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Docencia e Investigación

La historia del trabajo social en Marruecos

Tánger, 27 de junio de 2025

Mohamed Haouari
Profesor de Trabajo Social en el Instituto Nacional de Acción Social-Tánger (Marruecos)

La historia del trabajo social en Marruecos ha pasado por una evolución constante, desde formas tradicionales de solidaridad hasta su progresiva institucionalización. Antes de la colonización, el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad se basaba en redes comunitarias y en principios religiosos, reflejados en la caridad islámica. Estas prácticas, profundamente arraigadas en la vida social, promovían la ayuda mutua y aseguraban la protección de los más desfavorecidos dentro de un marco normativo basado en la tradición.

Con el establecimiento del protectorado español y francés, la asistencia social sufrió una transformación profunda. Las autoridades coloniales impusieron regulaciones e instituciones basadas en modelos occidentales, priorizando un enfoque asistencialista orientado al control social. Esto debilitó las formas tradicionales de ayuda comunitaria y reforzó la intervención colonial en acciones sociales destinadas a la población indígena.

Tras la independencia, Marruecos tuvo que reorganizar su sistema de acción social en un contexto de profundos cambios políticos y económicos. La creación de la Entraide Nationale marcó un primer intento de centralizar y estructurar las políticas sociales, aunque durante décadas la asistencia siguió fragmentada y dependiente de asociaciones caritativas y organizaciones de la sociedad civil. Con el avance de las reformas económicas y la apertura política, se hizo evidente la necesidad de profesionalizar la intervención social para hacer frente a las crecientes desigualdades.

En la actualidad, el trabajo social busca desempeñar un papel trascendental en el nuevo modelo de desarrollo. No obstante, su consolidación como disciplina y práctica profesional enfrenta desafíos significativos, como la falta de uniformidad en la formación, el escaso reconocimiento profesional y la necesidad de una mayor incidencia en las políticas públicas.

Período precolonial y colonial: antecedentes del trabajo social en Marruecos

El trabajo social en Marruecos tiene sus orígenes en la época precolonial, cuando la asistencia a los más vulnerables se organizaba mediante redes familiares, comunitarias y religiosas. La solidaridad se manifestaba a través de instituciones como la zakat (limosna obligatoria), los awqaf (fundaciones benéficas), los funduq (hospederías) y la sadaka (caridad), todas con un fuerte componente espiritual. Además, estructuras como la djamaa (asamblea local), la twiza (trabajo cooperativo) y las zawiyas (cofradías religiosas) cumplían funciones clave: la primera como espacio de consulta y autogestión, la segunda fomentando la colaboración en tareas comunitarias y la tercera ofreciendo refugio y apoyo a las personas más necesitadas (Lemligui, 2017, pp. 89-95).

La colonización, iniciada en 1912, transformó profundamente estas dinámicas. La administración francesa impuso un modelo asistencialista inspirado en los esquemas europeos, con un doble propósito: mejorar las condiciones de vida de la población local y ejercer control social. En consecuencia, la zakat se destinó a financiar proyectos coloniales, los awqaf quedaron limitados al ámbito religioso y los funduq fueron reconvertidos en centros de vigilancia contra movimientos independentistas. En este contexto, la Sociedad Musulmana de Beneficencia, creada en 1927, intentó estructurar la solidaridad tradicional bajo supervisión colonial. Aunque logró apoyar a muchas personas, su impacto fue restringido por la falta de recursos y personal especializado (Ghoti, 1995, pp. 23-45).

Las políticas sociales de la época reflejaban grandes desigualdades. Mientras los colonos europeos tenían acceso a servicios sanitarios de calidad, la población marroquí dependía de estructuras benéficas con escasos medios. A partir de 1945, se intentó organizar la financiación de la asistencia social, pero no se consolidó un sistema de protección integral. Durante este período, persiste la caridad islámica a nivel local, al tiempo que se empezaba a reconocer la pobreza como un problema de interés público. Aunque en Francia la década de 1940 marcó un punto de inflexión en el bienestar colonial, en Marruecos la asistencia social siguió dependiendo de actores locales y estuvo atravesada por tensiones entre la administración colonial y la población nativa. Paralelamente, muchas organizaciones benéficas se politizaron, convirtiéndose en espacios de resistencia vinculados al movimiento nacionalista (Perrier, 2022, pp. 1-6).

En el protectorado español, la asistencia social se centró en la infancia. En 1944 se fundó el orfanato “Franco” en Melusa para hijos de musulmanes fallecidos en la guerra de liberación española. En 1952, la Dirección de Acción Social lanzó programas orientados a la protección infantil y la prevención de la delincuencia juvenil, lo que llevó a la creación de preventorios y al fortalecimiento de las estructuras de asistencia infantil. También se ampliaron los servicios sanitarios con la apertura de consultorios y hospitales, aunque los asilos y hospitales psiquiátricos seguían operando en condiciones precarias, con cobertura limitada para los sectores más vulnerables (Ibn Azzuz, 1955, pp. 21-31).

Pese a los cambios impuestos por el colonialismo, Marruecos conservó un sistema de ayuda basado en la solidaridad comunitaria y diversas formas de cooperación. Prácticas como la jemaâ (asamblea comunitaria), la touiza (trabajo colaborativo en el ámbito agrícola), el almacenamiento colectivo de alimentos y las redes informales de financiamiento jugaron un papel esencial en la gestión de recursos locales. Estos mecanismos fueron fundamentales en la enseñanza religiosa, la producción agrícola y el abastecimiento de agua, operando bajo el derecho islámico y las tradiciones. Sin embargo, su efectividad se veía limitada por la jerarquización tribal y las desigualdades de género, lo que restringía el acceso equitativo a los recursos (Planas y Domínguez, 2014, p. 354)

Período posindependencia (1956-1975): inicios de la institucionalización del trabajo social 

Tras la independencia en 1956, Marruecos carecía de un sistema público de acción social estructurado. La asistencia a personas vulnerables recae en las Asociaciones Musulmanas de Beneficencia (AMB), presentes en las principales ciudades. Para organizar mejor este sector, el Estado creó la Entraide Nationale (EN), encargada de gestionar programas sociales y supervisar las AMB, marcando el inicio de la colaboración entre el gobierno y el sector privado (Bencherki, 2017).

En 1957, la EN se estableció formalmente como mecanismo de acción social pública y, en 1968, fue integrada plenamente en la estructura estatal. Cuatro años después, un decreto real consolidó su papel con la creación de la Secretaría de Estado de la EN, transformándola en un organismo público responsable de la implementación de políticas sociales. Durante este periodo, la EN tiene amplias competencias, incluyendo asistencia directa, promoción del bienestar familiar y programas de emancipación de la mujer (Ibid).

Sin embargo, las políticas públicas tras la independencia otorgaron un papel secundario a la regulación social, profundizando desigualdades. Esta situación se agravó con los ajustes estructurales de finales de los años 70, que obligaron al Estado a replantear sus estrategias. Este proceso puede interpretarse como la “invención de lo social”, fenómeno similar al ocurrido en la Europa industrial del siglo XIX, cuando los Estados consolidaron sistemas de bienestar para garantizar estabilidad y mitigar conflictos (Catusse, 2011, p. 63).

Transición hacia la profesionalización: desde los años 80 hasta la actualidad

Desde la década de 1980, Marruecos ha promovido la profesionalización del trabajo social mediante políticas estructuradas y la creación de entidades especializadas. Un hito fundamental fue la creación del Instituto Nacional de Acción Social (INAS) en 1981, que marcó el inicio de la formación académica en el trabajo social (INAS, 2016, p. 45). La adopción del sistema LMD en dicha institución amplió la oferta educativa, aunque persisten desafíos como la fragmentación de los programas y la brecha entre teoría y práctica.

En los años 90, surgieron organismos como la Agencia de Desarrollo Social y agencias regionales para reducir desigualdades y fomentar el desarrollo local. La sociedad civil adquirió un papel clave mediante ONGs y asociaciones centradas en educación, vivienda e inserción laboral. La expansión de estas organizaciones respondió al aumento de la vulnerabilidad social, derivado de la crisis económica. A partir del 2000, las reformas políticas y económicas fortalecieron su papel en la lucha contra la exclusión y la promoción de derechos humanos (Haouari, 2014, pp. 6-19).

En 2002, la creación de la Dirección de Economía Social, el Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y la Fundación Mohammed V para la Solidaridad intensificaron los esfuerzos contra la pobreza y la exclusión. Tres años después, la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) consolidó el trabajo social mediante la financiación de proyectos locales y la mejora de infraestructuras. No obstante, su implementación ha sido criticada por la centralización de recursos y la falta de personal especializado, lo que ha limitado su impacto en algunas regiones (Guerraoui, 2013, p. 3).

Para atender la creciente demanda de trabajadores/as sociales, un estudio de 2006 del Ministerio de solidaridad en colaboración con UNICEF estimó la necesidad de 30.000 profesionales. Entre 2007 y 2012, se formaron 10.000 personas en ocho perfiles clave: agentes de desarrollo social, gestores de establecimientos, mediadores, animadores socioculturales, asistentes sociales, educadores especializados, agentes socioeducativos y auxiliares sociales (Le Matin, 2007).

La promulgación de la Ley n.º 34-09 en 2011 estableció un marco regulador para el sector del trabajo social, abarcando ámbitos como la violencia de género, la migración y la protección de mujeres y niños. Esto fortaleció la colaboración entre entidades gubernamentales y no gubernamentales, promoviendo estándares profesionales en la prestación de servicios. Desde 2012, la Entraide Nationale (EN) ha sido reestructurada para consolidarse como el principal operador de asistencia social, priorizando la formación de trabajadores/as sociales y la mejora de estrategias de intervención.

En los últimos años, la profesionalización del trabajo social se ha reforzado con la creación de Centros de Orientación y Asistencia para Personas con Discapacidad y Unidades de Protección de la Infancia (UPE). En 2015, la EN asumió la gestión del componente de discapacidad del fondo de apoyo a la cohesión social, y en 2018 desarrolló un sistema integral de apoyo para adultos mayores. Políticas como la Política Pública Integrada de Protección de la Infancia (2015) y el Plan Gubernamental IKRAM (2016-2021) han reflejado el compromiso con la equidad de género y la atención a sectores vulnerables (MSFDS, 2019, pp. 31-42).

En 2021, la Ley 45-18 estableció un marco más definido para el trabajo social, regulando roles, condiciones laborales y ámbitos de intervención (Cámara de Representantes, 2021, pp. 7-45). A pesar de estos avances, aún existen desafíos como la escasez de trabajadores/as sociales y la concentración de recursos, lo que limita la efectividad de las intervenciones en comunidades vulnerables. La tercera fase de la INDH, iniciada en 2023, fortaleció el enfoque en la promoción del capital humano y el apoyo a sectores desfavorecidos (Belhassani, M. (2024, pp.102-135). Para ello, el Tribunal de Cuentas ha señalado deficiencias en la disponibilidad de profesionales especializados y el bajo nivel educativo de muchos/as empleados/as, subrayando la urgencia de mejorar la capacitación y ampliar la contratación de trabajadores/as sociales cualificados/as (CESE, 2020, p. 8)

Actualmente, Marruecos cuenta con aproximadamente 35.000 trabajadores/as sociales, con una proyección de 45.000 para 2025 (Badri Souad, 2021). La Ley 45.18 ha definido cuatro áreas clave: asistencia, educación y animación, apoyo familiar y gestión del desarrollo social. A pesar de ello, el sector del trabajo social enfrenta retos como la precariedad laboral, con un 60% de trabajadores/as en el ámbito asociativo, y la feminización de la profesión, ya que más del 50% son mujeres. A nivel de formación académica, el 80% posee títulos, pero solo el 13% está especializado en trabajo social, mientras que el 45% carece de formación continua. Además, el 57% inicia su labor sin experiencia previa, y los estereotipos sobre la profesión siguen dificultando su reconocimiento y fortalecimiento institucional (MSFDS, 2024, pp. 13-22).

Conclusiones

El trabajo social en Marruecos ha experimentado una transformación notable, pasando de un modelo de asistencia basado en la solidaridad tradicional a un enfoque más estructurado y profesionalizado. No obstante, sigue enfrentando desafíos importantes, como la falta de reconocimiento profesional, la insuficiente integración en las políticas públicas y la escasez de personal cualificado. A esto se suma la ausencia de un programa nacional de formación, lo que dificulta la consolidación de estándares unificados en la disciplina.

Uno de los principales retos de la formación en el área del trabajo social es la ausencia de una base común, lo que ha generado una diversificación de los contenidos impartidos dentro de una misma especialidad. Asimismo, la interrupción de programas en ciertas carreras del trabajo social y la falta de adecuación de algunos programas de formación a las nuevas exigencias limitan la profesionalización y adaptación de la disciplina a las necesidades emergentes.

Para garantizar la sostenibilidad del trabajo social en Marruecos, es necesario adoptar medidas concretas, como el diseño de programas de formación especializados, el establecimiento de normas laborales que brinden estabilidad, el fortalecimiento de la investigación en intervención social y una cooperación más estrecha entre entidades públicas, ONGs y actores locales para maximizar su alcance. Enfrentar estos desafíos permitirá estructurar un modelo más equitativo, inclusivo y orientado a la defensa de los derechos fundamentales, asegurando así una respuesta más eficiente a las problemáticas sociales emergentes.

Referencias bibliográficas 

Badri, S. (2021). Trabajadores sociales: La Ley 45.18 entra en vigor. Le Matin. https://lematin.ma/journal/2021/travailleurs-sociaux-loi-4518-entre-vigueur/362869.html

Belhassani, M. (2024). Protection sociale au Maroc : État des lieux. Dossiers de Recherches en Économie et Management des Organisations, 8(2), 102-135.

Bencherki, S. (2017, 10 de julio). La création de l’Entraide nationale s’inscrivait dans la dynamique de développement social lancée après l’indépendance. Le Matin. https://lematin.ma/journal/2017/-laquo-la-creation-de-l-rsquo-entraide-nationale-s-rsquo-inscrivait-dans-la-dynamique-du-developpement-social-lancee-apres-l-rsquo-independance-raquo-/274936.html

Cámara de Representantes. (2021). La ley 45.18 de los trabajadores sociales. Rabat. https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/tqryr_hwl_mshrw_qnwn_rqm_45.18_0.pdf

Catusse, M. (2011). Le “social” : Une affaire d’État dans le Maroc de Mohammed VI. Confluences Méditerranée, 2011(3), 63-73.

