocional como ‘estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad’ (recogido por DKV, 2019).
Es por ello, que a la hora de afrontar ciertas experiencias no tienen herramientas para gestionar las emociones que éstas les producen. La Universidad Autónoma de Barcelona recoge que ‘la autogestión emocional es una de las competencias del autoliderazgo consciente, que nos permite ser los propios gestores de nuestro proyecto de vida. Entrenarnos para afrontar emociones desfavorables o negativas y estimularnos con emociones positivas son la clave para la construcción de nuestro bienestar’ (Universitat Autònoma de Barcelona, 2021).
Exceso de responsabilidad económica varonil
Como es conocido, la gran mayoría de las mujeres cobran menos que los hombres. Esto es debido principalmente a que las mujeres siguen siendo las cuidadoras principales del hogar. Hace unas décadas, las mujeres se incorporaron al mundo laboral y lo hacían como ‘entretenimiento o para pagar sus cosillas’. Los hombres eran quienes ‘traían’ el grueso económico a casa para pagar la hipoteca, ropa, comida, etc. De ahí la expresión conocida como ‘cabeza de familia’. Sin embargo, aunque actualmente las mujeres tienen más independencia económica, a nivel salarial siguen permaneciendo al mismo nivel desigualitario.
Esto da lugar a que, actualmente, aunque mujer y hombre trabajan con la misma jornada laboral en el mismo puesto de trabajo, sigue siendo el hombre, por el mero hecho de serlo, el responsable de sustentar económicamente el hogar.
Estos son solo algunos de los aspectos que se relacionaba con la ‘no perspectiva de género’ que al día de hoy se han ido reduciendo gracias a herramientas como los Planes de Igualdad. Un Plan de Igualdad es ‘un conjunto ordenado de medidas evaluables, dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo en las empresas. El plan de igualdad se estructura tras la realización previa de un diagnóstico, negociado con la representación legal de las personas trabajadoras, y elaborado en la comisión negociadora de dicho plan de igualdad. Los planes de igualdad deberán fijar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. También deben incluir el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados’ (Unión Sindical Obrera, 2020)
Para concluir, la mayoría de las personas trabajan cada día con y por la perspectiva de género, en la igualdad entre hombres y mujeres, sin importar el tamaño del gesto, ni el ámbito de actuación (educación; sanitario; histórico, político, social, etc.) lo importante es que la perspectiva de género está en movimiento y que se está visibilizando a las mujeres que han sido borradas de la historias (como científicas; escritoras; etc.) así como promover espacios accesibles y seguros sin importar si es de día o de noche.
Jefatura del Estado. (2019). Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 2021, de Boletín Oficial del Estado Sitio web: https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3244-consolidado.pdf
José María Regalado López Trabajador Social, Director de Inmersión TIC Academy Profesor Universitario en la Universidad de La Salle y en la Universidad Pontificia de Comillas
El Trabajo Social se encuentra en un momento paradójico, tiene que acompañar en un contexto en el que lo tecnológico es fuente de inclusión y exclusión social. Y donde, para garantizar una igualdad de oportunidades de desarrollo, se requiere orientar en la adquisición y aprendizaje de unas competencias digitales que, en buena medida, profesionalmente hemos dejado conscientemente y alejado de nuestro propio desarrollo profesional.
El último año, con la pandemia COVID_19, nos ha arrollado el tsunami de la digitalización y nos ha encontrado a pie cambiado para iniciar la carrera de la denominada Transformación Digital. Siendo profesionales especializadas en luchar contra las desigualdades y perseguir la justicia social, nos hemos encontrado carentes de herramientas y habilidades para dar la atención adecuada a quien más lo necesita. Nos hemos visto inmersas en un entramado de brechas digitales que va más allá de cuestiones instrumentales.
No hablamos de conocer y manejar herramientas de videoconferencia, nada más lejos. Esto va mucho más allá de saber usar Zoom o subir documentos a la nube.
La unión europea define la inclusión social como un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven (Unión Europea).
En este sentido, en un contexto de Sociedad Red, en términos de Castells, las competencias digitales se posicionan como una herramienta fundamental para alcanzar la mencionada inclusión social. La resolución de las problemáticas de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo no puede ser analizada sin tener en cuenta la dimensión tecnológica: producción de alimentos, vivienda, transporte, energía, acceso a conocimientos y bienes culturales, ambiente, organización social (Thomas, H., 2012). Esta situación lleva a inducir, que la carencia de adecuadas competencias digitales entre las profesionales de Trabajo Social puede sesgar o limitar el correcto acompañamiento a personas en vulnerabilidad.