Conseil Economique, Social et Environnemental. (2020). Avis sur le projet de loi 45-18 relatif à la réglementation de la profession du travailleur et travailleuse social (Saisine n°29/2020). https://www.cese.ma/media/2023/08/Avis-projet-de-loi-45-18-VF-2.pdf

Ghoti, M. (1995). Histoire de la médecine au Maroc, le 20e siècle. Casablanca: Idéale.

Guerraoui, D. (2013). Modelo de protección social universal de Marruecos: Componentes, paradojas y desafíos. Colegio Oficial de Trabajo Social. Región de Murcia. https://trabajosocialcordoba.es/murcia/noticias/modelo-de-proteccion-social-universal-de-marruecos-componentes-paradojas-y-desafios/1378/view

Haouari, M. (2014). Experiencias de trabajo social en el norte de Marruecos con grupos vulnerables en tiempos de crisis. Gazeta de Antropología, 30(2), artículo 06. http://www.gazeta-antropologia.es/wp-content/uploads/GA-30-2-06-Mohamed-Haouari.pdf

Ibn Azzuz Haquim, M. (1955). La capacitación técnico-administrativa de los marroquíes en la zona jalifiana de Marruecos. Cuaderno de Estudios Africanos, 31, XX-XX. https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/32275cao027021.pdf

Instituto Nacional de Acción Social (INAS). (2016). Decreto N° 2.15.449 del 21/09/2016 relativo a la reestructuración del INAS. Tánger. https://inastanger.ma/historique/

Le Matin. (2007). Entrevista con Abderrahim Harouchi, Exministro de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad. Le travail social constitue un gisement considérable d’emploi. https://lematin.maijournal/2006/Develùppement-sociaLLe-travall-social-constitue-un-gi-sement-considerable-d-emploi/6508.html

Lemligui, A. (2017). La construction sociale des solidarités au Maroc : Contrôler l’Islam et gérer l’action sociale. Le Sociographe, 58, 89. https://typeset.io/library/untitled-folder-2ugic8sl/la-construction-des-solidarites-sociales-au-maroc-pdf-878ilxe9?ascm=1

Ministerio de Solidaridad, Familia y Desarrollo Social (MSFDS). (2015). La politique publique intégrée de protection de l’enfance. Rabat. https://social.gov.ma/enfance/

Ministerio de Solidaridad, Familia y Desarrollo Social (MSFDS). (2019). Développement du programme de formation dans le travail social. Rabat.

Ministerio de Solidaridad, Familia y Desarrollo Social (MSFDS). (2024). Estructuración de las profesiones de trabajo social en Marruecos. Rabat. https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/Structuring%20social%20work%20professions%20in%20Morocco_AR.pdf

Perrier, A. (2022). Les sociétés de bienfaisance musulmane au Maroc: Fiscalité, dons et subventions publiques dans le financement de l’action contre la pauvreté (années 1920-années 1950). Revue d’histoire de la protection sociale, 15, 48-XX. https://doi.org/10.3917/rhps.015.0048

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Personas migrantes

Reflexiones del duelo migratorio en la infancia y adolescencia desde las familias migrantes, un acercamiento a la perspectiva del trabajo social

La Rioja, 12 de junio de 2025

María Teresa Sampedro Zorzano
Trabajadora Social

En el quehacer profesional, nos encontramos con familias trasnacionales, que son “aquellas unidades familiares caracterizadas por la dispersión de sus miembros en distintos países debido a la inmigración de uno o más de sus integrantes y en la que todos permanecen ligados a través de lazos afectivos, a través de la comunicación, compartiendo nuevas inquietudes culturales, sueños e historias que se ven incorporadas a sus identidades” tal como describe (García, 2013; Parella, 2007). Considerando la creciente feminización de las migraciones, la perspectiva de género pondrá el acento en reagrupaciones de madres e hijos/as. 

La migración supone, tanto para personas adultas como para menores, un duro proceso de 4 etapas (González, 2005; Sluzki, 1979).: 

  1. Preparatoria
  2. Momento de la migración.
  3. Periodo de asentamiento e integración, que incluye la sobrecompensación (momentos de aparente adaptación) y descompensación (momentos de crisis o desadaptación).
  4. Fenómenos transgeneracionales. 

Impactos, rupturas y costos del proceso migratorio 

Este proceso relacionado con la experiencia migratoria y asociado a los factores psicosociales, según Suarez (2023), puede alterar la adaptación de la persona migrante al nuevo contexto alterando de manera directa sus procesos cognitivos, emocionales y comportamentales. Las vivencias de cada individuo van a estar condicionadas por: 

  1. Circunstancias sociales (relaciones familiares, situación administrativa, redes sociales y de apoyo, condiciones de vida previa y actuales, conocimiento/desconocimiento y uso de los recursos de apoyo).
  2. Factores de vulnerabilidad y de resiliencia en las diferentes fases del proceso migratorio.
  3. Expectativas viables de reagrupación o retorno.
  4. Creencias, características psicológicas. 
  5. Herramientas individuales de control de estresores (que modulan duración/cronicidad e intensidad de los mismos).
  6. Historias de vida.
  7. Mecanismos de afrontamiento ante las pérdidas.

Toda migración supone rupturas que afectan a las familias y a los menores a su cargo (Novales, 2015). Así, encontramos: la ruptura o separación inicial, a continuación, un tiempo de abandono protector, y un tercer abandono de las figuras cuidadoras de referencia para incorporarse a una nueva sociedad.

Esto supone un cambio en las dinámicas familiares que va a exigir readaptación y reorganización, conllevando inevitablemente un duelo. Este duelo comporta varias fases, tal y como exponen Palacín et al. (2023) tomando como referencia a Bowlby (1986; 1993): 

  1. Embotamiento de la sensibilidad. 
  2. Anhelo y búsqueda de lo perdido.
  3. Desesperanza.
  4. Reorganización.

Costa et al. (2012) expresan que se producen una serie de reacomodaciones significativas en las relaciones de género e intergeneracionales de las familias transnacionales, siendo los más visibles: 

  1. Las abuelas hacen de madres sustitutas.
  2. Modelos de familia centrados en la madre inmigrante.
  3. Las mujeres inmigrantes se ven sobrecargadas de roles y de las consiguientes responsabilidades.
  4. Los hijos primogénitos asumen en plena adolescencia las responsabilidades de cabeza de familia en el país de origen. 

Ante la reagrupación de familias transnacionales en relación a los menores, se podrían dar, según Novales (2015): 

  1. Sentimientos de rabia: si estos no han participado de las decisiones dentro del proceso migratorio familiar y ante la promesa de reagrupación, frente al sentimiento de abandono si no hay una comunicación continua y no se refuerza el sentimiento de unidad familiar. 
  1. Costos de reagrupar: la separación de su cuidador/a principal en el país de origen, «segunda separación o abandono protector». Sin apoyo adecuado, se podría dar una canalización inadecuada como conductas destructivas (antisociales, promiscuidad sexual, suicidio…) afectando a la construcción de la identidad, la autonomía y la toma de decisiones sobre metas vitales.

Ante esta pérdida, se produce el duelo migratorio ¿y qué supone?

El duelo migratorio es un acontecimiento vital que genera un cuadro de estrés. En sí no es una enfermedad o patología psiquiátrica, pero podría derivar hacia ella, teniendo diferentes manifestaciones y duración dependiendo de cada persona. Se pueden dar siete tipos de duelos que pueden afectar a la persona que migra relativos a: la familia y los amigos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo nacional y los riesgos físicos (Achotegui 2009).

El estilo de afrontamiento del duelo depende de cada individuo y cuenta con dos niveles: el emocional y el racional. Los estilos de afrontamiento descritos por (Calvo, 2005; Lazarús, 1998), son, entre otros: activo, evitativo, regresivo, planificado, negación, autolesivo, compulsivo, inhibición, demorativo, culpabilizante.

Tras el estudio de varios autores/as como  (Alonso y Hernández, 2020; Achotegui, 2003; Korenblum, 2003), se concluye que el comportamiento de los menores de familias transnacionales que viven un duelo migratorio es aún más complejo que el de sus progenitores/as, porque estructuran su personalidad y se encuentran en un contexto inestable al carecer de un modelo de identificación sólido y por hallarse entre dos culturas sin la red que supone la familia extensa. 

¿Qué va a ayudar a los/as progenitores/as y a los/as menores a la hora de gestionar mejor el duelo en las diferentes fases pre, post y reagrupación?

 Arnaiz, Bertino y Pereda (2005) destacan diversas ideas al respecto:

  • Pre-migración: designación de personas cuidadoras de forma funcional, meditada, de confianza, para evitar situaciones de negligencia/desprotección;  participación del/la menor en el proyecto familiar; planificación del modo de crianza de los/las hijos/as, acuerdos familiares donde se delimite los roles, la autoridad y las responsabilidades; la buena relación con la familia de origen, planificar rutinas en el origen y a distancia; idear estrategias de compensación para estar presente desde el extranjero en situaciones importantes para el/la menor (eventos, celebraciones…); generar cercanía y evitar secretos; según la edad y la madurez de los/as menores, se tiene que intentar preparar a los/as menores para que no sientan que es su responsabilidad y que comprendan las causas de la migración, entre otras.
  • Una vez conformada la familia transnacional: posibilidad de comunicación franca; supervisar los cuidados básicos a hijos/as; muestras de cariño hacia los/as menores, habilidades para la gestión y el afrontamiento de los propios conflictos/dilemas (traer hijos/as, regresar, idealización de sacrificio y/o sufrir que compensa a los/as hijos/as del alejamiento; sentimientos de abandono; gestión adecuada de las remesas; intimidad en la comunicación constante y libre con hijos/as (que éstos/as hablen estando solos/as mediante videollamadas, chats…)…
  • Proyecto futuro: regreso o reagrupación realista. 

¿Cuáles son las fases de la reagrupación? ¿Cuál es el impacto en las diferentes áreas?

Jabat, Las Heras y Andueza (2024), apuntan que hay diversas fases de la reagrupación: salida, distancia, decisión de reagrupar, reencuentro y encaje. 

El impacto en las diferentes áreas de la reagrupación es:

  • En el área familiar: reconstrucción del vínculo (presencia, reconocimiento mutuo, intimidad y relato compartido del pasado), disponibilidad psicológica del adulto reagrupante. Choque de expectativas y ambigüedad. Falta de intimidad (en caso de viviendas compartidas o subarrendadas), vivirla como una imposición, estrés derivado de adaptación a cambios rápidos con entre otros síntomas depresivos, rebeldía, etc. Problemas de conciliación, que pueden conducir a la parentalización de los/as hermanos/as mayores respecto a sus hermanos/as pequeños/as. Adaptación e integración de los/as menores en el seno de familias reconstituidas. Posibles deficiencias en el ejercicio del control y la autoridad parental, para tratar de compensar la culpa generada por la separación previa. Posibles conflictos que puedan aparecer, tales como: ambivalencia, sentimiento de abandono, conflicto de lealtades, vivir como castigo si se deja fuera al menor de la decisión, problemas comunicativos, no reconocimiento de la figura de autoridad, conflictos entre progenitores en caso de no autorización paterna/materna para reagrupar, y en caso de no acuerdo, intervención judicial para adjudicación de la guarda y custodia.
  • En el área educativa: el desfase curricular, la falta de idioma, incorporarse tardíamente al curso escolar, repetir de curso, dificultades para incorporación en el nivel postobligatorio a partir de los 16 años, por ejemplo.
  • En el área cultural: Cárdenas (2022), apunta que puede generarse un estrés de la aculturación en las relaciones de género e intergeneracionales. Añadido a lo anterior, sin ánimo de ser exhaustivos/as, se podría dar sentimiento de desarraigo, pérdida de identidad social, dificultad para formar vínculos significativos con iguales, pérdida de estatus respecto del origen. 

En la intervención profesional, ¿qué factores son imprescindibles para tener en cuenta?

A la hora de diseñar la intervención profesional, se tienen en cuenta estos entre otros factores: el tiempo de separación, la edad del/la menor (momento evolutivo en el que la madre migra), la calidad del vínculo materno/paternofilial antes de la salida y de la relación en la distancia (frecuencia y condiciones de la comunicación, intimidad, honestidad), la calidad del vínculo entre menores y personas cuidadoras en origen y la relación de estos/as con los/as progenitores/as, la estabilidad de los acuerdos de cuidado, la existencia y frecuencia de visitas, los modelos de crianza, las remesas económicas, el manejo de las expectativas de reagrupación, la veracidad del relato sobre la sociedad de destino, la participación de los/as menores en las decisiones del proyecto migratorio, los apoyos o carencia de ellos en la restructuración familiar, los duelos de los infantes en la infancia y la adolescencia y adultos en la adultez no elaborados, y la cronificación de conflictos (Jabat, Las Heras y Andueza, 2024). Todo ello, según estos autores/as, sin olvidarse de los condicionantes estructurales que dificultan el ejercicio parental en la distancia, tales como: situación administrativa, dificultades laborales, residenciales, económicas y aislamiento social. 

Sumado a lo anterior, hay dos factores a contemplar, citados por Belarra (2015), que son: la intención positiva o negativa (por presiones, involuntariedad) de los/as progenitores/as y la voluntariedad presente o ausente de los/as menores de reagruparse.

¿Qué podemos hacer desde el trabajo social en relación al duelo migratorio en familias transnacionales con menores a cargo en relación a la reagrupación?

Gimeno y Gutiérrez (2019) resaltan la importancia de desarrollar acciones preventivas (antes y después de la llegada de los/las menores de edad) centradas en 4 ejes: 

  1. Relaciones familiares y acompañamiento, espacios de encuentro entre familias reagrupantes. 
  2. Acciones de apoyo técnico en la trayectoria vital del menor en destino (acompañamiento individual, prestación técnica, y foros grupales done concurran otros reagrupados del mismo grupo etario (infancia y adolescencia), implementando o coordinándose con proyectos locales de mentoría social. 
  3. Acompañamiento social durante la escolarización de los menores: individualmente y en coordinación con los servicios educativos del territorio.
  4. Facilitación de vías de acceso a ocio y conciliación. 

Los niveles de intervención a abordar son individual/familiar, grupal y comunitario: 

  • Tanto a nivel individual como a nivel familiar, se trabajarán las distintas necesidades de los/as miembros en diferentes áreas (en contextos de equipos multidisciplinares), incidiendo en la re-vinculación, la parentalidad/marentalidad y la crianza positiva, la reorganización familiar, la identidad personal y familiar, el abordaje de pérdidas, el manejo de normas y límites, la mejora de la comunicación, la gestión de conflictos y herramientas de gestión del duelo, entre otras. 
  • En el nivel grupal, los grupos de autoayuda, tanto de adultos como de menores servirían de apoyo entre iguales y de aprendizaje común y de experiencias familiares similares.
  • A nivel comunitario: sensibilización, prevención comunitaria y participación en los recursos comunitarios. 

Conclusiones  

Con una mirada integral, centrada en la persona, desde la transversalidad, respetando el ritmo y las necesidades de los/las menores/familias dolientes, podemos acompañar en las tres fases de pre-reagrupación (preparación de la llegada, trabajo de expectativas), reagrupación, y post-reagrupación; podemos trabajar resiliencia, empoderamiento y autocuidado para la aceptación y adaptación a la nueva realidad migratoria y reconstrucción del proyecto de vida/proyecto migratorio. 

Es preciso prevenir y detectar las posibles complicaciones del duelo, como el aislamiento social y su impacto sobre la salud mental. 

Puede ser necesaria la derivación; trabajo inter y multidisciplinar en red; coordinación de actuaciones entre recursos (sanitarios, educativos, sociales,…) y con profesionales de la psicología, educación social, psiquiatría, educación,…) para procurar asistencia profesional en todas las áreas necesarias (ámbito laboral, económico, reagrupación, etc) y trabajando con las potencialidades.

En definitiva, el trabajo social se enfoca en la mirada del/la menor, los sentimientos y las dificultades, sin olvidar al grupo familiar, se orientaría la intervención profesional de los procesos de pre, durante y post reagrupación hacia la superación del duelo y revinculación de manera adaptativa.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Personas migrantes

El Trabajo Social con mujeres migrantes ante una interrupción voluntaria de embarazo

Almería, 3 de junio de 2025

María Ramos Muñoz
Trabajadora Social Clínica Ginealmeria

El Trabajo Social desempeña un papel fundamental en el apoyo a las mujeres migrantes en España, que a menudo enfrentan desafíos complejos al adaptarse a una nueva sociedad y cultura.

Se pueden enfrentar a múltiples desafíos, que incluyen:

  • Barreras lingüísticas y culturales: La dificultad para comunicarse en español y comprender las normas culturales puede obstaculizar la búsqueda de empleo, vivienda y acceso a servicios básicos.
  • Discriminación: La discriminación por motivos de género, raza u origen étnico puede limitar las oportunidades y el acceso a recursos.
  • Problemas de empleo: Muchas mujeres migrantes tienen dificultades para encontrar trabajo, a menudo terminan en empleos mal remunerados o informales, y enfrentan una brecha salarial en comparación con los hombres y las mujeres nacidas en España.
  • Aislamiento social: La falta de redes sociales y de apoyo puede generar sentimientos de soledad y aislamiento.
  • Violencia de género: Algunas mujeres migrantes pueden ser más vulnerables a la violencia de género debido a su situación de aislamiento y dependencia.

Es importante destacar que el Trabajo Social con mujeres migrantes requiere un enfoque sensible y adaptado a las necesidades específicas de cada mujer. Los/as trabajadores/as sociales debemos ser conscientes de las diversas experiencias y contextos de estas mujeres  y trabajar desde una perspectiva de género y derechos humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, proclama la “igualdad en dignidad y derechos para todas las personas” (artículo 1), al igual que el “derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25).

Es esencial considerar que la migración conlleva sentimientos y emociones profundas, cambios en el entorno físico, en la migración hay despedidas, acogidas, cambio de contexto social y cultural, procesos administrativos que no siempre resultan fáciles, cambio de idioma, situaciones laborales diferentes, adaptación y escolarización de menores, y un largo etcétera de situaciones que, habitualmente, suelen ser fuente de estrés y preocupación añadidas a la situación actual de encontrarse ante un embarazo no deseado.

En España, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho reconocido por ley para todas las mujeres, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y su modificación en  la Ley orgánica de 1/2023 de 28 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo garantiza el acceso a la I.V.E. dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la mujer, y excepcionalmente por causas médicas cuando concurran una serie de circunstancias.

Toda mujer que manifieste su intención de someterse a una interrupción de embarazo deberá recibir información, sobre las condiciones legales previstas para la solicitud de la IVE, la vigente normativa española, que regula el derecho a la maternidad libremente decidida, prevé que la mujer podrá decidir libremente y someterse a la interrupción de un embarazo, siempre que:

  • Se practique por un médico/a especialista, preferentemente en obstetricia y ginecología o bajo su dirección.
  • Se realice en un centro sanitario público o privado acreditado.
  • Se realice con el consentimiento expreso y escrito de la embarazada, o en su caso, del representante legal de conformidad con la Ley 41/2002.

Se establece que serán los Servicios Públicos de Salud, los encargados de garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, a todas las mujeres por igual con independencia del territorio donde residan. En Andalucía, las interrupciones de embarazo están cubiertas por la Seguridad Social y se realizan en clínicas acreditadas para IVE concertadas con el Servicio Andaluz de Salud.

Para poder realizar la interrupción de manera gratuita, la mujer, debe acudir en primer lugar a su centro de salud, una vez allí, será el médico/a  de familia o el trabajador/a social quién le proporcionará el documento de derivación para entregar en la clínica concertada a elección de la usuaria.

El acompañamiento por parte de profesionales de Trabajo Social es una parte esencial del proceso de IVE en Andalucía. Los trabajadores/as sociales brindamos asesoramiento y apoyo emocional, informamos sobre los derechos y garantías legales, y orientamos sobre recursos sociales y ayudas disponibles.

Si bien en toda prestación sanitaria es imprescindible el acompañamiento, este se hace más necesario en la práctica de IVE, al ser una práctica sanitaria estigmatizada en la que la mujer, además de tener que tomar una decisión en algunas circunstancias complicada, es juzgada por ello, y las informaciones médicas sobre la misma también están distorsionadas en muchas ocasiones.

El acompañamiento, es un elemento imprescindible, pues de su existencia y calidad va a depender la mejor o peor recuperación emocional posaborto. La mayoría de las mujeres que están embarazadas y no lo tenían previsto o teniéndolo previsto se convierte en imprevisto, se encuentran en una situación de estrés emocional vinculado a la decisión de continuar o interrumpir el embarazo. La intensidad de dicho estrés, depende de diferentes variables: del querer y no poder, de sus creencias, del apoyo en su entorno a su decisión, de su edad, de su nivel cultural etc. En este contexto tan diverso,  debemos tener siempre presente, el apoyo a su decisión.

Según la OMS: “las mujeres que intentan resolver el problema de un embarazo no deseado pueden sentirse en una posición de vulnerabilidad. Necesitan ser tratadas con respeto y comprensión. Por lo tanto, los profesionales de la salud deben ser un apoyo para la mujer y brindarle información de tal modo que pueda entenderla y recordarla y pueda así́ tomar la decisión de abortar o no, dentro de lo permitido por ley, libre de inducción, coerción o discriminación”.

En el acompañamiento intervienen todos los y las profesionales que entran en contacto con la mujer, antes, alrededor, y después de la práctica de la aspiración o del aborto con medicamentos, con una perspectiva multidisciplinar e integral, atendiendo las necesidades emocionales y de acompañamiento que las mujeres demandan en el proceso. Especialmente intervienen el/la trabajador/a social y el/la médico/a que practica la I.V.E.

Los/as trabajadores/as sociales de las clínicas de I.V.E, evaluamos el estado emocional de la mujer, con el objetivo de ayudarle a valorar pros y contras que le permitan llegar a una toma de decisión no culpabilizadora, sin ambivalencias, garantizando la libre decisión. El apoyo como técnica en esta circunstancia de estrés emocional, es una de las mejores herramientas, el objetivo de este es ayudar a la mujer a que se sienta tranquila y fuerte con conductas de educación, aceptación y protección.

Los/as trabajadores/as sociales, explicamos e informamos a la mujer donde está, con quién y cuál es el proceso, creando un clima de empatía y confianza mutua y utilizando como instrumento el consentimiento informado, asegurándonos de que la mujer ha tomado libremente la decisión de realizarse un aborto y proporcionando una información precisa sobre los riesgos, beneficios y posibles complicaciones de este. Debemos asegurarnos que la mujer comprende el procedimiento y sus opciones, los riesgos potenciales, beneficios y posibles complicaciones; que su decisión no es forzada. En este sentido, conscientes de las diferentes culturas con las que convivimos y con el fin de disminuir o eliminar barreras, disponemos del consentimiento informado y de toda la información que el procedimiento requiere en los siguientes idiomas: inglés, francés, árabe, rumano, ruso, búlgaro, portugués y chino. Así mismo, se utiliza en determinadas circunstancias, el servicio de traducción ofrecido por Salud Responde del Servicio Andaluz de Salud.

Si después de nuestra intervención, orientada a resolver la situación de ambivalencia, favoreciendo una toma de decisión desculpabilizadora y lo más racional posible, la mujer sigue teniendo dudas sobre su decisión, se le ofrece la posibilidad de volver otro día y darse tiempo. En este espacio la mujer tiene la oportunidad de tratar en privado aspectos e inquietudes relacionadas con el aborto y se le informará acerca de los procedimientos clínicos, cuidados posteriores, anticoncepción y confidencialidad.

En la entrevista, se puede detectar otros tipos de problemas, como violencia de género, trata, prostitución, menores en situación de riesgo,… Para ello las clínicas acreditadas, disponen de protocolos específicos para activar los mecanismos correspondientes en cada caso.

Acceso a la IVE para mujeres inmigrantes

Requisitos: La ley española establece que las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación. En algunos casos, como riesgo para la salud de la madre o malformaciones graves del feto, se puede realizar hasta la semana 22. Estos requisitos se aplican a todas las mujeres, incluidas las migrantes. Tras la semana 22 de gestación, si el feto sufre una enfermedad incurable o incompatible con la vida, lo decide un comité clínico.

Barreras: A pesar de que la ley garantiza el acceso a la IVE, las mujeres migrantes pueden enfrentar barreras como: desconocimiento del idioma, falta de información sobre sus derechos, dificultades económicas, miedo a la discriminación o al rechazo, y barreras culturales o religiosas.

Recursos y apoyo para mujeres migrantes que desean interrumpir su embarazo:

Servicios de salud: Las mujeres migrantes tienen derecho a acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la IVE, en las mismas condiciones que las mujeres españolas.

Organizaciones de apoyo: Existen diversas organizaciones que ofrecen información, asesoramiento y acompañamiento a mujeres migrantes que desean interrumpir su embarazo. Estas organizaciones pueden brindar apoyo emocional, legal y social, así como facilitar el acceso a los servicios de salud.

Traducción e interpretación: Si la mujer no habla español, tiene derecho a solicitar un servicio de traducción e interpretación para poder comunicarse con el personal sanitario y recibir información clara y comprensible sobre su salud y sus derechos.

En cuanto al acceso en Andalucía las mujeres migrantes pueden acceder a la IVE por diferentes vías:

  • Si la mujer pertenece a la Comunidad Económica Europea. Tendrá que solicitar, si no la tiene ya, la Tarjeta Sanitaria Europea y con ella acudir a su centro de salud para solicitar el documento de derivación y solicitar cita en un centro concertado. En el centro de salud le darán un listado de los centros concertados.
  • Si la mujer no pertenece a la Comunidad Económica Europea: Acudirá con su pasaporte al centro de Salud que le corresponda, y solicitará una tarjeta sanitaria provisional con tres meses de duración, para realizar una IVE, y también el correspondiente documento de derivación para acudir a un centro concertado.
  • Si no poseen ninguna identificación (sin pasaporte): Podrá recibir asesoramiento por parte del personal de las clínicas concertadas que junto con las diferentes asociaciones de acogida, la acompañará y guiará para tramitar el procedimiento.

Todas las mujeres tienen derecho a recibir información clara y completa sobre su salud, sus opciones y sus derechos. También tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal sanitario.

Es importante destacar que:

  • La decisión de interrumpir o continuar un embarazo es personal y corresponde únicamente a la mujer.
  • Todas las mujeres tienen derecho a acceder a información veraz y objetiva sobre la IVE, así como a recibir apoyo y acompañamiento durante el proceso.
  • Cada mujer que decide interrumpir su embarazo tiene una realidad diferente. Respetar sus motivaciones para abortar y validar las emociones asociadas a ellas es muy importante para afrontar este proceso de una manera sana. Para ello la validación emocional de las y los profesionales que acompañan a las mujeres es fundamental.

El Trabajo Social con mujeres migrantes en situaciones de IVE requiere un enfoque que combine la atención práctica con la sensibilidad cultural y el respeto por la autonomía de las mujeres. Los/as profesionales debemos estar capacitados/as para abordar las múltiples dimensiones de esta realidad, desde el acceso a servicios hasta el apoyo emocional y la defensa de derechos. La colaboración entre instituciones y la promoción de políticas inclusivas son fundamentales para garantizar que todas las mujeres, independientemente de su origen o estatus migratorio, puedan ejercer sus derechos reproductivos de manera segura y digna.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes legales y oficiales:

Asociaciones:

  • Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI): Esta asociación representa a clínicas que realizan IVE en España. En su página Información sobre el proceso, derechos de las mujeres y acceso a servicios. https://www.acaive.com/

Otras Fuentes:

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Docencia e Investigación

Reseña del libro “Laboratorio de casos sociales. El método de casos aplicado al aula desde una perspectiva interdisciplinar”

Málaga, 20 de mayo de 2025

Reseña bibliográfica de Arturo Cosano Ramos
Personal Investigador. Universidad de Málaga

Título del libro: Laboratorio de casos sociales. El método de casos aplicado al aula desde una perspectiva interdisciplinar
Personas autoras: Rondón García, L. M. Y Romo Parra, C.
Editorial: Dykinson
Edición: 2023

La obra que aquí se presenta pretende convertirse en una herramienta pedagógica de referencia para el aprendizaje del método de casos a partir de los conocimientos adquiridos por el estudiantado universitario del ámbito de las ciencias sociales.