Este hecho, más allá de la necesidad y oportunidad de desarrollar habilidades digitales adecuadas a nuestro desempeño profesional sin dilación, implica una responsabilidad ética para cumplir con nuestra misión.
En palabras de D´Antonio y de Lucas, la profesión se ha caracterizado por una cierta acomodación distante hacia las tecnologías, con un importante recelo por amplios sectores que las entienden carentes de sentido social e, incluso contrarios al mismo y culpables en buena medida de su despersonalización.
En este punto, tiene sentido repensar el propio objeto del Trabajo Social, para esto me parece interesante recuperar la propuesta de Zamanillo, que identifica el malestar psicosocial como objeto en Trabajo social. Así, dicho objeto del trabajo social son todos los fenómenos relacionados con el malestar psicosocial de los individuos, ordenados según su génesis socio-estructural y vivencia personal. La autora describe esta génesis como los problemas psicosociales derivados de la falta de oportunidades vitales necesarias para el crecimiento de los individuos en situaciones de pobreza, morales, sociales y culturales que impidan su autonomía y desarrollo personal (Zamanillo, 2018). Y es en este punto donde debemos referir las competencias digitales como una de las cuestiones transversales fundamentales para desarrollarse en igualdad de oportunidades en la sociedad tecnificada contemporánea.
Es decir, aquellos elementos biopsicosociales que afectan al bienestar de la persona, que incluyen los aspectos razonables de libertad de expresión, educación, atención mediática, trabajo o vivienda entre otras. Identificadas por la FITS como derechos humanos esenciales para el desarrollo en bienestar de las personas, vienen en buena medida determinados por el acceso y apropiación tecnológica, en un contexto altamente digitalizado como el actual.
Llegados este punto, hemos de conceptualizar las competencias digitales en relación a una lógica humanista. Para ello, nos vamos a basar en la recomendación de la Comisión Europea que describe como la competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación.
La competencia digital es una habilidad transversal para alcanzar aquellos aspectos psicosociales que se identifican como fuente de bienestar como las relaciones sociales, el acceso a la información o el desempeño profesional.
Por tanto, la competencia digital también puede definirse como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad (INTEF, 2017).
Relación del Trabajo Social y la tecnología en un marco de competencia tecnológica
Por todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que los y las profesionales del Trabajo Social, para alcanzar su objeto de reducir o eliminar el malestar social de las personas en situaciones de vulnerabilidad social, requieren procurar una correcta alfabetización digital de aquellas personas con las que intervienen. Y esto, implicapartir de su propio desarrollo competencial.
Es decir, para promover esta alfabetización digital crítica, los y las profesionales requieren de un nivel de apropiación tecnológica adecuado, que no está definido actualmente en ningún marco institucional de la profesión.
Es por ello imprescindible el desarrollo de un marco de referencia para el desarrollo y evaluación de las competencias digitales deseables en los y las profesionales del Trabajo Social.
Para ello, proponemos DigComp como el modelo de referencia más adecuado en el contexto europeo y particularmente en España. Este modelo, en su versión 2.1 desde 2017, deriva de una investigación del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea sobre aprendizaje y habilidades para la era digital, que comenzó en 2005 con el objetivo de brindar apoyo político basado en evidencia a la Comisión Europea y a los estados miembros sobre el aprovechamiento del potencial de las tecnologías digitales para innovar en la educación y prácticas de formación, mejorar el acceso al aprendizaje permanente y hacer frente al surgimiento de nuevas habilidades y competencias digitales necesarias para el empleo, el desarrollo personal y la Inclusión social (DigComp 2.1, 2017).
El Marco Europeo de Competencias Digitales para Ciudadanos, también conocido como DigComp, ofrece una herramienta para mejorar la competencia digital de la ciudadanía.
Publicado por primera vez en 2013, DigComp se ha convertido en un referente para el desarrollo y planificación estratégica de la competencia digital. En junio de 2016, el CCI publicó DigComp 2.0, actualizando la terminología y el modelo conceptual, además de mostrar ejemplos de su implementación a nivel europeo, nacional y regional, y actualizándose en 2017 con nuevos niveles de desarrollo y descriptores.