Partiendo de una perspectiva aplicada, las personas autoras de cada uno de los seis capítulos que conforman el libro logran condensar, en apenas 150 páginas, un cuerpo teórico-práctico en el que, por un lado, se exponen los fundamentos teóricos y metodológicos del método de casos sociales y, por otro,  se desarrollan casos prácticos resueltos que facilitan la labor del docente para aplicar en el aula esta metodología de aprendizaje centrada en el fomento de la participación activa del estudiantado, la adquisición de competencias como la resolución de problemas, la capacidad de trabajo en equipo y la toma de decisiones, cuestiones todas ellas esenciales en el proceso de formación de profesionales del ámbito social.

El libro representa la transferencia de resultados del proyecto de innovación educativa financiado por la Universidad de Málaga denominado Laboratorio de casos: aprendizaje basado en problemas desde una perspectiva interdisciplinar, que ha sido desarrollado durante el periodo 2014-2021. La obra se fundamenta en el convencimiento de que abordar la formación para la intervención social desde el ámbito universitario requiere incorporar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que consigan una aproximación más afinada y competente al ejercicio profesional.

Tal y como mencionan en la introducción el profesor Luis Miguel Rondón García y la profesora Carmen Romo Parra, quienes han coordinado y editado la publicación, ésta se acerca con grandes dosis de implicación y de realismo al personal docente y discente que potencialmente podría hacer uso de las ideas que se exponen, buscando una finalidad última que no es otra que crecer en el compromiso con el avance de la formación universitaria a partir del abordaje de situaciones multiproblemáticas como las que se muestran en la obra.

El volumen se estructura a través de tres bloques que nos adentran en los contenidos de manera gradual, yendo desde los postulados teóricos de la materia hasta aterrizar en la plasmación práctica de los mismos. 

Así, en el primer bloque se aborda el nuevo enfoque metodológico en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior a través de dos capítulos. El capítulo 1 se dedica a reflexionar sobre los contextos, los métodos y las técnicas para una formación universitaria colaborativa y significativa al servicio de la adquisición de competencias, en diversas vertientes, hiladas a los resultados de aprendizaje que las hacen efectivas. Por su parte, el capítulo 2 se dedica a detallar la metodología de aprendizaje basada en casos como herramienta para el desarrollo de potencialidades y sinergias que hagan posible una formación curricular más sólida y abocada a la práctica.

El segundo bloque trata de la traslación de la acción profesional al aula, centrándose en la resolución de casos prácticos y su aplicación a la docencia. De esta manera, en el capítulo 3 se exponen los pasos a seguir en la aplicación didáctica del estudio de casos, los cuales servirán de esquema básico para el planteamiento y resolución de casos en las diversas temáticas que se abordan en los capítulos siguientes, a saber: adicciones, dependencia, salud mental, menores,  discapacidad y violencia de género en el ámbito de la pareja. Los casos expuestos y desarrollados en los capítulos 4 y 5 se presentan bajo un esquema común atendiendo a las principales fases que reflejan el procedimiento seguido en el trabajo profesional con casos. De esta manera, los casos expuestos se inician con el relato del caso a partir del cual se elaborará un diagnóstico inicial. A continuación, se realiza el correspondiente encuadre profesional y se expone el régimen legal que atañe a cada situación.

En tercer lugar, se realiza un planteamiento acerca del modelo teórico de referencia más adecuado al caso para, a continuación, realizar una exploración de la demanda que conduzca a la identificación de las áreas de necesidad y factores de riesgo y protección asociados. Finalmente, el estudio de todos los elementos anteriores da paso al establecimiento del diagnóstico social, el cual incluye la valoración profesional, el pronóstico y los recursos a utilizar para abordar el tratamiento.

Las personas autoras que presentan los casos son, todas ellas, expertas en la materia que se aborda y pertenecen a diversos ámbitos disciplinares. Uno de los factores clave de esta obra es, precisamente, lograr transmitir una visión de conjunto coherente desde un punto de vista interdisciplinar gracias a la suma de los bagajes de la experiencia profesional y académica del equipo de autores y autoras que han participado en esta publicación. Este espacio transdisciplinar de socialización del saber representa uno de los puntos fuertes de la publicación.

Finalmente, la obra concluye con una tercera parte en la que se reflexiona sobre el método de casos como vértice de la intervención social y se aportan diversas recomendaciones en la aplicación de este método.

El largo recorrido que se realiza de forma sintetizada en el libro afirma que el contexto actual nos exige la búsqueda de nuevos métodos pedagógicos, rompiendo con antiguas formas de enseñanza en pro de encontrar estrategias que favorezcan el proceso educativo. El término de las competencias ha favorecido en parte este objetivo pues permite que las personas mejoren su cualificación profesional adquiriendo destrezas. La importancia de este libro es justamente esa, búsqueda e implementación de nueva metodología que favorece el aprendizaje, más aún si hablamos de disciplinas como el trabajo social. En este sentido, el método de casos queda plasmado como una herramienta pedagógica excelente para el desarrollo de un nuevo modelo de aprendizaje.

No obstante, debemos matizar que el libro aclara que el método de casos no es un recurso didáctico para incorporar, sino que se trata de un cambio en la centralidad de la educación. La aplicación de dicho método, por tanto, exige una revisión de los contenidos desde una visión más amplia, como aclaran las personas autoras del libro.

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Familia

Trabajo Social y Divorcio: Herramientas prácticas para un acompañamiento sistémico, preventivo y emocional

Las Palmas, 30 de abril de 2025

Leire Lizarraga Irurzun
Trabajadora Social Experta en Acompañamiento a Familias en procesos de Divorcio en ejercicio libre de la profesión

El Trabajo Social desempeña un rol fundamental en los procesos de divorcio, no solo como figura mediadora entre las partes, sino como profesional clave en la detección, acompañamiento y prevención de situaciones de vulnerabilidad y/o de riesgo que afectan a las personas implicadas, especialmente a las niñas, niños y personas adolescentes. Desde un enfoque sistémico, el Trabajo Social interviene considerando las dinámicas familiares, las estructuras de apoyo y los factores contextuales, favoreciendo procesos de adaptación saludables a partir de las capacidades individuales y garantizando los derechos de las personas implicadas. Este artículo aborda el aporte específico del Trabajo Social en estos procesos, basándose en investigaciones recientes y en la praxis profesional.

Introducción

Los procesos de divorcio suponen una transformación profunda de las estructuras familiares. Lejos de ser una mera ruptura de pareja, implica un proceso de reorganización de roles, vínculos y recursos que afecta a todas las personas integrantes del sistema familiar. En este escenario, el Trabajo Social emerge como una disciplina esencial para acompañar, proteger y cuidar del bienestar de las personas afectadas (Martínez, 2018).

La figura de la trabajadora social cobra especial relevancia por su formación específica en intervención familiar, manejo emocional, mediación, perspectiva sistémica y trabajo comunitario. Además, su proximidad a la realidad social y su capacidad de adaptación a contextos cambiantes hacen de este perfil profesional una herramienta imprescindible en los procesos de separación y divorcio.

1. Enfoque sistémico y Trabajo Social en procesos de divorcio

Desde el enfoque sistémico (Minuchin, 1974), la familia se concibe como un sistema interrelacionado y dinámico, donde cada miembro cumple un rol y mantiene vínculos que permiten el equilibrio del conjunto. Cualquier cambio o ruptura dentro del sistema —como el proceso de divorcio— impacta inevitablemente en la estructura familiar, generando la necesidad de una reorganización de funciones, normas, límites y patrones de comunicación. El divorcio, en este sentido, se entiende como una crisis evolutiva que desestabiliza temporalmente el sistema familiar, pero que también puede abrir posibilidades de crecimiento, adaptación y transformación si se transita adecuadamente.

La intervención sistémica desde el Trabajo Social permite observar no solo la situación individual de cada miembro, sino las dinámicas relacionales, los patrones de comunicación y los recursos de afrontamiento colectivos. Esta mirada global favorece intervenciones más eficaces, realistas y sostenibles.

En este contexto, la intervención del Trabajo Social adquiere un papel fundamental como facilitador de estos procesos de cambio, orientándose a fortalecer los recursos internos de las personas implicadas —como la resiliencia, las competencias parentales y marentales o las habilidades de afrontamiento— y a movilizar recursos externos —como redes de apoyo, servicios especializados o espacios de acompañamiento personalizado— que favorezcan la reconstrucción de un nuevo equilibrio familiar. El objetivo es acompañar a las familias en la elaboración de acuerdos, en la redefinición de vínculos y en la creación de un contexto protector que garantice el bienestar de sus miembros, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, cuyo desarrollo y proceso madurativo se ve afectado por el divorcio (Forteza et al., 2019).

El rol del Trabajo Social, por tanto, es múltiple y se despliega en distintos niveles de intervención. Acompaña emocionalmente a las personas implicadas, media en los conflictos derivados de la ruptura, detecta factores de riesgo —como situaciones de violencia, negligencia, pobreza o exclusión social— y activa redes de apoyo institucionales y comunitarias que permitan sostener a las familias en el proceso de cambio.

Al mismo tiempo, desde una perspectiva ética y de derechos, el Trabajo Social deposita una mirada sensible, respetuosa y especializada hacia las niñas, niños y adolescentes, reconociendo sus necesidades psicoevolutivas y madurativas. Se trata de integrar su voz en los procesos de intervención, de garantizar su derecho a ser escuchados (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) y de velar por su protección integral (interés superior del niño/a), evitando que queden atrapadas/os en dinámicas adultocéntricas o conflictivas.

Así, el Trabajo Social no solo identifica las dificultades o carencias, sino que visibiliza las fortalezas y potencialidades de las familias, promoviendo su autonomía, su capacidad de adaptación y su derecho a recibir los apoyos necesarios para transitar esta etapa con las mejores condiciones posibles para el bienestar de todos sus miembros, en especial de las infancias y adolescencias.

2. Factores que influyen en los procesos de separación y divorcio

La investigación identifica diversos factores que inciden en la complejidad de los procesos de divorcio y que condicionan tanto las experiencias individuales como las posibilidades de afrontamiento de las familias (Amato, 2010; Garriga, 2020). Estos factores, lejos de operar de manera aislada, se interrelacionan y potencian sus efectos, configurando escenarios de mayor o menor riesgo social.

Entre los principales elementos destacan:

  • La presencia de niñas, niños y personas adolescentes: la existencia de descendencia común introduce dinámicas específicas vinculadas al ejercicio de la parentalidad postruptura, las custodias, las visitas o las decisiones compartidas. Las necesidades de protección, cuidado y estabilidad emocional de las infancias y adolescencias requieren intervenciones especializadas que garanticen su centralidad y su bienestar (Forteza et al., 2019).
  • La situación económica de la progenitora y progenitor: la separación de una unidad de convivencia suele implicar un reajuste de los recursos económicos y habitacionales, que afecta de manera desigual según las condiciones previas, los roles de género, el acceso al empleo o la existencia de cargas familiares. La precarización posterior al divorcio es especialmente frecuente en mujeres con responsabilidades de cuidado (Laparra & Pérez, 2012).
  • La presencia de dinámicas violentas: ya sean físicas, psicológicas, económicas o simbólicas, complejiza notoriamente los procesos de separación y divorcio, no solo por las implicaciones legales, sino también por las secuelas emocionales y los riesgos asociados para las personas afectadas, especialmente para las hijas e hijos. En contextos de violencia de género, el divorcio no representa necesariamente una vía de protección inmediata, ya que las dinámicas abusivas pueden perpetuarse a través de la manipulación de los hijos o del uso del proceso judicial como forma de control.

Diversos estudios señalan que las niñas, niños y personas adolescentes expuestas a divorcios conflictivos o a violencia intrafamiliar presentan mayores niveles de estrés, ansiedad, somatizaciones y dificultades en el desarrollo emocional y social. Además, la utilización de los hijos y las hijas como instrumentos de chantaje emocional o como medio para dañar al otro progenitor puede generar en ellos conflictos de lealtad, sentimientos de culpa y deterioro de su autoestima.

Desde el Trabajo Social, es fundamental identificar estas situaciones y activar protocolos de protección que prioricen el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y personas adolescentes, promoviendo intervenciones coordinadas con los sistemas judiciales y de protección infantil (Cantón et Al., 2002).

La falta de redes de apoyo: el aislamiento social o la debilidad de los vínculos familiares y comunitarios dificultan los procesos de reorganización vital. La existencia de redes de apoyo —formales e informales— constituye un factor protector de primer orden (Bravo & del Valle, 2009).

El acceso a recursos comunitarios: La disponibilidad, accesibilidad y calidad de los recursos públicos —servicios sociales, mediación familiar, atención psicológica, vivienda, ayudas económicas— condiciona las posibilidades reales de afrontamiento y adaptación a la nueva situación.

La cultura y los estigmas sociales: las representaciones sociales en torno al divorcio, los mandatos tradicionales de familia o las percepciones sobre el fracaso matrimonial influyen en la vivencia del proceso, generando en algunos casos sentimientos de culpa, vergüenza o fracaso personal.

Desde esta perspectiva, la intervención del Trabajo Social debe considerar esta multidimensionalidad y diseñar respuestas ajustadas a las particularidades de cada situación, integrando una mirada integral, interseccional y centrada en los derechos de todas las personas implicadas.

3. El rol específico del Trabajo Social: prevención, acompañamiento e intervención

Prevención

El Trabajo Social desarrolla acciones preventivas para minimizar el impacto negativo de los divorcios. Estas incluyen:

  • Promoción de la parentalidad positiva (Rodríguez & Gómez, 2021).
  • Educación emocional y habilidades de comunicación (Romero & Plaza, 2019).
  • Talleres para familias en procesos de separación.
  • Creación de espacios de sensibilización y educación comunitaria que aborden los estigmas sobre el divorcio.
  • Difusión de recursos y servicios existentes.

Acompañamiento

Durante el proceso de separación o divorcio, el Trabajo Social realiza:

  • Entrevistas individuales y familiares para explorar necesidades y recursos.
  • Apoyo en el manejo emocional y resolución de conflictos (Navarro & Pérez, 2022).
  • Priorización del proceso emocional frente al legal.
  • Guía para la superación de las diferentes etapas/fases.
  • Información y derivación a recursos jurídicos, psicológicos o comunitarios.
  • Seguimiento de los acuerdos entre progenitor y progenitora para supervisar su cumplimiento y adaptabilidad.
  • Asesoramiento y orientación educativa en función de las necesidades infantiles y adolescentes.
  • La cercanía del/la trabajador/a social y su presencia continuada permiten generar confianza, espacios de escucha activa y un acompañamiento respetuoso que evita el aislamiento o la cronificación del sufrimiento.

Intervención

En situaciones complejas, el Trabajo Social:

  • Realiza valoraciones integrales desde un enfoque sistémico.
  • Elabora informes sociales para procesos judiciales (custodias, régimen de visitas, violencia, etc.).
  • Media y aborda posturas en profundidad en los acuerdos centrados en el bienestar infantil.
  • Interviene de manera coordinada con otros profesionales (psicología, educación, servicios jurídicos) para un abordaje integral cuando es preciso.

Conclusiones

La presencia del Trabajo Social en los procesos de divorcio resulta imprescindible para garantizar procesos más saludables, justos y centrados en el bienestar de todas las personas implicadas. Desde un enfoque sistémico, las y los profesionales del Trabajo Social aportan una visión integral, una intervención ética y una labor de acompañamiento que incide directamente en la calidad de vida de las familias.

El desafío actual es visibilizar este rol, potenciar recursos comunitarios accesibles y la colaboración de la administración para realizar convenios de profesionales expertas/os en la materia y favorecer el ejercicio libre de la profesión, incorporar las posibilidades de la intervención online y consolidar estrategias preventivas que minimicen el impacto negativo del divorcio, especialmente en las niñas, niños y personas adolescentes.

Referencias Bibliográficas

Amato, P. (2010). Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments. Journal of Marriage and Family, 72(3), 650-666. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x

Bravo, A., & del Valle, J. F. (2009). Afrontamiento familiar del divorcio: estudio de los recursos y apoyos percibidos. Psychosocial Intervention, 18(1), 49-60. https://doi.org/10.5093/in2009v18n1a6

Cantón Duarte, J., Cortés Arboleda, M. R., & Justicia Díaz, M. D. (2002). Las consecuencias del divorcio en los hijos. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 2(3), 47-66.

Fernández García, T., & Pérez, J. M. (2023). Intervención social y divorcio: aportes desde el Trabajo Social para la gestión de los procesos de ruptura familiar. Cuadernos de Trabajo Social, 36(1), 57-70. https://doi.org/10.5209/cuts.83572

Forteza, D., Rodríguez, A., & Pérez, M. (2019). Trabajo Social Sistémico: fundamentos y prácticas. Editorial UOC.

Kelly, J., & Emery, R. (2003). Children’s Adjustment Following Divorce: Risk and Resilience Perspectives. Family Relations, 52(4), 352-362. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00352.x

López, C., Serrano, M., & Jiménez, R. (2020). El impacto del divorcio en la infancia: claves de intervención desde Trabajo Social. Cuadernos de Trabajo Social, 33(1), 41-58. https://doi.org/10.5209/ctso.66410

López Peláez, A., Pérez Eransus, B., & Marcuello-Servós, C. (2021). Familias en transformación: cambios, desafíos y respuestas desde el Trabajo Social. Documentos de Trabajo Social, 61, 13-33. https://doi.org/10.5944/rdts.61.2021.31301

Martínez, R. (2018). Trabajo Social con Familias: Nuevos Retos y Perspectivas. Ediciones Paraninfo.

Molina, A. (2020). Divorcio, género y Trabajo Social: una mirada desde la intervención sociofamiliar. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 27, 89-108. https://doi.org/10.14198/ALTERN2020.27.05

Navarro, J., & Pérez, M. (2022). Mediación y Trabajo Social: experiencias prácticas. Editorial UOC.

Rodríguez, C., & Gómez, L. (2021). Parentalidad positiva y resiliencia familiar. Editorial CCS.

Romero, A., & Plaza, R. (2019). Educación emocional en contextos familiares. Narcea Ediciones.

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Vivienda

Por un cambio de paradigma, la vivienda para vivir

10 de abril de 2025

Comisión de Servicios Sociales
del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga

El 5 de abril han tenido lugar en más de una treintena de ciudades españolas manifestaciones reivindicativas del derecho a la vivienda y contra el negocio y especulación que está privando a millones de personas en nuestro país de poder acceder a vivienda digna, incumpliéndose el art. 47 de la Constitución Española, que nos dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

El Colegio de Trabajo Social de Málaga se ha adherido a las manifestaciones promovidas por los sindicatos de inquilinos e inquilinas y al manifiesto en el que reivindican el derecho a la vivienda, participando en la manifestación reclamando: «El Trabajo Social en defensa de los Derechos de la Ciudadanía», evidenciando su compromiso e interés activo con la problemática de la vivienda y el bienestar social de la ciudadanía. 

En 2018 el CPTS Málaga ya publicó una monografía sobre la vivienda en la que se abordaba: régimen jurídico, la sostenibilidad de las viviendas de protección oficial y plan de vivienda vigente en aquel momento, y los desahucios. El pasado año, 2024, el CPTS Málaga organizó una Mesa de Diálogo para analizar la situación habitacional en la ciudad y publicó un informe, donde se abordaban temas como el aumento de los precios de alquiler, la escasez de viviendas asequibles y la necesidad de regular el mercado para evitar la especulación, y del que a continuación reseñamos los datos más relevantes. 

La vivienda como bien de primera necesidad, viene siendo objeto de debate, principalmente en lo que al acceso se refiere, ya que su disponibilidad o dificultad en el acceso, genera toda una serie de problemáticas sociales o por el contrario facilita procesos de inclusión, de ahí que el Trabajo Social haya tenido históricamente una presencia activa de cara a abordar colectivos y problemáticas que sitúan a la vivienda como recurso o instrumento para la intervención. 

El sistema económico actual hace del consumo la pieza clave para su supervivencia, en la que el bienestar trasciende elementos personales y se encuentra centrado en la obtención de beneficios económicos (Navarro, Torres y Garzón, 2011). Esta máxima viene marcando el comportamiento y las decisiones que, de manera directa o indirecta, se han venido tomando en los diferentes ámbitos que afectan al bienestar de las personas, entre ellos el acceso a la vivienda.

Desde la Comisión de Servicios Sociales del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, junto al Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Málaga, se presentó el pasado año el primer número de un proyecto que se marca como objetivo la publicación de informes desde la consideración de una serie de variables que afectan al acceso a la vivienda, a fin de aportar análisis que vengan a facilitar propuestas de cambio, a la vez que servir como medio de anticipación ante posibles situaciones problemas. En una provincia como Málaga, con grandes déficits en lo que a la disponibilidad de vivienda pública se refiere, y que en los últimos años ha emprendido un modelo de ciudad que genera desde procesos de gentrificación al mantenimiento de zonas desfavorecidas o la imposibilidad de la emancipación de la juventud, elementos todos ellos que a su vez infieren en el incremento de la desigualdad. 

Entre las variables consideradas encontramos: la población, la tasa de paro, el ingreso mínimo vital (IMV), las viviendas con ejecución hipotecaria iniciada, los lanzamientos con cumplimiento positivo, las viviendas turísticas, la vivienda protegida y libre, así como las visadas y la renta. Para finalizar con una batería de datos del registro municipal de demandantes de vivienda protegida, que permite conocer el perfil de las personas solicitantes tanto a nivel de la provincia como de la ciudad de Málaga, como: mujer, que tiene entre 35 y 50 años, que prefiere el régimen de alquiler con opción a compra, con una unidad familiar compuesta por un miembro y que tiene ingresos que no superan los 600 euros.

Se concluye en este primer informe que nos encontramos en una provincia que se encuentra entre las que han experimentado un mayor aumento de población en el conjunto del estado, veinte puntos y veintidós por encima del total de España y Andalucía, respectivamente, pero con una mayor concentración de población en un menor número de municipios, caracterizándose esta por haberse producido en municipios costeros o de su entorno, así como del área metropolitana. Mientras  que la ciudad de Málaga, habiendo incrementado su población, este incremento ha sido muy por debajo del conjunto de la provincia, que ha tenido un crecimiento muy alto en poco tiempo.

Los municipios, además, cuentan con una población residente no empadronada, residentes temporales y turistas, con lo que la población real es mucho mayor que la ofrecida por las cifras oficiales. Un conjunto de población que consume recursos y servicios.

Estos incrementos de población vienen generando un aumento de la demanda de vivienda, habiéndose disparado la oferta de viviendas libres, cuyo precio no converge con la subida de renta y salario, al contrario, cada vez hay mayor divergencia, aumentando por tanto la emergencia en materia de política de vivienda, un hecho que no se ha producido a vista de los datos en cuanto a vivienda de protección o la puesta en marcha de otras medidas, donde las cerca de setenta mil solicitudes presentadas al registro de vivienda de protección realizada en la provincia lo testifican.

Estas cuestiones no se pueden desligar del modelo de ciudad y provincia que se viene planteando, donde prima el turismo como eje vertebrador en la generación de recursos económicos, pero que no se están trasladando al resto de la ciudadanía, como se puede ver en los datos relativos a renta neta media por hogar, sobre todo en la ciudad de Málaga donde se mantiene una gran desigualdad entre distritos. Más allá de los costes medioambientales.

Este factor turismo está jugando un papel importante en la dificultad de acceso a la vivienda, tanto en la demanda de vivienda libre, como en la relativa a los alquileres. Circunstancia ésta que está dejando a muchas personas en la exclusión residencial, donde no se puede obviar al colectivo de personas sin hogar, que requiere de modelos de intervención donde el poder disponer de una vivienda se convierta en parte de su proceso de manera prioritaria.

Se está ante un problema que requiere de medidas a corto plazo y urgentes, ante situaciones de emergencia habitacional, pero también a medio y largo plazo, las cuáles no dejan de pasar por un cambio de paradigma donde la vivienda deje de ser un bien económico para convertirse en un bien social, algo de lo que existe sobrada literatura y normativa que lo ampara, sólo resta su cumplimiento.

Desde el CPTS Málaga continuamos instando a nuestros/as representantes y personas responsables de las políticas de vivienda y sociales, a implementar medidas a corto y largo plazo para abordar la emergencia habitacional. Se propone un cambio de paradigma en el que la vivienda deje de ser considerada un bien económico y se reconozca como un derecho social fundamental, siendo necesaria la elaboración de informes de impacto social que evalúen las consecuencias de las políticas urbanas y económicas en la población.

Bibliografía

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Miscelánea

¿Por qué publicar en TSDifusión?

TSDifusión, 31 de marzo de 2025

Puede que alguna vez, como profesional del Trabajo Social, hayas reflexionado o discutido con algún/a colega de profesión sobre alguna cuestión que afecta a nuestro trabajo. Quizá habéis planteado la forma que algún cambio legislativo afectará a las personas usuarias con las que trabajáis cada día, o sobre las dificultades que encontráis para llevar a cabo vuestro trabajo, o incluso es posible que alguna vez hayas realizado alguna publicación en redes sociales relacionada con tu campo de experiencia o denunciado alguna injusticia.

Desde una visión más positiva, también es posible que quieras compartir el buen trabajo que se realiza desde alguna organización, o nuevas formas de trabajo que se hayan supuesto una mejoría, o incluso poner en valor la labor de personalidades concretas dentro de nuestra profesión. En definitiva, creemos que cualquier profesional del trabajo social tiene algo que aportar: compartirlo, como acto de generosidad, con el resto de colegas de profesión supone un ejercicio de fortalecimiento de la profesión y desarrollo colectivo de la disciplina.

Publicar en TSDifusión contribuye a generar un espacio de reflexión y debate sobre las políticas públicas, incidiendo en su génesis y en el enfoque hacia la consecución del bienestar social. Este espacio puede constituirse como una vía para facilitar recomendaciones o generar propuestas de mejora a los sectores institucionales y gubernamentales.

Quizá alguna vez haya pasado por tu mente la idea de publicar algo, pero has pensado que se trata más de “una cosa” de personas académicas, de la universidad, que reflexionan sobre las teorías del Trabajo Social o presentan resultados de proyectos de investigación. Nada más lejos de la realidad. La revista TSDifusión ofrece la posibilidad de publicar artículos divulgativos en formato digital, con acceso gratuito, abierto e inmediato para el conjunto de la ciudadanía, en modalidad de entrevista o incluso recogiendo la opinión fundamentada de algún tema por parte de la persona autora. 

En este punto, ya hemos presentado brevemente algunas consideraciones para motivarte a publicar en TSDifusión, y, dado que, motivar no es únicamente alentar a hacer algo, sino también “dar motivos”, te ofrecemos una serie de cuestiones que tratan de responder a la pregunta que da título a esta entrada: ¿Por qué publicar en TSDifusión?

No tengas miedo de publicar. Tendrás el acompañamiento de personas expertas que revisarán tu texto y te harán propuestas de mejora, sin juzgarte y desde el respeto por y para la profesión. Ya se ha señalado que todo/a trabajador/a social tiene algo que decir: tomar acción a veces es más importante que el cómo. Entre todos y todas podemos aportar algo a la profesión para que deje de infravalorarse y reciba su merecido reconocimiento, así como sus profesionales. Que el miedo a publicar no impida mejorar la valorización como disciplina y profesión.

Para algunas personas, puede ser incluso un proceso de aprendizaje y creación de sinergias profesionales o se generen nuevas redes de apoyo profesional, permitiéndole compartir ciertos aspectos relacionados con la práctica profesional y con el trabajo social, y recibir el feedback de compañeros y compañeras. También puede ayudarte a desarrollar tu capacidad de escritura para la divulgación en base a los comentarios y recomendaciones de las personas que revisarán tu texto. En esta línea, cabe destacar, que la revista ofrece periódicamente formación específica en escritura para las personas interesadas en seguir mejorando en sus publicaciones.

También podría servir para potenciar tu marca personal, escribiendo sobre temas concretos que han sido escasamente abordados o sobre cuestiones en las que tienes amplia experiencia como persona experta. Estas publicaciones llegan a la ciudadanía en general, pero concretamente a numerosas personas colegiadas y colegios profesionales, pudiendo servir para visibilizar tu trabajo o tus inquietudes como profesional. Esto se aplica para todas las personas, tanto para aquellas con menos experiencia, que quieren aportar un elemento diferenciador en su marca personal y les ayuda a posicionarse y facilitar una mejor búsqueda o mejora laboral, como para aquellas con mayor experiencia, para que puedan ser identificadas como referentes dentro de sus campos de actuación.