El marco de DigComp tiene 5 áreas, que a su vez, se dividen en 21 competencias digitales específicas. A partir de la versión DigComp 2.1 se han dividido en ocho niveles de adquisición de dicha competencia a través del aprendizaje y se vienen usando verbos de acción, siguiendo la taxonomía de Bloom, e inspirado por la estructura y vocabulario del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
En la figura 1 se muestra una infografía con el diseño de DigComp 2.1
De las 21 competencias digitales, hemos seleccionado las que, a nuestro parecer, son las esenciales para garantizar unos mínimos a la hora de desempeñar nuestra profesión, identificando en nivel de adquisición que consideramos adecuado, de los descritos por el modelo.
En el área de la información y alfabetización informacional destacamos: Un nivel avanzado en la navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales. Y un nivel avanzado en la evaluación, almacenamiento y recuperación de dicha información, datos y contenidos digitales.
En el área de la comunicación y colaboración destacamos: Un nivel avanzado en la interacción mediante las tecnologías digitales Un nivel avanzado a la hora de compartir información y contenidos digitales Un nivel especializado en la participación ciudadana y la colaboración mediante canales digitales Un nivel avanzado en netiqueta y gestión de la identidad digital
En el área de creación de contenidos digitales destacamos: Un nivel intermedio en el desarrollo de contenidos digitales y conocimientos de derechos de autor y licencias de contenido Y un nivel avanzado en la integración y reelaboración de contenidos
En el área de seguridad Un nivel intermedio en protección de dispositivos, de la salud y el entorno Un nivel avanzado en la protección de datos personales y privacidad
Y por último, respecto al área de resolución de problema destacamos: un nivel avanzado en la innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa. Y muy especialmente, un nivel especializado en la identificación de lagunas en la competencia digital.
Conclusiones
Es fundamental, y de exigencia ética, que las personas profesionales del Trabajo social desarrollemos las competencias digitales adecuadas a nuestro desempeño, que implica, en términos de Bloom, la capacidad para aplicar y evaluar tecnologías adecuadas a las necesidades sociales.
Para ello, contamos con la referencia impulsada por la comisión europea en el modelo DigComp, con una referencia para adquirir un nivel avanzado de competencias digitales en las áreas que se identifican como claves, para acompañar a terceras personas.
Las estructuras pedagógicas y formativas de la profesión, encabezadas por las universidad y los colegios profesionales, deben integrar de forma expresa, urgente y transversalizada las competencias digitales en los programas formativos de la profesión, tanto en su formación universitaria, como en su formación para profesionales en activo.
Las administraciones públicas que integran la atención a la vulnerabilidad, las organizaciones no lucrativas del tercer sector y las empresas, deben apresurarse en implementar procesos de evaluación al desempeño para evaluar la situación individual y colectiva, y acometer los procesos formativos y de revisión metodológica que se requieran.
Para estructurar un modelo de referencia profesional, disponemos del modelo DigComp 2.1, y ejemplos de implementación profesional como el desarrollado para el desarrollo de la competencia digital docente por parte de INTEF en España. Este sería un buen modelo a seguir para nuestra implementación.
Y todas y cada una de las profesionales que ejercemos esta magnífica profesión, ya sea en ejercicio libre o por cuenta ajena, debemos asumir nuestra responsabilidad a la hora de repensar nuestra forma de intervenir, integrar nuevos medios y entender la influencia que la tecnología está ejerciendo en el devenir humano.
La tecnología puede mejorar y ha mejorado la calidad de vida de las personas, pero sin una supervisión crítica, consciente e informada, puede atender a los intereses de unos pocos, en lugar de al bienestar del conjunto de la sociedad, ¿qué es más característico de nuestra profesión que esto?
Bibliografía
Castells, M. (1999). La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. 1). Alianza
Maceiras, S. D. A., de Lucas, F., & de la Cueva, M. (2017). Trabajo Social y tecnología: acomodación distante y precariedad. In Innovación social en la práctica del trabajo social (pp. 189-208). Tirant lo Blanch.
Thomas, H. (2012). Tecnologías para la inclusión social en América Latina: de las tecnologías apropiadas a los sistemas tecnológicos sociales. Problemas conceptuales y soluciones estratégicas. G. Santos, & M. Fressoli (Eds.). Tecnología, desarrollo y democracia. Nueve estudios sobre dinámicas sociotécnicas de exclusión/inclusión social, 25-78.