La revista tiene ISBN, lo que puede servir para acreditar el trabajo realizado en formato digital y en abierto. Puede ser visualizado y ser constituyente de mérito en bolsas de trabajo, curriculum, etc.

Para publicar en TSDifusión no es necesario ser profesional en activo, todos/as podemos compartir reflexiones, estudios, experiencias, en cualquier momento de nuestra vida, estemos trabajando o no. 

Recientemente hemos celebrado el Día Mundial del Trabajo Social bajo el lema: “Fortalecer la solidaridad intergeneracional para un bienestar duradero”, y sobre el que el Consejo General explica en su web que: “a través de este tema, la profesión de trabajo social reconoce la necesidad de que las sociedades fortalezcan y apoyen de manera más activa la solidaridad intergeneracional respetuosa para el bienestar duradero de toda la ciudadanía… Se reconoce también el papel de las generaciones más jóvenes a la hora de interpretar esta sabiduría de nuevas maneras, para afrontar los desafíos de hoy y encontrar nuevas soluciones para el futuro.” 

Desde TSDifusión queremos sumarnos a esta celebración como un espacio más de encuentro intergeneracional de profesionales, tanto en su equipo de trabajo como en las personas que publican, por lo que os animamos a participar y publicar en la revista.

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Exclusión social

Madres solteras en Marruecos: Barreras y vías de empoderamiento

Tánger, 21 de febrero de 2025

Mohamed Haouari
Profesor de Trabajo Social en el Instituto Nacional de Acción Social (Marruecos)

Este artículo analiza las barreras legales, sociales y culturales que enfrentan las madres solteras en Marruecos y su impacto en la exclusión y vulnerabilidad de este grupo. Mediante un enfoque multidimensional, se examinan los desafíos estructurales derivados del marco jurídico, las normas patriarcales y el estigma social. También se exploran iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil, destacando el modelo integral de 100% Mamans, que promueve la autonomía económica, social y emocional de estas mujeres. Finalmente, se identifican oportunidades para fortalecer la colaboración intersectorial y avanzar hacia políticas inclusivas que garanticen su empoderamiento y plena participación en la sociedad.

Las madres solteras en Marruecos enfrentan una realidad compleja caracterizada por la estigmatización social y la insuficiencia de apoyo institucional. En un contexto marcado por normas patriarcales y principios religiosos, se ven privadas de acceso equitativo a derechos básicos, empleo y vivienda, lo que perpetúa un ciclo de exclusión que afecta tanto a ellas como a sus hijos. Esta dinámica contribuye a la reproducción de desigualdades intergeneracionales, exacerbando su vulnerabilidad (Bousbaa, 2021, pp. 109-122; Letablier, 2011, p. 5).

Este ciclo se ve reforzado por un marco jurídico restrictivo, como el artículo 490 del Código Penal, que criminaliza las relaciones extramatrimoniales y dificulta el acceso de las madres solteras a servicios esenciales, tales como la inscripción de sus hijos en el registro civil y la protección social (100% Mamans, 2018, p. 12). Además, la Constitución marroquí, al reconocer legalmente solo a las familias formadas dentro del matrimonio, excluye a estas mujeres de las políticas públicas. Aunque iniciativas como TAKAFOL y Maroc-Attamkine han intentado mitigar estos desafíos, su impacto sigue siendo limitado, especialmente en zonas rurales, donde las desigualdades estructurales son más profundas (MSDSEF, 2020, p. 22).

Entre 2003 y 2009, más de 210.434 mujeres se convirtieron en madres solteras, lo que representó el 11% de los nacimientos en 2009. De estas mujeres, el 92% tenía entre 15 y 19 años, y el 65,3% entre 20 y 24 años, reflejando la alta vulnerabilidad de este grupo. Aunque su proporción a nivel nacional ha disminuido desde 2007, las madres solteras de clases trabajadoras siguen siendo las más afectadas, enfrentando discriminación interseccional basada en género, clase social y estado civil (INSAF, 2010, pp. 22-167).

Frente a las barreras legales y sociales que enfrentan las madres solteras, las organizaciones de la sociedad civil han emergido como actores clave en la promoción de su inclusión y autonomía. Iniciativas como 100% Mamans combinan programas de capacitación profesional, apoyo psicosocial y orientación laboral para proporcionar herramientas esenciales que les permitan alcanzar la independencia económica, superar el estigma social y construir redes de apoyo (100% Mamans, 2017, pp. 22-26). Además, estas organizaciones trascienden la asistencia inmediata al desafiar las estructuras sociales que perpetúan la marginalización de estas familias monoparentales.

La monoparentalidad, frecuentemente asociada a la violencia de género, limita significativamente el acceso de las mujeres a recursos económicos, sociales y emocionales, incrementando su vulnerabilidad (Humphreys & Thiara, 2003, pp. 209-226). Frente a esta realidad, los modelos asociativos han demostrado su eficacia al integrar estrategias como talleres de capacitación, redes solidarias y campañas de sensibilización comunitaria. Estas acciones no solo responden a las necesidades inmediatas de las beneficiarias, sino que también contribuyen a transformar las narrativas culturales que perpetúan el estigma, promoviendo así su empoderamiento (Kabeer, 1999, pp. 435-464; Bacqué & Biewener, 2013, pp. 25-32).

En este contexto, el enfoque asociativo se consolida como una alternativa viable para fomentar tanto la autonomía económica como la cohesión social de las madres solteras. No obstante, garantizar un impacto sostenible requiere complementar estas iniciativas con reformas estructurales que promuevan la igualdad de oportunidades y brinden una protección social adecuada. Lograr este objetivo implica fortalecer la colaboración interinstitucional y transformar las percepciones sociales, reconociendo a las madres solteras como agentes activos del desarrollo social y no como sujetos de exclusión.

Barreras legales y exclusión social

El marco legal vigente en Marruecos impone restricciones significativas a las madres solteras, perpetuando su exclusión social y limitando su autonomía. La Constitución, en su artículo 32, define a la familia exclusivamente como aquella formada dentro del matrimonio, excluyendo del reconocimiento legal a las madres solteras y a sus hijos. Esta definición refuerza estructuras patriarcales que dificultan el acceso igualitario de estas mujeres a derechos fundamentales como la educación, la protección social y la salud (100% Mamans, 2018, p. 12).

A esta exclusión se suma el artículo 490 del Código Penal, que penaliza las relaciones extramatrimoniales, generando un entorno jurídico que estigmatiza a las madres solteras. Este marco no solo las criminaliza socialmente, sino que también afecta directamente a sus hijos, quienes enfrentan serias barreras para su inscripción en el registro civil. Esta situación restringe su acceso a servicios esenciales, perpetuando así desigualdades intergeneracionales (LAHSIKA, 2021, p. 21).

La exclusión legal de las madres solteras se refleja también en las políticas públicas, donde estas mujeres carecen de representación en los procesos de diseño e implementación de estrategias que afectan directamente sus vidas. Esta ausencia profundiza las barreras estructurales existentes, impidiendo la creación de un entorno inclusivo y adecuado para su desarrollo (Bousbaa, op. cit., p. 69). La falta de voz en la toma de decisiones institucionales limita su capacidad para influir en las políticas que podrían mejorar su situación y la de sus hijos, perpetuando su vulnerabilidad social y económica.

Para abordar esta problemática, es necesario adoptar un enfoque integral que combine reformas legislativas con iniciativas de sensibilización cultural. La eliminación de disposiciones punitivas, como aquellas que criminalizan a las madres solteras, y la promoción de narrativas inclusivas son pasos clave para desafiar las normas patriarcales que refuerzan su exclusión. 

Estigmatización cultural y normas patriarcales

Las madres solteras en Marruecos enfrentan un estigma profundamente arraigado en normas patriarcales y expectativas culturales tradicionales que consideran la monoparentalidad una desviación de los modelos familiares aceptados. Este estigma las expone al rechazo social, tanto en sus comunidades como dentro de sus propias familias, lo que afecta su bienestar emocional y limita su acceso a recursos económicos, empleo y redes de apoyo fundamentales.

En el ámbito laboral, estas mujeres también enfrentan discriminación. Frecuentemente percibidas como menos confiables debido a sus responsabilidades familiares, ven restringidas sus posibilidades de lograr autonomía económica. Esta percepción perpetúa desigualdades de género que refuerzan su vulnerabilidad social (Kabeer, 2005, pp.13-22).

La presión social lleva a muchas madres solteras a ocultar su estado civil para evitar el juicio y la discriminación, incluso cuando reciben apoyo de organizaciones como 100% Mamans. Este aislamiento dificulta la creación de redes esenciales para su integración. Sin embargo, iniciativas como las campañas de sensibilización comunitaria lideradas por 100% Mamans han demostrado ser efectivas para desafiar estas percepciones, resaltando las contribuciones positivas de las madres solteras y promoviendo su aceptación como parte legítima de las estructuras familiares (100% Mamans, 2017, pp. 22-26).

Como subraya Sechter-Funk, la transformación cultural es un proceso gradual que requiere la participación conjunta de comunidades locales e instituciones estatales. Para avanzar hacia un entorno más inclusivo, las estrategias comunitarias deben complementarse con políticas públicas que promuevan la igualdad de género y combatan el estigma hacia las madres solteras (Sechter-Funk, 2015, p. 89). Mediante campañas educativas, programas de sensibilización y la implementación de marcos legales inclusivos, es posible construir un contexto más equitativo y protector para este grupo vulnerable.

Avances en las políticas públicas

Las políticas públicas han registrado avances significativos en la atención a las madres solteras, aunque su alcance y efectividad continúan siendo limitados. Programas como TAKAFOL y Maroc-Attamkine han promovido la capacitación profesional y el acceso a microcréditos, generando oportunidades para ingresos sostenibles. Por su parte, el Plan ICRAM y su segunda fase, ICRAM2, han integrado la perspectiva de género en las políticas públicas, fortaleciendo los derechos humanos y la democracia participativa (MSDSEF, 2020, pp. 18-22).

Sin embargo, estos programas se concentran principalmente en áreas urbanas, limitando su acceso para mujeres en zonas rurales, donde las desigualdades estructurales son más pronunciadas. Además, la exclusión de los hijos nacidos fuera del matrimonio de las prestaciones sociales, contribuye a la pobreza intergeneracional, incrementando la vulnerabilidad económica de estas familias (Asociación Bayti, 2016, p. 30).

A pesar de las limitaciones existentes, los programas actuales han logrado visibilizar los desafíos que enfrentan las madres solteras, incorporándolas en la agenda pública. Este avance hacia la inclusión social es significativo, pero su impacto requiere superar barreras estructurales. La descentralización de los servicios sociales puede favorecer una distribución más equitativa de recursos, mientras que una coordinación efectiva entre instituciones ampliaría la cobertura y mejoraría la eficacia de las políticas públicas. 

Recomendaciones y conclusiones

Las madres solteras en Marruecos enfrentan barreras estructurales que dificultan su inclusión social y autonomía económica. La falta de servicios esenciales, como cuidado infantil, vivienda adecuada y transporte seguro, afecta especialmente a las mujeres en zonas rurales, limitando su acceso a formación, empleo y oportunidades laborales.

El acceso restringido a financiamiento asequible también constituye un desafío significativo. Aunque existen programas de capacitación en gestión empresarial, la ausencia de microcréditos flexibles limita la viabilidad de iniciativas de emprendimiento, perpetuando la dependencia económica y la vulnerabilidad de estas mujeres.

En el ámbito legal, es urgente reformar normativas como el artículo 490 del Código Penal, que criminaliza las relaciones extramatrimoniales y refuerza la estigmatización social. Estas modificaciones deben garantizar derechos fundamentales, prevenir la discriminación y facilitar el acceso a servicios básicos. Paralelamente, campañas de sensibilización cultural son clave para combatir prejuicios hacia la monoparentalidad y legitimar diversas configuraciones familiares en la sociedad.

Para superar los desafíos que enfrentan las madres solteras, las políticas públicas deben adoptar un enfoque integral e interseccional que combine apoyo económico, psicosocial y cultural. La provisión de servicios esenciales, como guarderías accesibles, viviendas seguras y transporte adecuado, facilita su participación activa en la vida social y económica, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su autonomía. Además, garantizar su involucramiento en el diseño y ejecución de estas políticas asegura una atención integral y sostenible a sus necesidades específicas.

La colaboración intersectorial entre gobiernos, sociedad civil y sector privado es fundamental para garantizar la sostenibilidad de estas iniciativas. Este esfuerzo conjunto requiere un compromiso político sólido y una asignación adecuada de recursos para construir un entorno inclusivo que reduzca las desigualdades estructurales.

El modelo de la asociación 100% Mamans constituye un referente valioso, integrando apoyo psicosocial, formación profesional y redes de solidaridad. Su replicación y expansión demandan una mayor coordinación entre sectores públicos, privados y sociales, así como la descentralización de servicios hacia áreas rurales para mitigar las disparidades territoriales y garantizar igualdad de oportunidades.

En definitiva, abordar las barreras estructurales y sociales que enfrentan las madres solteras en Marruecos exige un esfuerzo colectivo que combine voluntad política, recursos adecuados y transformaciones culturales. Solo así se podrá garantizar su plena autonomía y participación en el desarrollo social y económico del país.

Referencias bibliográficas

100 % Mamans. (2017). Estudio jurídico. 100 % Mamans. https://centpourcentmamans.com/wp-content/uploads/2019/11/etudejuridique.pdf

100 % Mamans. (2018). Plan de promoción. Promoción y defensa de los derechos de las madres solteras y de sus hijos en Marruecos. https://centpourcentmamans.com/wp-content/uploads/2019/11/plandeplaidoyer.pdf

Association Bayti. (2016). La politique publique intégrée de la protection de l’enfance. https://www.association-bayti.ma/doc-bayti/PPIPEM-Version-fran%C3%A7aise.pdf

Bacqué, M.-H., & Biewener, C. (2013). L’empowerment, un nouveau vocabulaire pour parler de participation ? Idées économiques et sociales, 3, 25-34. https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2013-3-page-25.htm

Bousbaa, A. (2021). Les parentalités en Afrique musulmane : Une parentalité controversée des mères célibataires au Maroc. In Centre Jacques-Berque. https://books.openedition.org/cjb/1744

Humphreys, C., & Thiara, R. (2003). Mental health and domestic violence: “I call it symptoms of abuse”. British Journal of Social Work, 33(2), 209-226. https://doi.org/10.1093/bjsw/33.2.209

Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes en Détresse (INSAF). (2010). Le Maroc des mères célibataires : Ampleur et réalité actions, représentations itinéraires et vécus. https://www.cawtarclearinghouse.org/storage/4961/INSAF-Rapport-Etude-nationale-%27%27Le-Maroc-des-meres-celibataires-2010.pdf

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. Development and Change, 30(3), 435-464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125

Kabeer, N. (2005). Gender equality and women’s empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. Gender & Development, 13(1), 13-24. https://www.visionaryvalues.com/wiki/images/Gender_Equality_and_Empowerment_MDG_Kabeer.pdf

Lahsika, K. (2021). Étude-diagnostic sur les discriminations subies par les mères célibataires dans leurs itinéraires de vie au Maroc. https://centpourcentmamans.com/wp-content/uploads/2021/12/Etude-100mamans.pdf

Letablier, M.-T. (2011). La monoparentalité aujourd’hui : Continuités et changements. Tendances, défis et nouvelles exigences. L’Harmattan. https://ird.hal.science/ird-00554415/document

Ministerio de Solidaridad, Desarrollo Social, Igualdad y Familia (MSDSEF). (2020). Combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres. https://social.gov.ma/loi-n-103-13-relative-a-la-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes/

Sechter-Funk, I. (2015). La maternité célibataire au Maroc, entre normes et pratiques. In Les Pratiques de la Monoparentalité (pp. 355-364). https://books.openedition.org/cjb/1052

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Mayores

Conflictos familiares en la atención a la persona dependiente: ¿mediamos?

La Rioja, 22 de enero de 2025

María Teresa Sampedro Zorzano
Trabajadora Social

El presente texto está concebido como un artículo de opinión desde la óptica del trabajo social sobre el tema objeto de desarrollo. El objetivo es invitar a la reflexión sobre la mediación como medio de resolución a los conflictos familiares que pueden plantearse en el cuidado de personas mayores dependientes (con especial incidencia en los casos de los cuidados de larga duración), presentes tanto en el ámbito de los servicios sociales como en el ámbito sanitario. 

La dependencia impacta en diferentes ámbitos de la vida de la persona: afectivo, social y económico lo que hace que se precise una reorganización familiar en muchos casos, con redefinición de roles y funciones del sistema para cubrir las nuevas necesidades. 

Las dimensiones del cuidado siguiendo a Thomas (2011, en Carrasquer, 2012) son: la identidad social de la persona cuidadora, la identidad social de la persona receptora de los cuidados, las relaciones interpersonales entre la persona cuidadora y la receptora de los cuidados, la naturaleza de los cuidados, el dominio social (público o doméstico) en que se producen, la relación económica que media en la provisión de cuidados y el contexto institucional en que se desarrollan.

Las personas en situación de dependencia -moderada, severa o gran dependiente- tienen unas necesidades derivadas de la diversidad funcional que presenten (física, psíquica, en salud mental, sensorial, mixta) de diverso origen (enfermedades crónicas, accidentes…) y unas preferencias para su atención (domiciliaria por familiares, en el entorno con servicios públicos y/o privados, residencias) que hay que tener en cuenta. Cuestiones centrales, junto con el impacto y las dimensiones del cuidado, para elaborar los proyectos individualizados de atención, el plan de cuidados sanitarios y en las intervenciones con los usuarios/as y sus familias.

¿En qué momentos puede surgir el conflicto?

Según Caravaca, Martínez y Sáez (2021), se identifican varios momentos críticos susceptibles de conflictos familiares:     

  • Inicio de valoración de la dependencia    
  • Atribución/identificación del cuidador principal
  • Decisión sobre el recurso adecuado
  • Implementación del recurso solicitado 
  • Solicitud de la incapacitación judicial

Aumentando la complejidad cuando, se añade la circunstancia que la persona dependiente no cuenta con capacidad suficiente para poder indicar cómo quiere que se le presten los cuidados y precisa de tercera persona que le apoye: 

  • Propia familia (medidas de apoyo judiciales: curatelas) o institución pública/fundación 
  • Autotutela: poder notarial en caso de incapacidad de hecho o de derecho 
  • La guarda de hecho como medida informal.

¿Qué tipos de conflictos nos encontramos en nuestro quehacer profesional?  

Para Espiniella (2021) existen varios tipos de conflictos familiares- dependientes en relación a: 

  1. Salud y cuidado, como son:
    • Cuidado
    • Atención médica y sanitaria…
  2. Información y toma de decisiones:
    • Tiempos de cuidado
    • Contratación de personal o prestaciones
    • Toma de decisiones de carácter ético/moral relacionados con cuidados paliativos
    • Tutela
    • Cuestiones legales
    • Decisiones sobre el final de la vida…
  3. Relación y comunicación, tal como:  Crisis de comunicación y relación entre miembros de la familia (hermanos/as…)
  4. Intereses:
    • Herencias, patrimonios
    • Problemas financieros. Administración de patrimonio
    • Repartir roles y responsabilidades de los miembros de la familia
    • Conciliar la vida familiar, laboral, social y personal
    • Problemas de vivienda…
  5. Psicológicos: Sobrecarga …

 Según Munuera y Gómez (2015), por otra parte, dichos conflictos serían:

  1. De relación en la infancia o familia de origen.
  2. Relaciones actuales.
  3. De comunicación.
  4. De intereses.
  5. Psicológicos.
  6. Económicos.
  7. De poder.
  8. Por escasez de recursos sociales.
  9. De organización de recursos.
  10. Por culturas diferentes.
  11. Legales: proceso de incapacitación, herencia, testamento vital.
  12. Con la Administración: por prestación de dependencia.
  13. De valores.
  14. Rechazo a la enfermedad, dependencia, muerte.
  15. En el tratamiento médico a seguir. 

¿Existen textos legales, estrategias y recomendaciones para proteger a las personas dependientes? 

Diferentes textos legales, estrategias, recomendaciones  tanto en el ámbito nacional como en el internacional tienen en cuenta los derechos de las personas con diversidad funcional entre otras: La Carta Social Europea (1961), Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), Estrategia Europea de cuidados (2022), artículos 49 y 50 de la Constitución Española de 1978,  Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, (2006), Ley General de Sanidad  (1986) renovada  en 2022 por Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información, Ley general de personas con discapacidad (2013), Código Civil vigente (en materia de  derecho de alimentos/cuidados entre parientes, capacidad jurídica y de obrar…), ley de reforma de legislación civil y procesal (2021) en relación a la capacidad jurídica, Ley Enjuiciamiento Civil (2000).

¿Y qué hay de la mediación?  

En el ámbito nacional, la mediación está regulada por la Ley 5/2012 del 6 julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Existiendo diferentes leyes autonómicas que tratan y hacen referencia específica a la mediación familiar como es el caso de Andalucía, País Vasco y Cataluña.  

En mediación, es necesario adaptar el proceso al tipo de familia y al conflicto que se va a abordar, si bien el proceso de mediación familiar es común al proceso general.  

¿Qué es la mediación de conflictos en los cuidados? 

Según Munuera (2015) la mediación aplicada al trabajo social en el contexto de los conflictos en los  cuidados de las personas mayores es una técnica alternativa de resolución de disputas, que permite a las partes transformar sus pautas de comunicación desde el reconocimiento de los intereses de los  involucrados en el conflicto, en un espacio creado por el mediador (imparcial y neutral) para el diálogo, desde el respeto a los derechos de las personas, que favorece la participación con el fin de lograr el reconocimiento y la legitimación de todos los participantes. El objetivo final según el planteamiento de Romero (2002) es ayudar a restablecer la organización familiar desde una nueva configuración, ofreciendo una nueva identidad familiar, donde las figuras familiares adquieren nuevos significados, respecto a la configuración familiar anterior, favoreciendo el restablecimiento de las relaciones.

¿Cuál es el proceso de mediación con las familias? 

Parkinson (2005, en Caravaca, Martínez y Sáez, 2021) establece las etapas en el proceso de mediación con familias en situación de dependencia:

  1. Compromiso de las partes, explicación de principios y términos de la mediación.
  2. Ayudar a presentar y priorizar los asuntos que necesitan resolver y separar estos de sentimientos no relacionados con el problema. Cambio de narrativa en el discurso de las partes y la descontextualización del problema. 
  3. Identificar los intereses de los involucrados. 
  4. Recoger y compartir la información necesaria, normalmente información económica, relacional y laboral, donde se incluye como necesario el genograma familiar en casos relacionales. 
  5. Explorar las opciones disponibles, examinar la realidad y centrarse en los puntos en común del acuerdo, evitando los desacuerdos. 
  6. Estimular a las partes a trabajar acuerdos que puedan aceptar, y puntos de encuentro en su historia relacional.
  7. Redactar un documento de acuerdos. 
  8. Llevar un seguimiento a través del medio más accesible para las personas con dependencia funcional.

¿Cuáles son los roles de la persona mediadora?

Los roles del mediador, según Álvarez (2017, en Caravaca; Martínez y Sáez, 2021), de manera resumida son: facilitador de comunicación, convocante, educador (instruye), traductor (parafrasea, reenmarca), interrogador/clarificador (cuando no se entiende algo), asesor del proceso: en sus fases, temas, caucus1, consulta a experto, ”abogado del diablo” (pone a prueba, cuestiona), catalizador y responsable (del procedimiento, de recordar, de escribir acuerdos). 

¿Qué técnicas y habilidades se requieren? 

Existen diferentes técnicas  y habilidades que proponen diversos autores para este tipo de mediación,  que los mediadores podrían combinar dependiendo de: la dinámica entre los participantes y de su nivel de conflicto: lenguaje positivo, proyección al futuro, resúmenes, escucha activa, preguntas circulares y reflexivas, parafraseo, reformulación, metáforas, fragmentar los problemas,  gestión de la ira en contextos de mediación; o manejo de diferentes tipos de interacciones (enredadas, de confrontación abierta, ambivalentes, de lucha de poder y cerradas) como son el desvío, bloquear y tranquilizar, provocar conflictos controlados, neutralizar amenazas, provocar interacción entre las partes, manejar silencios, etc. 

¿Qué beneficios tiene la mediación?

Los beneficios con los que nos encontramos en la mediación de este tipo de situaciones, son entre otros: 

  • Ayudar a ordenar las ideas, los medios, facilitar la escucha y el diálogo.
  • Potenciar la responsabilidad individual.
  • Aportar recursos y producir cambios en los comportamientos.
  • Ser un instrumento que favorece la resolución de las crisis familiares.
  • Según Romero (2012, en Cerezo 2013), favorece la organización o reorganización familiar, ayudando a establecer la funcionalidad de las personas que forman parte del mismo.
  • Evitar la judicialización con los consiguientes efectos negativos para una de las partes
  • Garantizar los cuidados de calidad para las personas dependientes.
  • Evitar los estereotipos de pasividad decisional de las personas mayores en la etapa final de su vida.
  • Propiciar el empoderamiento del dependiente como adquisición de poder para manejar y comprender la propia vida e influir en el entorno (Álvarez, 2017).
  • “… puede ser un recurso complementario a las intervenciones de carácter psicosocial donde se incluyan objetivos de prevención, promoción de la salud, establecimiento de pautas comunicativas adecuadas y reorganización de las relaciones y responsabilidades.” (Caravaca, Martínez y Sáez, 2021).
  • Como indican Sánchez y Cotiñas (2023): “la mediación intergeneracional es un mecanismo de participación activa de las personas mayores en los conflictos derivados de la relación cotidiana en los núcleos familiares.”
  • Las decisiones no son impuestas, son las personas participantes quienes mantienen el control sobre los acuerdos. (Munera, 2006).

Pero… ¿sirve para todos los conflictos? 

Es fundamental tener en mente que, no siempre la mediación es válida para todos los conflictos, ni todos los conflictos pueden ser mediados. Las excepciones que nos encontramos para mediar son:  situaciones donde exista alguna situación de maltrato o violencia de género.  

¿Es lo mismo intervención con estilo mediador que mediación en conflictos familiares? 

Ripoll-Millet (2001, en Cerezo, 2013) destaca que la mediación familiar es aplicable a algunos de los múltiples contextos que utiliza el trabajo social, no convirtiendo las intervenciones psicosociales en mediaciones familiares (sino en intervenciones con estilo mediador para la resolución de conflictos) y que las mediaciones familiares e intergeneracionales en sentido estricto, requieren de unas reglas difícilmente compatibles con el encargo institucional del trabajador/a social (teniendo en cuenta la especial complejidad de los conflictos a tratar).

¿Mediamos? 

Habida cuenta de los aprendizajes sobre las familias y los dependientes en la práctica profesional y las diferentes perspectivas de diversos autores, para concluir se puede llegar a las siguientes reflexiones desarrolladas a continuación para tener en cuenta. 

En primer lugar, tenemos que estar atentos a los indicadores de conflicto para conocer evolución, actitudes, defensas, soluciones intentadas, conciencia de existencia de conflicto, latencia/manifestación del mismo… para prevenir y actuar en consecuencia, en pro del bienestar de las familias y de la persona dependiente. 

En segundo lugar, los servicios sociales y de salud de atención primaria poseen una posición privilegiada de observador para poder identificar y diagnosticar; de dinamizador, acompañante para el cambio y derivante a los recursos especializados que en su caso se precisen como son los servicios de mediación, siendo indispensable los protocolos de coordinación. 

En tercer lugar, la mediación es una herramienta de gran utilidad para el trabajo social con las familias y la persona cuidada para resolver conflictos de diversa índole, teniendo en cuenta que todos los conflictos no van a ser mediables.

En cuarto lugar, que dependiendo de la intensidad del conflicto puede ser resuelto en el contexto de la intervención familiar con estilo mediador del trabajador social dentro equipo interdisciplinario o si es complejo a través de los servicios de mediación. 

Por último, que en el contexto de la intervención psicosocial con la perspectiva de atención centrada en la persona es fundamental la mediación, ya que: es un recurso que empodera a las partes, facilita el diálogo, fomenta puntos de encuentro entre las diferentes posiciones, ayuda a mejorar las relaciones y en definitiva la atención del dependiente donde todos los intereses son tenidos en cuenta.