Enlaces de interés
DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens (2017) JCC, Comisión Europea. Recuperado de
Rubén Yusta Tirado Trabajador Social en el ámbito de la gerontología
La crisis generada por el Covid-19 en el ámbito geriátrico residencial ha tenido un gran impacto en el sector. Y no es para menos, teniendo en cuenta los datos que actualmente manejamos en relación a los efectos de esta pandemia en el ámbito residencial donde ya se habla de que en torno al 49% de las comunicaciones de fallecimiento sucedidas a causa de esta enfermedad, han sucedido en residencias de mayores («Casi la mitad de los muertos en España por la Covid-19 vivían en residencias», 2020). Es por eso que actualmente no nos equivocamos al decir que el sector geriátrico residencial ha sido el más golpeado por el coronavirus en nuestro país.
Debido a las complejas situaciones que se han vivido, y que aún se siguen viviendo en los centros residenciales de nuestro país, son muchas las personas profesionales, instituciones y entidades que han puesto de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo residencial y de cuidados de larga duración que transforme y mejore los centros residenciales tal y como los conocemos en la actualidad. Dos claros ejemplos de estos movimientos institucionales y profesionales han sido la Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración de nuestro país (Fundación Pilares, 2020) o el Manifiesto hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración, elaborado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Real Academia Española de Medicina en España (RANME) (2021). El primero de ellos aboga por una urgente revisión del modelo actual de atención a personas que precisan apoyos, que pasa por el refuerzo y la renovación de los sistemas actuales de cuidados en entornos domésticos y residenciales, al que se han adherido más de 1000 profesionales de toda España; el segundo, tiende a ampliar y reforzar las prestaciones existentes entre el entorno doméstico y el ámbito residencial, potenciando la atención de las necesidades de las personas dependientes en entornos no residenciales.
De forma conjunta a estos dos comunicados oficiales, también han sido muchas las profesiones del sector que han coincidido en esta necesidad de cambio del modelo residencial tal y como lo conocemos, así como medios de comunicación que no pertenecen al sector, pero que de igual forma plantean la necesidad de revisar este ámbito para que no se repitan situaciones como las que se vivieron a partir de los meses de marzo-abril de 2020. Pero, ¿cuál es el cambio de modelo residencial que actualmente estamos planteando?, ¿desde dónde partimos y hacia dónde vamos en la conformación del nuevo sistema de cuidados de nuestro país?
A continuación vamos a realizar un breve desarrollo sobre los puntos en común en los que coinciden las y los diferentes profesionales del ámbito de la gerontología, pero también sobre los aspectos a los que no se les ha dado tanto desarrollo y que son fundamentales para lograr un cambio de modelo residencial y de cuidados en nuestro país.
Un modelo de cuidados centrado en la persona
Si hay algo en lo que la mayoría de instituciones y profesionales coinciden es en la necesidad de que el nuevo modelo de atención esté centrado en la persona, potencie la dignidad en los cuidados, huya de la estigmatización de la vejez y proteja la autodeterminación de las personas usuarias. Todos estos aspectos coinciden y son desarrollados a la perfección por la Atención Centrada en la Persona, modelo que ha generado un antes y un después en el ámbito de la gerontología y que se erige como la evolución de un ámbito geriátrico residencial en el que, una vez que se han cubiertos las necesidades más básicas de las personas usuarias, requiere de mayor sentido común, de una apertura a la comunidad y de una normalización en el desarrollo de los cuidados.
La Atención Centrada en la Persona se presenta, por tanto, como el principal modelo de intervención que reúne los valores y principios demandados actualmente en los procesos de cuidados. Cada día son más las y los profesionales que desarrollan, se forman y trabajan para extender este modelo dentro de un ámbito gerontológico que, como hemos visto en los últimos meses, requiere de un nuevo punto de vista que se adapte a las necesidades reales de las personas usuarias.
En este sentido, para garantizar un buen y común desarrollo, es necesario que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, venzan sus resistencias y comiencen a avanzar hacia un modelo centrado en la persona que mejore sustancialmente la vida de las personas mayores de nuestro país.
Diversidad en los procesos de envejecimiento y diversidad en las prestaciones que apoyan estos procesos
Tal y como se pone de manifiesto en el documento desarrollado por la SEGG y la RANME (2021) el envejecimiento de la población española es considerado un éxito de nuestro sistema sanitario y de las formas de vida que desarrollamos. En cambio, este amplio número de personas mayores, que en 2066 podría llegar a suponer más del 35% del total de la población (Abellán, Ayala, Pérez y Pujol, 2018), también indica la gran diversidad de necesidades y de formas de envejecimiento que ya hoy en día observamos en nuestra sociedad. Por eso es necesario que tanto instituciones, organizaciones y profesionales tengan en cuenta las diferencias existentes entre las diversas formas de afrontar el envejecimiento que confluyen en nuestro país, y desarrollen prestaciones y servicios acordes a las necesidades y preferencias actuales. A día de hoy contamos con un modelo residencial que muchas veces difiere con cómo quieren ser cuidadas las personas usuarias, con prestaciones públicas que no consiguen cubrir la necesidades de los/as dependientes y con un sistema de cuidados que sigue recurriendo a la familia, y más concretamente a la figura de la mujer, como primera y principal figura cuidadora.
Por todo ello necesitamos prestaciones y servicios que se ajusten a las necesidades reales y actuales de las personas usuarias, que estén desarrollados en función a éstas y que lleguen de forma equitativa a la sociedad, salvando las diferencias entre CC.AA, lugar o entorno de residencia y titularidad de la prestación o del servicio.
Revisión de las condiciones laborales de las y los profesionales del ámbito de la gerontología
Las y los profesionales del ámbito de la gerontología, y más concretamente del ámbito residencial, han sido, junto a las profesiones sanitarias, las personas profesionales más reconocidas durante esta compleja crisis. Son muchos los medios e instituciones que han reconocido la labor de estas y estos profesionales, situándose en primera línea y manteniendo en todo momento la atención en un servicio que, por definición, no puede cesar en su desempeño y en sus cuidados. En cambio, dejando a un lado este reconocimiento público, ¿cuál es la situación real de estos/as trabajadores/as dentro de un ámbito crucial para el desarrollo de nuestra sociedad?
Pues la realidad en las condiciones laborales de estas y estos profesionales es muy distinta de esta primera línea en la que los situaban los medios de comunicación. La situación de estas personas profesionales coincide más con grandes situaciones de sobrecarga, con situaciones de pluriempleo entre el personal auxiliar, con la utopía de la conciliación familiar y con técnicas y técnicos cuyos salarios cada día son más y más próximos al Salario Mínimo Interprofesional, al amparo de los temidos convenios colectivos que imperan dentro de este ámbito.
Lo cierto es que si se quiere lograr un cambio de modelo de atención, las y los profesionales, estas personas que desarrollan los cuidados, no pueden tener una situación laboral como la que actualmente predomina en este sector. Como todas y todos sabemos son los recursos humanos los medios más complicados de mantener y de gestionar dentro del ámbito laboral y, por tanto, se requiere de una revisión urgente, intensa y efectiva de las condiciones de estas personas profesionales para lograr un cambio de modelo de cuidados que englobe y afecte a todos los agentes implicados.
Apuesta real por el cambio de modelo de atención y de cuidados
Y por obvio que parezca es necesaria una apuesta real por este cambio de modelo de atención y de cuidados en nuestro país. De nada sirve que profesionales e instituciones gubernamentales elaboren manifiestos, propuestas y comunicados si este guante no es recogido por las instituciones públicas y privadas, y plasmado en las nuevas normativas. Como todo cambio social, este necesita de un apoyo público, profesional y político para llevarse a cabo porque, de lo contrario, seguiremos hablando y refiriéndonos a utopías y hablando de futuro en el ámbito de la gerontología.
Estas son algunas de las claves que profesionales, organizaciones e instituciones han puesto encima de la mesa a la hora de afrontar la renovación y el regreso a una nueva realidad tras la crisis del Covid-19. Nueva realidad que pasa por la vacunación de todos los agentes implicados en nuestro sistema de cuidados y que, como no podía ser de otra forma, también ha presentado notables diferencias entre las diferentes Comunidades Autónomas y entre las diversas prestaciones y dispositivos en los que se desarrollan estos cuidados. Esperemos que muy pronto podamos alcanzar altas tasas de vacunación que nos permitan dejar a un lado este virus y empezar a trabajar entre todas y todos en el desarrollo de un nuevo modelo de cuidados de larga duración que incluya a todas las personas susceptibles de ser cuidadas y a todas las profesiones que intervenimos en este sector.
Bibliografia
Abellán García, A., Ayala García, A., Pérez Díaz, J., y Pujol Rodríguez, R. (2018). Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos. Madrid, Informes Envejecimiento en red, 17.
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