Por lo que atendiendo a todo lo anterior, la respuesta a la pregunta es: MEDIAMOS. 

REFERENCIAS

  1. Caucus: Reunión privada entre una de las partes afectadas y el mediador que se produce de manera excepcional cuando no hay avances entre las partes envueltas en el conflicto: sirviendo entre otros para escuchar las necesidades de esta parte sin influencia de la otra parte, para rebajar intensidad del conflicto, abordar temas complejos desde otra perspectiva.  ↩︎
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Educación

Buenas prácticas de coordinación interinstitucional para abordar el absentismo escolar y la exclusión social en asentamientos urbanos de Córdoba, Proyecto “Taller de Hábitos Saludables”

Córdoba, 20 de diciembre de 2024

María Dolores Martos Ruano
Trabajadora Social jubilada, Vocal de Ética de la Junta de Gobierno del Colegio de Trabajo Social de Córdoba. Coordinadora de la Comisión Deontológica del mismo

1. Contextualización

      El absentismo escolar exige que las administraciones públicas y las instituciones sociales desarrollen políticas y prácticas efectivas y coordinadas que promuevan la cooperación para solventar las causas que están en el origen de la inasistencia a clase. 

      El Proyecto “Taller de hábitos saludables” se plantea  desde un abordaje de intervención integral, ya que las características del absentismo escolar responden a múltiples factores. Las intervenciones, por tanto, no son solo con el alumnado sino con su entorno socio-familiar. 

      Durante la década de los años 2010-2020, en el extrarradio de la capital cordobesa surgieron entre 10 y 15 asentamientos irregulares, ocupados por un tipo de inmigración itinerante de la etnia Rrom. Estos asentamientos están conformados por familias con un número importante de niños y niñas en edad escolar obligatoria. La situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las familias en estos asentamientos es una suma de varios factores. Entre ellos, podemos citar el desempleo, la situación de irregularidad administrativa, la falta de acceso a una vivienda digna, la falta de acceso al agua potable y a los sistemas de saneamiento, la falta de acceso a los servicios de salud básicos, así como dificultades puntuales o permanentes para el acceso a la alimentación básica. Todo lo anterior, contribuye a situaciones de exclusión social o en riesgo de padecerla, afectando tanto a individuos como a grupos familiares.

      2. Objetivos

        • Objetivo general: Facilitar el ejercicio del derecho a la educación la infancia comprendida entre los 3 y 13 años que conviven en los asentamientos.
        • Objetivos específicos:
          • Disminuir el absentismo del alumnado de la infancia y evitar el abandono temprano del sistema educativo.
          • Compensar las dificultades de inicio del alumnado más vulnerable para el acceso a los recursos educativos en igualdad de condiciones.
          • Velar por la igualdad de condiciones para la formación de las niñas, facilitándoles las oportunidades de acceso al sistema educativo y previniendo situaciones de embarazos y matrimonios prematuros, así como la asunción de roles parentales.
          • Prevención de la mendicidad y factores de riesgo en la infancia.
          • Implicación de la familia en el proceso educativo y posibilidad de formación de los mismos.

        3. Coordinación interinstitucional y responsables técnicos del proyecto

          • Delegación Territorial de Educación y Deporte de Córdoba: Trabajadora Social y Asesora Técnica asignada al Área de Compensación Educativa del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (E.T.P.O.E.P) y Responsable del Programa de Absentismo de dicha Delegación. 
          • Cruz Roja: Trabajadora Social de la entidad, Responsable Área de Voluntariado y Juventud que actuaba como Responsable del proyecto en aspectos como higiene y alimentación, apoyo escolar y actividades lúdicas, acercamiento a recursos sociosanitarios, vacunas, salud preventiva, acompañamiento, etc. Así mismo, Cruz Roja contrató una monitora que se encargaba de ejecutar el proyecto en los centros educativos.
          • Equipo directivo de los centros educativos: responsables de la jefatura de estudio en los centros donde se desarrolló el mismo. 
          • Excmo. Ayuntamiento de Córdoba: representado por la Unidad de Calle dependiente del Plan Municipal de Intervención Social de Calle para la Prevención de la Mendicidad a través del Programa de Atención a la Infancia Inmigrante. También se contaba con la participación de una mediadora intercultural con tareas de intérprete y traductora de documentos escolares esenciales para la comprensión de nuestra normativa, asesoramiento y escolarización de los niños y niñas en los distintos centros escolares y acompañamiento en sesiones de tutorías.
          • Servicios Sociales Comunitarios: a través de los Equipos de Tratamiento Familiar, que desarrollaban las áreas propias de los proyectos de intervención familiar y seguimiento del absentismo.

          4. Desarrollo del proyecto

          1. Referencia legislativa

            En base a lo expuesto anteriormente, se realizó una toma de conciencia que desarrolló un estudio de la situación a fin de determinar las necesidades y dificultades de integración del colectivo por lo que se realizó un estudio de campo visitando todos los asentamientos por parte de la trabajadora social del área de compensatoria junto con los técnicos responsables de la Unidad de Calle del Ayuntamiento de Córdoba. Fruto de ello, surge la necesidad de dar cumplimiento a lo reglamentado en base a:

            • La Constitución Española en su artículo 27.4
            • Ley de Educación Andaluza recogida en el BOJA 26/12/2007 en su artículo 174.
            • Ley de Solidaridad de la educación del 18 de noviembre de 1999.
            • Plan Integral para la prevención seguimiento y control del absentismo del 25/11/2003 (coordinación interinstitucional). 
            • Decreto 167/Junio /2003, Atención educativa al alumnado con necesidades educativas específicas asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
            • Orden 19/9/2005, Regula el protocolo y procedimiento de prevención y control de absentismo.
            • Orden 19/4/2005 del BOJA 18 Mayo regula la convocatoria de Ayudas públicas para entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo.
            • Orden de la consejería del 8/1/2008 Boja BOJA 24/4 febrero capacita a las Delegaciones a formalizar convenios cooperación entidades locales para financiar proyectos de prevención y control del absentismo.
            • Decreto 210/20/2018 noviembre.  Regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo.
            • Ley del menor. Convenciones internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la  Declaración de los derechos de la Infancia, etc., … entre otras.
            1. Metodología

            Como metodología, se llevó a cabo una primera reunión de coordinación entre responsables de la Cruz Roja: coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la Orientación, responsable del Área de Compensación Educativa, la trabajadora social  asesora técnica del Área y Responsable del Programa de Absentismo, responsable del Departamento de Escolarización, responsable de la Unidad de Calle del Ayuntamiento. llegando al compromiso de trabajar en red y de forma coordinada estableciendo una programación que fuese dando respuesta en los distintos momentos a las necesidades suscitadas poniendo en el centro de la intervención el bienestar de los niños y niñas. También se focalizó en su acceso en igualdad de condiciones al Sistema Educativo, eliminando aquellas circunstancias o factores que no lo permitiesen, por lo que se fijó  una hoja de ruta programada y periódica.

            Una vez determinados los agentes y responsables intervinientes –recursos humanos- con un compromiso adquirido de coordinación interinstitucional, asumiendo cada administración sus tareas, se fijaron los recursos económicos para la puesta en marcha del proyecto, punto importante del que dependía gran parte del mismo. 

            Se decidió que la entidad Cruz Roja presentara el proyecto del “taller de baño” a la convocatoria de ayudas públicas para la intervención y prevención en absentismo escolar, de la Consejería de Educación para su dotación económica, cosa que durante cinco cursos se pudo llevar a cabo.

            El proyecto se presentó en el C.E.I.P Lucano próximo a uno de los asentamientos, en una Jornada de Puertas Abiertas con invitación a un menú elaborado al efecto con recetas de la cocina rumana, para intentar un acercamiento a la utilización del recurso de comedor por parte de los niños y niñas.

            Se inició el taller de hábitos saludables como experiencia piloto en el I.E.S. Blas Infante a mediados del curso 2013, atendiendo a un número aproximado de 10-13 menores con edades comprendidas entre 3 a 13 años del asentamiento próximo al centro escolar, en la zona vestuario, duchas de las instalaciones deportivas y aulas para la merienda y refuerzo educativo. En el curso 2015-16, se inició en el C.E.I.P Aljoxani atendiendo a unos 19 menores. Progresivamente, curso tras curso y hasta el curso del 2018-2019, se fue implementando en los demás centros que se adhirieron voluntariamente al proyecto y que se relacionaron con anterioridad.

            Fuente: Redacción Diario Córdoba. (2017). Educación
            abre un punto de baño en el colegio Aljoxaní para 13 niños rumanos. Diario Córdoba.
            https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2017/04/07/educacion-abre-punto-bano-colegio
            -36666193.html
            1. Actividades

            Puesta en funcionamiento de un taller, dos tardes por semana gestionado por 10 personas voluntarias de la ONG Cruz Roja, coordinados tanto por una monitora contratada al efecto como por el resto de agentes intervinientes y progenitores de los niños y las niñas, quienes asumen una implicación directa, ya que se requería un compromiso por escrito de participación en el proyecto y asistencia directa en duchas, vestuarios y talleres de formación. Las actividades y servicios que se ofrecían eran:

            • Aula matinal /comedor.
            • Servicio de duchas.
            • Servicios de lavado y secado de ropa.
            • Servicio de merienda.
            • Refuerzo escolar, habilidades sociales y pautas de integración social.
            • Ayuda complementaria para transporte urbano en los casos que se requieran (bono facilitado por Cruz Roja para transporte urbano).
            • Facilitarle ropa deportiva y enseres de aseo. 
            1. Duración

            La experiencia piloto se inicia en el curso 2013-14 en el I.E.S Blas Infante de la capital cordobesa, atendiendo a 13 menores residentes en un asentamiento próximo al centro educativo y matriculados en el C.E.I.P José de Torre y Cerro cercano al mismo. Más tarde, se extrapoló  de forma progresiva a los centros de educación primaria e infantil C.E.I.P Lucano y C.E.I.P Aljoxani, que atendían a menores de otros asentamientos cercanos. El proyecto tuvo una duración total de cinco cursos escolares, desde 2013-2018.

            1. Financiación
            • Se establece la modalidad de convenios de colaboración con entidades locales y otras sin ánimo de lucro a partir de la convocatoria anual de ayudas públicas de la Consejería de Educación, mediante mediante la subvención de ayudas públicas para proyectos de erradicación e intervención seguimiento del absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo.
            • Entidad bancaria Fundación CAJASUR: Convenio de colaboración para subvencionar programas extraescolares.
            1. Dificultades y Mejoras 

            Para dar una atención de calidad, se realizó el acondicionamiento de las instalaciones (en algunos casos, se utilizó las dependencias de las casas de los porteros y las porteras, figura ya extinguida en los centros educativos), en los I.E.S las instalaciones deportivas (vestuarios). Esto supuso en algunos casos pequeñas obras de acondicionamiento y ampliación y, en todos los casos, la adquisición de electrodomésticos, lavadoras, secadoras y termos eléctricos.

            Entre las dificultades, uno de los principales objetivos planteados que no fue posible conseguir en todos los casos, era el uso masivo y generalizado del servicio de comedor y aula matinal. 

            Y, otro de los mayores retos fue que durante el periodo de preinscripción y matriculación, no solo para el alumnado  integrante del proyecto sino para todo el colectivo, se reforzó y facilitó el seguimiento y la gestión de la documentación a fin de asegurar la plaza escolar de cara al curso siguiente, lo que llevó a evitar muchísimos conflictos cuando los niños y las niñas, después de pasar el verano, se incorporaron de sus países de origen a los centros educativos sin haber previsto la matrícula,. Por tanto, sin poder en muchos casos improvisar los recursos pedagógicos necesarios para atender sus dificultades de aprendizaje, recursos que se planifican con mucha anterioridad en el sistema educativo, y se asignan una vez se sabe qué alumnado matriculado los va a necesitar al inicio del curso en los distintos centros. 

            Esto nos llevó a establecer una serie de reuniones de coordinación y trabajo en red previas al periodo de escolarización entre los centros, el Departamento de Escolarización de la Delegación, la trabajadora social del Área de Compensatoria y las personas responsables de mediar con las familias de la Unidad de Calle del Ayuntamiento. Por consiguiente, se consiguió resolver uno de los grandes problemas que creaban mucho conflicto entre los centros educativos, las familias y las personas responsables de la Unidad Calle, ya que la itinerancia del colectivo que volvían a sus países fuera del periodo de matriculación, sin formalizar las matrículas y regresaban una  vez empezado el curso en la mayoría de los casos, con las ratios de las clases cubiertas, sin tener el centro correspondiente el recurso pedagógico y específico necesario, hacía muy difícil resolver las dificultades de aprendizaje, adaptación, integración y una atención individualizada de calidad, lo que favorecía el absentismo y el abandono escolar en plena etapa  obligatoria.

            5. Conclusiones 

              La lucha contra el absentismo escolar en entornos de extrema vulnerabilidad requiere de una respuesta integral de las autoridades e instituciones sociales, donde el Proyecto “Taller de hábitos saludables” destaca al abordar las complejas causas del problema y proponer intervenciones que consideran tanto el ámbito educativo como el entorno sociofamiliar del alumnado, enfatizando en la necesidad de políticas coordinadas que aborden las necesidades educativas y las condiciones estructurales que inciden en la asistencia escolar, incluyendo la mitigación de las desigualdades sistémicas que perpetúan la exclusión social. 

              Los detalles y las evaluaciones cuantitativas y cualitativas pertinentes, se encuentran documentados en las sucesivas Memorias de la Comisión Provincial de Absentismo del Área de Compensación Educativa del ETPOEP de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba, abarcando los cursos desde el 2013-2014 hasta el 2018-2019.

              Es crucial destacar que, durante el desarrollo de estas intervenciones, se identificó un caso de presunto delito de trata de personas, donde una menor participante del programa estaba siendo objeto de un intento de matrimonio forzado a cambio de una transacción económica por parte de sus progenitores. Este hecho fue denunciado, y gracias a la intervención policial, se logró frustrar esta situación.

              Este incidente subraya aún más la necesidad de abordar el absentismo escolar y otras problemáticas sociales complejas desde una perspectiva interdisciplinar y con un enfoque de protección integral de los derechos de los menores en riesgo para garantizar su seguridad y bienestar.

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